Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Archivo para Ley de Movilidad Jubilatoria

Declaran inconstitucional el aumento del 5,71% que los jubilados recibieron en marzo

Un fallo de Cámara dice que debió aplicarse un aumento del 14,5%, según la fórmula de ajuste que rigió hasta que se aprobó la reforma. La ANSeS apelaría.

Por: Ismaél Bermúdez

Para. Diario Clarín

La Justicia declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo pasado de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, porque las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.

Así lo resolvió la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Fernández Pastor Miguel c/ ANSeS, porque la nueva ley de movilidad- la 27426– fue aprobada por el Congreso el 29 de diciembre de 2017 y los jubilados recibieron en marzo el 5,71% que corresponde a la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del III Trimestre de 2017 cuando debieron recibir la movilidad de la ley anterior – la 26417—de julio hasta el dia de la sanción de la nueva ley. Fernández Pastor fue directivo de la ANSeS hasta 2015 pero la demanda la inició como jubilado que afectado por las consecuencias de la nueva ley.

En cambio, los camaristas declararon constitucional el cambio de la fórmula de movilidad pero aclarando que debe aplicarse hacia delante y no hacia atrás.

Se descuenta que la ANSeS apelará a la Corte este nuevo fallo de la Cámara que sienta doctrina para millones de jubilados y pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales.

En la sentencia, los Jueces Martin Laclau y Mario Milano, sostuvieron que la anterior ley de movilidad “claramente estipulaba dos momentos para otorgar el incremento por movilidad: en los meses de marzo y septiembre de cada año, por lo que no era sino en dichas fechas en que la movilidad se otorgaba y devengaba, sin que dicha ley determinara que la movilidad se devengaba mes a mes aun cuando su pago se realizara semestralmente”.

Así, se tomaba en cuenta la movilidad de enero-junio para el ajuste de septiembre del mismo año y julio-diciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año siguiente. O sea, aclaran los camaristas, al “devengarse el haber correspondiente a ese mes de marzo ha de practicarse el reajuste correspondiente a los meses de julio-diciembre”. El error – agregan– reside en confundir “lo devengado” con lo “percibido”. Lo devengado hace referencia al momento en que nace un derecho, tiene clara referencia temporal; en cambio, lo percibido señala el momento en que ese derecho se concreta”.

En consecuencia, concluyen la nueva ley de movilidad “deviene inconstitucional en cuanto pretende aplicarse a las consecuencias de una situación jurídica cuya existencia es anterior al 29 de diciembre de 2017, fecha de su entrada en vigor. Sólo a partir de esa fecha será válida la modalidad de ajuste de la movilidad que la nueva ley instrumenta”. Y ordena a la ANSeS que, dentro de los treinta días de quedar firme este pronunciamiento, se reliquiden, conforme a lo dispuesto por la Ley 26.417, los haberes del actor correspondientes al citado período, y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo descuento de las sumas ya abonadas por aplicación de la Ley 27.426.

Fecha: 06/06/2018

 

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Jubilaciones de hoy y del futuro: el debate por la reforma recién empieza

El proyecto previsional que se discute por estos días es, según el Gobierno, para una ley sólo de “transición”, porque después llegará la hora de una modificación integral; cómo quedó la iniciativa oficial y qué temas entrarán luego en observación

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Un nuevo régimen de movilidad de haberes basado en la evolución de los precios y de los salarios, una garantía de ingreso mínimo para algunos jubilados y un cambio a la ley de contrato de trabajo para que, quienes no quieran retirarse de su puesto laboral al cumplir la edad jubilatoria, puedan seguir allí por varios años más.

Esos son los tres temas incluidos en el proyecto de reforma previsional que se debate por estos días en el Congreso. También hay aspectos de la reforma tributaria en estudio que afectan al régimen previsional, porque los cambios acordados entre la Nación y las provincias implican, entre otras cuestiones, una modificación a las fuentes de financiamiento que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar las jubilaciones del sistema nacional (que, dicho sea de paso, convive con varios regímenes provinciales y profesionales).

Hay una aclaración significativa en la que insiste el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , respecto de lo que hoy se debate. El proyecto previsional, avisa, es de transición y, por tanto, lo que se disponga no llegará necesariamente para quedarse. El propio Gobierno se comprometió, desde la letra de una iniciativa que el Congreso convirtió en ley el año pasado, a elevar una propuesta para un cambio integral del sistema. Esa iniciativa abarcará los temas contemplados ahora (a futuro podría ratificarse o cambiarse lo que en breve dispondrá una ley) e incluirá aspectos que aún no están en la discusión.

La ley 27.260, que dispone que debe conformarse un Consejo de Sustentabilidad Previsional que funcionará el ámbito de la cartera laboral, pone las bases del sistema: dice que deberá ser “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”.

Entre los grandes ejes de la discusión estarán la forma en que se determina cuánto se cobra de jubilación o pensión; la modalidad de actualización periódica; la edad de retiro; el requisito de una cierta cantidad de aportes, y la forma en que se financian los pagos. En el contexto, factores como el envejecimiento progresivo de la población, la estructura del mercado laboral (hoy, con una informalidad cercana al 50% cuando se considera al conjunto de asalariados y cuentapropistas), la situación fiscal, las expectativas económicas y los objetivos y demandas sociales en cuanto a una reducción de la pobreza y de las desigualdades, irán marcando la cancha.

Especialmente puesta en la mira del Gobierno está la cuestión fiscal presente y futura. Las prestaciones previsionales representan más del 40% del presupuesto nacional. Y las obligaciones de pago se acrecentaron en los últimos tiempos por hechos como el otorgamiento de prestaciones por moratorias a quienes no tenían aportes o los tenían en forma insuficiente, y la implementación del plan de reparación histórica para dar respuesta a las malas liquidaciones de haberes hechas durante años. Vinculado con esto último está la amplia deuda pendiente por sentencias judiciales favorables a jubilados que demandaron al Estado, y que no aceptan las propuestas de pago del plan de reparación (en muchos casos, porque los montos ofrecidos están por debajo de lo que se obtendría con un fallo, dados los índices de actualización que ordenan los jueces).

¿Cómo están hoy los grandes ejes del sistema? ¿Que podría cambiar en lo inmediato y de qué manera se plantearía el debate de fondo?

EL CÁLCULO, ¿CUÁNTO COBRA QUIEN SE JUBILA?

“Es un tema que debería ponerse en discusión”, señala el abogado Jorge García Rapp, asesor en temas previsionales, quien estudió el tema del 82% móvil (el tan citado objetivo de un haber jubilatorio vinculado en esa proporción al salario activo de cada persona), para concluir que “no existe fundamentación actuarial, financiera o jurídica” que sostenga que esa deba ser la promesa del sistema.

Con la fórmula de cálculo actual, agrega, la tasa de sustitución (que indica qué proporción del salario activo representa el primer haber que se cobra) puede llegar a ser de entre 80 y 85% cuando se trata de salarios bajos (en rigor, salarios cercanos al mínimo, con lo cual son en la práctica pocas las jubilaciones con ese nivel de reemplazo), para ir cayendo hasta llegar a alrededor de 40% en el caso de quienes perciben remuneraciones altas. Es una tasa de sustitución medida sobre el promedio de los salarios de los últimos 120 meses trabajados.

Este promedio es la base para calcular el haber inicial (para eso, al valor histórico de esas remuneraciones se lo actualiza siguiendo un índice de salarios). ¿Qué se hace luego? Se calcula el 1,5% de ese promedio y, al resultado, se lo multiplica por el número de años con aportes. Esto implica que, con 30 años contribuidos, se obtiene una cifra equivalente al 45% de aquel promedio salarial. Y con 35 años, un 52,5%. Por ejemplo, si el promedio salarial de los 10 años resulta de $ 30.000, se llegará, con 30 años de aportes, a $ 13.500. A eso se suma un monto de igual cuantía para todos, la prestación básica universal (PBU), que se ajusta por movilidad y que hoy es de $ 3.423,60. Así, con un haber de $ 16.923, la tasa de sustitución sería en este caso de 56,4%.

La explicación al hecho de que a menor salario haya una mayor tasa de reemplazo de ingresos, está en esa prestación de igual monto para todos. También influye que, para las remuneraciones más elevadas rige un tope móvil, hoy de $ 81.918, para calcular el aporte personal con destino al financiamiento de la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que para todos los salarios superiores a ese monto, el descuento jubilatorio siempre es de $ 9011, el 11% de ese salario tope. La reforma tributaria prevé eliminar en forma progresiva esa limitación para el cálculo, lo cual implicaría que, al final del camino, con un sueldo bruto de $ 100.000, por ejemplo, se pase a aportar $ 11.000. Una disposición así llevaría a liberar topes vigentes en las jubilaciones.

Un tema presente en los debates es la posibilidad de promover formas de ahorro voluntario (seguros de retiro, por ejemplo) para mejorar las prestaciones futuras. Hoy, prácticamente no existen incentivos impositivos.

La cuestión de fondo es la posibilidad que tendrá a futuro el sistema de financiar las prestaciones que se comprometa a pagar, sobre todo cuando crecerá el número de personas pasivas en relación con las activas. Esta relación no sólo es importante por los aportes y contribuciones del sistema laboral, que financian una parte de los pagos, sino también por su incidencia en la fuerza y la capacidad productiva del país, cuya magnitud determina cuántos recursos puede obtener el Estado por los impuestos.

El proyecto que se analiza hoy busca garantizar que ningún haber al que se haya accedido habiendo hecho los aportes correspondientes sea inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Si la nueva ley empieza a regir en enero próximo, desde ese mes deberá pagarse entonces un plus, para que nadie cobre menos de $ 7790, que es el equivalente al 82% de $ 9500, el salario mínimo que regirá apenas comience 2018. Actualmente y hasta febrero, el haber mínimo es de $ 7246. El complemento sería entonces de hasta $ 544 y su aplicación estaría limitada, según la iniciativa, a quienes hayan hecho 30 años de aportes.

Un tema a analizar dentro del capítulo de las prestaciones que ofrecerá a futuro el sistema, es el que incluye a autónomos y monotributistas. Hoy, gran parte de quienes están en el primero de estos grupos puede acceder sólo el haber mínimo, igual que los del segundo grupo y pese a que éstos aportan mucho menos y reciben, más allá de si el valor es considerado bajo, una prestación subsidiada.

LA ACTUALIZACIÓN, ¿CÓMO DAR MOVILIDAD?

Es la cuestión central del proyecto actual. Desde 2009 rige un sistema de movilidad que establece dos subas por año, en marzo y septiembre, según una fórmula que contempla, entre sus variables, la evolución de los salarios y de la recaudación de los recursos tributarios que van a la Anses.

Si se consideran los índices de precios estimados por consultoras privadas hasta 2015 (cuando el Indec no tenía credibilidad) y los datos oficiales posteriores, puede estimarse que los haberes subieron en la práctica un 20% más, en los últimos 9 años, respecto de lo que se habrían incrementado si sólo se hubiera considerado la inflación. Seguir sólo la evolución del índice de precios minoristas fue la intención del Gobierno, que quedó reflejada en el texto enviado al Congreso. La negociación con la oposición llevó a un cambio en la fórmula, que finalmente combinará la evolución de los precios y de los salarios. Se prevé dar actualizaciones trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Cómo sería la cuenta? Se sumarían el 70% de la inflación trimestral y el 30% de la variación del índice de la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Para la suba de marzo se consideraría el tercer trimestre del año previo (para el ajuste de junio, el cuarto trimestre también del año anterior, y para los aumentos de septiembre y diciembre, los trimestres que van de enero a marzo y de abril a junio del año en que se aplican las alzas, respectivamente).

De esta manera, como entre julio y septiembre pasados la inflación fue del 5,1% (el 70% es 3,57%) y la suba del Ripte fue de 7,1% (el 30% es 2,13%), puede estimarse que la recomposición sería de 5,7 por ciento.

Ese índice es mayor que el que habría resultado de considerar sólo la inflación (de 5,1%). Pero mientras que el pacto firmado entre la Nación y las provincias dice que las jubilaciones deberán subir más que la inflación, la fórmula consensuada no garantiza que a futuro se cumpla tal objetivo. En otros períodos, el alza de salarios podría ser inferior al de los precios. Y un punto que hay quienes ponen en debate es si debería existir un índice de inflación referido a los jubilados.

Por lo pronto, la aplicación de la nueva movilidad entraría en juego con la garantía del 82% del salario mínimo. Según el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien reciba en enero una mejora para que su haber no sea inferior a $ 7790 (el haber garantizado) no percibiría el ajuste en marzo. Salvo que la aplicación del índice de movilidad (tomando como base el ingreso que cobra ahora) implique llegar a un haber mayor al de la garantía del 82%. Entonces sí se daría la movilidad. “Se considerará la mejor de las dos opciones”, dice el funcionario.

Para el economista y profesor de la UBA Oscar Cetrángolo, la propuesta va en la dirección correcta, porque no se justifica mantener un ajuste de haberes basado en la recaudación. “Los cambios en los sistemas jubilatorios deben evaluarse por su impacto en el mediano plazo”, dice, y agrega que una meta debe ser mantener la tasa de reemplazo con el ingreso activo.

Según recuerda la abogada Elsa Romero, la consideración de que las jubilaciones deben guardar una proporción “razonable” con los salarios es algo dicho por la Corte Suprema en sus sentencias. De hecho, tratar de evitar que un nuevo sistema provoque litigiosidad, es algo que influyó para que el Gobierno aceptara no insistir en su propuesta original.

Para Tróccoli, como primera medida antes de la entrada en vigor de una nueva fórmula de movilidad, debería compensarse la pérdida de poder adquisitivo de 2016, cuando la inflación superó el 40% y la suba de haberes fue de 31,7%. Ese desfase tiene una compensación parcial este año, en el que los ingresos de los pasivos suben un 28% contra una inflación que se ubicaría en 22 o 23%.

EDAD Y APORTES, ¿HASTA CUÁNDO TRABAJAR?

El proyecto oficial prevé que las empresas sólo puedan intimar a sus empleados a tramitar la jubilación y retirarse cuando éstos tengan 70 años. Así, no se modifica la edad mínima para acceder a la jubilación (60 años para las mujeres y 65 años para los varones) pero se promueve que haya un retiro más tardío, lo cual aliviaría las obligaciones de pago del sistema.

Hoy no es obligatorio retirarse apenas se alcanza la edad, pero en el caso de los asalariados, el empleador puede intimar a su empleado a iniciar el trámite para la jubilación. Y a partir de entonces, la empresa está obligada a mantenerlo en la dotación (o a indemnizarlo si lo despide) hasta que obtenga la prestación y hasta un año como máximo. Ahora, la posibilidad de permanencia tras llegar a la edad de retiro se extendería por 10 años para las mujeres y por 5 para los varones. “Esto puede tener un impacto positivo a nivel social y macroeconómico”, señala Rafael Rofman, economista del Banco Mundial, quien explica que estos trabajadores suelen ser de alta productividad. “Este tipo de flexibilidad es común en otros países y permite que el sistema previsional responda mejor a las necesidades específicas de cada trabajador”, agrega.

Un eje de análisis es el impacto que esa prolongación de la vida activa podría tener en un mercado laboral que no logra absorber a quienes se incorporan año tras año. Fue un punto planteado por los sindicalistas en las negociaciones. Y será tema de debate si en la reforma integral se busca modificar la edad jubilatoria, lo cual podría implicar una unificación del requisito para mujeres y varones. Las proyecciones demográficas marcan que, además de jubilarse más temprano, las mujeres tienen, en promedio, más sobrevida que los hombres.

En cuanto a los aportes, el sistema marca un mínimo de 30 años como requisito. Pero desde octubre de 2016 se otorga la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con la única condición de tener 65 años, sin necesidad de aportes. La prestación equivale al 80% del haber mínimo (el monto actual es de $ 5.797) y es percibida por unas 20.000 personas.

Hacia adelante, deberá decidirse si seguirá ese esquema. Y, según Basavilbaso, se debatirá también sobre posibles prestaciones proporcionales, en función del número de aportes realizados. Un tema más para una discusión que recién comienza.

Fecha: 26/11/2017

 

Los haberes subirán un 5,7% en marzo, según el nuevo cálculo

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Con los cambios acordados ayer en la fórmula de movilidad previsional, se prevé que los jubilados y pensionados tendrán en marzo próximo una recomposición de sus haberes del 5,7 por ciento. Es un índice superior al 5,1% que arrojaba como resultado la cuenta contemplada en el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, en la que sólo se tenía en cuenta la inflación. En la nueva fórmula se contempla una combinación de la evolución de los precios y de los salarios, estos últimos, según el índice de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). Entre julio y septiembre pasados (el período de referencia para la suba de marzo), esa variable creció un 7,1%, es decir, dos puntos por arriba de la inflación.

Según el proyecto consensuado, se considerará el 70% de la inflación trimestral y se sumará el 30% de la evolución del citado índice salarial. Al menos para este período, eso arroja más que la inflación, una garantía que se previó en el pacto fiscal que firmaron la Nación y las provincias (nada asegura, sin embargo, que en otros períodos ocurra lo mismo).

Una de las cuestiones que tuvieron peso para que el oficialismo aceptara la propuesta de modificación hecha por la oposición es la judicial. Según recordó, en diálogo con LA NACION, la abogada Elsa Romero, cuando la Corte se refirió al tema de la movilidad, sostuvo que los haberes deben guardar una razonable proporción con los salarios. Por eso, la visión de no pocos profesionales especializados en la materia es que si la variación de los ingresos jubilatorios se fuera alejando demasiado de la suba de los salarios, entonces comenzaría una nueva ola de judicialidad.

El cambio en la movilidad también incluyó eliminar el punto que establecía que en cada mes de junio se agregaría a la inflación un plus por el crecimiento del PBI. El aporte para los haberes era demasiado escaso.

La iniciativa conservó sus otros puntos principales prácticamente sin modificaciones. Uno de ellos es que los haberes de quienes hayan accedido a la jubilación habiendo hecho 30 años de aportes no podrán ser inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Según confirmó a LA NACION el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, si el proyecto es aprobado por el Congreso antes de fin de año, en enero ya debería comenzar a pagarse ese plus, porque el haber mínimo está en $ 7246 y en ese mes el sueldo básico pasará a ser de $ 9500. Así, en los casos que corresponda debería pagarse lo necesario para llegar a $ 7790, cifra que equivale al 82% de los $ 9500.

La reglamentación deberá en este sentido aclarar varios puntos: entre ellos, qué trato se les dará a quienes tienen haberes “con garantía” cuando se aplique la movilidad de marzo y qué pasa con las personas que accedieron a beneficios sin que se hicieran 30 años de aportes, pero no por una moratoria; por caso, una pensión por muerte de un trabajador, para la cual se cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley.

Fecha: 24/11/2017

Jubilaciones: en nueve años, con la fórmula vigente, el poder adquisitivo mejoró el 19%

El Gobierno presentó nueva fórmula para actualizar jubilaciones, en base a la inflación y la evolución del PBI. Sin embargo, implicaría que haberes crecerían menos

Por: María Iglesia

Para: Diario El Cronista

Desde 2009, año en el que se puso en vigencia la actual fórmula para calcular la variación de las jubilaciones y se establecieron por ley los factores para actualizarlas, el poder adquisitivo de los haberes mejoró un 19%. El bolsillo de los jubilados hoy tiene posibilidades de comprar un 19% más bienes y servicios que nueve años atrás.

El dato reviste de suma importancia ya que, con la fórmula que el Gobierno presenta al Congreso para calcular las jubilaciones desde el año próximo, los haberes estarían más en línea con la inflación y, por ende, no hubieran visto una mejora en el poder adquisitivo del mismo modo que en los últimos períodos.

La fórmula de movilidad previsional que puso el Gobierno de Mauricio Macri sobre la mesa de discusión contempla cuatro actualizaciones trimestrales, en vez de dos semestrales, tal como es actualmente. La principal variable de ajuste que contempla es la inflación y, luego de intensas discusiones con los gobernadores, el oficialismo cedió y aceptó incorporar también la variación del PBI, para que la mejora sea mayor a la inflación. Lo que los mandatarios provinciales no sabían, ya que no se conocía la letra chica del proyecto, era cuánto más iba a ser ese empujón en los haberes. Muchos se quedaron con sabor a poco cuando conocieron que ese incremento implicaba unos $ 20 más en la mayoría de los casos, cuando traducían que lo que se agregaba era un 5% del crecimiento de la economía en un semestre. Es decir, con una expansión del PBI del 3%, implica un 0,15 % adicional a la inflación del trimestre en cuestión. Además, al tomar la variación del IPC con un rezago de un semestre (para la actualización de marzo de 2018 tomaría los precios de entre junio y septiembre de 2017), los haberes también irían por detrás de los precios.

* Síntesis de inflación de las provincias. / ** EstimadoElaboración propia en base a ANSeS y DEP / El Cronista - P. Fisicaro

Daniel Schteingart, coordinador del área de precios y salarios del Instituto Estadístico de los trabajadores de la UMET, estimó que con la fórmula de movilidad previsional los haberes tuvieron una mejora en el poder adquisitivo del 19% desde 2009. Y, por lo tanto, de haber mediado la actualización en base a la inflación, solamente, el poder de compra de los salarios sería un 19% menor.

De hecho, si se toman en cuenta las variaciones de las jubilaciones en cada período y se la compara con la inflación, de los últimos nueve años, únicamente en dos la variación de los precios superó a los haberes. En cambio, en siete años los haberes mejoraron su poder de compra, lo que se traduce en que desde que está en vigencia la ley de movilidad jubilatoria tuvieran un poder adquisitivo 19% mayor.

La fórmula vigente tiene en cuenta dos variables para actualizar las jubilaciones: las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y, por otro lado, el índice general de salarios determinado por el Indec o la variación del RIPTE índice basado en la Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables.

Diferentes analistas y economistas coinciden en que el cálculo en base a la inflación, aún con el agregado de la variación del PBI, implica menos recursos para el Estado. “El Gobierno podría reducir el gasto previsional en aproximadamente $ 85.000 millones”, reconocen desde la consultora ACM.

De hecho, fue también una recomendación del FMI. “Indexar las jubilaciones a la inflación concretada desde 2019 reduciría el déficit actuarial por alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI”, explicaban en el Artículo IV del año pasado.

Fecha: 21/11/2017

 

El Gobierno propone cambiar el régimen de movilidad jubilatoria

Busca que los haberes se ajusten por inflación; con el esquema actual, lo esperable es que los aumentos superen el alza de los precios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo ayer que el Gobierno propondrá una reforma del sistema de movilidad previsional, para que los haberes jubilatorios se actualicen según el índice de inflación. Esto le permitiría al Estado ahorrar varios millones de pesos en los próximos años respecto del gasto que supondría mantener el sistema actual. Dar subas según la inflación reemplazaría la fórmula hoy vigente, que, entre otras variables, contempla la evolución de la recaudación de los impuestos que se destinan -en parte- a financiar las prestaciones jubilatorias y la de los salarios. Además, la idea del Gobierno es que la actualización deje de ser semestral y pase a ser trimestral.

Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, ése sería uno de los cambios que se propondrían en “la transición” que, según afirmó el presidente Mauricio Macri, habrá hasta que una comisión especial haga una propuesta para una reforma integral del sistema jubilatorio por ley. “Sabemos que el sistema esconde inequidades y que no es sustentable”, definió el mandatario.

El cambio amplio ya está planteado en la ley 27.260, aprobada a mediados de 2016, que otorga un plazo de tres años (desde ese momento) para concretar la iniciativa. Como tratará todos los aspectos del régimen, esa comisión podría proponer otro cambio en la movilidad de los haberes.

El régimen que está vigente desde 2009 prevé dos recomposiciones al año: una en marzo y otra en septiembre. Desde que se aplica, y si se considera hasta 2016, el índice de inflación estimado por consultoras privadas resultó por lo general favorable a los jubilados, en el sentido de que les permitió tener un aumento superior al alza de precios. Tal cosa ocurrió en siete de los nueve años de vigencia, en tanto que hubo sólo dos períodos en que fue al revés: en 2014 y en 2016, con una actividad económica en caída (lo cual impactó en la recaudación) y con salarios reales también a la baja, la recomposición que recibieron los jubilados no logró que pudieran mantener el poder adquisitivo.

El año pasado, con una inflación algo superior al 40%, los haberes subieron un 31,7%, sumadas las alzas de marzo y septiembre. Para este año, en cambio, el incremento será del 28%, con una inflación que se ubicaría entre el 22 y el 23%.

Y si para el año próximo y los períodos siguientes se prevé un crecimiento económico -algo que impactaría en la recaudación- y una mejora real de los salarios, lo esperable es que el esquema actual otorgue aumentos superiores a la inflación, una variable que, a la vez, se estima que irá a la baja. Por eso, se considera que el Gobierno se propone derivar menos recursos a las actualizaciones.

Un dato no menor es que la movilidad no sólo se aplica para los jubilados y pensionados de la Anses. El índice también se utiliza para actualizar los valores de las asignaciones por hijo (del sistema universal y del sistema de la seguridad social), las pensiones no contributivas, los aportes y límites de facturación en el esquema del monotributo y los pagos mensuales de los autónomos.

Además, el índice se usa para actualizar el valor nominal de las remuneraciones que forman parte de la fórmula de cálculo del haber cuando alguien se jubila, según recordó el abogado Adrián Tróccoli. “No es momento de dejar de dar una mejora a las jubilaciones, con los valores que tienen”, cuestionó.

“Si observamos que los sueldos suben luego de la inflación [por los tiempos de las paritarias] es mejor dar movilidad por inflación, porque llega antes -analizó Elsa Romero, también abogada especializada en jubilaciones-. Sin embargo, si los sueldos aumentan más que la inflación porque hay mayor productividad, el alza por inflación será inferior a la suba de los sueldos. Y la Corte Suprema ya ha dicho en forma muy contundente que la movilidad debe seguir a los sueldos”.

Fecha: 31/10/2017

Jubilaciones, en el eje del debate

El anuncio de la suba de haberes de marzo vino con una fuerte polémica por un cambio que se pretendió hacer; la historia y la situación del sistema de actualizaciones que quedará sujeto a una reforma

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

De qué manera garantizar que el ingreso cobrado por primera vez por quien se jubila no pierda con el tiempo su valor, es la cuestión de fondo que está detrás del debate que ganó protagonismo en los últimos días. El tema de la movilidad jubilatoria, de hecho, se ubicó en el eje de las noticias luego de que, el miércoles pasado, la Anses anunció la intención oficial -frustrada por la reacción política adversa tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo – de modificar la reglamentación que rige para aplicar la fórmula prevista por la ley 26417 para calcular qué porcentaje de recomposición deben recibir los ingresos.

Por la vigencia de esa norma, a partir de marzo de 2009 las prestaciones del sistema jubilatorio nacional que gestiona la Anses se actualizan en los meses de marzo y septiembre de cada año en función del resultado de una fórmula matemática que contempla la variación de los salarios y de los recursos impositivos que recibe el organismo previsional para hacer frente a los pagos.

La historia de la ley de movilidad demuestra cómo muchas jubilaciones fueron usadas como variable de ajuste durante varios de los años inflacionarios que siguieron a la grave crisis de inicios de este siglo. El debate y la aprobación de la norma llegaron tiempo después de que la Corte Suprema de Justicia les ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo poner en marcha un mecanismo de ajustes para los haberes

Esa sentencia fue dictada en 2006, pero meses después, ya en 2007 y sin ley alguna, los jueces declararon, en la resolución de la demanda del jubilado Adolfo Badaro, la inconstitucionalidad de la decisión política que habían tomado los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, de dejar congelados entre 2002 y 2006 los ingresos de cientos de miles de pasivos que cobraban más que el haber mínimo (en muchos casos, con haberes igualmente bajos). Y resolvieron que el Estado debía aplicar una actualización, en lo referido a ese período, equivalente a la variación de un índice de salarios.

En octubre de 2008 la ley de movilidad fue aprobada sin que se previera hacer correcciones hacia atrás. Y hubo en los años siguientes una cantidad récord de juicios contra el Estado. También aportó a la elevada litigiosidad otra cuestión sobre la que la Corte se expidió a favor de los jubilados. Ocurre que, cuando alguien se jubila, una de las variables que integran la fómula de cálculo del haber inicial es el promedio salarial de los últimos 120 meses en los que se hicieron aportes. Cuando los jueces resolvieron la demanda que el jubilado Alberto Elliff había presentado sobre punto, dijeron que los valores históricos de esos ingresos debían actualizarse debidamente, porque de lo contrario se subestima el haber.

A partir de la ley de movilidad, la actualización de salarios se hace aplicando los mismos porcentajes con los que suben las jubilaciones. Por eso, según advierte el abogado y consultor internacional en seguridad social, Alberto García Rapp, cualquier cambio en el índice como el planteado esta semana tendría impacto no sólo para los jubilados actuales, sino también para los del futuro. O, al menos para quienes están próximos a jubilarse (el Gobierno está planteando una reforma integral de la ley jubilatoria hacia 2019, con lo cual podría cambiar tanto el cálculo del haber inicial como la movilidad).

“Eso es algo que no habría que perder de vista”, dice García Rapp, quien señala que en la historia de nuestro país, el nivel de judicialidad del sistema previsional estuvo vinculado al desfase entre inflación y monto de las jubilaciones. De hecho, las grandes causas de los litigios tienen en su centro a la cuestión de la movilidad. La mayoría de los litigantes, de hecho, son quienes piden que a sus ingresos se les apliquen los criterios de las mencionadas causas de Badaro y Elliff. Además, el ajuste de los haberes según los lineamientos expuestos en esos dos fallos es el espíritu con el que surgió el plan de reparación histórica que puso en marcha la Anses y que promueve acuerdos entre jubilados y el Estado para intentar reducir la litigiosidad, logrando que se desista de causas en trámite o evitando que se inicien nuevas.

¿Cómo fue la relación entre inflación y aumentos de jubilaciones? En el momento de la puesta en marcha del sistema de la movilidad, las jubilaciones mínimas habían sido incrementadas en mayor medida que la variación de precios, pero para quienes ganaban algo más (por haber aportado más) la pérdida de poder adquisitivo (que sólo puede recuperarse vía acción judicial o, ahora, con el plan de reparación histórica) había llegado a ser de hasta el 40%. A partir de allí, de los 8 años con aplicación de la ley de movilidad, hubo 6 en los que los ajustes superaron al incremento promedio de los precios, si se sigue el índice de inflación de las consultoras privadas difundido por legisladores en el Congreso.

El año con mayor brecha positiva para los jubilados, si se tiene en cuenta la diferencia en puntos porcentuales, fue 2011, con un aumento de haberes de 37,06% (es el acumulado entre las subas de marzo y septiembre) y una inflación de 22,43%. El año previo, la diferencia había sido más modesta: las variables fueron de 26,5% y de 24,93% respectivamente. El hecho de que la movilidad le ganara a los precios en esos años es una consecuencia de que el índice no está directamente atado a la inflación “sino al promedio de salarios y a los recursos disponibles del Estado”, según afirma el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.

Claro que hubo también dos años en los que el saldo resultó negativo: 2014 y 2016. En el primer caso, las jubilaciones subieron en total un 30,47% contra un alza de precios promedio de 38,49%. Y el año pasado el alza de los ingresos fue de 31,68%, también muy por debajo de la inflación, estimada en el 40,71%.

La caída de poder adquisitivo en 2016 fue una de las cuestiones que hizo ver como más inoportuna la decisión del Gobierno de hacer en estos días una corrección en el cálculo. Más allá de la búsqueda de exactitud (y del efecto fiscal, ya que según surge de estimaciones oficiales el Estado se habría ahorrado $ 3000 millones), lo cierto es que la reformulación daba un resultado a la baja para la actualización de ingresos, en un contexto de caída del poder de compra. Finalmente, con la cuenta hecha tal como se venía haciendo antes, la suba de marzo será de 12,96% en lugar del 12,65% anunciado inicialmente por la Anses.

Para Tróccoli, la cuestión técnica vinculada a la malograda modificación “debe ser corregida”, pero no de la forma y en la oportunidad en que se quiso hacer. “Desde el cambio de Gobierno se han intentado regularizar políticas de Estado referidas a los jubilados con buenas intenciones, pero algunas medidas parecen olvidar que las jubilaciones son demasiado bajas para que sean la variable de ajuste”, dice el abogado.

El error que, según los funcionarios, se cometió hasta ahora en el cálculo, está referido a cómo se calcula la variación que tuvo la cantidad de recursos tributarios que recibe la Anses para pagar jubilaciones (en gran medida el sistema depende del IVA, Ganancias y otros impuestos). Esa variable se incluyó para que el compromiso de actualizar haberes esté vinculado, además de a los salarios, a los recursos. El problema, describe Tróccoli, es que como hay impuestos con base anual (su vencimiento es una vez al año y el cobro se concentra en una época, más allá del pago de anticipos), resulta imposible calcular variaciones semestrales “como ordena la ley de movilidad”. Lo que ordena hacer la reglamentación vigente, agrega en coincidencia con la explicación oficial, arroja un resultado que no refleja fielmente lo ocurrido con la variación de recursos.

¿Qué hacen otros países?

Una cuestión que saltó a la vista en estos días es la complejidad de la fórmula de actualización. La polinomia puede tener sus ventajas, sobre todo con alta inflación, pero en el mundo no es usual tener sistemas así.

“Las pensiones tienen casi siempre movilidad y el índice depende del objetivo o de la visión que tenga el país”, cuenta Rafael Rofman, líder del Programa para la Educación, la Salud, la Protección Social, el Trabajo y la Pobreza, América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Así, según describe el funcionario, existen tres ideas guías: la primera es la de asegurar que las personas mantengan su capacidad de consumo y, en este caso, el índice de precios al consumidor es la variable más utilizada. Es el caso de Francia o Italia

El segundo criterio es el que surge de entender que la jubilación es una sustitución del ingreso laboral; entonces, la lógica indica seguir la evolución de un índice salarial. Ejemplos de este tipo de movilidad son Dinamarca y Holanda.

El tercer criterio es el de los países que deciden compartir con los jubilados las mejoras en la productividad de sus economías. Eso es lo que hizo hasta hace un tiempo Suecia, según cita Rofman, al ajustar las pensiones según la variación del PBI por habitante. Y es lo que hacen Portugal y Grecia, aunque en estos casos incluyendo la variable en una fórmula que considera también lo que ocurre con los precios.

“Los países tratan de hacer algo simple y que genere expectativas claras”, resume Rofman, quien cree en la validez de poner el tema en debate. ¿Una meta? Que sea más simple y entendible para todos.

Fecha: 19/02/2017