Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

Archivo para Reforma Previsional

Por los ruidos políticos, demoran el inicio del debate de la futura reforma jubilatoria

Se prevé que esté compuesta por varios sectores, incluidos los gremios, hoy en conflicto con el Gobierno. Diseñará un plan maestro para el nuevo sistema

Por: Verónica Dalto

Para: Diario El Cronista

El Gobierno resolvió posponer un mes la conformación de la comisión de Sustentabilidad, que debe debatir la reforma previsional. Así lo indicaron fuentes oficiales, que resaltaron que ese cuerpo, del cual la administración Macri espera tener el núcleo central de un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, no comenzará su tarea el mes próximo sino que lo haría desde abril.

Es que el costo político que tuvo el cambio de fórmula de movilidad a fines de diciembre último, con protestas y enfrentamientos en las puertas del Congreso, el escándalo que enfrentó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con su casera, y la escalada de los sindicatos de las últimas semanas demoraron el inicio del trabajo de la comisión, hasta que el Gobierno formule su nueva hoja de ruta en el tema previsional.

La comisión fue creada por la ley de Reparación Histórica, que da tiempo hasta 2019 para generar el nuevo proyecto, pero los tiempos son escasos. Es que en el segundo semestre de este año comenzará la campaña electoral, y como se trata de un tema de alta sensibilidad en la población, desde la Casa Rosada se resolvió demorar el arranque de la comisión, y a la vez desdoblar los cambios a través de normativas diferentes.

Plan

En Trabajo, se prevé que de la comisión de Sustentabilidad resulte un “plan maestro” en el que se acuerde hacia dónde llevar al sistema previsional, pero que las modificaciones se realicen “en aproximaciones sucesivas”. De hecho, tras la Reparación Histórica y la creación de la Prestación Universal del Adulto Mayor (PUAM, que garantiza el 80% del haber mínimo para quienes no cuentan con los años de aportes que exige la jubilación), se modificó la movilidad y se permiten las jubilaciones a los 70 años.

Para lo que viene se puede observar las conclusiones que resultaron de la Comisión de Fortalecimiento, que funcionó desde mediados de 2016, bajo el ala de la Secretaría de Seguridad Social de Trabajo. Mostró interés por seguir el modelo español, en particular el Pacto de Toledo (la comisión parlamentaria creada en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos que periódicamente propone recomendaciones para asegurar la sustentabilidad del sistema) y copiar la creación de una institución que permita separar las fuentes de financiación y el pago de las pensiones y tenga poder de policía ante la evasión.

La Secretaría de Seguridad Social también mostró interés en reformar el régimen de autónomos y monotributistas, que reconozca la diversidad de trabajadores independientes y que adecue las cotizaciones a las prestaciones. Y que las cotizaciones se determinen en base a los ingresos reales.

Y sumar dos pilares adicionales a la PUAM. Uno voluntario y contributivo, proporcional a los años de aportes para quienes no lleguen a los 30 previstos por ley. Y otro voluntario, para aquellos trabajadores con capacidad de ahorro. Hoy se encuentran las aseguradoras junto con Finanzas y la Superintendencia de Seguros armando los productos de ahorro y adaptando los correspondientes incentivos fiscales creados en la Reforma Tributaria.

La comisión de Sustentabilidad contaría con la participación de la Secretaría de Seguridad Social, los gremios, las empresas, las cajas previsionales de las provincias que no se transfirieron a la Nación, las cajas profesionales, la ANSeS, la AFIP.

Se entiende que el déficit de ANSeS alcanza un 3% del PBI al considerar los pagos de la Reparación Histórica, debido a la moratoria previsional, las transferencias a las cajas provinciales no transferidas a la nación, las pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo, el régimen de las fuerzas armadas. Pero ese déficit deja al descubierto el debate entre quienes sostienen que el sistema debe mantener ese rojo, financiado con impuestos, para mantener la cobertura previsional. Frente a quienes sostienen que hay que atacar el rojo previsional reduciendo los beneficios.

Fecha: 19/02/2018

 

Anuncios

Jubilarse a los 70: ¿nueva polémica por un subsidio de $ 5.797?

Los que sigan trabajando con más de 65 pueden tramitar una pensión prevista originalmente para sectores más vulnerables. El Gobierno buscaría corregirlo.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

Caso 1. Si usted, mujer o varón, tiene 65 o más años de edad y los 30 años de aportes mínimos pero opta por seguir trabajando hasta los 70 años, como permite la nueva ley previsional aprobada a fines de diciembre pasado, puede solicitar y cobrar de la ANSeS el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es del 80% del haber mínimo (hoy equivale a 5.797 pesos); además del sueldo mensual.

Más adelante, cuando se jubila, deja de cobrar la PUAM y pasa a percibir la jubilación con un mayor número de años aportados, según el sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años. Cada año adicional de aportes, incrementa en 1,5% de ese sueldo promedio el haber jubilatorio.

Caso 2. También si usted, mujer o varón, tiene 65 o más años de edad y no reúne los 30 años de aportes mínimos para jubilarse, puede solicitar y cobrar de la ANSeS el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y seguir trabajando, percibiendo este beneficio y el sueldo.

Luego, cuando se jubila, ya con 30 o más años de aportes, deja de cobrar la PUAM y pasa a percibir la jubilación de acuerdo a la cantidad de años aportados y al sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.

Ambas situaciones fueron planteadas por Clarín ante la ANSeS, porque en el “Caso 1” se daría la “contradicción” de que personas con trabajo y posibilidad de jubilarse estarían cobrando en paralelo un subsidio (la PUAM) pensado originalmente para grupos más vulnerables (mayores de 65 sin jubilación ni pensión).

Mayores de 65: a quiénes les corresponde la pensión de $ 5.797,31

En la ANSeS confirmaron a este diario que el beneficio de la PUAM es de carácter “universal”. Y admitieron que en la nueva ley no incluyeron la “incompatibilidad” de acceder a la PUAM de quienes con 65 años o más ya tienen más de 30 años de aportes y pueden jubilarse. Y más: adelantaron que ahora estudian incluirla y hacer la salvedad en la reglamentación. Pero eso lleva a un fuerte riesgo judicial, porque implica alterar una ley a través de una resolución.

La PUAM fue aprobada en 2016 en la llamada ley 27.260 de Reparación Histórica, a iniciativa del actual Gobierno. Es una prestación de carácter vitalicio que otorga ANSES a las personas mayores de 65 años, que no cuentan con ningún otro beneficio de la Seguridad Social. No genera derecho a pensión (es decir, no se puede transferir), pero sí cuenta con la cobertura y los servicios de PAMI.

Quienes acceden a este beneficio pueden seguir trabajando hasta que hayan alcanzado los años de aportes o para completar los años requeridos de aportes, que les permitan acceder luego a una jubilación ordinaria. Una vez que la persona se jubila, deja de percibir la PUAM. El último dato oficial indica que hay unas 70.000 personas que están cobrando este beneficio.

Las dudas que genera el embargo a las cuentas sueldo

La ley 27.260 precisa que “el goce de la PUAM es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”, como sería el caso de los que, estando en condiciones de jubilarse después de los 65 años, siguen trabajando.

Como resumen, se pensó como un subsidio para los sectores más desprotegidos de los mayores de 65; los que nunca podrían jubilarse o los que seguían trabajando, pasada esa edad, para completar sus aportes y obtener una jubilación. Pero con la reforma previsional, se generó un nuevo grupo de potenciales beneficiarios que no estarían en una situación de vulnerabilidad.

En el sitio www.anses.gob.ar/puam/ el interesado puede saber si cuenta con los requisitos para acceder a ese beneficio, que son:

– Tener 65 años o más de edad.

– Contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en las bases de ANSES. En Mi ANSES, puede consultar las relaciones familiares registradas.

– Ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

– No contar con ninguna prestación otorgada por cualquier régimen de previsión, ni cobrar la Prestación por Desempleo. En el caso de percibir una prestación de las enunciadas y pretender percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor, deberá realizar la opción en forma fehaciente y solicitar, en caso de corresponder, la baja del beneficio incompatible.

– Mantener residencia en el país una vez solicitada la pensión.

– El beneficio es equivalente al 80% de una jubilación mínima, $ 5.797,31 y se actualiza 2 veces al año por la Ley de Movilidad. En marzo cobran por única vez el “bono compensador” de $ 375 y el beneficio aumenta el 5,7%.

Fecha: 22/01/2018

Promulgan ley que modifica el Régimen Jubilatorio para empleados del Banco Provincia

Entre otros puntos, eleva la edad en forma escalonada desde los 57 a los 65 años

El Gobierno bonaerense promulgó hoy la ley que modifica el régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia y eleva la edad en forma escalonada desde los 57 a los 65 años.

La ley 15.008, sancionada en diciembre y publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense, establece que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad”.

La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará gradualmente con la siguiente escala: 61 años en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años en 2026 y 2027, y 65 años desde 2028.

Con estas modificaciones que fueron elaboradas por el Poder Ejecutivo, la gobernadora María Eugenia Vidal pretende reducir el déficit que tiene la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia, previsto para el año próximo en unos 6.000 millones de pesos.

Además, modifica la tasa de sustitución, es decir el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 por ciento, con lo que lo “iguala con el resto de los empleados bancarios”, según explicó en el recinto el diputado de Cambiemos Marcelo Daletto.

Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años de sueldo y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado en diciembre por el Congreso de la Nación para el resto de los jubilados.

Así los aumentos serán trimestrales en lugar de semestrales, y se calcularán con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal.

Fuente: El Cronista

Fecha: 17/01/2018

 

Algunas reflexiones sobre la Ley de Reforma Previsional

Por: María Martín Yañez y Fernado Payá (h)*

La ley 27.426 bajo el importante título de Reforma Previsional, limita su contenido a tres temas específicos, de los cuales dos corresponden al ámbito previsional y el tercero al laboral.

En primer lugar modifica el método de movilidad de la ley 24.241, aplicable no sólo a los beneficiarios de las prestaciones previsionales, sino también a los titulares de asignaciones familiares y de pensiones no contributivas, entre ellas la Pensión para el Adulto Mayor de reciente creación por la Ley de Reparación Histórica, para luego incluir una modificación por cierto encomiable, del Haber Mínimo Garantizado.

Respecto al cambio del régimen de movilidad, variaron los índices para determinar los incrementos que en tal concepto de aplicarán a los haberes, así como su frecuencia, que pasa de semestral a trimestral. El régimen de movilidad constituye uno de los aspectos claves para la eficacia de la cobertura previsional, por lo cual es imprescindible la aplicación de un régimen que los preserve. Como con buen criterio no se especifica método alguno para su ejecución, el legislador puede arbitrar distintos medios para ello, con el sólo límite de su razonabilidad que le impone el art. 28 de la Carta Magna, de que dicha garantía no pueda ser alterada por las leyes que reglamenten su ejercicio, lo cual podría suceder si la aplicación del nuevo método resultara en una disminución confiscatoria de los haberes de los interesados, que traería aparejada su inconstitucionalidad.

Para ello no basta la sola modificación del régimen o la inmediatez de su aplicación cuando ya se encontraban disponibles los datos para el ajuste de la movilidad conforme al régimen anterior, más beneficioso que el actual (que autorizaba un aumento del 12% contra el 5,7% del actual), puesto que no implica desconocer derechos adquiridos, sino que solo afecta derechos en expectativa, por más respetables y dignos de ser tenidos en cuenta que sean. Tal como lo ha determinado la Corte Suprema, si la disminución del monto de los haberes resulta confiscatoria, es decir sobrepasa el 15% del total, podrá ser tachada de inconstitucional, por contrariar principios fundamentales que hoy sustentan el régimen previsional, tales como la debida proporcionalidad que deben guardar con los haberes de actividad, y por afectar además el principio de progresividad o mejor dicho de no regresividad, que han sido adoptados por nuestro país mediante la firma de varios convenios internacionales cuyo contenido reviste jerarquía constitucional. 

Resumiendo, entendemos que la ley, en cuanto modifica el régimen de movilidad, puede y probablemente será tachada de inconstitucionalidad, en tanto produzca una disminución confiscatoria de los haberes, incrementando de tal manera la litigiosidad ya instalada.

El segundo tema previsional, de singular relevancia, consiste en el pago a los beneficiarios de la PBU que acrediten 30 o más años con aportes efectivos de un suplemento dinerario que complemente su haber hasta alcanzar el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, de manera que esa cobertura mínima tendrá, en forma permanente, una relación de proporcionalidad con el salario de los trabajadores en actividad. Respecto al régimen laboral, modifica no tan acertadamente, el art. 252 LCT, extendiendo la edad del trabajador en condiciones de jubilarse a los 70 años, y obligando al empleador a conservarlo en su puesto de trabajo cinco años más de los requeridos para obtener su beneficio. Se contradice así la norma general del art. 91 LCT, por el cual el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye cuando el trabajador se encuentra en condiciones de gozar de la jubilación conforme su edad y años de servicios. El nuevo texto del art. 253 de la LCT recepta las conclusiones del Plenario N´ 321 de CNTrab Couto de Capa, que resolvió que el trabajador jubilado que continuara prestando servicios luego de su retiro previsional, en caso de despido posterior solo puede reclamar indemnización por los nuevos servicios prestados, pues los anteriores quedan cancelados con la jubilación.

Finalmente vale señalar que la situación del actual régimen previsional requiere una profunda revisión, no sólo de medidas coyunturales que disminuyan el costo del financiamiento del sistema y devuelvan la coherencia a la normativa afectada por la brusca reforma de la ley 26.425, que una vez obtenido su objetivo de eliminar el régimen de capitalización y la consiguiente transferencia de fondos, se desentendió de la necesidad de adecuar la normativa restante de la ley 24.241, y que lo dote de una nueva estructura que permita conformar un sistema de prestaciones acorde con las necesidades de la comunidad social y de la cobertura a la que ésta aspira, proveyéndole además de una razonable financiamiento.

* Miembros de Thomson Reuters

Fecha: 16/01/2018

Este mes, 1,3 millones de jubilados recibirán un aumento de hasta $ 544

Por la entrada en vigor de la nueva ley previsional, el Estado debe garantizar que no se cobre menos que el 82% del salario mínimo, que sube a $ 9500; quedan al margen quienes hayan obtenido su prestación con una moratoria

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Desde pasado mañana, algo más de 1,3 millones de jubilados y pensionados cobrarán sus haberes mensuales con un incremento de hasta $ 544 (en promedio será de $ 528) respecto de lo que percibieron hasta diciembre. Se trata de las personas que quedaron alcanzadas por la garantía de no cobrar menos que el 82% del salario mínimo, vital y móvil, tal como lo dispuso la controvertida ley previsional aprobada en los últimos días de 2017.

Este mes, y según ya estaba dispuesto, el salario mínimo sube de $ 8860 a $ 9500. De esta manera, el ingreso jubilatorio garantizado, que no rige para quienes hayan accedido a su prestación a través de una moratoria, queda en $ 7790 (que es el 82% de los $ 9500).

Según informó hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), las personas alcanzadas por este próximo aumento serán 1.328.707, en tanto que la medida implicará una erogación para el Estado de $ 697 millones. La mejora llegará a los bolsillos de quienes se hayan jubilado tras haber hecho aportes al menos durante 30 años, aunque también –según se aclaró- a quienes cobren una prestación por invalidez o por fallecimiento, derivada de haber existido aportes en forma regular (aún sin que se cumpla ese requisito de los 30 años), y también a quienes accedieron a la jubilación con una cantidad menor de aportes, porque el régimen de su actividad específica así lo permitía (por tareas insalubres, por ejemplo).

A partir de ahora, cada vez que se eleve el monto del salario mínimo también deberá cumplirse con esta garantía de la ley 27.426. En marzo, cuando se aplique el incremento de haberes jubilatorios según la fórmula de movilidad, muchas de estas personas no volverán a recibir una mejora, sino que seguirán cobrando el ingreso de $ 7790 mensuales. Sí cobrarán alguna diferencia quienes en diciembre tenían un haber tal que, al sumarse la suba del 5,7% (el resultado que da la fórmula de movilidad para el tercer mes del año), resulte superior a la cifra que cobrarán este mes.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo, de $ 7246 y estén incluidos en la garantía, cobrarán $ 7790 como ingreso mensual al menos hasta mayo (porque la suba por movilidad de marzo, aplicada sobre el ingreso de diciembre, da un monto inferior al 82% del salario mínimo). En cambio, alguien que hasta diciembre cobraba $ 7600 y ahora le aumentan a $ 7790, en marzo comenzará a percibir un haber mensual de $ 8033, que es la cifra que resulta de aplicar el 5,7% al ingreso cobrado en diciembre.

El próximo aumento del salario mínimo está previsto para el mes de julio. Entonces, ese número de referencia se irá a $ 10.000 y, por lo tanto, el ingreso jubilatorio garantizado será de $ 8200. Como, según se estima, el haber mínimo no habrá alcanzado para ese entonces esa cifra (tras los aumentos previstos para marzo y junio), en ese mes deberá nuevamente ponerse en práctica el pago de un adicional para cumplir con la garantía prevista por la ley.

Fecha: 8/01/2018

Apuntan a tener lista para junio una reforma previsional inspirada en el modelo español

Trabajo firmará una resolución para crear el cuerpo. El proyecto puede estar listo hacia mediados de año. Miran a España, que retrasa de manera gradual a 2027 la edad de retiro

Por: Verónica Dalto

Para: Diario El Cronista

El Ministerio de Trabajo tiene a la firma una resolución para crear la comisión de Sustentabilidad Previsional, que debatirá la reforma del sistema argentino, para que comience a funcionar a partir de marzo próximo. El Gobierno ya había anticipado que el cambio de la fórmula que actualiza las jubilaciones era una medida transitoria para luego encarar una modificación integral del marco previsional.

Para eso, el Gobierno viene mirando con atención el sistema español, en particular, el Pacto de Toledo. “Nos interesa ver el caso de España, en 2002, con el gran acuerdo post Toledo, que es lo que buscamos nosotros”, explicaron en el Ministerio de Trabajo.

La Ley de Reparación Histórica previó que hasta 2019 la comisión elabore “un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”.

Esa comisión contaría con la participación de la Secretaría de Seguridad Social, los gremios, las cajas previsionales de las provincias que no se transfirieron a la Nación, las cajas profesionales, la ANSeS, la AFIP.

El debate es de alta sensibilidad. Pero, según quienes participarán de la redacción, el proyecto podría estar listo a mediados de este año, antes de las campañas políticas.

Los gremios elevaron la tensión en las últimas reuniones de la comisión de fortalecimiento que fueron contemporáneas al debate de la fórmula. En las reuniones anteriores, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, mostró su interés en el Pacto de Toledo y en la Tesorería de la Seguridad Social española.

El Pacto de Toledo es la comisión parlamentaria creada en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos que propuso 15 recomendaciones para asegurar la sustentabilidad del sistema de pensiones español. En 2003, publicó otras 22 recomendaciones. Y se reunió nuevamente en 2016.

Las recomendaciones incluyen la separación y clarificación de las fuentes de financiación (las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones del trabajador y las empresas y las no contributivas, a través del presupuesto). La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La implementación de un sistema de jubilación gradual y flexible que facilite la prolongación voluntaria de la vida laboral. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC. El desarrollo de sistemas complementarios de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos.

En los hechos, España “contempla por ley que a partir de 2027 la esperanza de vida influya en el cálculo de la pensión”, indicó un informe del Centro de la Investigación de la Seguridad Social de la UBA.

“Existe un régimen transitorio iniciado en 2013 por el que la edad legal de jubilación se retrasará gradualmente a lo largo de 15 años hasta llegar a los 67 años en 2027 (1 mes por año durante los 6 primeros años y 2 meses por año durante los últimos 9)”, explicó. “La edad legal determina el momento inicial a partir del cual se tiene derecho a percibir una pensión pública. El retraso de la edad legal de jubilación premia con mayor pensión a aquellas personas que llevan más años cotizando a la seguridad social y penaliza a los que llevan menos o perdieron su empleo”, agregó.

Para la determinación del Salario de Referencia, se llevó el cómputo de 2 años a 8 años (1985) a 15 años (2013) y a 25 años (2022).

Para el cálculo de la cuantía de la jubilación, cobrará el 100% quien aporte 37 años desde 2013, cuando entre 2000 y 2012 se necesitaban 35 años y hasta 1999, 30 años.

La jubilación anticipada consiste en una pensión inferior a la correspondiente a la edad legal: con carácter general, con un 8% de reducción por cada año de anticipación. Para la jubilación postergada, el beneficiario puede obtener una bonificación de 2 a 4% por cada año de retraso.

Fecha: 08/01/2018

Puntos clave de la reforma previsional que busca aprobar el Gobierno

El ajuste pasa a ser trimestral. Cuáles son los cambios en la fórmula de movilidad y la edad jubilatoria

Por: Guillermo Pereira

Para: Diario El Cronista

El Gobierno busca convertir en ley la reforma previsional en medio de un clima complejo que la semana pasada lo obligó a levantar la sesión en la que Diputados se aprestaba a aprobar el proyecto. Hoy Diputados está sesionando para avanzar con el debate.

Estos son los principales puntos del polémico proyecto

Nueva fórmula de movilidad

Cambia la fórmula de movilidad que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH.

En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, que se utiliza actualmente; se utilizará otro conformado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 30% restante por la variación del RIPTE, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales.

Además, en lugar del aumento semestral, se aplicará una actualización por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%.

Esto lleva a que en el inicio del cambio de fórmula, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. Para 2018 se calcula un “ahorro” para el Estado de casi $ 100.000 millones.

Un aumento menos en marzo

Con la fórmula actual, por ejemplo, a un salario de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de sólo 570 pesos.

La quita de $ 630 sobre $ 1.200 (52,5%) es el punto de partida para lo que los abogados constitucionalistas califican como “aplicación retroactiva” que, en su opinión, daría lugar a muchos juicios de “inconstitucionalidad”.

El 82% móvil

La garantía del 82% móvil se aplicará a quienes al momento de la jubilación hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Actualmente esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, la Anses ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía.

Quedan excluidos los que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la PBU ( Prestación Básica Universal). De aquí se infiere que quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento del trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU. También los que se jubilaron con más de 65 años, compensando años de aportes.

Jubilación voluntaria

Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos.

Las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años.

Fecha: 19/12/2017