Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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El Gobierno propone cambiar el régimen de movilidad jubilatoria

Busca que los haberes se ajusten por inflación; con el esquema actual, lo esperable es que los aumentos superen el alza de los precios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo ayer que el Gobierno propondrá una reforma del sistema de movilidad previsional, para que los haberes jubilatorios se actualicen según el índice de inflación. Esto le permitiría al Estado ahorrar varios millones de pesos en los próximos años respecto del gasto que supondría mantener el sistema actual. Dar subas según la inflación reemplazaría la fórmula hoy vigente, que, entre otras variables, contempla la evolución de la recaudación de los impuestos que se destinan -en parte- a financiar las prestaciones jubilatorias y la de los salarios. Además, la idea del Gobierno es que la actualización deje de ser semestral y pase a ser trimestral.

Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, ése sería uno de los cambios que se propondrían en “la transición” que, según afirmó el presidente Mauricio Macri, habrá hasta que una comisión especial haga una propuesta para una reforma integral del sistema jubilatorio por ley. “Sabemos que el sistema esconde inequidades y que no es sustentable”, definió el mandatario.

El cambio amplio ya está planteado en la ley 27.260, aprobada a mediados de 2016, que otorga un plazo de tres años (desde ese momento) para concretar la iniciativa. Como tratará todos los aspectos del régimen, esa comisión podría proponer otro cambio en la movilidad de los haberes.

El régimen que está vigente desde 2009 prevé dos recomposiciones al año: una en marzo y otra en septiembre. Desde que se aplica, y si se considera hasta 2016, el índice de inflación estimado por consultoras privadas resultó por lo general favorable a los jubilados, en el sentido de que les permitió tener un aumento superior al alza de precios. Tal cosa ocurrió en siete de los nueve años de vigencia, en tanto que hubo sólo dos períodos en que fue al revés: en 2014 y en 2016, con una actividad económica en caída (lo cual impactó en la recaudación) y con salarios reales también a la baja, la recomposición que recibieron los jubilados no logró que pudieran mantener el poder adquisitivo.

El año pasado, con una inflación algo superior al 40%, los haberes subieron un 31,7%, sumadas las alzas de marzo y septiembre. Para este año, en cambio, el incremento será del 28%, con una inflación que se ubicaría entre el 22 y el 23%.

Y si para el año próximo y los períodos siguientes se prevé un crecimiento económico -algo que impactaría en la recaudación- y una mejora real de los salarios, lo esperable es que el esquema actual otorgue aumentos superiores a la inflación, una variable que, a la vez, se estima que irá a la baja. Por eso, se considera que el Gobierno se propone derivar menos recursos a las actualizaciones.

Un dato no menor es que la movilidad no sólo se aplica para los jubilados y pensionados de la Anses. El índice también se utiliza para actualizar los valores de las asignaciones por hijo (del sistema universal y del sistema de la seguridad social), las pensiones no contributivas, los aportes y límites de facturación en el esquema del monotributo y los pagos mensuales de los autónomos.

Además, el índice se usa para actualizar el valor nominal de las remuneraciones que forman parte de la fórmula de cálculo del haber cuando alguien se jubila, según recordó el abogado Adrián Tróccoli. “No es momento de dejar de dar una mejora a las jubilaciones, con los valores que tienen”, cuestionó.

“Si observamos que los sueldos suben luego de la inflación [por los tiempos de las paritarias] es mejor dar movilidad por inflación, porque llega antes -analizó Elsa Romero, también abogada especializada en jubilaciones-. Sin embargo, si los sueldos aumentan más que la inflación porque hay mayor productividad, el alza por inflación será inferior a la suba de los sueldos. Y la Corte Suprema ya ha dicho en forma muy contundente que la movilidad debe seguir a los sueldos”.

Fecha: 31/10/2017

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Jubilaciones, en el eje del debate

El anuncio de la suba de haberes de marzo vino con una fuerte polémica por un cambio que se pretendió hacer; la historia y la situación del sistema de actualizaciones que quedará sujeto a una reforma

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

De qué manera garantizar que el ingreso cobrado por primera vez por quien se jubila no pierda con el tiempo su valor, es la cuestión de fondo que está detrás del debate que ganó protagonismo en los últimos días. El tema de la movilidad jubilatoria, de hecho, se ubicó en el eje de las noticias luego de que, el miércoles pasado, la Anses anunció la intención oficial -frustrada por la reacción política adversa tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo – de modificar la reglamentación que rige para aplicar la fórmula prevista por la ley 26417 para calcular qué porcentaje de recomposición deben recibir los ingresos.

Por la vigencia de esa norma, a partir de marzo de 2009 las prestaciones del sistema jubilatorio nacional que gestiona la Anses se actualizan en los meses de marzo y septiembre de cada año en función del resultado de una fórmula matemática que contempla la variación de los salarios y de los recursos impositivos que recibe el organismo previsional para hacer frente a los pagos.

La historia de la ley de movilidad demuestra cómo muchas jubilaciones fueron usadas como variable de ajuste durante varios de los años inflacionarios que siguieron a la grave crisis de inicios de este siglo. El debate y la aprobación de la norma llegaron tiempo después de que la Corte Suprema de Justicia les ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo poner en marcha un mecanismo de ajustes para los haberes

Esa sentencia fue dictada en 2006, pero meses después, ya en 2007 y sin ley alguna, los jueces declararon, en la resolución de la demanda del jubilado Adolfo Badaro, la inconstitucionalidad de la decisión política que habían tomado los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, de dejar congelados entre 2002 y 2006 los ingresos de cientos de miles de pasivos que cobraban más que el haber mínimo (en muchos casos, con haberes igualmente bajos). Y resolvieron que el Estado debía aplicar una actualización, en lo referido a ese período, equivalente a la variación de un índice de salarios.

En octubre de 2008 la ley de movilidad fue aprobada sin que se previera hacer correcciones hacia atrás. Y hubo en los años siguientes una cantidad récord de juicios contra el Estado. También aportó a la elevada litigiosidad otra cuestión sobre la que la Corte se expidió a favor de los jubilados. Ocurre que, cuando alguien se jubila, una de las variables que integran la fómula de cálculo del haber inicial es el promedio salarial de los últimos 120 meses en los que se hicieron aportes. Cuando los jueces resolvieron la demanda que el jubilado Alberto Elliff había presentado sobre punto, dijeron que los valores históricos de esos ingresos debían actualizarse debidamente, porque de lo contrario se subestima el haber.

A partir de la ley de movilidad, la actualización de salarios se hace aplicando los mismos porcentajes con los que suben las jubilaciones. Por eso, según advierte el abogado y consultor internacional en seguridad social, Alberto García Rapp, cualquier cambio en el índice como el planteado esta semana tendría impacto no sólo para los jubilados actuales, sino también para los del futuro. O, al menos para quienes están próximos a jubilarse (el Gobierno está planteando una reforma integral de la ley jubilatoria hacia 2019, con lo cual podría cambiar tanto el cálculo del haber inicial como la movilidad).

“Eso es algo que no habría que perder de vista”, dice García Rapp, quien señala que en la historia de nuestro país, el nivel de judicialidad del sistema previsional estuvo vinculado al desfase entre inflación y monto de las jubilaciones. De hecho, las grandes causas de los litigios tienen en su centro a la cuestión de la movilidad. La mayoría de los litigantes, de hecho, son quienes piden que a sus ingresos se les apliquen los criterios de las mencionadas causas de Badaro y Elliff. Además, el ajuste de los haberes según los lineamientos expuestos en esos dos fallos es el espíritu con el que surgió el plan de reparación histórica que puso en marcha la Anses y que promueve acuerdos entre jubilados y el Estado para intentar reducir la litigiosidad, logrando que se desista de causas en trámite o evitando que se inicien nuevas.

¿Cómo fue la relación entre inflación y aumentos de jubilaciones? En el momento de la puesta en marcha del sistema de la movilidad, las jubilaciones mínimas habían sido incrementadas en mayor medida que la variación de precios, pero para quienes ganaban algo más (por haber aportado más) la pérdida de poder adquisitivo (que sólo puede recuperarse vía acción judicial o, ahora, con el plan de reparación histórica) había llegado a ser de hasta el 40%. A partir de allí, de los 8 años con aplicación de la ley de movilidad, hubo 6 en los que los ajustes superaron al incremento promedio de los precios, si se sigue el índice de inflación de las consultoras privadas difundido por legisladores en el Congreso.

El año con mayor brecha positiva para los jubilados, si se tiene en cuenta la diferencia en puntos porcentuales, fue 2011, con un aumento de haberes de 37,06% (es el acumulado entre las subas de marzo y septiembre) y una inflación de 22,43%. El año previo, la diferencia había sido más modesta: las variables fueron de 26,5% y de 24,93% respectivamente. El hecho de que la movilidad le ganara a los precios en esos años es una consecuencia de que el índice no está directamente atado a la inflación “sino al promedio de salarios y a los recursos disponibles del Estado”, según afirma el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.

Claro que hubo también dos años en los que el saldo resultó negativo: 2014 y 2016. En el primer caso, las jubilaciones subieron en total un 30,47% contra un alza de precios promedio de 38,49%. Y el año pasado el alza de los ingresos fue de 31,68%, también muy por debajo de la inflación, estimada en el 40,71%.

La caída de poder adquisitivo en 2016 fue una de las cuestiones que hizo ver como más inoportuna la decisión del Gobierno de hacer en estos días una corrección en el cálculo. Más allá de la búsqueda de exactitud (y del efecto fiscal, ya que según surge de estimaciones oficiales el Estado se habría ahorrado $ 3000 millones), lo cierto es que la reformulación daba un resultado a la baja para la actualización de ingresos, en un contexto de caída del poder de compra. Finalmente, con la cuenta hecha tal como se venía haciendo antes, la suba de marzo será de 12,96% en lugar del 12,65% anunciado inicialmente por la Anses.

Para Tróccoli, la cuestión técnica vinculada a la malograda modificación “debe ser corregida”, pero no de la forma y en la oportunidad en que se quiso hacer. “Desde el cambio de Gobierno se han intentado regularizar políticas de Estado referidas a los jubilados con buenas intenciones, pero algunas medidas parecen olvidar que las jubilaciones son demasiado bajas para que sean la variable de ajuste”, dice el abogado.

El error que, según los funcionarios, se cometió hasta ahora en el cálculo, está referido a cómo se calcula la variación que tuvo la cantidad de recursos tributarios que recibe la Anses para pagar jubilaciones (en gran medida el sistema depende del IVA, Ganancias y otros impuestos). Esa variable se incluyó para que el compromiso de actualizar haberes esté vinculado, además de a los salarios, a los recursos. El problema, describe Tróccoli, es que como hay impuestos con base anual (su vencimiento es una vez al año y el cobro se concentra en una época, más allá del pago de anticipos), resulta imposible calcular variaciones semestrales “como ordena la ley de movilidad”. Lo que ordena hacer la reglamentación vigente, agrega en coincidencia con la explicación oficial, arroja un resultado que no refleja fielmente lo ocurrido con la variación de recursos.

¿Qué hacen otros países?

Una cuestión que saltó a la vista en estos días es la complejidad de la fórmula de actualización. La polinomia puede tener sus ventajas, sobre todo con alta inflación, pero en el mundo no es usual tener sistemas así.

“Las pensiones tienen casi siempre movilidad y el índice depende del objetivo o de la visión que tenga el país”, cuenta Rafael Rofman, líder del Programa para la Educación, la Salud, la Protección Social, el Trabajo y la Pobreza, América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Así, según describe el funcionario, existen tres ideas guías: la primera es la de asegurar que las personas mantengan su capacidad de consumo y, en este caso, el índice de precios al consumidor es la variable más utilizada. Es el caso de Francia o Italia

El segundo criterio es el que surge de entender que la jubilación es una sustitución del ingreso laboral; entonces, la lógica indica seguir la evolución de un índice salarial. Ejemplos de este tipo de movilidad son Dinamarca y Holanda.

El tercer criterio es el de los países que deciden compartir con los jubilados las mejoras en la productividad de sus economías. Eso es lo que hizo hasta hace un tiempo Suecia, según cita Rofman, al ajustar las pensiones según la variación del PBI por habitante. Y es lo que hacen Portugal y Grecia, aunque en estos casos incluyendo la variable en una fórmula que considera también lo que ocurre con los precios.

“Los países tratan de hacer algo simple y que genere expectativas claras”, resume Rofman, quien cree en la validez de poner el tema en debate. ¿Una meta? Que sea más simple y entendible para todos.

Fecha: 19/02/2017