Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

Archivo para Juicios por reajuste

La Anses pide a la Corte que le dé un aval al plan de reparación a jubilados

El organismo cuestiona que los jueces usen un índice diferente al de la ley

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Anses comenzó a presentar recursos extraordinarios ante la Justicia para pedirle a la Corte Suprema que avale el índice de actualización con el cual se recalculan los haberes previsionales en el marco del plan de reparación histórica. El organismo presentó sus escritos luego de que la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolviera, semanas atrás, rechazar los pedidos del Gobierno de reemplazar el índice con el que los fallos del fuero obligan a calcular los reajustes a los jubilados que ganan juicios.

La pretensión del Gobierno es que se unifique la manera de hacer los cálculos, ya que la ley 27.260 (de reparación histórica) adoptó parámetros diferentes respecto de los que se ordenan aplicar para la liquidación de las sentencias. Un efecto de estas presentaciones es que se volverán a llevar ante al máximo tribunal causas que ya no se apelaban más y entonces tendrán más demora. “La Corte no fijó posición sobre el índice a aplicar y es lógico buscar su decisión”, explicaron en la Anses.

Según el organismo, el índice de actualización dispuesto por la ley de reparación tiene “razonabilidad y equidad” y refleja mejor lo ocurrido con la evolución de lo salarios (que es lo que se intenta reflejar), mientras que el usado para el pago de sentencias provoca “distorsión e inequidad” y se desvía de las variables promedio de la economía.

La cuestión en conflicto tiene que ver con cómo se calcula el haber inicial de quien se jubila. Uno de los componentes de la fórmula es el promedio de las 120 últimas remuneraciones previas al retiro laboral. Y, sobre todo en un escenario inflacionario, es determinante la forma en que se actualizan los valores históricos de esos salarios.

En junio pasado, un fallo de la sala II, con la firma de los jueces Luis Herrero y Nora Dorado, ratificó el uso del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) para las actualizaciones, al resolver la causa deCarmelo Di Mario, en la que la Anses había pedido reemplazar esa variable por la fijada por ley. La normativa prevé un índice combinado: los salarios previos a abril de 1995 se ajustan por el Índice de Nivel General de Remuneraciones (INGR) y los posteriores, por la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte).

Para la gran mayoría de los casos, el resultado de usar lo dispuesto por ley en lugar del Isbic es un reajuste de haberes de menor cuantía. En algunos casos, de todas formas, no es así. La Anses, de hecho, afirma que Di Mario, el jubilado del fallo citado, obtendría un haber un 14% superior con el cálculo hecho según el plan de reparación histórica en lugar del índice de los jueces.

El plan se propone ajustar los haberes de los jubilados, hayan hecho juicio o no, en función de los criterios de fallos de la Corte. Uno de ellos es el del jubilado Elliff, referido al cálculo del haber inicial y que es el que ahora genera la controversia respecto del índice de actualización. Hasta ahora se conocieron fallos de uno de los jueces de primera instancia, Juan Fantini, que se alinean con el plan oficial.

Entre los argumentos de la Anses se menciona que en la sentencia de Elliff la Corte no dispuso usar el índice Isbic. En aquella causa, fue la sala II la que, en segunda instancia, había dispuesto el uso de esa variable. La Corte ratificó el fallo, pero el escrito de la Anses explica que “no hay un solo argumento” en la decisión del tribunal supremo “que justifique la aplicación de un índice en particular”, y agrega que es así porque no se le había pedido a la Corte una definición sobre el tema.

En otros apartados del escrito presentado a la Justicia, el Gobierno alega que el Ripte es un índice más estable que el Isbic. Se señala que su variación fue cercana a la del índice general de salarios del Indec entre 2002 y 2006, que es la variable que ordenó usar la Corte en la causa Badaro, para que la Anses elevara los haberes por ese período.

En la brecha entre los índices en conflicto está el por qué de las diferencias que hay en muchos casos entre el haber ofrecido por la reparación y el que podría obtenerse en la Justicia, una cuestión crucial a la hora de decidir la aceptación o el rechazo a la propuesta oficial. Y eso explica el interés del Gobierno para que se ratifique el índice de la ley.

Los jueces de la sala II deberán resolver si aceptan el recurso para que el tema llegue a la Corte. Si lo rechazan, la Anses irá con un recurso de queja al tribunal supremo.

Fecha: 17/07/2017

La Corte avaló que se calculen las jubilaciones con un tope

Los jueces consideraron que, para estimar los haberes, no puede considerarse una parte del salario sobre la que no se aportó

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Corte Suprema de Justicia declaró, por voto unánime, que es válida la aplicación de topes salariales para el cálculo de los haberes jubilatorios iniciales. Y de esta manera, revirtió lo dispuesto por sentencias en las cuales los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social habían declarado la inconstitucionalidad de la utilización de esos valores máximos y habían ordenado a la Anses hacer un recálculo del ingreso inicial de los demandantes.

En el juicio iniciado por el jubilado Alberto Gualtieri (el litigante del primer expediente en el que se pronunció la Corte, aunque no el único), los jueces de segunda instancia habían señalado en su momento que el límite aplicado en el cálculo del ingreso atentaba contra una “proporción justa y razonable que debe existir entre los ingresos de pasividad y de actividad”. Ese desfase había ocurrido, en gran medida, por una situación particular: la desactualización que sufrió el tope salarial para el cálculo del aporte previsional durante varios años, una situación que sólo se corrigió en 2007, cuando nominalmente -y en tiempos inflacionarios- las remuneraciones ya habían crecido en forma significativa desde el momento en que se había fijado inicialmente esa cifra tope. 

Según lo dispuesto por la ley 24.241, para definir de cuánto será el haber previsional en cada caso, se calcula en primer lugar el promedio de las remuneraciones de los diez últimos años en los que se hicieron aportes. Luego se calcula el 1,5% de ese promedio y se multiplica la cifra resultante por la cantidad de años con contribuciones.

Para hacer la primera cuenta se considera, para cada período, la remuneración sobre la cual se aportó al sistema previsional. El salario sujeto a aportes tiene un tope legal: actualmente, por ejemplo, el descuento del 11% con destino al sistema jubilatorio en el sistema que gestiona la Anses se hace sobre un salario tope de $ 72.289,62 y se actualiza periódicamente según el índice de movilidad. Quien cobra un salario bruto equivalente o superior a esa cifra, siempre aporta un monto fijo: $ 7951,86 (11% de aquella cifra).

En el momento en que se jubiló Gualtieri, su ingreso se vio particularmente afectado porque el tope para aportar se mantuvo congelado en $ 4800 durante casi todo el período que entró en consideración para el cálculo de su haber mensual. Según el fallo, de hecho, se le consideró el lapso de 1998 a 2008. Al subir el valor nominal de los salarios, la falta de actualización de aquella variable provocó, por un lado, que los trabajadores dependientes con ingresos más altos hicieran aportes equivalentes a un porcentaje cada vez menor de sus salarios y, por el otro lado, que al alcanzarse la edad jubilatoria las prestaciones también se alejaran demasiado de los últimos salarios cobrados en actividad. Esto último es lo que provocó reclamos judiciales.

“Permitir que el trabajador que cotizó sólo por una parte de su salario de actividad en virtud del límite contenido en el artículo 9° de la ley 24.241 obtenga una prestación que incluya las sumas por las que no contribuyó al sistema constituiría un verdadero subsidio, contrario a la protección del esfuerzo contributivo realizado por el conjunto de los afiliados”, sostiene en contra de la pretensión del jubilado el fallo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Los jueces observaron, además, que la fijación de un tope para hacer aportes no obligó a Gualtieri a ir inevitablemente a una pérdida de la relación entre lo ganado en actividad y lo percibido como pasivo. ¿Por qué? Porque, según recuerdan, en aquellos años el régimen previsional incluía la opción por la capitalización y, dentro de este sistema, se permitía hacer aportes voluntarios por arriba del porcentaje obligatorio dispuesto por ley. Según la sentencia, el jubilado no ejerció la opción “que le hubiera permitido alcanzar” una tasa de sustitución “razonable”.

Fecha: 26/05/2017

Un fallo reduce las subas a los jubilados que van a la Justicia

Una decisión de primera instancia modifica el índice de actualización de salarios que hasta ahora siempre se consideraba al ordenar el recálculo de haberes

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Un juez de primera instancia del fuero de la seguridad social se apartó de lo que hasta ahora venía sosteniendo la Justicia en sus respuestas a reclamos referidos al cálculo del haber que cobra una persona apenas se jubila. La nueva decisión implica un cambio del índice de actualización con el cual las sentencias le ordenan al Estado ajustar los valores históricos de los últimos 120 salarios trabajados antes del retiro laboral. Un promedio de esos sueldos se utiliza como parte de la fórmula de cálculo del ingreso jubilatorio. Y, por eso, la manera en que se le da a esos números una actualización incide en el monto del haber. El índice que ahora comienza a usar uno de los juzgados le da en muchos casos a las jubilaciones un valor menor, en comparación con el que podía obtenerse hasta ahora por vía de un litigio y más allá de en qué juzgado recaía la demanda.

La modificación del índice fue decidida por el juez Juan Fantini. Según sus argumentos, lo hizo para alinearse con el plan de reparación histórica aprobado por la ley 27.260. Justamente por cuáles son los índices de actualización establecidos para recalcular el ingreso inicial de quienes ya están jubilados, la aplicación de esa norma hace que en muchos casos se ofrezca el pago de un haber mensual mayor al hoy percibido, pero inferior respecto de lo que podría obtenerse al ir a la Justicia. LA NACION accedió a una sentencia de Fantini con el nuevo criterio, aunque la persona demandante pidió no ser identificada.

El eje del conflicto está en el hecho de que durante varios años no se dio un debido ajuste al valor nominal de los salarios usados en la fórmula (de hecho, el tema se resolvió pero sólo hacia adelante en el tiempo, con la decisión de usar como actualizador el índice de la ley de movilidad que está vigente desde 2009). Y entonces, se produjo una subestimación de las jubilaciones por la fuerte desvalorización que sufrió el peso. Por eso, en 2009 la Corte Suprema ordenó actualizar esos salarios, en su sentencia referida a la demanda del jubilado Alberto Elliff. Allí, los jueces decidieron también qué índice tomar en cuenta: optaron por el llamado ISBIC, que sigue la evolución de salarios básicos de la construcción y la industria.

Ese índice tuvo una evolución, en determinados períodos, muy superior a la del indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es el elegido por la Anses para el recálculo de haberes en el nuevo plan de reparación. La ley fija el uso de ese índice para los salarios percibidos entre 1995 y 2008, en tanto que usa otra variable (el Nivel General de las Remuneraciones) para un período previo. Este es uno de los motivos por los que hay ofertas del plan oficial menores de lo esperable de la Justicia. Según explicaron en su momento en la Anses, la elección del Ripte respondió al hecho de que es menos volátil que el Isbic y a que en el fallo Elliff la Corte le reconoce al Poder Ejecutivo la facultad de elegir el índice de actualización. Este argumento está citado por el juez Fantini.

En la Anses hay expectativas respecto de un cambio del índice que, al final del camino, sea convalidado por la Corte Suprema. El dato curioso es que quien por ahora se apartó de la jurisprudencia, es el mismo juez que días atrás hizo lugar a una medida cautelar suspendiendo el uso del fondo de garantía previsional para hacer frente a los pagos del plan oficial (decisión que luego fue revertida por otro magistrado).

Consultado por LA NACION, el abogado Adrián Tróccoli dijo que el nuevo fallo produce como efecto que el primer haber -ya con el reajuste aplicado tras un juicio- “represente entre 50 y 61%” del último salario cobrado por quien se jubila, un rango que sería de “entre el 80 y el 89% si en cambio se tomara el Isbic”. La conclusión surge, según explicó, de un análisis realizado en unos 600 casos de personas con un promedio de 35 años de aportes. Por la variación que tuvieron en diferentes años los índices aplicados, sostuvo Tróccoli, los más afectados serán quienes se jubilaron entre 2004 y 2012. “El fallo no explica por qué extienden los parámetros de las normativas de la reparación histórica como si eso fuera obligatorio para el juez”, afirmó el abogado, quien agregó que la Corte exige en la materia que no se dicten parámetros “meramente dogmáticos sino que se pruebe el daño y su reparación con guarismos sólidos”

Con respecto a Fantini, Tróccoli señaló que días atrás suspendió el dictado de sentencias firmes para preguntarle a los demandantes si iban a ingresar al programa oficial de pago de deudas a jubilados, algo que demora los expedientes y para lo cual “la ley no le da facultades”.

Fecha: 05/10/2016

El costo de pagarles mal a los jubilados

En 2017 se destinarían $ 31.816,5 millones al pago de juicios; equivale a 3,4 millones de haberes promedio

Los pagos hechos por debajo de lo debido a los jubilados llevaron a que se iniciara una cantidad récord de juicios contra el Estado en los últimos años. Para 2017, la Anses prevé obtener la aprobación para contar con un presupuesto de $ 31.816,5 millones y destinarlo al pago de juicios: $ 15.000 millones serían para la liquidación regular de sentencias, y otros $ 16.816,5 millones para saldar retroactivos en el plan oficial de reparación histórica.

El monto equivale a 3,4 millones de haberes mensuales promedio. Según lo informado por la Anses, esa cifra es de $ 9287 a partir de este mes, en que por la ley de movilidad los ingresos de los pasivos se recompusieron en un 14,16%.

Que el Estado tenga que dedicar ese monto a cumplir con lo que ordenan los jueces, muestra los rastros de una estrategia que llevó a cientos de miles de jubilados a enormes esperas para cobrar lo que les corresponde, y al Estado a diferir el cumplimiento de su obligación de administrar correctamente los fondos del sistema.

Presupuesto para pagar juicios

Monto para 2017: según el proyecto oficial, la Anses contaría con $ 31.816,50 millones en 2017 para saldar juicios

Desagregado: $ 15.000 millones irían al pago regular de sentencias (igual monto que en 2016) y el resto al plan de reparación

En los últimos años, las distorsiones en el cálculo del haber inicial de quienes se jubilaron y la falta de actualización de muchos ingresos frente a la inflación, derivaron en una cantidad récord de juicios contra el Estado. Las sentencias dictadas por la Corte Suprema en las que se declaró la inconstitucionalidad de las estrategias del gobierno anterior, incentivaron las presentaciones de demandas.

Haber jubilatorio promedio

Movilidad: este mes las jubilaciones de la Anses subieron un 14,16% y el ingreso promedio se ubicó en $ 9.287

Distorsión: la Anses pagaría hoy 3,4 millones de haberes mensuales con el dinero que en 2017 prevé destinar a juicios

La última actualización del ingreso jubilatorio -que no logra compensar los efectos de la inflación- ubicó al haber mínimo del sistema nacional en $ 5661,y al máximo en $ 41.474. Para un grupo de 264.000 jubilados, la suba fue acompañada por una mejora derivada de implementar el plan de reparación histórica, que prevé llegar a acuerdos transaccionales para aliviar la litigiosidad.

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 30/09/2016

Las claves para poder decidir si aceptar o no el plan oficial de pago de deudas a los jubilados

La edad y el hecho de tener o no un juicio en trámite o una sentencia son algunas de las variables a considerar, además de las cuestiones subjetivas; en septiembre se dará a conocer la propuesta para cada persona

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

¿Decirle que sí o que no al aumento de la jubilación que propondrá desde el mes que viene el Gobierno? La edad, el hecho de tener o no una sentencia firme o un juicio en trámite, y la diferencia entre lo que se podría obtener por vía judicial y lo que se ofrecerá son algunos factores que influirán a la hora de evaluar la respuesta, según señalan abogados previsionales consultados por LA NACION. Se suman, claro, aspectos individuales como la situación socioeconómica y también las cuestiones subjetivas.

Tal como lo dispone la ley 27.260, el plan de reparación histórica para jubilados y pensionados será de adhesión voluntaria. La Anses hará propuestas para incrementar los haberes y, en algunos casos, para compensar las diferencias entre lo que debió haberse cobrado y lo que efectivamente se cobró en los últimos años. Esas propuestas se conocerán desde septiembre, en tanto que desde fines de julio es posible consultar en http://www.anses.gob.ar, ingresando con una clave personal, si alguien está incluido o no. En algunos casos y por dificultades del organismo para acceder a datos, se informa que aún no está clara la situación y que deberá esperarse hasta el 15 del mes próximo.

LOS ALCANZADOS

Los incluidos son los jubilados de la Anses a quienes se les está pagando (en muchos casos desde el momento en que obtuvieron su prestación) por debajo de lo que correspondería en función de lo dispuesto por la Corte Suprema en cuatro de sus fallos. Los principales son dos: el de la causa Badaro, en el cual los jueces ordenaron una recomposición de haberes para el período 2002 a 2006 según la evolución de un índice salarial, y el de la causa Elliff, referido al recálculo del primer haber.

EL RECÁLCULO

Para determinar cuánto cobra una persona al jubilarse, una de las variables que integra la fórmula es el promedio de los salarios de los últimos 120 meses trabajados. La forma en que se actualizaron los valores históricos de esos ingresos es determinante para saber si la jubilación estuvo bien calculada o fue subestimada. En la causa Elliff, la Corte dispuso actualizar las remuneraciones según un índice salarial, y optó por uno llamado Isbic. En el plan oficial se usará el criterio de actualizar según la variación de los ingresos, pero el índice elegido para un período que va de 1995 a 2008 (el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables o Ripte) tuvo a partir de inicios de 2003 aproximadamente, una evolución más modesta que el utilizado por los jueces. Y esa es una razón por la cual, para quienes se jubilaron desde ese año y según explica el abogado Adrián Tróccoli, la oferta será inferior a lo que determinaría un fallo judicial.

PLAZOS Y PRIORIDADES

El programa se implementará en forma gradual. Para el pago se establecerán prioridades, y el decreto reglamentario establece cuáles son los casos de mayor urgencia: los de quienes tengan más de 80 años o sufran enfermedades graves, y los de quienes tengan un ingreso que, ya reajustado, no supere en más de dos veces y media el haber mínimo (eso da $ 14.152,50 para los montos de septiembre). También se priorizará a quienes tengan una recomposición que represente no más de 30% del ingreso básico (que no supere $ 1698).

LOS ACUERDOS

La aceptación del plan se formalizará con la firma de un acuerdo transaccional entre el beneficiario y la Anses, que la Justicia deberá homologar. Para el trámite es necesario haber registrado la huella digital. El pacto implica que el jubilado renuncia a futuros juicios para reclamar por esos reajustes.

PRIMER PASO

Los primeros beneficiarios cobrarán ya su haber reajustado en septiembre y sin firmar acuerdo previo, aunque luego podrían rechazar su nuevo ingreso. Esto favorecerá a personas que cumplen con los siguientes requisitos: tienen más de 80 años, el aumento que surge del plan será de no más de $ 1000 y el haber reajustado no superará el equivalente a dos haberes mínimos ($ 11.322).

JUBILADOS CON SENTENCIA FIRME AL 30 DE MAYO DE ESTE AÑO

En estos casos, la propuesta implica el pago del haber recalculado (según los índices de actualización decididos por la Anses, según ya se explicó) y del retroactivo (diferencias por lo cobrado de menos en períodos pasados), que se abonará un 50% en forma inmediata y otro 50% en doce cuotas trimestrales (tres años) ajustables por el índice de movilidad.

Un aspecto fundamental para estas personas es saber qué ocurrirá con el pago habitual de sentencias (por fuera de este programa de reparación), porque el plan de reparación prevé, además de quitas (dadas por la fórmula de cálculo), una financiación para el pago que debe hacer la Anses que no existe en el trámite regular. En el Gobierno afirman que las liquidaciones seguirán su curso: para este año hay presupuestados $ 12.500 millones y para el próximo, habrá que ver qué dice la ley de presupuesto nacional. Tróccoli recuerda que “si el Estado no cumple con la sentencia en 120 días, se puede iniciar la ejecución y cobrar por vía de embargo”.

Un factor a tener en cuenta es que, con la reparación, en ningún caso se pagará un haber superior al máximo del sistema (desde septiembre será de $ 41.474), algo que sí se logra con los fallos. Y hay que considerar que una sentencia puede disponer la aplicación de otros ajustes, no contemplados en este plan.

Según el consultor Jorge García Rapp, para quienes obtuvieron su beneficio bajo la ley 24.241 (que rige desde julio de 1994), la propuesta no es conveniente, y cita dos argumentos: uno es que en este grupo hay muchas personas menores de 80 años (no tendrán prioridad) y otro es que los índices usados por el plan para la actualización de salarios en el recálculo del haber inicial, no son los mismos que usa la Justicia (según lo ya explicado). Para quienes se jubilaron con leyes anteriores, los índices usados no difieren. Sí habrá, en cualquier caso, una brecha en el retroactivo, porque la fecha de partida para el cálculo no es la misma en la Justicia que en la reparación por ley (la diferencia no sería amplia, porque se trata de meses).

CASOS CON JUICIO EN TRÁMITE AL 30 DE MAYO DE ESTE AÑO

La ley prevé, además del reajuste del haber, la percepción del retroactivo pero con un límite de 48 meses. El cobro será 50% en forma inmediata y 50% en doce cuotas trimestrales.

En estos casos hay cuestiones a tener en cuenta que son las mismas que para quienes tienen ya sentencia firme, como el tema del tope al haber y el hecho de que en algunos casos el fallo que esperan podría aportarles una mejora más significativa, dado el índice de actualización que ahora usan los jueces. Pero como factor a favor del plan, hay que tener en cuenta que los juicios demoran muchos años.

Una variable importante es justamente cuánto tiempo lleva la demanda en trámite: por un lado porque cuanto más cerca esté de emitirse un fallo, menor diferencia habrá entre los tiempos de espera, y por otra parte, por el tope en los retroactivos. Ese tope no afecta a quienes tienen un juicio desde hace menos de dos años (se consideran hasta dos años antes del litigio y el período que éste demore en resolverse). Para quienes están en un juicio más largo, la disposición sí afecta: “Si un juicio tarda seis años y hay una retroactividad de ocho años en juego (contando los dos previos), la nueva ley prevé pagar el 50%”, ejemplifica el abogado Guillermo Jáuregui.

Para García Rapp, para quienes se retiraron con la ley actual, sería por lo general muy poco conveniente para quienes lleven muchos años litigando, y medianamente conveniente si llevan pocos años en juicio.

CASOS SIN JUICIO

En esta situación está la gran mayoría de los incluidos en el plan. Se reajustará el haber y no habrá pago de retroactivos. Como se trata de quienes optaron por no hacer juicio, el recálculo de haberes beneficia en cualquier caso.

LAS RENUNCIAS

Una cuestión a considerar es a qué se renuncia al aceptar el plan, y en esto será fundamental cómo queden finalmente redactados los acuerdos. En función de lo que dice la ley (al disponer que el acuerdo “tendrá efecto de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso judicial”) si en una demanda se pide un reajuste según fallos como el de Badaro o el de Elliff, pero también se incluyen otros reclamos, se renunciaría a esos otros pedidos, lo cual podría significar una baja importante del haber posible.

EL FINANCIAMIENTO

La principal fuente de recursos prevista por la ley está en las utilidades y en la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (que se integró con los recursos que antes estaban en las cuentas individuales del eliminado sistema jubilatorio de capitalización). El miércoles pasado, un juez dictó una medida cautelar que impide provisionalmente el uso del fondo. En la Anses ratificaron inmediatamente el plan, con la expectativa de revertir el fallo. La ley prevé, además, que podrán destinarse a los pagos recursos del Tesoro nacional.

Postal de un conflicto histórico

Unos 400.000 juicios de jubilados están en trámite

2, 4 millones

Es el número de jubilados alcanzado por el plan, según la Anses. Sin embargo no se sabe cuántos darán su aval a la propuesta oficial

45 % de recomposición

Según el Gobierno esa será la suba promedio; sin embargo será muy variable y por lo general, será inferior a lo que podría dar la Justicia

2459 sentencias

Son los juicios pagados por la Anses en agosto; el organismo promete que, más allá del plan, seguirá con esa dinámica de liquidaciones

14,16 % movilidad

En septiembre, los jubilados recibirán la suba correspondiente por la ley de ajustes automáticos; compensarán en parte la inflación

Fecha: 28/08/2016