Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

Archivo para Reforma jubilatoria

Tres desafíos del sistema jubilatorio: a quiénes, cuánto y con qué pagar

Abandonar las medidas “de emergencia” para solucionar problemas estructurales es una de las recomendaciones incluidasen dos informes recientes sobre la historia previsional argentina; cómo se evalúa la cobertura y el esquema de financiamiento

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Reparación, moratoria, movilidad, juicios. Como en ese juego que propone unir cada palabra de las ubicadas en una columna con una de las frases escritas en la lista de al lado, los vocablos de uso frecuente al hablar del sistema jubilatorio su historia reciente en la Argentina tienen s u correlato en problemas sociales y económicos: déficit fiscal, informalidad laboral, inflación, falta de adecuaciones en contextos inestables. A eso se suman las tensiones entre lo deseable para los jubilados (presentes y futuros) y la realidad -que se conjuga con decisiones políticas y que, en parte, se define por ellas-, que no responden solo a cuestiones de un plazo más o menos cercano, ni son exclusivas de la Argentina.

Mirar la historia y pensar en lo que puede venir y en lo que efectivamente vendrá, como el cambio demográfico, son cuestiones a considerar en un análisis hecho desde un presente que, entre otras, muestra las siguientes características: una tasa de cobertura previsional que es amplia, pero que fue lograda por políticas no estables ni equitativas; un nivel de haberes que terminó en buena medida definiéndose en la Justicia, y cambios recientes en las fuentes de financiamiento que agregan interrogantes sobre la sustentabilidad del esquema.

“La historia del sistema previsional argentino es muy compleja, rica en reformas de diferentes signos y dominada por medidas de emergencia para atacar problemas estructurales”, señala el informe titulado La persistencia de los dilemas en el sistema previsional argentino, publicado por la Oficina Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y escrito por los economistas Fabio Bertranou, Pablo Casalí y Oscar Cetrángolo. Con la evaluación inicial de que “vivir más tiempo es una buena noticia” y la advertencia de que eso entraña para las sociedades el reto de disponer de más recursos para las jubilaciones y las prestaciones de salud, otro libro reciente, Hacia una historia del sistema previsional nacional, del economista Hugo Bertín, publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, hace un recorrido que va de 1904 a 2018. En los dos escritos hay conclusiones referidas a tres ejes fundamentales del sistema: su cobertura, su nivel de pagos y su financiamiento.

1. Cobertura: cuántos cobran

En los últimos años, el porcentaje de mayores de 65 años que reciben jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de otro régimen se ubica entre el 90% y el 95%. Según el informe de Bertín, esa tasa comenzó a mejorar de manera significativa a partir de 2006, cuando comenzaron a otorgarse prestaciones por moratorias, tras reglamentarse una ley de 1993 que las había previsto. Se dieron, desde entonces, al menos 4 millones de beneficios a personas que, al llegar a la edad de retiro, no tenían aportes suficientes (o no tenían aportes); la modalidad es la de permitirles declarar una deuda con el fisco, que se paga con subsidio y en cuotas descontadas de los haberes. Al lanzarse la medida, no se estimó cuál sería el costo ni se previeron fuentes de financiamiento. Hoy, las prestaciones con moratorias son alrededor de la mitad del total.

Antes de que mejorara el índice de cobertura del sistema, las trabas para acceder se centraban en las dificultades del mercado de trabajo: altos niveles de informalidad y trayectorias laborales interrumpidas por períodos de desocupación que hacían difícil sumar los 30 años de aportes requeridos por la ley. ¿Y ahora? Esos problemas continúan. El crecimiento de la cobertura no tiene su contraparte en una mejora significativa del escenario laboral, sino que responde, advierte el informe de la OIT, a una “medida de emergencia”: la moratoria.

El reemplazo de las moratorias (que irán perdiendo vigencia con el paso del tiempo) es, según dicen en la Anses, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en 2016 y que equivale a 80% del haber mínimo. El derecho a cobrarla se adquiere a los 65 años, si no se tienen los aportes exigidos para jubilarse y si se pasa una evaluación socioeconómica. El cambio va en línea con las recomendaciones del informe de la OIT.

El mapa laboral muestra que, entre los asalariados -que son tres de cada cuatro ocupados, según el Indec- la falta de aportes afecta al 35%. Ese índice es tradicionalmente mucho más alto entre los cuentapropistas: diferentes estudios muestran un persistente índice cercano a la mitad de los trabajadores, cuando se trata de establecer qué porcentaje del total de ocupados no tiene aportes.

Si se mira el universo de aportantes, los datos del SIPA procesados por la Dirección de Programación Económica permiten estimar que en la última década (2008 a 2018) el número total creció 16,6%, una variación que en gran medida se explica por el crecimiento natural de la población en edad activa. Hay un rasgo de ese crecimiento que no le es indiferente al sistema previsional: cuando se calcula cuánto creció el número de aportantes de cada subgrupo de trabajadores, se observa que entre los asalariados el avance fue de 10%, y entre los autónomos del régimen general, de solo 4%. Las mayores variaciones se dieron en el monotributo (el incremento superó el 50%) y en el sistema de servicio doméstico (la suba fue de 28%), dos grupos con aportes bajos en relación al resto, a los que se les garantiza el haber mínimo.

Cetrángolo, que es docente e investigador en la UBA y el Conicet, sostiene que estos dos últimos subsistemas deberían revisarse. “El monotributo no es un esquema para que alguien se quede ahí 30 años, y si no se hace algo [un cambio] se perjudica a los que aportan más y terminan recibiendo igual prestación”, señala. Agrega que en el servicio doméstico hay argumentos para que el aporte esté subsidiado por el Estado, pero que entre los monotributistas no todos tienen baja capacidad contributiva.

El problema se centra en el “salto” del régimen del monotributo al de autónomos, que tiene mayores costos dinerarios y burocráticos, no proporcionales al crecimiento que puede haber tenido la actividad del contribuyente. En el caso específico de la contribución previsional, el mayor esfuerzo de los autónomos no resulta compensado en el futuro.

2. Haberes: cuánto se cobra

Un reclamo emblemático en el país es el del “82% móvil”. Ese nivel de haber jubilatorio inicial medido en relación con el último salario cobrado, ¿es algo del pasado que podría recuperarse? Un poco de historia: cuenta Bertín que fue la ley 14.499, de 1958, la que fijó esa “tasa de sustitución”. Pero, al contrario de lo que comúnmente se cree, la garantía no se dispuso para todos, sino solo para quienes menos cobraban. Si el 82% de la remuneración superaba una cifra establecida por la ley, el monto a cobrar se determinaba usando una escala. Y la tasa de sustitución era más baja cuando más elevado era el ingreso.

La ley, que rigió cuando el sistema solo cubría a un tercio de los adultos mayores y tenía muchos más afiliados que retirados, fue derogada en 1969. Según interpreta Bertín, la persistencia en la memoria colectiva se debe a que hay cajas previsionales provinciales que, para sus empleados públicos, mantienen esa relación del 82%, algo también vigente en regímenes especiales del esquema nacional. El economista dice que esto último no se justifica porque, aun cuando en esos casos el aporte es mayor, los cálculos indican que lo obtenido al jubilarse es, en función de lo contribuido, superior a lo que obtienen quienes están bajo las reglas generales.

¿Cuáles son esas reglas generales? Para los asalariados, el sistema que gestiona la Anses otorga una prestación que surge de la siguiente fórmula: tras actualizar los montos históricos, se calcula el promedio de los últimos 120 salarios cobrados y de esa cifra se obtiene el 1,5%; al resultado se lo multiplica por la cantidad de años con aportes. A eso se le agrega un monto fijo, igual para todos, que hoy es de $5446,47. Un ejemplo: si el promedio salarial da $40.000 y se tienen 30 años de aportes, el primer componente del ingreso daría $18.000 y, al sumarse el monto fijo, se llegaría a un haber mensual de $23.446,47, un 58,6% del ingreso de la última década. Si fueran 35 años los aportados, la relación llegaría a 66%. Por la incidencia de la parte de la prestación que es un monto fijo y único, si el salario es más bajo, la relación con el ingreso activo es más elevada, y si el sueldo es más alto, la vinculación cae (también influye la aplicación de topes).

Desde 2018 rige la garantía por la cual el haber no puede ser inferior al 82% del salario mínimo (garantía que excluye a las prestaciones obtenidas con un plan de moratoria).

Según el informe de la OIT, cuando se mira la cuantía de los haberes se observa la caída del valor real en el período que siguió a la crisis de 2001 y 2002, cuando la inflación provocó recortes del poder de compra a cientos de miles de pasivos que, por años, no recibieron recomposiciones, y generó también que se subestimaran los ingresos de quienes se jubilaban, por la falta de actualización de los salarios usados en la fórmula. Esas pérdidas, fruto de decisiones políticas del gobierno de entonces, derivaron en uno de los capítulos de la historia previsional en los que intervino el Poder Judicial dando sus definiciones. Luego, el informe advierte recuperaciones a partir de dos normativas: la ley de movilidad de 2009 (luego modificada) y la de reparación histórica (que mejoró muchas prestaciones y, como contrapartida, elevó el déficit).

Entre los desafíos, los economistas de la OIT señalan el de “diseñar un sistema con beneficios contributivos que guarden proporcionalidad” con lo aportado: muchos llegan a la edad de retiro habiendo contribuido, pero no con la intensidad que exige la ley.

3. Recursos: cómo se paga

Casi como en un juego de palabras, el primer consejo expresado por la OIT recuerda que un sistema previsional debe ser previsible y que, por tanto, todo cambio debe darse tras lograrse un consenso suficiente y tras definirse niveles de aportes y contribuciones que sean capaces de financiar ingresos “aceptables para la población en el mediano y largo plazo”.

Bertín explica que desde la década del 70 la fuente de recursos para pagar las prestaciones nacionales es una combinación de aportes y contribuciones con ingresos tributarios. En los últimos años, en los que hubo un crecimiento de los beneficios por las moratorias, los aportes y contribuciones tuvieron una participación de alrededor de 50% en el financiamiento del universo de prestaciones. Según el estudio de la OIT, el pago de jubilaciones puramente contributivas representó en 2017 un 4,64% del PBI, en tanto que las “semicontributivas” requirieron 2,97% del producto.

En cuanto al dinero de rentas generales hubo cambios relativamente recientes: tras reclamos judiciales, desde 2016 la Anses ya no recibe el 15% de los recursos coparticipables con las provincias (con algunas hay un esquema de cambio gradual de la asignación). Y el 20% de la recaudación de Ganancias que antes iba al organismo fue reemplazado por lo obtenido por el impuesto al cheque, del cual está previsto que deje de existir en unos años. A esas modificaciones se suman las del sistema de contribuciones patronales: la unificación progresiva de la tasa de imposición y la vigencia de un monto del salario no imponible, creciente en el tiempo (hoy es de $7003). Eso baja el costo para el empleador y la recaudación para el sistema.

Hacia adelante, un reto inevitable es el crecimiento de la participación que tienen los adultos mayores en la población total. La etapa del bono demográfico (en la cual no hay aún cambios significativos de la composición etaria), llegará hacia 2035. Y, según han advertido economistas como José María Fanelli, esta etapa no se está aprovechando para generar estrategias que aporten mayor productividad presente y futura.

Entre los objetivos, dice el informe de la Universidad de La Plata, debería estar el de formalizar empleos, que son “la fuente más robusta y legítima para financiar la seguridad social”.

La eficacia del sistema, se agrega, se define por la medida en que se logran tres metas: “la cobertura de las personas expuestas a los riesgos que conllevan el cese de la actividad y la mayor edad, la suficiencia de los beneficios pagados y la sustentabilidad”.

Un país con más de 200 sistemas

Las cajas provinciales, municipales y de profesionales, parte del conjunto de regímenes

  • En el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay poco más de 12 millones de trabajadores registrados (no ingresan necesariamente aportes todos los meses por todos ellos) y 6,9 millones de jubilados y pensionados; además, el Estado nacional paga más de 1,5 millones de pensiones no contributivas y prestaciones de la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • En el país conviven muchos regímenes previsionales. El informe titulado “Hacia una historia del sistema previsional nacional de la Argentina”, del economista Hugo Bertín (Universidad Nacional de La Plata) identifica 230 sistemas y subsistemas. Entre ellos están los regímenes especiales a cargo del Estado nacional; los de retiros de personas de grupos como las Fuerzas Armadas o la Policía Federal; los sistemas de empleados públicos provinciales; los municipales; los regímenes de actividades religiosas o insalubres; las cajas complementarias y las cajas profesionales.
  • En la década del 90 varias cajas provinciales fueron transferidas al sistema nacional, con lo cual los empleados públicos de esas jurisdicciones se jubilan en el esquema de la Anses.
  • Las provincias que mantienen sus cajas son: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Además, hay dos de bancos públicos y 24 de municipios.
  • Las negociaciones, los acuerdos y los conflictos por la compensación de los déficit de cajas provinciales por parte de la Nación son parte de la historia previsional. Las condiciones y los beneficios suelen ser diferentes respecto del SIPA. En Santa Cruz, por caso, la mujeres se retiran a los 50 años y los varones, a los 54.

Fecha: 28/07/2019

Qué jubilados cobran una mejora desde este mes

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Anses comenzó a pagar el miércoles último los haberes jubilatorios de enero, que incluyen mejoras para quienes, por lo dispuesto en la ley 27.426, quedaron cubiertos por la garantía de no cobrar menos del 82% del salario mínimo, vital y móvil. Este grupo de jubilados comenzó a cobrar el día 10 de este mes y el calendario se extiende hasta el martes 23.

-¿Cuántos y quiénes son los que reciben el aumento de haberes?

-Según datos del organismo previsional, son 1.328.707 casos. Se trata de quienes hasta diciembre percibieron un haber inferior a $7.790 (la jubilación mínima, de $7.246, o un ingreso de hasta un 7,5% más) y no obtuvieron su prestación mediante la adhesión a una moratoria. Según la ley, la garantía rige solamente para quienes acumularon al menos 30 años de aportes. Sin embargo, ahora se aclaró que quienes -sin haber recurrido a una moratoria- obtuvieron su derecho con menos años de contribuciones (por tratarse de un régimen particular o de pagos por invalidez o fallecimiento) están incluidos.

-¿De cuánto es la mejora?

-Este mes, y según lo dispuesto a mediados del año pasado, el salario mínimo subió de $8860 a $9500. Por eso, el ingreso jubilatorio garantizado es de $7.790. El incremento del haber para quienes cobran la mínima es de $544 o de 7,5%. Para quienes cobran algo más y están alcanzados por esta medida, ese monto y el porcentaje se reducen. En el promedio de todos los casos, el aumento es de $528.

-¿Qué pasará en marzo con los ingresos de estos jubilados?

-Quienes hasta ahora cobraban hasta $7.370, percibirán $7.790 entre marzo y mayo, igual que en enero y febrero. Quienes cobraban más de $7.370, sí recibirán algo más desde marzo. ¿Por qué? Porque el 5,7% (el ajuste por movilidad que se aplicará en el tercer mes del año) se calculará sobre el haber previo a que se aplique la garantía, es decir, sobre lo cobrado en diciembre. Y se pagará el monto que resulte más elevado, al compararse ese ingreso de diciembre más un 5,7% con el haber garantizado. Por ejemplo, para la jubilación mínima el nuevo índice de movilidad arroja para marzo un ingreso de $7659: entonces, se seguirán pagando los $7.790 de la garantía (que es un monto mayor). Pero para un haber de $7.500 a diciembre, el alza de 5,7% arroja $7.927,50, que es más que los $7.790 (entonces, se pagarán $7927,50).

-¿Qué pasará con los siguientes aumentos por movilidad?

-La nueva ley prevé dar reajustes en marzo, junio, septiembre y diciembre. En junio próximo, la garantía seguirá en $7.790. Suponiendo que el índice de movilidad sea de 6%, el haber mínimo (que sin la garantía será en marzo de $7.659), se iría a $8.118. Entonces, en todos los casos se recibiría el reajuste. En julio, el salario mínimo llegará a $10.000. Por tanto, el ingreso jubilatorio garantizado será de $8200 y, nuevamente, en ese mes deberá haber una suba para los alcanzados por la garantía legal.

Fecha: 16/01/2018

Afirman que la reforma jubilatoria es “crucial” para volver viable el plan de Macri

El 43% del gasto público se destina a jubilaciones. El déficit de la Anses supera el de los demás organismos

El presidente Macri presentó este lunes en el CCK un plan basado entre ejes ante un auditorio con 170 asistentes entre los que se destacaron ministros, gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas. Los ejes fueron la responsabilidad fiscal, la baja de la inflación y el institucional.

Respecto del primero, el presidente apuntó a la evasión fiscal como “la peor distorsión” del sistema y una reforma tributaria que simplifique el sistema, saque impuestos “que ningún país tiene” y sea más equitativo. En este sentido se detuvo en las jubilaciones, el concepto que se lleva casi la mitad del gasto público previo al pago de intereses de deuda.

Respecto del gasto previsional, que representa el 42,6% del total de las erogaciones del Estado Nacional y triplica el gasto el salarios de la Administración Pública Nacional, Macri aseguró que en los próximos días llamará a la Comisión para la Reforma Previsional prevista en la Ley de Reparación Histórica para tener una “conversación adulta y honesta” sobre el sistema de jubilaciones y pensiones.

“El sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio”, destacó Macri a la vez que remarcó que el sistema seguirá siendo “universal, solidario, público y de reparto”, pero también “integral, sustentable y justo”.

En este momento, el déficit de la Anses es el principal problema de las cuentas públicas al representar un rojo equivalente a casi el 4% del PBI. Por eso, para los técnicos es crucial que se revea la fórmula de actualización de las jubilaciones para atajar su suba y que se amplíe el fondeo con impuestos para cerrar la brecha presupuestaria. Si se resolviera el agujero fiscal de la Anses, el Gobierno de Macri incluso tendría margen para no necesitar avanzar con ajustes en otras áreas como la biblioteca del Congreso.

Hasta el momento, el Gobierno dejó saber que buscará cambiar la fórmula de actualización para que las jubilaciones y pensiones evolucionen en línea con la inflación y no por encima como venía sucediendo hasta ahora y también una suba voluntaria de la edad jubilatoria a 63 y 67 años para mujeres y varones respectivamente. A mediados de febrero, el Gobierno intentó avanzar en este sentido por decreto en línea con las recomendaciones del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional y generó una crisis política interna.

Esta vez, Macri buscará avanzar en el Congreso con esta modificación que le permitirá ahorrar $100.000 millones, al congelar las jubilaciones en términos reales y dejarlas evolucionar solo en función de la inflación. Actualmente, la fórmula contempla los ingresos tributarios de la Anses y la evolución de los salarios.

Esta forma de actualización generó, como explicó el director de Economía y Regiones, Diego Giacomini, que desde 2008 las jubilaciones crecieran 950% frente a 760% de inflación (IPC Congreso) cuando el PBI per cápita no tuvo aumentos, es decir un crecimiento real del 24% sin correlato con la capacidad económica del país, incluso si en 2016 lo que se observó fue una evolución del 31,7% contra una inflación del 41%, es decir una pérdida del 6,6%.

“Más de 55% del crecimiento del gasto público durante la administración anterior es explicado por jubilaciones. Y hoy en día más del 50% del déficit es explicado por el déficit previsional.  Si el año pasado con el aumento de tarifas se bajó el déficit 1,5 puntos del PBI, con jubilaciones y pensiones subió 1,8 puntos. Ergo no hay reducción del déficit, por eso hay que hacer algo con la fórmula de actualización, con la edad jubilatoria y también con los planes sociales y la obra pública”, aseguró Giacomini.

En 2017, las jubilaciones crecieron 28% contra una inflación proyectada en 22%, lo que implicó una mejora de 3,2%; que no llega a revertir la caída del año anterior. Hasta aquí el foco estuvo puesto desde la perspectiva de los jubilados, pero desde las cuentas públicas el desbalance es creciente. En 2015 el gasto en jubilaciones representaba 9,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y en 2017 trepó al 10,2%, ya que en materia de gasto primario las erogaciones por jubilaciones pasaron del 37,5% en 2017 al 42,6% en 2017.

https://e.infogram.com/b3e63dac-fa57-40c0-833d-643d0091a9cd?src=embed

Es que la actual fórmula de actualización es procíclica: cuando hay recesión deja a las jubilaciones muy por debajo de la inflación como sucedió en 2016 y en períodos de expansión, permite un ajuste que le gana a la evolución de los precios. Por lo tanto, en este año de crecimiento, cambiar la fórmula haría que las jubilaciones no crezcan por encima de la inflación y recuperen la capacidad adquisitiva perdida en 2016 -y parcialmente recuperada en 2017-, sino que las congela en términos de capacidad adquisitiva y, de esta forma, estimaciones oficiales, prevén que se podrán ahorrar $100.000 millones en 2018.

Con la fórmula actual, la Ley de Presupuesto prevé que las jubilaciones crezcan 22,1%. Frente a una inflación del 16% proyectada por los privados, implica un aumento del 5,3% en términos reales. Y de verificarse el crecimiento económico pronosticado por el oficialismo (3,5%), en 2018 las jubilaciones pasarían del actual 10,2% al 11,9%, lo cual no es sustentable ya que se lo está financiando con deuda.

De esta forma, el gasto en jubilaciones rompería por segundo año consecutivo la estrategia del ministro Nicolás Dujovne de licuar gastos en la medida en que crece el PBI. Además, esto significaría que todo lo que el Tesoro no gaste en subsidios por el aumento de tarifas, se iría al pago de jubilaciones y chocaría con el objetivo de bajar el déficit fiscal. Por el contrario, de congelar en términos reales el gasto, el plan de ordenamiento de las cuentas públicas con gradualmente volvería imponerse.

No en vano, al referirse a las jubilaciones Macri remarcó que su gestión comenzó recomponiendo con la Reparación Histórica “el haber a más de un millón de jubilados” y otorgando la Pensión Universal al Adulto Mayor: “Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestros jubilados”, aseguró el presidente para luego dar a entender que este nivel es satisfactorio y que ahora es el momento de “ceder en algo para que gane el conjunto”.

Fuente: La Politica Online

Fecha: 02/11/2017