Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Para no pagar Ganancias, los jubilados deberán litigar o esperar una ley

Fallo de la Corte: Tiene efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio y 2.000 casos análogos. Los restantes, por la vía legal.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

El fallo de la Corte Suprema tiene un efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio – María Isabel García- y sobre unos 2.000 casos análogos con sentencias favorables de segunda instancia –como los de la Cámara de Paraná y la Sala II de la Cámara de la Seguridad- apeladas por el Gobierno ante el Alto Tribunal.

Al resto de los jubilados y pensionados que tienen descuentos de Ganancias –300.000 entre nacionales y pensionados- les seguirán reteniendo el impuesto. Y aquellos que se encuentren en una situación similar al caso testigo, podrían iniciar un juicio reclamando el mismo tratamiento.

Esto se debe a que la mayoría de la Corte declaró la inconstitucionalidad de Ganancias en el caso García con el alcance indicado en el fallo. No tiene un carácter general o colectivo, lo que abre las puertas a una mayor litigiosidad. 

El fallo menciona que la jubilada tenía 79 años cuando inició el juicio en 2015, padecía problemas de salud y recibía descuentos de Ganancias del orden del 30% del haber.

En consecuencia, dice la sentencia de la Corte, a la hora del descuento de Ganancias se debe considerar la mayor vulnerabilidad del peticionante, “producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad” que “permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros”.

El fallo objeta el descuento de Ganancias ya que en los casos de envejecimiento, enfermedad o discapacidad  el jubilado debe “contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales”. 

Con esas consideraciones, el fallo señala que el Congreso debería modificar la actual ley de Ganancias, dando “un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”. No se fija ningún plazo para que el Parlamento considere el tema. 

Por esta razón, el abogado y especialista en previsión Guillermo Jáuregui le dijo a Clarín que aquellos “jubilados o pensionados que se consideren en similar situación que García, podrían promover la correspondiente acción judicial”. La litigiosidad es una de las vías de los jubilados para poder llegar al beneficio de no pagar Ganancias. En tanto “el Congreso debería modificar el art. 79, inc. c) de la ley contemplando a contribuyentes de mayor edad o enfermos o discapacitados, y en estos casos cuidando que la escala no supere cierto porcentaje o eximiéndolos”.

Además, a partir de 2017 se elevó el mínimo no imponible para los jubilados y pensionados a 6 haberes mínimos  -hoy en $62.462-, con ajustes trimestrales. “Este cambio puede hacer que la situación actual de García, en cuanto al porcentaje de la retención sea muy diferente. Cada jubilado debe analizar su situación impositiva antes de encarar una demanda por ese tema”.

El abogado Adrián Troccoli reconoce que “el fallo de Corte en principio fija que debe existir una situación de vulnerabilidad para poder estar eximido del pago de Ganancias. Sin embargo no exige en el caso particular pruebas fehacientes, y la doctrina seguramente se extienda a todas las sentencias provenientes de la Cámara de Paraná y de la Sala 2 de la Cámara de de la Seguridad Social”.

En consecuencia “quienes al día de hoy tributan ganancias, tienen dos caminos: esperar que el Congreso siga el pedido del Máximo Tribunal y modifique la Ley de Ganancias o iniciar una acción judicial. Sería ideal que el Parlamento resuelva la cuestión rápidamente para evitar el colapso de los Tribunales”. Y “de tratarse un proyecto de Ley la Corte no le exige que se exima del tributo a los jubilados, pero sí que les de una mayor protección a la actual”.

Fecha: 28/03/2019

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La Corte exime a los jubilados del pago del impuesto a las ganancias

En un fallo que podría tener alto impacto económico para el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia decidió hoy que los jubilados están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias sobre sus haberes jubilatorios hasta tanto el Congresolegisle la exención en su favor. El maximo tribunal falló en favor de una demandante, aunque unos 300.000 jubilados tributan Ganancias.

El máximo tribunal declaró por mayoría -con los votos de Elena Highton , Juan Carlos Maqueda , Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti – la inconstitucionalidad de las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravan los haberes jubilatorios y de pensión. La decisión afecta a unas 400 causas que están tramitando en la Corte. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , votó en disidencia: consideró que las normas de la ley Nº 20.628 que establecen que las jubilaciones y pensiones están alcanzadas por el impuesto son constitucionales “ya que no se había demostrado, en el caso concreto de la actora, su inconstitucionalidad por confiscatoriedad o irrazonabilidad”.

Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti consideraron que la demandante -María Isabel García- era vulnerable dado que tenía 79 años al iniciar la demanda, tenía problemas de salud y se le habían efectuado retenciones de entre el 29,33% y 31,94% en concepto de Ganancias.

La Corte recordó el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria y destacó que el caso de García debía resolverse “en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada”.

“No puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la Sra. García los montos retenidos desde la interposición del reclamo”, planteó el máximo tribunal.

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 26/03/2019

Cálculo del haber, ajustes, Ganancias: los jubilados y sus reclamos judiciales

La Corte Suprema dará el martes su palabra sobre el pago del tributo, con el antecedente de haber negado un amparo a un grupo de pasivos; cuáles son los argumentos de ambos lados y qué más se debate en la Justicia, donde hay 330.000 litigios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Será un nuevo capítulo en la extensa historia que protagonizan los jubilados y la Justicia. El martes próximo, la Corte Suprema se pronunciará en una demanda referida a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre un haber previsional. Por una disposición legal de hace décadas, los pasivos están alcanzados por el tributo. Y, actualmente, la imposición afecta a quienes cobran al menos $62.462 mensuales.

Así, el tribunal supremo emitirá su primera sentencia de 2019 con efectos sobre una parte de la población pasiva. En este primer semestre llegará también un pronunciamiento sobre otra causa, en la que se reclama que a todos los haberes en los que corresponda (y sin necesidad de juicios individuales) se les apliquen los reajustes derivados de lo resuelto en el fallo Badaro. En esa sentencia, de 2007, la Corte declaró inconstitucional el congelamiento de haberes que muchos jubilados sufrieron entre 2002 y 2006 (por una decisión política que resultó una de las claves para el logro del superávit fiscal en esa época) y ordenó otorgar, por ese lapso, una suba no inferior a la evolución de un índice salarial.

Claro que, después de más de 11 años de aquel fallo que favoreció a Adolfo Badaro, disponer la generalización de sus efectos sería ahora muchísimo más inofensivo para el fisco (y menos abarcativo para los pasivos) que si la resolución se hubiera tomado años atrás, algo a lo que el tribunal se negó. A esta altura, muchos de los afectados consiguieron sus propios fallos y ya cobran más, o adhirieron a la reparación histórica renunciando a litigar, o fallecieron.

Acudir a los tribunales para pedir justicia en los pagos se convirtió en una práctica demasiado habitual entre los jubilados, aunque ahora el número de causas iniciadas muestra una tendencia a la baja. En la década pasada, los juicios fueron principalmente alentados por los daños generados por la inflación -y no corregidos a tiempo por la vía administrativa- tanto en los ingresos de quienes ya estaban jubilados como en los haberes iniciales de quienes iban accediendo a su prestación.

Respecto de esto último, fue el fallo Elliff el que en 2009 marcó la cancha, al cuestionar la falta de actualización del valor de los salarios que intervienen en la fórmula de cálculo de los haberes. Este es un tema que fue logrando una corrección de manera progresiva, porque a partir de la existencia de un sistema de movilidad (2009), las remuneraciones se corrigen según los índices resultantes de esa fórmula. Ese mecanismo no fue cuestionado (lo que estuvo en discusión es la actualización de sueldos devengados en períodos anteriores).

El problema en cifras

Las estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social muestran que en 2011 se iniciaron 39.461 causas por reajustes de haberes. El número fue similar al año siguiente y cayó en forma bastante significativa en 2013. Luego, hubo un repunte hacia 2016, seguido por nuevas caídas. En 2018 hubo 18.057 demandas.

La razón de la caída es, en principio, el paso del tiempo, que hace que se reduzca y tienda a desaparecer el universo de jubilados sin litigar que pueden estar alcanzados por los criterios de alguno de los fallos citados (Badaro y Elliff). También influyó la reparación histórica (quienes aceptan la propuesta de pago hecha por el Estado renuncian a litigar). Y, según entiende el juez Luis Herrero, presidente de la mencionada cámara de apelaciones e integrante de la Sala II influyen, además, “el desaliento y la desesperanza” de los jubilados, que al litigar suelen esperar “siete años” para cobrar lo que les corresponde.

Con unos 330.000 juicios en trámite, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) afirman que cada mes llegan, en promedio, “entre 3100 y 3200 sentencias para su liquidación”. Según dice a LA NACION Alejo Maxit, secretario general del organismo, “se liquidan entre 3700 y 3900 expedientes por mes” y que, así, “los pagos le ganan a la generación de sentencias”, de las cuales un 15% no beneficia (el pronunciamiento judicial no genera una mejora del ingreso). Aun con esa dinámica, hay unas 100.000 sentencias firmes pendientes de pago: son 100.000 personas que esperan acceder a lo que ya se les dijo que les corresponde.

Según el funcionario, el plazo promedio para cobrar una sentencia, es hoy de 440 días corridos, con diferencias que dependen de la situación del jubilado (el orden se define según la edad, el monto del ingreso, la existencia o no de una enfermedad terminal y la antigüedad del fallo). El plan para este año es liquidar 40.000 casos, con $850.000 promedio por sentencia y un presupuesto de $34.538 millones. Este monto es un 41% mayor al de 2018, con lo cual no acompaña la inflación, de 47,6% el año pasado, según el Indec. Y el plazo de liquidaciones está muy lejos de los 120 días hábiles establecido por la ley de solidaridad previsional.

El debate por Ganancias

Si el martes hay un fallo favorable a quien demanda, la causa sobre Ganancias podría derivar en un nuevo aliento para ir a juicio. El último dato de la AFIP indica que en 2018 tributaron 297.000 pasivos. La palabra de la Corte, sin embargo, podría no ser un “puro sí” o un “puro no” a la carga fiscal, algo que, de hecho, ya ocurrió.

Desde 2017, los pasivos pagan el impuesto a partir de un ingreso más alto que el que define la obligación de tributar para los asalariados, con lo cual el nivel de imposición también es más leve para todos los niveles de ingresos gravados. La base, según la ley, equivale a seis haberes mínimos y cambia trimestralmente según la movilidad. Entre este mes y mayo están alcanzados quienes tienen un haber de al menos $62.462. En junio, la cifra subirá a $69.270. Los asalariados que no tienen cargas de familia ni aplican otras deducciones tributan este año a partir de un sueldo neto promedio de $38.301.

¿Cuánto pagan? En enero y febrero, por ejemplo, regía un haber máximo definido por las normativas de $68.200 (no quiere decir que no haya haberes más altos, porque sí exceden esas cifras, por ejemplo, muchos de los obtenidos por sentencia judicial). Para ese monto, el descuento mensual fue en ese bimestre de 2,6% del ingreso neto, considerando que para el cálculo del impuesto se agrega un monto proporcional del aguinaldo, tal como dispone la ley.

Lo cierto es que no es la primera vez que la Corte Suprema toma un expediente del tema Ganancias y jubilados. Hay un antecedente que está entre las razones por las que funcionarios del Gobierno confían en las chances de un aval a la imposición.

En 2014, en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ AFIP”, el máximo tribunal le negó un amparo a un grupo de jubilados que reclamaban no tributar, aunque no abrió juicio “sobre la legitimidad de la pretensión”; es decir, no hubo pronunciamiento de fondo. Lo resuelto no deja de ser significativo ni de dar una señal: lo que los jueces observaron, para no dar lugar a la suspensión del impuesto, fue que no se mostraron números para evaluar si el gravamen resultaba confiscatorio.

El caso que analiza la Corte es el de María Isabel García, quien tuvo una sentencia a su favor firmada por los jueces de la Cámara Federal de Paraná. Esa cámara dictó su primer fallo contra el impuesto en 2015, en la demanda de Jorge Antonio Cuesta. En ambos casos son jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y los juicios son contra la AFIP.

Es diferente la causa promovida por Leonardo Calderale, que también llegó a la Corte y que tuvo un fallo contrario a la imposición, dictado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social: en este caso se demandó a la Anses, que es agente de retención, como una empresa lo es con sus empleados. “Eso afecta el derecho del Estado a defenderse”, entiende la abogada Elsa Rodríguez Romero, quien también analiza que, en el supuesto de que la demandante ya no estuviera afectada por el impuesto (cuando se inició la demanda regía otro sistema de base imponible), el caso que analiza la Corte resultaría abstracto, a menos que se haya pedido la devolución de lo antes descontado. Los fallos de Paraná, en rigor, disponen el reintegro de lo retenido desde el inicio del juicio.

Entre los argumentos para pedir la inconstitucionalidad de aplicar el tributo está la afirmación de que una jubilación no es ganancia, sino un débito que la sociedad tiene con los mayores en función de lo aportado por ellos en la vida activa, y que se trata de un pago con carácter alimentario. “Es un beneficio de la seguridad social y otras prestaciones de este tipo, como la asignación familiar, están fuera del impuesto”, dice el tributarista Daniel Pérez, especializado en el tema.

Desde la AFIP, los argumentos de defensa al cobro del tributo expresados en diferentes causas se refieren, por un lado, a que es el Poder Legislativo el que define los tributos y sus alcances y que, salvo que se prueben daños confiscatorios, se trata de decisiones políticas que no deben ser revisadas por el Poder Judicial. Por otro lado, se refuta el argumento de que existe una doble imposición, al decir que los cobros del salario y la jubilación son en momentos diferentes, por distintos conceptos, y que cuando se hacen aportes previsionales durante la vida laboral, esos montos contribuidos quedan al margen del tributo (efectivamente, se restan del ingreso imponible).

“Si bien entre los aportes y el monto jubilatorio no hay una relación directamente proporcional, es ese esfuerzo contributivo el que la jurisprudencia admite como fundamento para reconocer mejores beneficios”, afirma Tróccoli, respecto de la justificación del vínculo entre la exclusión de los aportes del monto sujeto al impuesto en la vida activa y el posterior gravamen sobre las prestaciones pasivas. El abogado considera que el tema que se debe analizar es, en rigor, cuánto se paga de Ganancias, sobre todo tras distorsiones sufridas por el esquema en años anteriores.

Además de descontarse de los haberes mensuales, el tributo se resta de lo que se cobra en concepto de retroactivo al ganar un juicio. Según la Anses, eso es así porque la ley dispone la gravabilidad del ingreso jubilatorio y esos montos no hacen más que reconocer reajustes. Sin embargo, en la Justicia de segunda instancia se declara, en líneas generales, que son cobros libres del impuesto.

Otras causas en juego

La novedad más reciente de la Corte en materia previsional fue la del fallo referido a Lucio Blanco, de diciembre pasado. En esa causa, el Gobierno buscaba que la Justicia cambiara su criterio sobre el índice a usar para actualizar los salarios toda vez que, por una orden judicial, se tiene que recalcular un haber de inicio. La fórmula para calcular jubilaciones incluye el promedio de las últimas 120 remuneraciones cobradas antes del retiro.

Lo decidido por los jueces no cambió las cosas; antes ya se disponía el uso del ratificado Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), y el Gobierno no logró que se adoptara la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que en la mayoría de los casos define un reajuste menor. Ahora, la Anses va recibiendo las notificaciones de sentencias por causas similares (la Corte tenía 11.000 expedientes). Resuelto el tema, se destraba la emisión de sentencias y se dejan de apelar las de instancia inferior a la Corte. Esa celeridad podría chocar luego con la restricciones presupuestarias y derivar en una mayor acumulación de sentencias a la espera de liquidación.

El tribunal supremo tiene otras cuestiones pendientes de resolver

Una se refiere a la ley de movilidad previsional vigente desde 2018: las salas I y III de la Cámara de la Seguridad Social cuestionaron que la fórmula nueva se haya usado para calcular la recomposición correspondiente a marzo del año pasado. Según los jueces, hubo una aplicación retroactiva de la ley (algo indebido), cuando en ese período debió haberse usado la fórmula antes vigente, que fijaba subas semestrales y que, en la práctica, definía un alza de alrededor de 14,5% para el mes que es eje de la controversia, en lugar de las subas de 5,71% y 5,69% de marzo y junio.

Un segundo tema se refiere a la causa de Gabriel Hartmann, un jubilado para el cual los jueces de la Sala II determinaron que la Anses debe garantizar una jubilación que equivalga a no menos de 70% del promedio de sus últimos 120 salarios.

Otras cuestiones que en los últimos años tuvieron sentencias de la Corte están referidas a las rentas vitalicias provenientes del sistema de capitalización, eliminado hace diez años. Los rentistas (que son una parte de quienes se habían jubilado o pensionado en el sistema que gestionaban las administradoras de fondos) no fueron amparados por la reforma legal de 2008, a tal punto que se ven obligados a litigar para que se les reconozcan, según lo ya dispuesto por el tribunal supremo, las garantías del haber mínimo y la movilidad.

Fecha: 26/03/2019

Basavilbaso tras el fallo de la Corte a favor de los jubilados: “Vamos a pagar”

El titular de ANSES habló se refirió a la decisión del máximo tribunal, y sostuvo: “El Gobierno anterior apelaba y los juicios se acumulaban”

El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Emilio Basalvibaso, se refirió este miércoles al fallo de la Corte Suprema emitido el martes, y el cual beneficiará a 150.000 jubilados. “Vamos a pagar lo que corresponde”, señaló.  “Tenemos que terminar de evaluar los impactos. Queremos resolver el problema de los juicios a los jubilados y vamos a pagar lo que corresponde”, manifestó el funcionario en declaraciones al periodista Marcelo Longobardi para el programa Cada Mañana, emitido por radio Mitre.

“Ni el fallo ni nadie se va a interponer en el cuidado que venimos haciendo nosotros de los jubilados y vamos a pagar lo que corresponde y vamos a seguir solucionando estos juicios”, aseguró al tiempo que aclaró que lo que el Máximo Tribunal “está fallando es sobre el período del 2002 y el 2009, es decir, son juicios heredados de la gestión anterior de Gobierno”.

En ese marco, sostuvo: “El Gobierno anterior apelaba, los juicios se acumulaban y nosotros lo empezamos a solucionar con la Reparación Histórica”. También expresó que el fallo de la Corte no afecta ese beneficio. “Nos cansamos de escuchar que la caja de la ANSES se usa para cualquier cosa menos para los jubilados y eso ya no se escucha más. Queremos hacer un sistema más justo”, agregó Basavilbaso.

Al conocerse la noticia del fallo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que el costo fiscal anual rondaría los $700 millones. Sin embargo, Basavilbaso optó por ser más cauto y evitó dar un número. “Todo va a depender de múltiples factores. Hay unos 10 mil juicios en la corte. Hay que esperar, hay que ver cómo va a ser el impacto. Todo va a depender de cuántos expedientes nos envíe la Justicia”, sentenció.

“Hoy en día nadie discute que la plata de la ANSES es para los jubilados. Cuando necesitemos la plata recurriremos a las ganancias que produce el Fondo (de Garantías de Sustentabilidad) para pagar estas mayores jubilaciones que estaban pendientes desde hace muchos años”, concluyó.

El fallo. La Corte Suprema resolvió que para el cobro retroactivo de haberes jubilatorios se debe aplicar un índice de cálculo que arroja resultados superiores a los que emplea actualmente la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y declaró inconstitucional el que utiliza el organismo para actualizar las jubilaciones. Además estableció que, hasta que el Congreso dicte la ley, la actualización se hará por el índice salarial de la construcción ISBIC, ratificando en tal sentido lo que había resuelto el fuero federal de la Seguridad Social.

Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte hizo lugar a la demanda de Lucio Orlando Blanco, quien se jubiló en 2003 y reclamaba la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la Ley de Reparación Histórica.

Fecha: 19/12/2018

Fuente www.perfil.com

La Corte falló contra el cálculo del ANSeS para el cobro retroactivo de haberes

La Corte Suprema de Justicia resolvió que para el cobro retroactivo de haberes se debe aplicar un índice de calculo que aumenta aumentos superiores a los que actualmente abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En un nuevo traspié judicial para el gobierno, la Corte Suprema de Justicia avaló por 4 a 1 un índice para actualizar los haberes jubilatorios en los casos que están judicializados distinto del que plantea la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). La fórmula es más benéficos para el  litigante que la que proponía el Estado.

El Máximo tribunal se inclinó a favor de apoyar el reclamo de un trabajador retirado que pide la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada Reparación Histórica para ajustar el monto que debe cobrar mensualmente.

La Corte decidió hoy que para calcular los aumentos de los haberes jubilatorias de los casos judicializados se debe utilizar el índice de Salarios Básicos de la Industria y de la Construcción (ISBIC) y no el indicador de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En la gran mayoría de los casos arroja un porcentaje de suba superior.

La causa que llegó hasta la Corte Suprema se inició a partir del reclamo de Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en el 2003 y comenzó una disputa legal con el Estado por la actualización de sus haberes.

Blanco gano aquel juicio, pero ahora se discute qué índice deberá aplicar el Gobierno para hacer efectivo el pago de los incrementos.

La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social falló a favor de Blanco y ordenó que se utilizara el sistema ISBIC, pero la ANSES apeló esa decisión y advirtió que estaba en riesgo la sustentabilidad del organismo previsional.

Los camaristas, en tanto, consideraron que usar el RIPTE para este tipo de casos “vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido” del jubilado, que ese índice comenzó a funcionar mucho después de que se iniciara la denuncia y no se podría implementar de manera retroactiva.

Si bien la Corte emite un fallo sobre este caso particular, el texto sentará un precedente del que se podrán acoger otros 150 mil jubilados que están en una situación similar, en instancias inferiores, en el furo Federal y de la Seguridad Social en todo el país.

El expediente de Blanco llegó a la Corte ante el recurso presentado por parte de la ANSES contra el fallo de segunda instancia que favoreció el reclamo que Blanco inició hace más de una década.

Dictada la sentencia que condena al pago del retroactivo, ANSES expuso argumentos para que se efectuara por el índice RIPTE.

Fecha: 18/12/2018

Que puede traer el nuevo fallo de la Corte

¿Cómo podria quedar el nuevo cálculo para actualizar las jubilaciones?

Este martes 18 de diciembre, el Gobierno Argentino podría enfrentarse a un fallo de la Corte Suprema que iría en contra de sus expectativas. El tribunal va a decidir un cambio en el índice salarial que se toma como base para calcular los haberes iniciales de los jubilados. Esto tendría un impacto sobre 11.766 sentencias que llegaron apeladas por ANSES.

Cabe señalar que esta sentencia sentará jurisprudencia sobre decenas de miles de juicios que se encuentran en trámite en otras instancias previas a las sentencias del Poder Judicial.

El tribunal tendrá a su cargo decidir cómo y con qué índices se deben actualizar los salarios que se toman como referencia para calcular los haberes iniciales. La Corte Suprema eligió como caso testigo para expedirse el del juicio de Lucio Orlando Blanco, quien había solicitado que se le aplique el índice anterior conocido como Isbic (Índice de Salarios Básicos en la Industria de la Construcción).

Lo que la Corte Suprema decida en este caso, tendrá impacto inmediato sobre los otros 11.766 jubilados que habían tenido sentencia, por lo que ANSES tendrá que resolver esos expedientes de acuerdo a los parámetros fijados por el Alto Tribunal. Además, sentará jurisprudencia en los otros juicios que están en trámite en otras instancias del poder judicial.

De acuerdo a comentarios de pasillo, la Corte Suprema rechazaría por 3 votos a 2, las apelaciones de ANSES, ratificando el fallo de la Sala II que le otorgó a estos jubilados una actualización superior.

El fallo podría incluir un pedido al Congreso Nacional para que se pronuncie sobre la fórmula de cálculo para Jubilados y Pensionados.

Si bien este fallo afectará a 11.766 casos de manera inmediata, esto no frenará las otras 4.576 apelaciones por otros reajustes, incluidos a los de casos mayores a los de Lucio Orlando Blanco, como por ejemplo la de la Sala III de la Cámara de Seguridad Social que había declarado inconstitucionalidad la aplicación retroactiva de la nueva fórmula de movilidad.

Recordemos que Lucio Blanco se había jubilado en 2003 con un haber inferior al 50%del sueldo promedio. Con el veredicto de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, le corresponde un haber un 31% superior al que le brinda ANSES, con una retroactividad un 50% mayor por acumulación de las diferencias a lo largo de quince años.

Fecha: 17/11/2018

Según la Corte Suprema de Justicia, no hay un porcentaje fijo entre la jubilación y el salario

La Justicia le había otorgado a un jubilado un “piso” del 70%, pero la ANSES apeló y la Corte le dio la razón al organismo previsional

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por la ANSES y estableció que las jubilaciones se determinan en base a distintas variables, sin fijar un piso ni un porcentaje fijo con relación al sueldo que tenía en la actividad, en este caso del 70 por ciento. Así lo decidieron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz Fue la causa “Benoist, Gilberto c/ ANSES s/ Previsional ley 24.463”. Benoist se había desempeñado como jefe en el Banco del Chaco e inició su demanda de reajuste porque entendió que la jubilación que percibía no guardaba la debida relación con los ingresos en actividad.

La Justicia de Resistencia, Chaco, determinó que ante la ausencia en la ley de jubilaciones de un piso jubilatorio en relación al salario, el beneficio no podía ser inferior al 70% del promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años, y “que cualquier guarismo inferior resultaba insuficiente y confiscatorio”. Ese 70% era el que se había fijado en la ley de jubilaciones, para el retiro por invalidez y la pensión por fallecimiento, porcentaje que además existía en la ley anterior, la 18.037.

Además, recordaron que la actual ley de jubilaciones 24241 dice que “las disposiciones de las Leyes 18.037 y 18.038 y sus complementarias, que no se opongan ni sean incompatibles con las de esta ley, continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos en la presente, de acuerdo con las normas que sobre el particular dictará la autoridad de aplicación”. Y que “la omisión de ese porcentaje en la ley de jubilaciones “debía suplirse por similitud con las restantes prestaciones y en base a una exégesis progresiva del derecho”. La ANSES cuestionó la decisión de la Cámara del Chaco porque, sostuvo, que los jueces se habían excedido al fijar ese piso destacando que en la actual ley de jubilaciones, 24.241 vigente desde 1994, la “más importante innovación ha sido la eliminación de la tasa de sustitución salarial, complementada con la prohibición de toda referencia a una relación fija con las remuneraciones”. Al fundamentar su sentencia, la Corte Suprema reiteró su doctrina sobre que “no cabe presumir que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes”. Y fundamentó su decisión en que en la ley 24.241 “no resulta necesaria la existencia de un porcentual para calcular el monto del beneficio” y que el actual régimen jubilatorio “no se basa en una tasa de sustitución expresa y aplicable a todos los beneficiaros” sino que depende de la cantidad de servicios con aportes y del nivel de las remuneraciones. Además, un componente del cálculo de la jubilación inicial – la PBU (Prestación Básica Universal) es una suma fija “independiente de las remuneraciones individuales” lo que lleva a que “los sectores de menores ingresos” puedan alcanzar porcentajes en relación a sus salarios superiores a los porcentajes de quienes percibieron remuneraciones más elevadas.

Fuente: i-Profesional

Fecha: 15/06/2018

La Corte avaló que se calculen las jubilaciones con un tope

Los jueces consideraron que, para estimar los haberes, no puede considerarse una parte del salario sobre la que no se aportó

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Corte Suprema de Justicia declaró, por voto unánime, que es válida la aplicación de topes salariales para el cálculo de los haberes jubilatorios iniciales. Y de esta manera, revirtió lo dispuesto por sentencias en las cuales los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social habían declarado la inconstitucionalidad de la utilización de esos valores máximos y habían ordenado a la Anses hacer un recálculo del ingreso inicial de los demandantes.

En el juicio iniciado por el jubilado Alberto Gualtieri (el litigante del primer expediente en el que se pronunció la Corte, aunque no el único), los jueces de segunda instancia habían señalado en su momento que el límite aplicado en el cálculo del ingreso atentaba contra una “proporción justa y razonable que debe existir entre los ingresos de pasividad y de actividad”. Ese desfase había ocurrido, en gran medida, por una situación particular: la desactualización que sufrió el tope salarial para el cálculo del aporte previsional durante varios años, una situación que sólo se corrigió en 2007, cuando nominalmente -y en tiempos inflacionarios- las remuneraciones ya habían crecido en forma significativa desde el momento en que se había fijado inicialmente esa cifra tope. 

Según lo dispuesto por la ley 24.241, para definir de cuánto será el haber previsional en cada caso, se calcula en primer lugar el promedio de las remuneraciones de los diez últimos años en los que se hicieron aportes. Luego se calcula el 1,5% de ese promedio y se multiplica la cifra resultante por la cantidad de años con contribuciones.

Para hacer la primera cuenta se considera, para cada período, la remuneración sobre la cual se aportó al sistema previsional. El salario sujeto a aportes tiene un tope legal: actualmente, por ejemplo, el descuento del 11% con destino al sistema jubilatorio en el sistema que gestiona la Anses se hace sobre un salario tope de $ 72.289,62 y se actualiza periódicamente según el índice de movilidad. Quien cobra un salario bruto equivalente o superior a esa cifra, siempre aporta un monto fijo: $ 7951,86 (11% de aquella cifra).

En el momento en que se jubiló Gualtieri, su ingreso se vio particularmente afectado porque el tope para aportar se mantuvo congelado en $ 4800 durante casi todo el período que entró en consideración para el cálculo de su haber mensual. Según el fallo, de hecho, se le consideró el lapso de 1998 a 2008. Al subir el valor nominal de los salarios, la falta de actualización de aquella variable provocó, por un lado, que los trabajadores dependientes con ingresos más altos hicieran aportes equivalentes a un porcentaje cada vez menor de sus salarios y, por el otro lado, que al alcanzarse la edad jubilatoria las prestaciones también se alejaran demasiado de los últimos salarios cobrados en actividad. Esto último es lo que provocó reclamos judiciales.

“Permitir que el trabajador que cotizó sólo por una parte de su salario de actividad en virtud del límite contenido en el artículo 9° de la ley 24.241 obtenga una prestación que incluya las sumas por las que no contribuyó al sistema constituiría un verdadero subsidio, contrario a la protección del esfuerzo contributivo realizado por el conjunto de los afiliados”, sostiene en contra de la pretensión del jubilado el fallo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Los jueces observaron, además, que la fijación de un tope para hacer aportes no obligó a Gualtieri a ir inevitablemente a una pérdida de la relación entre lo ganado en actividad y lo percibido como pasivo. ¿Por qué? Porque, según recuerdan, en aquellos años el régimen previsional incluía la opción por la capitalización y, dentro de este sistema, se permitía hacer aportes voluntarios por arriba del porcentaje obligatorio dispuesto por ley. Según la sentencia, el jubilado no ejerció la opción “que le hubiera permitido alcanzar” una tasa de sustitución “razonable”.

Fecha: 26/05/2017