Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Tres desafíos del sistema jubilatorio: a quiénes, cuánto y con qué pagar

Abandonar las medidas “de emergencia” para solucionar problemas estructurales es una de las recomendaciones incluidasen dos informes recientes sobre la historia previsional argentina; cómo se evalúa la cobertura y el esquema de financiamiento

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Reparación, moratoria, movilidad, juicios. Como en ese juego que propone unir cada palabra de las ubicadas en una columna con una de las frases escritas en la lista de al lado, los vocablos de uso frecuente al hablar del sistema jubilatorio su historia reciente en la Argentina tienen s u correlato en problemas sociales y económicos: déficit fiscal, informalidad laboral, inflación, falta de adecuaciones en contextos inestables. A eso se suman las tensiones entre lo deseable para los jubilados (presentes y futuros) y la realidad -que se conjuga con decisiones políticas y que, en parte, se define por ellas-, que no responden solo a cuestiones de un plazo más o menos cercano, ni son exclusivas de la Argentina.

Mirar la historia y pensar en lo que puede venir y en lo que efectivamente vendrá, como el cambio demográfico, son cuestiones a considerar en un análisis hecho desde un presente que, entre otras, muestra las siguientes características: una tasa de cobertura previsional que es amplia, pero que fue lograda por políticas no estables ni equitativas; un nivel de haberes que terminó en buena medida definiéndose en la Justicia, y cambios recientes en las fuentes de financiamiento que agregan interrogantes sobre la sustentabilidad del esquema.

“La historia del sistema previsional argentino es muy compleja, rica en reformas de diferentes signos y dominada por medidas de emergencia para atacar problemas estructurales”, señala el informe titulado La persistencia de los dilemas en el sistema previsional argentino, publicado por la Oficina Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y escrito por los economistas Fabio Bertranou, Pablo Casalí y Oscar Cetrángolo. Con la evaluación inicial de que “vivir más tiempo es una buena noticia” y la advertencia de que eso entraña para las sociedades el reto de disponer de más recursos para las jubilaciones y las prestaciones de salud, otro libro reciente, Hacia una historia del sistema previsional nacional, del economista Hugo Bertín, publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, hace un recorrido que va de 1904 a 2018. En los dos escritos hay conclusiones referidas a tres ejes fundamentales del sistema: su cobertura, su nivel de pagos y su financiamiento.

1. Cobertura: cuántos cobran

En los últimos años, el porcentaje de mayores de 65 años que reciben jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de otro régimen se ubica entre el 90% y el 95%. Según el informe de Bertín, esa tasa comenzó a mejorar de manera significativa a partir de 2006, cuando comenzaron a otorgarse prestaciones por moratorias, tras reglamentarse una ley de 1993 que las había previsto. Se dieron, desde entonces, al menos 4 millones de beneficios a personas que, al llegar a la edad de retiro, no tenían aportes suficientes (o no tenían aportes); la modalidad es la de permitirles declarar una deuda con el fisco, que se paga con subsidio y en cuotas descontadas de los haberes. Al lanzarse la medida, no se estimó cuál sería el costo ni se previeron fuentes de financiamiento. Hoy, las prestaciones con moratorias son alrededor de la mitad del total.

Antes de que mejorara el índice de cobertura del sistema, las trabas para acceder se centraban en las dificultades del mercado de trabajo: altos niveles de informalidad y trayectorias laborales interrumpidas por períodos de desocupación que hacían difícil sumar los 30 años de aportes requeridos por la ley. ¿Y ahora? Esos problemas continúan. El crecimiento de la cobertura no tiene su contraparte en una mejora significativa del escenario laboral, sino que responde, advierte el informe de la OIT, a una “medida de emergencia”: la moratoria.

El reemplazo de las moratorias (que irán perdiendo vigencia con el paso del tiempo) es, según dicen en la Anses, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en 2016 y que equivale a 80% del haber mínimo. El derecho a cobrarla se adquiere a los 65 años, si no se tienen los aportes exigidos para jubilarse y si se pasa una evaluación socioeconómica. El cambio va en línea con las recomendaciones del informe de la OIT.

El mapa laboral muestra que, entre los asalariados -que son tres de cada cuatro ocupados, según el Indec- la falta de aportes afecta al 35%. Ese índice es tradicionalmente mucho más alto entre los cuentapropistas: diferentes estudios muestran un persistente índice cercano a la mitad de los trabajadores, cuando se trata de establecer qué porcentaje del total de ocupados no tiene aportes.

Si se mira el universo de aportantes, los datos del SIPA procesados por la Dirección de Programación Económica permiten estimar que en la última década (2008 a 2018) el número total creció 16,6%, una variación que en gran medida se explica por el crecimiento natural de la población en edad activa. Hay un rasgo de ese crecimiento que no le es indiferente al sistema previsional: cuando se calcula cuánto creció el número de aportantes de cada subgrupo de trabajadores, se observa que entre los asalariados el avance fue de 10%, y entre los autónomos del régimen general, de solo 4%. Las mayores variaciones se dieron en el monotributo (el incremento superó el 50%) y en el sistema de servicio doméstico (la suba fue de 28%), dos grupos con aportes bajos en relación al resto, a los que se les garantiza el haber mínimo.

Cetrángolo, que es docente e investigador en la UBA y el Conicet, sostiene que estos dos últimos subsistemas deberían revisarse. “El monotributo no es un esquema para que alguien se quede ahí 30 años, y si no se hace algo [un cambio] se perjudica a los que aportan más y terminan recibiendo igual prestación”, señala. Agrega que en el servicio doméstico hay argumentos para que el aporte esté subsidiado por el Estado, pero que entre los monotributistas no todos tienen baja capacidad contributiva.

El problema se centra en el “salto” del régimen del monotributo al de autónomos, que tiene mayores costos dinerarios y burocráticos, no proporcionales al crecimiento que puede haber tenido la actividad del contribuyente. En el caso específico de la contribución previsional, el mayor esfuerzo de los autónomos no resulta compensado en el futuro.

2. Haberes: cuánto se cobra

Un reclamo emblemático en el país es el del “82% móvil”. Ese nivel de haber jubilatorio inicial medido en relación con el último salario cobrado, ¿es algo del pasado que podría recuperarse? Un poco de historia: cuenta Bertín que fue la ley 14.499, de 1958, la que fijó esa “tasa de sustitución”. Pero, al contrario de lo que comúnmente se cree, la garantía no se dispuso para todos, sino solo para quienes menos cobraban. Si el 82% de la remuneración superaba una cifra establecida por la ley, el monto a cobrar se determinaba usando una escala. Y la tasa de sustitución era más baja cuando más elevado era el ingreso.

La ley, que rigió cuando el sistema solo cubría a un tercio de los adultos mayores y tenía muchos más afiliados que retirados, fue derogada en 1969. Según interpreta Bertín, la persistencia en la memoria colectiva se debe a que hay cajas previsionales provinciales que, para sus empleados públicos, mantienen esa relación del 82%, algo también vigente en regímenes especiales del esquema nacional. El economista dice que esto último no se justifica porque, aun cuando en esos casos el aporte es mayor, los cálculos indican que lo obtenido al jubilarse es, en función de lo contribuido, superior a lo que obtienen quienes están bajo las reglas generales.

¿Cuáles son esas reglas generales? Para los asalariados, el sistema que gestiona la Anses otorga una prestación que surge de la siguiente fórmula: tras actualizar los montos históricos, se calcula el promedio de los últimos 120 salarios cobrados y de esa cifra se obtiene el 1,5%; al resultado se lo multiplica por la cantidad de años con aportes. A eso se le agrega un monto fijo, igual para todos, que hoy es de $5446,47. Un ejemplo: si el promedio salarial da $40.000 y se tienen 30 años de aportes, el primer componente del ingreso daría $18.000 y, al sumarse el monto fijo, se llegaría a un haber mensual de $23.446,47, un 58,6% del ingreso de la última década. Si fueran 35 años los aportados, la relación llegaría a 66%. Por la incidencia de la parte de la prestación que es un monto fijo y único, si el salario es más bajo, la relación con el ingreso activo es más elevada, y si el sueldo es más alto, la vinculación cae (también influye la aplicación de topes).

Desde 2018 rige la garantía por la cual el haber no puede ser inferior al 82% del salario mínimo (garantía que excluye a las prestaciones obtenidas con un plan de moratoria).

Según el informe de la OIT, cuando se mira la cuantía de los haberes se observa la caída del valor real en el período que siguió a la crisis de 2001 y 2002, cuando la inflación provocó recortes del poder de compra a cientos de miles de pasivos que, por años, no recibieron recomposiciones, y generó también que se subestimaran los ingresos de quienes se jubilaban, por la falta de actualización de los salarios usados en la fórmula. Esas pérdidas, fruto de decisiones políticas del gobierno de entonces, derivaron en uno de los capítulos de la historia previsional en los que intervino el Poder Judicial dando sus definiciones. Luego, el informe advierte recuperaciones a partir de dos normativas: la ley de movilidad de 2009 (luego modificada) y la de reparación histórica (que mejoró muchas prestaciones y, como contrapartida, elevó el déficit).

Entre los desafíos, los economistas de la OIT señalan el de “diseñar un sistema con beneficios contributivos que guarden proporcionalidad” con lo aportado: muchos llegan a la edad de retiro habiendo contribuido, pero no con la intensidad que exige la ley.

3. Recursos: cómo se paga

Casi como en un juego de palabras, el primer consejo expresado por la OIT recuerda que un sistema previsional debe ser previsible y que, por tanto, todo cambio debe darse tras lograrse un consenso suficiente y tras definirse niveles de aportes y contribuciones que sean capaces de financiar ingresos “aceptables para la población en el mediano y largo plazo”.

Bertín explica que desde la década del 70 la fuente de recursos para pagar las prestaciones nacionales es una combinación de aportes y contribuciones con ingresos tributarios. En los últimos años, en los que hubo un crecimiento de los beneficios por las moratorias, los aportes y contribuciones tuvieron una participación de alrededor de 50% en el financiamiento del universo de prestaciones. Según el estudio de la OIT, el pago de jubilaciones puramente contributivas representó en 2017 un 4,64% del PBI, en tanto que las “semicontributivas” requirieron 2,97% del producto.

En cuanto al dinero de rentas generales hubo cambios relativamente recientes: tras reclamos judiciales, desde 2016 la Anses ya no recibe el 15% de los recursos coparticipables con las provincias (con algunas hay un esquema de cambio gradual de la asignación). Y el 20% de la recaudación de Ganancias que antes iba al organismo fue reemplazado por lo obtenido por el impuesto al cheque, del cual está previsto que deje de existir en unos años. A esas modificaciones se suman las del sistema de contribuciones patronales: la unificación progresiva de la tasa de imposición y la vigencia de un monto del salario no imponible, creciente en el tiempo (hoy es de $7003). Eso baja el costo para el empleador y la recaudación para el sistema.

Hacia adelante, un reto inevitable es el crecimiento de la participación que tienen los adultos mayores en la población total. La etapa del bono demográfico (en la cual no hay aún cambios significativos de la composición etaria), llegará hacia 2035. Y, según han advertido economistas como José María Fanelli, esta etapa no se está aprovechando para generar estrategias que aporten mayor productividad presente y futura.

Entre los objetivos, dice el informe de la Universidad de La Plata, debería estar el de formalizar empleos, que son “la fuente más robusta y legítima para financiar la seguridad social”.

La eficacia del sistema, se agrega, se define por la medida en que se logran tres metas: “la cobertura de las personas expuestas a los riesgos que conllevan el cese de la actividad y la mayor edad, la suficiencia de los beneficios pagados y la sustentabilidad”.

Un país con más de 200 sistemas

Las cajas provinciales, municipales y de profesionales, parte del conjunto de regímenes

  • En el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay poco más de 12 millones de trabajadores registrados (no ingresan necesariamente aportes todos los meses por todos ellos) y 6,9 millones de jubilados y pensionados; además, el Estado nacional paga más de 1,5 millones de pensiones no contributivas y prestaciones de la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • En el país conviven muchos regímenes previsionales. El informe titulado “Hacia una historia del sistema previsional nacional de la Argentina”, del economista Hugo Bertín (Universidad Nacional de La Plata) identifica 230 sistemas y subsistemas. Entre ellos están los regímenes especiales a cargo del Estado nacional; los de retiros de personas de grupos como las Fuerzas Armadas o la Policía Federal; los sistemas de empleados públicos provinciales; los municipales; los regímenes de actividades religiosas o insalubres; las cajas complementarias y las cajas profesionales.
  • En la década del 90 varias cajas provinciales fueron transferidas al sistema nacional, con lo cual los empleados públicos de esas jurisdicciones se jubilan en el esquema de la Anses.
  • Las provincias que mantienen sus cajas son: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Además, hay dos de bancos públicos y 24 de municipios.
  • Las negociaciones, los acuerdos y los conflictos por la compensación de los déficit de cajas provinciales por parte de la Nación son parte de la historia previsional. Las condiciones y los beneficios suelen ser diferentes respecto del SIPA. En Santa Cruz, por caso, la mujeres se retiran a los 50 años y los varones, a los 54.

Fecha: 28/07/2019

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Cálculo del haber, ajustes, Ganancias: los jubilados y sus reclamos judiciales

La Corte Suprema dará el martes su palabra sobre el pago del tributo, con el antecedente de haber negado un amparo a un grupo de pasivos; cuáles son los argumentos de ambos lados y qué más se debate en la Justicia, donde hay 330.000 litigios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Será un nuevo capítulo en la extensa historia que protagonizan los jubilados y la Justicia. El martes próximo, la Corte Suprema se pronunciará en una demanda referida a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre un haber previsional. Por una disposición legal de hace décadas, los pasivos están alcanzados por el tributo. Y, actualmente, la imposición afecta a quienes cobran al menos $62.462 mensuales.

Así, el tribunal supremo emitirá su primera sentencia de 2019 con efectos sobre una parte de la población pasiva. En este primer semestre llegará también un pronunciamiento sobre otra causa, en la que se reclama que a todos los haberes en los que corresponda (y sin necesidad de juicios individuales) se les apliquen los reajustes derivados de lo resuelto en el fallo Badaro. En esa sentencia, de 2007, la Corte declaró inconstitucional el congelamiento de haberes que muchos jubilados sufrieron entre 2002 y 2006 (por una decisión política que resultó una de las claves para el logro del superávit fiscal en esa época) y ordenó otorgar, por ese lapso, una suba no inferior a la evolución de un índice salarial.

Claro que, después de más de 11 años de aquel fallo que favoreció a Adolfo Badaro, disponer la generalización de sus efectos sería ahora muchísimo más inofensivo para el fisco (y menos abarcativo para los pasivos) que si la resolución se hubiera tomado años atrás, algo a lo que el tribunal se negó. A esta altura, muchos de los afectados consiguieron sus propios fallos y ya cobran más, o adhirieron a la reparación histórica renunciando a litigar, o fallecieron.

Acudir a los tribunales para pedir justicia en los pagos se convirtió en una práctica demasiado habitual entre los jubilados, aunque ahora el número de causas iniciadas muestra una tendencia a la baja. En la década pasada, los juicios fueron principalmente alentados por los daños generados por la inflación -y no corregidos a tiempo por la vía administrativa- tanto en los ingresos de quienes ya estaban jubilados como en los haberes iniciales de quienes iban accediendo a su prestación.

Respecto de esto último, fue el fallo Elliff el que en 2009 marcó la cancha, al cuestionar la falta de actualización del valor de los salarios que intervienen en la fórmula de cálculo de los haberes. Este es un tema que fue logrando una corrección de manera progresiva, porque a partir de la existencia de un sistema de movilidad (2009), las remuneraciones se corrigen según los índices resultantes de esa fórmula. Ese mecanismo no fue cuestionado (lo que estuvo en discusión es la actualización de sueldos devengados en períodos anteriores).

El problema en cifras

Las estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social muestran que en 2011 se iniciaron 39.461 causas por reajustes de haberes. El número fue similar al año siguiente y cayó en forma bastante significativa en 2013. Luego, hubo un repunte hacia 2016, seguido por nuevas caídas. En 2018 hubo 18.057 demandas.

La razón de la caída es, en principio, el paso del tiempo, que hace que se reduzca y tienda a desaparecer el universo de jubilados sin litigar que pueden estar alcanzados por los criterios de alguno de los fallos citados (Badaro y Elliff). También influyó la reparación histórica (quienes aceptan la propuesta de pago hecha por el Estado renuncian a litigar). Y, según entiende el juez Luis Herrero, presidente de la mencionada cámara de apelaciones e integrante de la Sala II influyen, además, “el desaliento y la desesperanza” de los jubilados, que al litigar suelen esperar “siete años” para cobrar lo que les corresponde.

Con unos 330.000 juicios en trámite, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) afirman que cada mes llegan, en promedio, “entre 3100 y 3200 sentencias para su liquidación”. Según dice a LA NACION Alejo Maxit, secretario general del organismo, “se liquidan entre 3700 y 3900 expedientes por mes” y que, así, “los pagos le ganan a la generación de sentencias”, de las cuales un 15% no beneficia (el pronunciamiento judicial no genera una mejora del ingreso). Aun con esa dinámica, hay unas 100.000 sentencias firmes pendientes de pago: son 100.000 personas que esperan acceder a lo que ya se les dijo que les corresponde.

Según el funcionario, el plazo promedio para cobrar una sentencia, es hoy de 440 días corridos, con diferencias que dependen de la situación del jubilado (el orden se define según la edad, el monto del ingreso, la existencia o no de una enfermedad terminal y la antigüedad del fallo). El plan para este año es liquidar 40.000 casos, con $850.000 promedio por sentencia y un presupuesto de $34.538 millones. Este monto es un 41% mayor al de 2018, con lo cual no acompaña la inflación, de 47,6% el año pasado, según el Indec. Y el plazo de liquidaciones está muy lejos de los 120 días hábiles establecido por la ley de solidaridad previsional.

El debate por Ganancias

Si el martes hay un fallo favorable a quien demanda, la causa sobre Ganancias podría derivar en un nuevo aliento para ir a juicio. El último dato de la AFIP indica que en 2018 tributaron 297.000 pasivos. La palabra de la Corte, sin embargo, podría no ser un “puro sí” o un “puro no” a la carga fiscal, algo que, de hecho, ya ocurrió.

Desde 2017, los pasivos pagan el impuesto a partir de un ingreso más alto que el que define la obligación de tributar para los asalariados, con lo cual el nivel de imposición también es más leve para todos los niveles de ingresos gravados. La base, según la ley, equivale a seis haberes mínimos y cambia trimestralmente según la movilidad. Entre este mes y mayo están alcanzados quienes tienen un haber de al menos $62.462. En junio, la cifra subirá a $69.270. Los asalariados que no tienen cargas de familia ni aplican otras deducciones tributan este año a partir de un sueldo neto promedio de $38.301.

¿Cuánto pagan? En enero y febrero, por ejemplo, regía un haber máximo definido por las normativas de $68.200 (no quiere decir que no haya haberes más altos, porque sí exceden esas cifras, por ejemplo, muchos de los obtenidos por sentencia judicial). Para ese monto, el descuento mensual fue en ese bimestre de 2,6% del ingreso neto, considerando que para el cálculo del impuesto se agrega un monto proporcional del aguinaldo, tal como dispone la ley.

Lo cierto es que no es la primera vez que la Corte Suprema toma un expediente del tema Ganancias y jubilados. Hay un antecedente que está entre las razones por las que funcionarios del Gobierno confían en las chances de un aval a la imposición.

En 2014, en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ AFIP”, el máximo tribunal le negó un amparo a un grupo de jubilados que reclamaban no tributar, aunque no abrió juicio “sobre la legitimidad de la pretensión”; es decir, no hubo pronunciamiento de fondo. Lo resuelto no deja de ser significativo ni de dar una señal: lo que los jueces observaron, para no dar lugar a la suspensión del impuesto, fue que no se mostraron números para evaluar si el gravamen resultaba confiscatorio.

El caso que analiza la Corte es el de María Isabel García, quien tuvo una sentencia a su favor firmada por los jueces de la Cámara Federal de Paraná. Esa cámara dictó su primer fallo contra el impuesto en 2015, en la demanda de Jorge Antonio Cuesta. En ambos casos son jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y los juicios son contra la AFIP.

Es diferente la causa promovida por Leonardo Calderale, que también llegó a la Corte y que tuvo un fallo contrario a la imposición, dictado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social: en este caso se demandó a la Anses, que es agente de retención, como una empresa lo es con sus empleados. “Eso afecta el derecho del Estado a defenderse”, entiende la abogada Elsa Rodríguez Romero, quien también analiza que, en el supuesto de que la demandante ya no estuviera afectada por el impuesto (cuando se inició la demanda regía otro sistema de base imponible), el caso que analiza la Corte resultaría abstracto, a menos que se haya pedido la devolución de lo antes descontado. Los fallos de Paraná, en rigor, disponen el reintegro de lo retenido desde el inicio del juicio.

Entre los argumentos para pedir la inconstitucionalidad de aplicar el tributo está la afirmación de que una jubilación no es ganancia, sino un débito que la sociedad tiene con los mayores en función de lo aportado por ellos en la vida activa, y que se trata de un pago con carácter alimentario. “Es un beneficio de la seguridad social y otras prestaciones de este tipo, como la asignación familiar, están fuera del impuesto”, dice el tributarista Daniel Pérez, especializado en el tema.

Desde la AFIP, los argumentos de defensa al cobro del tributo expresados en diferentes causas se refieren, por un lado, a que es el Poder Legislativo el que define los tributos y sus alcances y que, salvo que se prueben daños confiscatorios, se trata de decisiones políticas que no deben ser revisadas por el Poder Judicial. Por otro lado, se refuta el argumento de que existe una doble imposición, al decir que los cobros del salario y la jubilación son en momentos diferentes, por distintos conceptos, y que cuando se hacen aportes previsionales durante la vida laboral, esos montos contribuidos quedan al margen del tributo (efectivamente, se restan del ingreso imponible).

“Si bien entre los aportes y el monto jubilatorio no hay una relación directamente proporcional, es ese esfuerzo contributivo el que la jurisprudencia admite como fundamento para reconocer mejores beneficios”, afirma Tróccoli, respecto de la justificación del vínculo entre la exclusión de los aportes del monto sujeto al impuesto en la vida activa y el posterior gravamen sobre las prestaciones pasivas. El abogado considera que el tema que se debe analizar es, en rigor, cuánto se paga de Ganancias, sobre todo tras distorsiones sufridas por el esquema en años anteriores.

Además de descontarse de los haberes mensuales, el tributo se resta de lo que se cobra en concepto de retroactivo al ganar un juicio. Según la Anses, eso es así porque la ley dispone la gravabilidad del ingreso jubilatorio y esos montos no hacen más que reconocer reajustes. Sin embargo, en la Justicia de segunda instancia se declara, en líneas generales, que son cobros libres del impuesto.

Otras causas en juego

La novedad más reciente de la Corte en materia previsional fue la del fallo referido a Lucio Blanco, de diciembre pasado. En esa causa, el Gobierno buscaba que la Justicia cambiara su criterio sobre el índice a usar para actualizar los salarios toda vez que, por una orden judicial, se tiene que recalcular un haber de inicio. La fórmula para calcular jubilaciones incluye el promedio de las últimas 120 remuneraciones cobradas antes del retiro.

Lo decidido por los jueces no cambió las cosas; antes ya se disponía el uso del ratificado Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), y el Gobierno no logró que se adoptara la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que en la mayoría de los casos define un reajuste menor. Ahora, la Anses va recibiendo las notificaciones de sentencias por causas similares (la Corte tenía 11.000 expedientes). Resuelto el tema, se destraba la emisión de sentencias y se dejan de apelar las de instancia inferior a la Corte. Esa celeridad podría chocar luego con la restricciones presupuestarias y derivar en una mayor acumulación de sentencias a la espera de liquidación.

El tribunal supremo tiene otras cuestiones pendientes de resolver

Una se refiere a la ley de movilidad previsional vigente desde 2018: las salas I y III de la Cámara de la Seguridad Social cuestionaron que la fórmula nueva se haya usado para calcular la recomposición correspondiente a marzo del año pasado. Según los jueces, hubo una aplicación retroactiva de la ley (algo indebido), cuando en ese período debió haberse usado la fórmula antes vigente, que fijaba subas semestrales y que, en la práctica, definía un alza de alrededor de 14,5% para el mes que es eje de la controversia, en lugar de las subas de 5,71% y 5,69% de marzo y junio.

Un segundo tema se refiere a la causa de Gabriel Hartmann, un jubilado para el cual los jueces de la Sala II determinaron que la Anses debe garantizar una jubilación que equivalga a no menos de 70% del promedio de sus últimos 120 salarios.

Otras cuestiones que en los últimos años tuvieron sentencias de la Corte están referidas a las rentas vitalicias provenientes del sistema de capitalización, eliminado hace diez años. Los rentistas (que son una parte de quienes se habían jubilado o pensionado en el sistema que gestionaban las administradoras de fondos) no fueron amparados por la reforma legal de 2008, a tal punto que se ven obligados a litigar para que se les reconozcan, según lo ya dispuesto por el tribunal supremo, las garantías del haber mínimo y la movilidad.

Fecha: 26/03/2019

Advierten que las jubilaciones y pensiones pesarán 57% de la recaudación en 2019

Tras el fallo de la Corte, alertan sobre la sostenibilidad del sistema previsional: era el 33% de la recaudación en 2007 y avanzó a 55% en 2017

Por: Verónica Dalto

Para: El Cronista

Un informe destaca que el peso del gasto en jubilaciones y pensiones (contributivas y no contributivas) sobre los recursos tributarios de la Nación alcanzará al 57% en 2019, tras el fallo de la Corte Suprema que negó el pedido del gobierno de utilizar el índice Ripte en lugar del Isbic para actualizar el haber inicial que se utiliza para calcular las jubilaciones en un determinado periodo.

“Mientras que en el año 2007 se destinaba el 33% de la recaudación tributaria nacional para pagar jubilaciones y pensiones (contributivas y no contributivas), diez años más tarde esa cifra llegó al 55% y proyectamos que alcanzará el 57% el año próximo”, indica el informe de la consultora Invecq. “La contrapartida es obvia, – completo – mientras mayor sea la porción de impuestos destinados a este fin, menor dinero queda disponible para todo el resto del gasto público”

“Más allá de los detalles de este fallo, el debate que vuelve a estar en boga es el de la sostenibilidad del sistema previsional argentino”, recuerda el reporte. Muestra que “de un lado de la sociedad se esgrime que los haberes percibidos por los pasivos no llegan a cubrir sus necesidades o no son justos en relación a lo aportado. Y del otro, se hace hincapié en lo caro que ya es el sistema previsional en nuestro país, en lo insuficiente de los recursos provenientes de la clase activa y en la dinámica preocupante que muestra desde hace 10 años”.

La consultora identificó tres etapas de crecimiento del sistema jubilatorios para los últimos diez años.

Entre 2006/2007 hasta el 2013, cuando el peso del sistema previsional creció 10 puntos porcentuales sobre el total de los ingresos tributarios, pasando del 33% al 43%. Periodo en que tuvo lugar la primera moratoria que implementó el gobierno kirchnerista y que significó el ingreso al sistema de millones de personas con menos años de aportes. Y a partir del 2009, comenzó a ejercer presión sobre el sistema la fórmula de movilidad previsional, que fue modificada en diciembre del 2017. “Esto significó un incremento sustancial de los gastos, pero que fueron parcialmente compensados por la expropiación de las AFJP y por una presión tributaria que venía en aumento por estos años” describe el informe.

En 2015, cuando el peso del sistema subió del 43% al 47% por la segunda moratoria previsional. Se calcula que por las moratorias implementadas durante todo el periodo del kirchnerismo accedieron a una pensión o jubilación unas 3,4 millones de personas, llevando el ratio de cobertura previsional al nivel más alto de toda Latinoamérica.

A lo que se sumó el fallo de la Corte a fines del 2015 para que el estado nacional les devuelva a las provincias con cajas propias el 15% de la recaudación de la precoparticipación, más la deuda de los años de cada reclamo. Lo que llevó a la nueva administración la modalidad la cancelación de loa deuda con cada distrito, además de menguar la recaudación mensual del estado nacional.

Desde 2016, por la implementación del programa de Reparación Histórica, el peso del sistema previsional habrá subido del 47% al 57% para el año próximo, según las estimaciones. También debido a que “los menores ingresos tributarios por parte de la Nación como consecuencia de la devolución del 15% a las provincias y a que una economía estancada en términos de crecimiento de mediano plazo no permitió un mayor despegue de los ingresos”, completa el informe.

Fecha: 26/12/2018

La crisis del sistema previsional: un debate que excede a la Argentina

Los problemas de financiamiento del sistema se dan en un contexto generalizado de envejecimiento poblacional que abarca a todos los países del globo. El desafío argentino, dicen los expertos, es optar por un modelo que garantice estabilidad para los próximos 30 ó 50 años, sin caer en soluciones de corto plazo. Los casos de Australia, Brasil, Chile, Alemania, España, en foco.

Por: Marcelo Batíz

El accidentado debate por la reforma del sistema previsional con el que se cerró 2017 llevó a extender la mira a otros países para ver si el problema, lejos de ser exclusivamente local, es una preocupación generalizada. Con casi 130 años de existencia desde que el canciller alemán Otto Bismark lanzara el primer régimen de retiro laboral, los sistemas previsionales han sido objeto de análisis y reformas, aunque son pocos los que se animan a decir que los inconvenientes están en vías de ser superados.

Por el contrario, para el brasileño Luis de Mello, jefe de Gabinete adjunto de la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “la cuestión de reformas de los sistemas previsionales es de suma importancia, no solamente en las economías avanzadas sino que también en países como los emergentes que están enfrentando un envejecimiento rápido de sus poblaciones y cuyos sistemas previsionales siguen basados en parámetros demográficos de cuando fueran creados, cuando la estructura demográfica de las sociedades era muy diferente”.

Una concepción similar tiene Eduardo Mancuso, de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales (UEPE) de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), para quien “la crisis de financiamiento del sistema previsional argentino se enmarca en un contexto general”, en el que “el envejecimiento poblacional implica un desafío para los regímenes previsionales de todo el mundo”.

De Mello explica que “los países de Europa y Asia Central están envejeciendo rápidamente. Las personas con un mínimo de 65 años representan, en promedio actualmente, un 12 por ciento de la población de dichos países, en comparación con un 6 por ciento en 1950, y se prevé que esta proporción alcanzará un 21 por ciento en 2050”.

Proyecciones

Las proyecciones al respecto no son uniformes en todo el mundo. Para el 2030, el Banco Mundial prevé que en la mayoría de los países desarrollados la población mayor de 60 años represente más del 30% del total, con el extremo de Alemania con el 35,3 por ciento. Más holgada será la situación de la Argentina, con el 19,3 por ciento y absolutamente opuesta la de los países africanos, con Uganda con el 4,1 por ciento de esa franja etaria sobre el total.

Sin embargo, para el 2150, las situaciones de Alemania y Argentina serán similares, con el 31 y el 30,8 por ciento, respectivamente. Sí… hay gente que hace proyecciones para dentro de 132 años.

Rafael Rofman, líder de Programas para Sectores Sociales del Banco Mundial, tiene otro punto de vista. “El envejecimiento no es un problema, sino una bendición; la población envejece básicamente porque la gente vive más, porque la salud mejoró y porque nacen menos chicos ya que las familias tienen la capacidad de controlar el número de hijos que va a tener. Y esos son probablemente los mejores indicadores de desarrollo social”.

“En todo caso, el problema es que existen instituciones pensadas para otro régimen demográfico y lo que hay que entender es cómo pensar esas instituciones para una realidad que va cambiando”, añade, luego de considerar que “es un error hablar de crisis, que es algo que pasa de repente y hay que resolver con urgencia. Lo que hay acá -puntualiza- son desafíos y hay que responder con una estrategia de políticas públicas para una realidad que va cambiando, para hechos que sabemos que van a pasar en los próximos 50 ó 100 años”.

Para el español Mariano Bosch, especialista senior de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “las manifestaciones de envejecimiento poblacional se ven de manera avanzada en Europa y cada vez las vemos más en América latina y el Caribe. Cada vez son más adultos mayores por trabajador y también vivimos más años. Es un fenómeno global, cada país está en distintas fases de envejecimiento pero la tendencia es común en todos”.

Rofman remarca la “bendición” del envejecimiento, pero a la vez plantea que “a esa bendición hay que financiarla y encontrar un balance razonable”, una tarea que, aclara, “no es una regla técnica sin una decisión de política social”.

Al respecto, explica que en cualquier sistema previsional “hay tres pilares: cobertura (a cuánta gente estoy dando beneficios), adecuación (cuánto le doy a cada uno) y sostenibilidad (cuánto me cuesta financiarlo). Es obvio que no se puede lograr un nivel óptimo en las tres dimensiones al mismo tiempo, porque si subo la cobertura tengo que bajar los beneficios o subir el costo. No hay manera de tener un sistema que cubra a todo el mundo, le pague miles de dólares a cada uno y sea muy barato. Es aritmética básica”, sostiene.

Equilibrios

En consecuencia, la decisión política a la que se refiere Rofman es la de “elegir como sociedad dónde está el punto de equilibrio razonable: cuánto cubro, cuánto pago y cuánto de los recursos de la sociedad estoy dispuesto a destinar para eso”. Y si de decisiones políticas se trata, las experiencias internacionales son diversas. Incluso de países que, según los analistas consultados, están aprobando el desafío. “Hay sistemas europeos que, aun siendo de beneficio definido como el argentino, están totalmente fondeados. Holanda y Suecia son buenos ejemplos. Canadá también tiene niveles de fondeo importantes”.

Mancuso explica que “Suecia sobresale por tener tres tipos de pensiones dentro de su sistema, dos de ellas son contributivas y otra no contributiva. Esta última -exigible a partir de los 65 años de edad- es para trabajadores cuyos ingresos son bajos o que directamente se encuentran desempleados. En cambio, las pensiones contributivas son accesibles a partir de los 61 años y se financian de manera mixta entre contribuciones patronales y de los empleadores. Se aporta el 18,5% del salario bruto (en la Argentina poco más del 30%). Una de ellas funciona como un sistema de reparto, mientras que la otra es un régimen de capitalización donde los trabajadores eligen entre diferentes fondos de pensiones gestionados por entidades privadas”.

“Australia tiene un sistema de capitalización individual al igual que Chile, pero con algunas variantes que aseguran mejores pensiones. Los empleadores cotizan el 9% de sus sueldos, a lo que se suman aportes voluntarios de los beneficiarios y un fondo de seguridad que aporta el Estado. Así, este último asegura que los ingresos de los jubilados no sean menores a los que habrían recibido en el sistema estatal (de reparto) que había en Australia antes de la creación del sistema actual”.

Rofman señala la disparidad en América latina, con “países con un 20 por ciento de cobertura (República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador), y otros con gastos importantes, relacionados con la existencia de más adultos mayores, más generosidad en el sistema y mayor cobertura, con gastos del 10 al 15 por ciento del producto (como buena parte de los países de Europa), entre los que figuran la Argentina y Brasil”.

Brasil

Precisamente, el sistema previsional del principal socio del Mercosur “es uno de los más complejos de la región”, apunta Mancuso, “porque presenta una media jubilatoria a los 53 años, generando un grave problema de costos”.

“Conjuga dos modalidades por edad y por tiempo de contribución con varias alternativas, según el sector y profesión. No establece una edad mínima para jubilarse a los trabajadores del sector privado, solo acreditar un tiempo mínimo de contribuciones, establecido en 35 años para los hombres y 30 para las mujeres, el cual, incluso, se reduce en cinco años para el caso de acreditar un tiempo exclusivo de docencia en establecimientos educativos no universitarios (infantil, primario o secundario). Para el caso de los trabajadores del sector público, sí hay una edad mínima jubilatoria que es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. En ambos casos, el monto de la pensión depende de la cantidad de años aportados”. Luego de la reforma laboral aprobada en 2017, el presidente Michel Temer manifestó que también será necesaria una reforma previsional, con aumentos tanto en la edad de jubilación como en los años de aportes.

Los datos del Banco Mundial sobre Brasil muestran que su gasto previsional se ubicó en 2015 en el 11,1% del PIB y que sus beneficiarios más que duplican a la cantidad de habitantes mayores de 65 años.

España

En España, la reforma del sistema superó las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular. Comenzó en 2011, cuando el entonces presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispuso la elevación progresiva hasta el 2027 de la edad de retiro de los 65 a los 67 años, y el período de cotización de 35 a 38,5 años. Ya entrada la Presidencia de Mariano Rajoy, en 2013, se estableció un índice de actualización a partir del cual los haberes no pueden subir más del 0,25% anual mientras el sistema esté en déficit. En 2017, se debió recurrir al fondo de reserva para financiar un déficit de 8700 millones de euros.

Alternativas

A la hora de buscar soluciones para la Argentina, Rofman relativiza la validez de las comparaciones con otros países. “Por supuesto que uno quisiera tener las políticas de los países escandinavos, pero para eso hace falta tener el Producto Bruto de esos países. Creo que es muy razonable mirar lo que pasa en el mundo, pero tratar de copiar un modelo y aplicarlo en otro país por lo general no funciona”, reflexiona.

“No me parece que tenga sentido decir que tenemos que ser como Alemania, con un sistema de puntos, o Suecia y tomamos un modelo de cuentas nacionales, o como Chile y Perú y vamos a un sistema de AFP de vuelta. Son modelos razonables, legítimos y posibles y los podríamos adoptar. Pero tendrían que ver más con la estrategia de gestión cotidiana que con los objetivos centrales que son cobertura, adecuación, sostenibilidad. Y en eso no hay espacio para inventar nada muy raro”, asegura.

Para que quede claro, Rofman remata diciendo que “no vale la pena salir a buscar experiencias por el mundo, sino entender cómo hacemos para que lo que tenemos funcione mejor, para que los recursos que tenemos, que son muchos, lleguen a donde tienen que llegar de forma más efectiva y no se pierdan en el camino. El desafío es ordenar esto o asegurarnos la estabilidad del modelo para los próximos 30, 40, ó 50 años”.

– Jubilarse… según pasan los años

– 1904: se crea la Caja de Empleados de la Administración Pública, al año siguiente la de los trabajadores ferroviarios.

– 1944: generalización del sistema, con ampliación de coberturas. Se crea la Caja de Empleados de Comercio, en 1946 la de Industria, en 1954 la de Profesionales y Empresarios y en 1955 la del Personal Doméstico.

– 1954: se sanciona la ley 14.370, que generaliza el régimen de reparto en reemplazo del de capitalización individual.

– 1958: se sanciona la ley 14.499, por la que se instaura el 82 por ciento móvil.

– 1969: por medio de las leyes 18.037 y 18.039 se unifican todas las cajas preexistentes en tres: Autónomos, Estado e Industria y Comercio. Se eleva la edad jubilatoria a 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un requisito de 30 años de aportes como mínimo.

– 1980: se eliminan las contribuciones patronales, en el marco de la generalización del IVA. Se reestablecen en 1983.

– 1986: emergencia Previsional, se congelan las demandas judiciales.

– 1993: se sanciona la ley 24.241 que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), con la coexistencia de regímenes de reparto y capitalización.

– 1994: el 1 de julio entra en vigencia el SIJP, comienzan a operar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

– 2008: se sanciona la ley 26.425 que reemplaza al SIJP por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al régimen de capitalización y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por medio de la ley 26.417 se implanta la ley de Movilidad Jubilatoria, con actualización semestral de haberes: 50% Índice General de Salarios y 50% RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables).

– 2010: el Congreso sanciona una ley que garantiza el 82% móvil para todos los jubilados. La presidente Cristina Kirchner la veta.

– 2016: se sanciona la ley 27.260 de Reparación Histórica, que permite acuerdos para reajustes de haberes y cancelación de deudas previsionales.

– 2017: se sanciona la ley 27.426, que modifica la fórmula de actualización de haberes (70% por inflación, 30% el 5% del crecimiento del PIB) cambiando la periodicidad de semestral a trimestral. Permite al empleado optar por extender edad jubilatoria hasta los 70 años.

Fecha: 29/01/2018

La estafa de la jubilación pública

Por: Diego Giacomini

Para: Diario El Cronista

De acuerdo con trascendidos, el Proyecto Presupuesto 2018 gasta 59% del gasto primario en Anses y PAMI, lo que representa un aumento de 12 p.p. contra 2016 (47%). La seguridad social se lleva cada vez más. Sin embargo, el sistema de previsión y seguridad social no es previsor, ni brinda seguridad a nadie. No sorprende. Hayek decía: “La palabra social vacía de contenido cualquier palabra a la que se le aplique, aunque nada anormal haya sucedido”.

La jubilación estatal tiene 4 problemas: i) está expuesto a las presiones políticas (caja política); ii) es una estafa intergeneracional; iii) es un fraude a los aportantes y beneficiarios y, iv) atenta contra la inversión, productividad, crecimiento, creación de empleo y el poder adquisitivo del salario. El sistema jubilatorio de reparto debería desaparecer. Voy a explicar por qué.

La jubilación estatal de reparto nació como una estafa de la corporación política. Bismarck (1889) creó el sistema fijando la edad de jubilación en 70 años cuando la esperanza de vida era de 35 años (hombres) y 38 años (mujeres), lo cual brindó una cuantiosa caja a la política alemana. En Argentina, las cajas jubilatorias financiaron cualquier cosa menos jubilaciones. De hecho, en 2016 el FGS del Anses gastó $ 158.085 millones financiando Procrear, préstamos a beneficiarios del SIPA, préstamos a Provincias y déficit fiscal, lo cual equivale casi al 30% de las jubilaciones ($ 572.659 MM) y es un +47% superior al pago de Asignaciones familiares y AUH ($ 107.628 MM).

El sistema de reparto es una transferencia intergeneracional injusta e ineficiente que hipoteca el futuro. En este sistema, los participantes iniciales convencen a los posteriores para que les transfieran fondos (a ellos) a cambio de una promesa de transferencias mayores provenientes de una (supuesta) cantidad superior de participantes futuros. Sin embargo, esto es una estafa intergeneracional, ya que el sistema no se adapta a los cambios demográficos signados por una esperanza de vida en aumento. La cantidad de personas mayores de 60 se triplicará durante los próximos 25 años. Paralelamente, la tasa de fertilidad bajará. Así, el número de beneficiarios (jubilados) aumenta sostenidamente en relación con la cantidad de financiadores (trabajadores), con lo cual el sistema funciona cada vez peor hasta colapsar.

 Este sistema hipoteca el futuro de los niños actuales y de los que todavía no han nacido. El gasto en seguridad social aumenta en detrimento del gasto en educación y salud. En otras palabras, se gasta cada vez más en los ancianos (pasado) y menos en los jóvenes y niños (futuro); es decir se desinvierte en capital humano atentando contra el crecimiento y el futuro. El gasto de Nación en nuestros abuelos (10% del PBI sumando jubilaciones y pensiones -9,1%, y PAMI -0,9%) casi duplicó las erogaciones en educación (5,6%) y salud (6%) de las tres esferas en 2016. Paralelamente, el gasto global en Ciencia (0,3%), Vivienda y Urbanismo (1,2%) y Agua potable y cloacas (0,6%) es prácticamente inexistente al lado del gasto en jubilaciones y pensiones (9,1%).

El sistema jubilatorio de reparto es una estafa, tanto para los aportantes como para sus beneficiarios. Asumamos que un hombre ahorra a lo largo de toda su vida laboral (20 a 65 años) lo que actualmente le descuentan mensualmente en concepto de Aportes Personales (11%). Utilizando el salario promedio privado registrado ($ 22.859) en dólares y capitalizándolo a una tasa del 5% anual, el trabajador llegaría a sus 65 años con un ahorro de u$s 317.000. Según la expectativa de vida masculina (73 años) en Argentina, cobraría u$s 4002 mensuales hasta fallecer. Si viviera hasta los 80 años percibiría u$s 2.00 y hasta los 85 u$s 2086, su jubilación sería menor.

Sin embargo, la anterior cuenta es incompleta, porque faltan las Contribuciones Patronales (10,17%) de los empleadores. Adicionando este flujo y capitalizándolo también al 5% anual (u$s 608.000), la jubilación masculina treparía hasta u$s 7696; u$s 4807 y u$s 4012 por mes si el hombre viviera hasta los 73; 80 u 85 años; respectivamente. Hoy en día la jubilación promedio asciende a u$s 595. No hay mucho más que agregar.

En 1980/2016 el PBI per cápita anual de Argentina (+0,9%) creció muy por debajo de la región (+1,9%); Alianza del Pacífico (+2,3%) y Chile (+3,0%). En este marco, Argentina necesita crecer fuertemente para recuperar el terreno perdido. Y el sistema jubilatorio estatal es un grave obstáculo para crecer, ya que atenta contra el ahorro, la inversión y la formación de capital, obstaculizando la productividad, la creación de puestos de trabajo y la mejora del salario. Argentina tiene una tasa ahorro/PBI (14%) muy inferior al promedio de la región (22%), lo cual la lleva a invertir y, en consecuencia, crecer mucho menos que la región.

Detrás de este este déficit de ahorro y falta de inversión está el desahorro público y el déficit previsional. En 2016 el déficit de Anses ascendió a 2,6% del PBI, lo cual empujó el déficit fiscal global a 7,1% del PBI. El déficit previsional tiene inexorable tendencia alcista y ascenderá a 3% del PBI en 2017. En este marco, el déficit fiscal global ascenderá a +7,6% del PBI en 2017.

En pocas palabras, el sistema jubilatorio de reparto será cada vez más deficitario, convirtiéndose en obstáculo cada vez más grande contra la inversión, el empleo, los salarios y el crecimiento en el largo plazo. Ergo, la jubilación estatal está hipotecando el futuro de nuestros niños y de los que no nacieron. ¿No vamos a hacer nada?

Fecha: 07/09/2017