Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Archivo para Reforma Previsional

Algunas reflexiones sobre la Ley de Reforma Previsional

Por: María Martín Yañez y Fernado Payá (h)*

La ley 27.426 bajo el importante título de Reforma Previsional, limita su contenido a tres temas específicos, de los cuales dos corresponden al ámbito previsional y el tercero al laboral.

En primer lugar modifica el método de movilidad de la ley 24.241, aplicable no sólo a los beneficiarios de las prestaciones previsionales, sino también a los titulares de asignaciones familiares y de pensiones no contributivas, entre ellas la Pensión para el Adulto Mayor de reciente creación por la Ley de Reparación Histórica, para luego incluir una modificación por cierto encomiable, del Haber Mínimo Garantizado.

Respecto al cambio del régimen de movilidad, variaron los índices para determinar los incrementos que en tal concepto de aplicarán a los haberes, así como su frecuencia, que pasa de semestral a trimestral. El régimen de movilidad constituye uno de los aspectos claves para la eficacia de la cobertura previsional, por lo cual es imprescindible la aplicación de un régimen que los preserve. Como con buen criterio no se especifica método alguno para su ejecución, el legislador puede arbitrar distintos medios para ello, con el sólo límite de su razonabilidad que le impone el art. 28 de la Carta Magna, de que dicha garantía no pueda ser alterada por las leyes que reglamenten su ejercicio, lo cual podría suceder si la aplicación del nuevo método resultara en una disminución confiscatoria de los haberes de los interesados, que traería aparejada su inconstitucionalidad.

Para ello no basta la sola modificación del régimen o la inmediatez de su aplicación cuando ya se encontraban disponibles los datos para el ajuste de la movilidad conforme al régimen anterior, más beneficioso que el actual (que autorizaba un aumento del 12% contra el 5,7% del actual), puesto que no implica desconocer derechos adquiridos, sino que solo afecta derechos en expectativa, por más respetables y dignos de ser tenidos en cuenta que sean. Tal como lo ha determinado la Corte Suprema, si la disminución del monto de los haberes resulta confiscatoria, es decir sobrepasa el 15% del total, podrá ser tachada de inconstitucional, por contrariar principios fundamentales que hoy sustentan el régimen previsional, tales como la debida proporcionalidad que deben guardar con los haberes de actividad, y por afectar además el principio de progresividad o mejor dicho de no regresividad, que han sido adoptados por nuestro país mediante la firma de varios convenios internacionales cuyo contenido reviste jerarquía constitucional. 

Resumiendo, entendemos que la ley, en cuanto modifica el régimen de movilidad, puede y probablemente será tachada de inconstitucionalidad, en tanto produzca una disminución confiscatoria de los haberes, incrementando de tal manera la litigiosidad ya instalada.

El segundo tema previsional, de singular relevancia, consiste en el pago a los beneficiarios de la PBU que acrediten 30 o más años con aportes efectivos de un suplemento dinerario que complemente su haber hasta alcanzar el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, de manera que esa cobertura mínima tendrá, en forma permanente, una relación de proporcionalidad con el salario de los trabajadores en actividad. Respecto al régimen laboral, modifica no tan acertadamente, el art. 252 LCT, extendiendo la edad del trabajador en condiciones de jubilarse a los 70 años, y obligando al empleador a conservarlo en su puesto de trabajo cinco años más de los requeridos para obtener su beneficio. Se contradice así la norma general del art. 91 LCT, por el cual el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye cuando el trabajador se encuentra en condiciones de gozar de la jubilación conforme su edad y años de servicios. El nuevo texto del art. 253 de la LCT recepta las conclusiones del Plenario N´ 321 de CNTrab Couto de Capa, que resolvió que el trabajador jubilado que continuara prestando servicios luego de su retiro previsional, en caso de despido posterior solo puede reclamar indemnización por los nuevos servicios prestados, pues los anteriores quedan cancelados con la jubilación.

Finalmente vale señalar que la situación del actual régimen previsional requiere una profunda revisión, no sólo de medidas coyunturales que disminuyan el costo del financiamiento del sistema y devuelvan la coherencia a la normativa afectada por la brusca reforma de la ley 26.425, que una vez obtenido su objetivo de eliminar el régimen de capitalización y la consiguiente transferencia de fondos, se desentendió de la necesidad de adecuar la normativa restante de la ley 24.241, y que lo dote de una nueva estructura que permita conformar un sistema de prestaciones acorde con las necesidades de la comunidad social y de la cobertura a la que ésta aspira, proveyéndole además de una razonable financiamiento.

* Miembros de Thomson Reuters

Fecha: 16/01/2018

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Este mes, 1,3 millones de jubilados recibirán un aumento de hasta $ 544

Por la entrada en vigor de la nueva ley previsional, el Estado debe garantizar que no se cobre menos que el 82% del salario mínimo, que sube a $ 9500; quedan al margen quienes hayan obtenido su prestación con una moratoria

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Desde pasado mañana, algo más de 1,3 millones de jubilados y pensionados cobrarán sus haberes mensuales con un incremento de hasta $ 544 (en promedio será de $ 528) respecto de lo que percibieron hasta diciembre. Se trata de las personas que quedaron alcanzadas por la garantía de no cobrar menos que el 82% del salario mínimo, vital y móvil, tal como lo dispuso la controvertida ley previsional aprobada en los últimos días de 2017.

Este mes, y según ya estaba dispuesto, el salario mínimo sube de $ 8860 a $ 9500. De esta manera, el ingreso jubilatorio garantizado, que no rige para quienes hayan accedido a su prestación a través de una moratoria, queda en $ 7790 (que es el 82% de los $ 9500).

Según informó hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), las personas alcanzadas por este próximo aumento serán 1.328.707, en tanto que la medida implicará una erogación para el Estado de $ 697 millones. La mejora llegará a los bolsillos de quienes se hayan jubilado tras haber hecho aportes al menos durante 30 años, aunque también –según se aclaró- a quienes cobren una prestación por invalidez o por fallecimiento, derivada de haber existido aportes en forma regular (aún sin que se cumpla ese requisito de los 30 años), y también a quienes accedieron a la jubilación con una cantidad menor de aportes, porque el régimen de su actividad específica así lo permitía (por tareas insalubres, por ejemplo).

A partir de ahora, cada vez que se eleve el monto del salario mínimo también deberá cumplirse con esta garantía de la ley 27.426. En marzo, cuando se aplique el incremento de haberes jubilatorios según la fórmula de movilidad, muchas de estas personas no volverán a recibir una mejora, sino que seguirán cobrando el ingreso de $ 7790 mensuales. Sí cobrarán alguna diferencia quienes en diciembre tenían un haber tal que, al sumarse la suba del 5,7% (el resultado que da la fórmula de movilidad para el tercer mes del año), resulte superior a la cifra que cobrarán este mes.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo, de $ 7246 y estén incluidos en la garantía, cobrarán $ 7790 como ingreso mensual al menos hasta mayo (porque la suba por movilidad de marzo, aplicada sobre el ingreso de diciembre, da un monto inferior al 82% del salario mínimo). En cambio, alguien que hasta diciembre cobraba $ 7600 y ahora le aumentan a $ 7790, en marzo comenzará a percibir un haber mensual de $ 8033, que es la cifra que resulta de aplicar el 5,7% al ingreso cobrado en diciembre.

El próximo aumento del salario mínimo está previsto para el mes de julio. Entonces, ese número de referencia se irá a $ 10.000 y, por lo tanto, el ingreso jubilatorio garantizado será de $ 8200. Como, según se estima, el haber mínimo no habrá alcanzado para ese entonces esa cifra (tras los aumentos previstos para marzo y junio), en ese mes deberá nuevamente ponerse en práctica el pago de un adicional para cumplir con la garantía prevista por la ley.

Fecha: 8/01/2018

Apuntan a tener lista para junio una reforma previsional inspirada en el modelo español

Trabajo firmará una resolución para crear el cuerpo. El proyecto puede estar listo hacia mediados de año. Miran a España, que retrasa de manera gradual a 2027 la edad de retiro

Por: Verónica Dalto

Para: Diario El Cronista

El Ministerio de Trabajo tiene a la firma una resolución para crear la comisión de Sustentabilidad Previsional, que debatirá la reforma del sistema argentino, para que comience a funcionar a partir de marzo próximo. El Gobierno ya había anticipado que el cambio de la fórmula que actualiza las jubilaciones era una medida transitoria para luego encarar una modificación integral del marco previsional.

Para eso, el Gobierno viene mirando con atención el sistema español, en particular, el Pacto de Toledo. “Nos interesa ver el caso de España, en 2002, con el gran acuerdo post Toledo, que es lo que buscamos nosotros”, explicaron en el Ministerio de Trabajo.

La Ley de Reparación Histórica previó que hasta 2019 la comisión elabore “un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”.

Esa comisión contaría con la participación de la Secretaría de Seguridad Social, los gremios, las cajas previsionales de las provincias que no se transfirieron a la Nación, las cajas profesionales, la ANSeS, la AFIP.

El debate es de alta sensibilidad. Pero, según quienes participarán de la redacción, el proyecto podría estar listo a mediados de este año, antes de las campañas políticas.

Los gremios elevaron la tensión en las últimas reuniones de la comisión de fortalecimiento que fueron contemporáneas al debate de la fórmula. En las reuniones anteriores, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, mostró su interés en el Pacto de Toledo y en la Tesorería de la Seguridad Social española.

El Pacto de Toledo es la comisión parlamentaria creada en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos que propuso 15 recomendaciones para asegurar la sustentabilidad del sistema de pensiones español. En 2003, publicó otras 22 recomendaciones. Y se reunió nuevamente en 2016.

Las recomendaciones incluyen la separación y clarificación de las fuentes de financiación (las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones del trabajador y las empresas y las no contributivas, a través del presupuesto). La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La implementación de un sistema de jubilación gradual y flexible que facilite la prolongación voluntaria de la vida laboral. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC. El desarrollo de sistemas complementarios de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos.

En los hechos, España “contempla por ley que a partir de 2027 la esperanza de vida influya en el cálculo de la pensión”, indicó un informe del Centro de la Investigación de la Seguridad Social de la UBA.

“Existe un régimen transitorio iniciado en 2013 por el que la edad legal de jubilación se retrasará gradualmente a lo largo de 15 años hasta llegar a los 67 años en 2027 (1 mes por año durante los 6 primeros años y 2 meses por año durante los últimos 9)”, explicó. “La edad legal determina el momento inicial a partir del cual se tiene derecho a percibir una pensión pública. El retraso de la edad legal de jubilación premia con mayor pensión a aquellas personas que llevan más años cotizando a la seguridad social y penaliza a los que llevan menos o perdieron su empleo”, agregó.

Para la determinación del Salario de Referencia, se llevó el cómputo de 2 años a 8 años (1985) a 15 años (2013) y a 25 años (2022).

Para el cálculo de la cuantía de la jubilación, cobrará el 100% quien aporte 37 años desde 2013, cuando entre 2000 y 2012 se necesitaban 35 años y hasta 1999, 30 años.

La jubilación anticipada consiste en una pensión inferior a la correspondiente a la edad legal: con carácter general, con un 8% de reducción por cada año de anticipación. Para la jubilación postergada, el beneficiario puede obtener una bonificación de 2 a 4% por cada año de retraso.

Fecha: 08/01/2018

Puntos clave de la reforma previsional que busca aprobar el Gobierno

El ajuste pasa a ser trimestral. Cuáles son los cambios en la fórmula de movilidad y la edad jubilatoria

Por: Guillermo Pereira

Para: Diario El Cronista

El Gobierno busca convertir en ley la reforma previsional en medio de un clima complejo que la semana pasada lo obligó a levantar la sesión en la que Diputados se aprestaba a aprobar el proyecto. Hoy Diputados está sesionando para avanzar con el debate.

Estos son los principales puntos del polémico proyecto

Nueva fórmula de movilidad

Cambia la fórmula de movilidad que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH.

En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, que se utiliza actualmente; se utilizará otro conformado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 30% restante por la variación del RIPTE, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales.

Además, en lugar del aumento semestral, se aplicará una actualización por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%.

Esto lleva a que en el inicio del cambio de fórmula, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. Para 2018 se calcula un “ahorro” para el Estado de casi $ 100.000 millones.

Un aumento menos en marzo

Con la fórmula actual, por ejemplo, a un salario de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de sólo 570 pesos.

La quita de $ 630 sobre $ 1.200 (52,5%) es el punto de partida para lo que los abogados constitucionalistas califican como “aplicación retroactiva” que, en su opinión, daría lugar a muchos juicios de “inconstitucionalidad”.

El 82% móvil

La garantía del 82% móvil se aplicará a quienes al momento de la jubilación hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Actualmente esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, la Anses ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía.

Quedan excluidos los que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la PBU ( Prestación Básica Universal). De aquí se infiere que quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento del trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU. También los que se jubilaron con más de 65 años, compensando años de aportes.

Jubilación voluntaria

Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos.

Las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años.

Fecha: 19/12/2017

Puntos clave de la reforma previsional que busca aprobar el Gobierno

El ajuste pasa a ser trimestral. Cuáles son los cambios en la fórmula de movilidad y la edad jubilatoria.

El Gobierno buscará esta tarde convertir en ley la Reforma Previsional, en medio de un clima complejo y de marchas sociales y sindicales en los alrededores del Congreso. Estos son los principales puntos del polémico proyecto.

Nueva fórmula de movilidad

Cambia la fórmula de movilidad que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH.

En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, que se utiliza actualmente; se utilizará otro conformado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 30% restante por la variación del RIPTE, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales..

Además, en lugar del aumento semestral, se aplicará una actualización por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%.

 Esto lleva a que en el inicio del cambio de fórmula, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. Para 2018 se calcula un “ahorro” para el Estado de casi $ 100.000 millones.
Un aumento menos en marzo
Con la fórmula actual, por ejemplo, a un salario de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de sólo 570 pesos.

La quita de $ 630 sobre $ 1.200 (52,5%) es el punto de partida para lo que los abogados constitucionalistas califican como “aplicación retroactiva” que, en su opinión, daría lugar a muchos juicios de “inconstitucionalidad”.

El 82% móvil

La garantía del 82% móvil se aplicará a quienes al momento de la jubilación hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Actualmente esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, la Anses ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía.

Quedan excluidos los que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la PBU ( Prestación Básica Universal). De aquí se infiere que quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento del trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU. También los que se jubilaron con más de 65 años, compensando años de aportes.

Jubilación voluntaria

Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos.

Las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años.

Fuente: Diario El Cronista

Fecha: 14/12/2017

Reforma previsional: cuánto ganan y cuánto pierden los jubilados

Según cálculos oficiales, el ajuste de haberes será parcial en marzo por el empalme de fórmulas, pero se completará en junio para equiparar el esquema de actualización vigente

Un documento elaborado por la Procuración del Tesoro concluyó que con la aplicación de la nueva fórmula, que implica una actualización de los haberes trimestral en lugar de semestral, “se producirá un desdoblamiento del pago, y su postergación inicial” en el primer ajuste correspondiente a marzo de 2018, pero que con las actualizaciones trimestrales subsiguientes “los beneficios del cambio tendrían toda su extensión, asegurando la progresividad, movilidad y sustitutividad”.

El paper elaborado por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, refirió que “lo que se está cambiando es simplemente su modo cálculo, que no es un derecho, sino nada más que un método, que el Congreso de la Nación tiene la potestad de modificar”.

Saravia Frías argumentó que “el jubilado recibirá en marzo de 2018 un incremento y deberá esperar un trimestre para obtener una compensación mayor que finalice el empalme por cambio de sistema. Se desdobla el pago, y se posterga una parte”, en lo que definió como “una limitación temporal que no ataca la sustancia del derecho al haber jubilatorio”.

Con la fórmula hoy vigente, en marzo de 2018 se debería otorgar un aumento cercano a 12% (actualización semestral de julio-diciembre). Pero de aplicarse el cambio en el cálculo según la iniciativa oficial, el aumento sería de 5,7%, menos de la mitad y acotado al trimestre julio-septiembre.

En la actualidad el haber mínimo es de 7.246 pesos. En el primer caso, el aumento sería de unos 870 pesos, a 8.116 pesos. Pero con el nuevo esquema, sería de $413, a 7.659 pesos. El empalme para equiparar el ingreso con la fórmula anterior se produciría recién con la actualización trimestral de junio de 2018.

Para el Gobierno, el nuevo cálculo impone “una limitación temporal que no ataca la sustancia del derecho al haber”

La Procuración del Tesoro reconoce que la fórmula propuesta retrasa tres meses parte del ajuste, pero que el mismo se dará en junio, lo que significa que “en el mediano plazo, este cambio protege el valor real de los haberes mejor que la fórmula actual”, esquema muy volátil ya que “los haberes reales siempre caían cuando la inflación subía, como ocurrió en 2010, 2014 y 2016”.

A modo de ejemplo, el documento oficial prevé que con una inflación de 16,6% en 2018, como estiman las consultoras económicas según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), “la suba trimestral tendría como resultado que los haberes no caigan tanto como antes. Además, con el crecimiento de los salarios reales, los haberes irían creciendo en el tiempo”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió esta mañana el cambio de la fórmula jubilatoria y aseguró que “lejos estamos de un escenario en el cual hay una pérdida para los jubilados, sino todo lo contrario”.

“Los jubilados este año están afortunadamente mejorando sus haberes reales casi 3%, mientras que el próximo lo harán casi un 5%, porque sus haberes aumentarán un 22%, cuando el sector privado, no nosotros, estima que habrá una inflación del 16%”, argumentó el funcionario en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Mitre.

El nivel de las prestaciones previsionales mínimas según la propuesta de movilidad fijada en el dictamen del Senado implica que en marzo el ajuste de los haberes será menor al que sería si se diese el ajuste por la inflación de todo el semestre, dado que solo se hará por la inflación de julio a septiembre de 2017.

Pero en junio se recuperaría esa diferencia, ya que el incremento de los haberes ajustaría por la inflación de octubre a diciembre de 2017, por cuanto la recuperación del nivel de ingreso se concretaría antes del ajuste de septiembre, “que sería el que estaría vigente si no hubiese cambio en la fórmula, la inflación del semestre julio-diciembre de 2017”, apuntó el análisis de la Procuración.

Recuperación del Poder Adquisitivo en 2018 y 2019

Para los expertos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los haberes, hasta el nivel máximo que habían alcanzado en septiembre de 2015, demandará casi dos años más, en base a la nueva fórmula de actualización.

Luego de un pico histórico al cierre del gobierno de Cristina Kirchner, los ingresos de los jubilados sufrieron un deterioro en términos reales después de la fuerte devaluación del peso, con la eliminación del control de cambios, y la elevada inflación de 2016, en torno a 40%, con incidencia de la suba de tarifas, con alto impacto en la carestía de la canasta de consumo de las familias.

“La discusión parlamentaria derivó en una modificación sobre la propuesta inicial” del Gobierno, señaló el IARAF. “En lugar de captar en su totalidad la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), se consensuó la incorporación del índice de salarios promedio de los trabajadores estables (RIPTE) con una ponderación del 30%, sumado a la evolución del índice de IPC con el restante 70%. De esta manera, las estimaciones resultantes reflejan un crecimiento en poder de compra correspondiente al 1,5% en diciembre de 2018 con respecto a una base en noviembre de 2017”.

En el oficialismo confían en que en el mediano plazo el cambio de fórmula protegerá mejor el valor real de los haberes

El análisis del IARAF apuntó que “seguidamente, el avance estimado a diciembre de 2019 equivale a un 4,6% en relación al haber real percibido por los beneficiarios en noviembre de 2017; equiparando el mismo poder de compra que reflejaron los haberes en septiembre de 2015”, el pico histórico de poder de compra de los haberes previsionales.

La necesidad del Gobierno de modificar la modalidad de cálculo de la suba de jubilaciones responde al problema de déficit estructural en el sistema de seguridad social. Para el IARAF, “el cambio de metodología es crucial para enfrentar el problema de déficit que presenta el sistema previsional argentino, dado que bajo el actual régimen, el otorgamiento de aumentos no se condice con la disponibilidad de recursos previsionales para su financiamiento”.

El IARAF prevé que de sancionarse la propuesta oficial se otorgaría un margen fiscal de $72.000 millones, equivalente a 0,6% del PIB, con respecto a la ley de movilidad hoy vigente, “originado por un crecimiento del rubro Prestaciones Sociales levemente superior a la evolución del nivel inflacionario, en oposición a un crecimiento por encima del IPC, tal como se verifica en un escenario de reducción de la inflación”, aunque dicho ahorro “no sería producto de un ajuste nominal en las Prestaciones Sociales, sino que surge de un crecimiento en línea con el comportamiento de los precios de la economía”.

Ajuste en el marco de la Reforma Tributaria

En ese sentido, los expertos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV (Universidad nacional de Avellaneda) detectaron que “en el próximo año se proyecta incrementar el volumen de erogaciones de índole social como relación del PIB, en el orden del 0,2%. Así, las prestaciones sociales pasarán de representar el 58,9% de los gastos primarios en 2017 a un 62,8% en el año venidero”.

“Semejante ‘peso’ de la seguridad social sobre el erario público sigue encendiendo las luces de alarma de la actual administración y redunda en la principal variable de ajuste a la hora de idear alternativas para dar cumplimiento a la meta fiscal para 2018. En ese marco, la racionalización por medio del sistema de seguridad social se piensa como el principal instrumento para amortiguar el rojo fiscal producto de la reducción en la recaudación futura, en el marco de la baja propuesta en la presión tributaria”, puntualizó el reporte de la UNDAV.

Para la casa de estudios, la modificación de la fórmula de ajuste de ingresos de la seguridad social “es el primer paso de una modificación más amplia, que buscará minimizar la dependencia del sistema argentino respecto de las rentas generales” para pasar a depender en mayor medida de las contribuciones aportadas por beneficios futuros.

Cabe recordar que la reforma tributaria que impulsa la administración de Macri propone que el Impuesto a las Ganancias se coparticipe con las provincias en su totalidad, cuando actualmente se detrae un 20% de forma anual para el financiamiento de ANSeS. “El detrimento de esta medida para la seguridad social es de alrededor de $130.000 millones para el año 2018, lo cual representa más de un punto del PIB”, evaluó la UNDAV.

Con el nuevo cálculo, la recuperación del nivel de ingreso de jubilaciones se concretaría antes del ajuste de septiembre

Como compensación, se propone asignar a la ANSeS la totalidad de recaudación por créditos y débitos. “Hasta el momento, la transferencia de fondos por impuesto al cheque era de un 70%, por lo cual, el año próximo se suman recursos por $60.5000 millones” para el ente previsional, según el informe.

La UNDAV determinó que “el efecto neto de ambas medidas sigue siendo deficitario para la administración de la seguridad social, ya que obtiene recursos por aproximadamente la mitad de lo que dejará de percibir en relación al corriente año”, que pone en marco “la modificación en el cálculo de fórmula de ajuste de prestaciones, de reciente media sanción”.

Fuente: Infobae

Fecha: 13/12/2017

 

Reforma previsional: el Gobierno busca sancionar la ley mañana

Las intenciones del Ejecutivo fueron confirmadas  tanto en el interbloque oficialista en Diputados como en la Casa Rosada

Por: Noelia Barral

Para: Diario El Cronista

Tras el escandaloso debate en comisiones ayer, el interbloque Cambiemos y el Ministerio del Interior comenzaron esta mañana un operativo de pinzas para intentar sesionar mañana mismo en la Cámara de Diputados y convertir en ley el cambio a la baja en el cálculo de los haberes jubilatorios y las asignaciones sociales.

Los gobernadores peronistas que ayudaron al oficialismo a conseguir el dictamen recibieron llamadas de la Casa Rosada para garantizar los votos de sus diputados en el recinto.

La decisión de acelerar el debate incluye también a la reforma tributaria, que tuvo dictamen ayer.

Las intenciones del Gobierno fueron confirmadas a El Cronista tanto en el interbloque oficialista en Diputados como en la Casa Rosada. Para efectivizar la convocatoria a sesión, el oficialismo esperaba a asegurarse la participación y los votos de los diputados que integran el interbloque Argentina Federal, que responde a Pablo Kosiner, y que se referencia en los gobernadores peronistas.

El operativo incluía esta mañana intentos para traer a la Ciudad de Buenos Aires a diputados que se encuentran de viaje en el exterior y en el interior del país.

Una vez que tenga certezas sobre estos puntos, Cambiemos fijará el horario de la sesión.

Ayer, Cambiemos logró el dictamen de mayoría para la reforma previsional acompañado por cinco diputados de Argentina Federal: el tucumano José Orellana, el misionero Jorge Franco, los cordobeses Paulo Cassineiro y Martín Llaryora, y el chaqueño Juan Mosqueda. Además de Norma Abdala, diputada que responde al mandatario santiagueño, Gerardo Zamora.

Fecha: 13/12/2017