Jubilaciones y Pensiones en Argentina
Blog elaborado por MSC ConsultoresVence el plazo para que los jubilados acepten el plan de reparación histórica
Llega a su fin el plan que buscó que los jubilados desistieran de sus juicios
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
La posibilidad que tienen los jubilados de aceptar la propuesta del plan de reparación histórica llegará a su fin el domingo próximo, al cumplirse tres años de la promulgación de la ley 27.340, que declaró por ese lapso de tiempo el estado de “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, en el cual se enmarcó el programa. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que agregaron que en las próximas horas se conocerá una resolución referida a este vencimiento del plazo, que incluirá aclaraciones sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, se establecerá que para quienes hayan dado su aval a la oferta del Estado pero no tienen aún todo el trámite finalizado, la gestión seguirá su curso y no se invalidará.
De todas formas, quedan varias dudas para algunos jubilados y pensionados, relacionadas con situaciones específicas para las cuales no hubo una respuesta formal, como el caso de las pensiones de viudas o viudos de beneficiarios que en su momento tuvieron una oferta de mejora de las jubilaciones y que no había hecho el trámite para poder cobrar.
También hay casos, según advierten abogados previsionales, en los que se les comunicó a las personas su inclusión en el plan, pero para quienes aún no se publicó cuál es la propuesta de recomposición del haber.
La confirmación del final del plazo para optar es fundamental para los jubilados que demoraron la decisión, por estar esperando la resolución de un juicio en trámite. Según los datos de la Anses, en el universo de 1.353.000 jubilados y pensionados que cobran una mejora en sus haberes por el plan (esa mejora es, en promedio de 38%) hay unos 70.000 que desistieron de su demanda.
El dato oficial, al 15 de este mes, indica que fueron homologados por la Justicia 727.112 acuerdos entre jubilados y la Anses, con lo cual esa es la cantidad de trámites terminados. El total de expedientes tramitados es de 886.480: la diferencia entre ese número y el de acuerdos homologados está en los casos que esperan la firma de un juez, en tanto que la brecha con el número del total de haberes reajustados responde, además de a esos casos, a algunos en los que se pagó el aumento sin exigir la gestión por parte del jubilado (ocurrió con mayores de 90 años y con quienes tienen determinadas enfermedades).
Otros datos del plan indican que 540.000 pasivos dejaron de cobrar el haber mínimo y que 70.000 expresaron su rechazo a la propuesta, para continuar o para iniciar un litigio que, según esperan, les daría un ingreso más elevado que el ofrecido por la reparación histórica (el plan toma los criterios de la Corte pero no utiliza el mismo índice para recalcular los haberes).
Por este programa, propuesto en 2016 por el Poder Ejecutivo y aprobado ese año por el Congreso, el Estado reconoce que en los últimos años se les pagó a muchos jubilados menos de lo que correspondía en función de lo determinado por la Corte Suprema en cuatro fallos.
Los de mayor impacto, por cantidad de personas incluidas en su alcance, son dos. Uno es el fallo de la causa de Adolfo Badaro, de 2007, en el que los jueces supremos declararon que entre 2002 y 2006 los haberes debieron haber subido no menos que la evolución que en esa etapa tuvo un índice salarial (esa variación fue de 88,57%, mientras que algunos haberes solo habían recibido un 11% y recién hacia el final del período).
El otro fallo es de la demanda de Alberto Elliff, de 2009, que ordenó actualizar el valor histórico de los 120 últimos salarios percibidos por quien se jubila (el promedio de esas cifras forma parte de la fórmula del haber inicial y no hacer los debidos ajustes hizo que, por años, las jubilaciones estuvieran mal calculadas desde su otorgamiento)
Los datos de la Cámara Federal de la Seguridad Social indican que, a marzo pasado, había poco más de 218.000 reclamos de reajustes de haberes de jubilados, sumados los que estaban en primera instancia y en las tres salas de apelación. Parte de esos reclamos responden a otros motivos que los que fueron incluidos en el plan de reparación histórica.
Fecha: 19/07/2019
Jubilados: vence el plazo para aceptar la Reparación Histórica
Hay tiempo hasta el 21 de este mes. Cómo hay que hacer para acceder al programa.
Por: Ismael Bermúdez
Para: Diario Clarin
“Recordá que si te quedaste sin suscribir el acuerdo de Reparación Histórica para seguir cobrando, en caso de que ya estés recibiendo tu aumento en forma anticipada, tenés que completar el trámite firmando el acuerdo antes del 21 de julio de 2019″.
Esta comunicación la están recibiendo en estos días los jubilados y pensionados alcanzados por este programa, que comprende a quienes hayan o no iniciado juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016, o estén cobrando a cuenta de dar el visto bueno definitivo. Y se debe a que la ley de Reparación Histórica, aprobada en 2016, fijó un plazo de 3 años para “celebrar acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado”.
Por el programa, por el mal cálculo de los haberes pagados durante varios años, ANSeS reconoce las retroactividades que se calculan, para quienes tienen sentencia firme, con el índice RIPTE (salarios formales), inferior al que determinó la Corte Suprema en los casos Elliff y Bianco.
Para los que están en juicio, se liquidan con ese mismo índice pero no se reconoce la totalidad sino hasta 48 meses de retroactividad. Y para los que no hicieron juicio desde la fecha de ingreso al Programa. En base a esos parámetros, se actualiza el haber corriente.
Una vez que el jubilado acepta el ofrecimiento de la ANSeS, el expediente es enviado a la Justicia para su homologación. A días de su vencimiento, según datos al 1 de julio, la Cámara de la Seguridad Social homologó 863.570 acuerdos, de los cuales solo 46.360 tenían juicio iniciado y desistieron de continuarlo.
Se estima que entre los que aún faltan homologar y los recientes adherentes, el programa podría alcanzar a más de un millón de jubilados.
Para saber si le corresponde la Reparación Histórica y el ofrecimiento de ANSeS, se puede consultar en www.anses.gob.ar, Mi ANSeS, Reparación Histórica, con clave de Seguridad Social.
El bajo número de adherentes con juicio se debe a las diferencias entre lo que corresponde según las sentencias judiciales y la oferta de la ANSeS. Se estima que hay 330.000 juicios en curso, mientras la ANSeS está pagando unas 35.000 sentencias por año.
Por su parte, hay una reducción del número de demandas nuevas –del 50%– porque los que aceptaron la Reparación Histórica desistieron de iniciar juicio, por el paso del tiempo (fallecimientos) y porque la movilidad vigente desde 2009, aprobada por el Congreso, eliminó una altísima fuente de litigiosidad.
No obstante, subsisten otras causas que activan los juicios, como por el impuesto a las Ganancias, la modificación de la ley de movilidad sancionada a fines de 2017 porque fue aplicada en forma retroactiva, la mala liquidación de las propias sentencias firmes que lleva al inicio de nuevos reclamos.
Fecha: 10/07/2019
Quiénes y cómo pueden jubilarse por moratoria
Las mujeres que tengan 60 años o que cumplan esa edad hasta julio de 2022 tienen la posibilidad de adherir a un plan para regularizar aportes; cuáles son las condiciones y qué pasa con los varones
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Las mujeres que tengan ahora 60 años o que cumplan esa edad hasta el 23 de julio de 2022 podrán acceder a una jubilación por moratoria, aunque no tendrán la posibilidad de incluir, en la deuda que le declaren al fisco, los 30 años de aportes requeridos para acceder al beneficio. Eso implica que se debe tener una determinada cantidad de contribuciones pagadas por fuera de la moratoria (la cantidad exacta dependerá del momento en que se cumpla la edad jubilatoria). A continuación, las principales características del plan vigente.
-¿Qué mujeres pueden acceder a una jubilación por moratoria?
-La posibilidad está vigente para las mujeres que ya hayan cumplido 60 años o que los cumplan hasta el 23 de julio de 2022. Esto último es por efecto de la reciente resolución 158 de la Anses, que extendió por tres años un plazo dispuesto por la ley 27.260. Esa normativa había establecido que podrían adherir las mujeres que cumplieran la edad jubilatoria hasta el 23 de julio de este año, y había facultado al Gobierno a extender ese tope temporal. ¿Por qué esa fecha específica de julio? Porque desde ese día de 2016 rige la ley mencionada.
-¿En qué consiste la moratoria y cómo surgió la modalidad?
-En la práctica, se trata de declarar deudas por aportes jubilatorios, para luego saldarlas usando un plan que tiene condiciones especiales y un subsidio estatal implícito, y mediante cuotas que se descuentan de los haberes. La modalidad surgió en 2006, a partir de la reglamentación de una ley de 1993 que previó un bajo costo para el pago de esas obligaciones. En aquella versión solo podían declararse aportes hasta septiembre de 1993. Luego hubo otras leyes, como la 26.970, a la cual se refiere la reciente prórroga, que permite incluir aportes hasta el 31 de diciembre de 2003. Mientras que para las mujeres esta opción rige según las condiciones de edad ya descriptas, los varones solo pueden acceder si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016.
-¿Puede ingresarse en la moratoria por la totalidad de los aportes requeridos por ley para la jubilación, es decir, por 30 años?
-Las mujeres que cumplieron hace poco sus 60 años o que los cumplirán hasta el 23 de julio de 2022 no tienen esa posibilidad. Esto es porque los aportes declarados en la moratoria solo pueden ser previos a 2004. Y debe tenerse en cuenta que la persona debía tener al menos 18 años a la fecha de inicio del período considerado. Por ejemplo, una mujer que llegará a sus 60 años el 1° de agosto de este año nació en 1959 y puede declarar aportes desde 1977 (desde que cumplió 18 años). Desde agosto de 1977 hasta diciembre de 2003 hay 26 años y cinco meses, que es lo que podrá ingresar a la moratoria. El período restante para llegar a los 30 años es de tres años y siete meses: por ese lapso deberá haber aportes posteriores a 2003. Otro ejemplo: si se cumplen 60 años en los primeros días de 2021 se podrían declarar aportes impagos desde enero de 1979, con el límite de diciembre de 2003; es decir, por 25 años. Y la persona tendrá que tener, para poder jubilarse apenas cumplida la edad, 5 años contribuidos por fuera de la moratoria. Esto ya funciona así en los últimos años: a mayor paso del tiempo, mayor necesidad de contribuciones extra moratoria.
-¿Qué condiciones hay que cumplir para acceder a un plan?
-Cuando surgieron, las moratorias se daban sin más requisito que la edad. Desde hace unos años rige la condición de pasar una evaluación socioeconómica. Los parámetros que rigen hoy para determinar si alguien califica o no son los siguientes: 1) en el año previo a la evaluación no se deben haber recibido ingresos brutos por un valor superior a los $645.948 (ese monto es el ingreso familiar tope para cobrar asignación por hijo en el caso de asalariados formales); 2) no debe tenerse un patrimonio que supere los $2.583.792 (cuatro veces el límite de ingreso anual), considerando la manera de valuar los activos que rige para el impuesto a los bienes personales; 3) si se tiene un vehículo, su valor no puede superar los $968.922; 4) los gastos y consumos con tarjetas de crédito y/o débito no deben ser mayores a $839.732,40 en el año previo. Y se fijó la incompatibilidad de la moratoria con la tenencia de aviones o de embarcaciones con más de 9 metros de eslora.
-¿Cómo es el plan de pagos?
-Al hacer una declaración de aportes impagos se genera una deuda con el fisco, que puede saldarse en hasta 60 cuotas. La primera se paga al contado y el resto se descuenta de los haberes mensuales. Según un ejemplo dado por la Anses, si se regularizan 26 años a un plazo de 5 años, la cuota mensual inicial sería de $656,67. En la hipótesis de recurrirse a un plan regular de facilidades de pago de la AFIP (el dispuesto por la resolución 4477 de este año) y siempre según la fuente oficial, la primera cuota por la deuda de 26 años resultaría imposible (de $106.217,15). Y si la persona necesitara y pudiera regularizar cuatro años de aportes posteriores a 2003 (para completar de esta forma los 30 años) y solicitara ese plan de la AFIP, tendría una cuota inicial de $3938,84 para saldar (con intereses) la obligación en un plazo de 60 meses.
-¿La cuota de la moratoria se actualiza?
-Sí, con frecuencia trimestral y en el mismo porcentaje que suben las jubilaciones y pensiones por el régimen de movilidad previsional.
-¿Cuántos jubilados y pensionados hay por moratoria?
-A diciembre del año 2015, según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, había 3.377.144 jubilaciones y pensiones otorgadas por moratoria. Entre enero de 2016 y junio de 2019 se dieron otros 653.290 beneficios, según datos de la Anses. Así, fueron por lo menos 4.030.434 las prestaciones otorgadas por esta modalidad.
-¿Qué pasa con los varones?
-Hoy pueden acceder a una moratoria si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016. A partir del mes siguiente a esa fecha la Anses comenzó a otorgar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada por ley, con el único requisito de tener 65 años de edad, tanto para varones como para mujeres (con el tiempo, se dispusieron restricciones al acceso). Se trata de un ingreso mensual equivalente al 80% del haber mínimo. Para el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, la meta es que por “un proceso natural” la moratoria sea reemplazada por la PUAM, que implica una “inversión social sin estresar más al sistema contributivo”. Según el funcionario, que esta pensión sea más baja que el haber mínimo es algo que se decidió “para mantener los incentivos al trabajo formal”.
Prestaciones sin aportes
Moratoria: 4 millones. Son las jubilaciones y pensiones que, como mínimo, se otorgaron desde 2006 por los planes de pagos
Pensión Universal para los Adultos Mayores: 137.204. Son las personas que accedieron a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor); actualmente tiene un valor $9222,75
Prorrogan un plan para que las mujeres se jubilen sin haber hecho todos los aportes
Para acceder a la prestación se debe pasar una evaluación socio económica
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Las mujeres que cumplan 60 años hasta el 23 de julio de 2022 podrán obtener un beneficio jubilatorio por el sistema de moratoria previsional. Es decir: podrán pedir y obtener la prestación aunque no hayan acumulado los aportes requeridos por el sistema, y pagar la deuda asumida con el fisco mediante el descuento de cuotas de sus haberes mensuales.
La medida estará aclarada en una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que prorroga esa posibilidad, hoy vigente pero para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria hasta el 23 de julio de este año, según dispuso un decreto reglamentario de la ley 27.260, votada en 2016.
En línea con lo que permite la propia normativa aprobada por el Congreso, el plazo se extenderá por tres años más, tal como lo anunció la Anses. El plan, sin embargo, no es de acceso irrestricto. Al recibir una solicitud, la Anses hace una evaluación socioeconómica, en función de determinados parámetros que fueron establecidos por una resolución: si la situación de la persona no se enmarca en las condiciones previstas -relacionadas con ingresos, patrimonio, gastos y consumos- la prestación no se otorga.
La Anses detalló que podrá adherirse al plan declarando deudas por períodos “comprendidos entre los 18 años de edad de la titular y el 31 de diciembre de 2003”. Con esa condición, una mujer que cumpla 60 años el 1° de agosto próximo, por ejemplo, deberá tener por lo menos tres años y siete meses de aportes hechos en forma posterior a 2003, si busca jubilarse por moratoria. Sería así porque, en ese caso, los 18 años de edad se cumplieron en 1977 y desde ese momento hasta diciembre de 2003 pasaron 26 años y cinco meses, en tanto que se requieren 30 años de aportes para acceder a la jubilación.
Las prestaciones por moratoria surgieron en 2006, a partir de la reglamentación de una ley de 1995, que permitió declarar deudas por aportes no abonados de períodos hasta septiembre de 1993, aun cuando la persona ni siquiera había estado inscripta en el sistema de seguridad social. En 2014 surgió otro capítulo de este régimen, que permite incluir deudas por aportes no hechos hasta diciembre de 2003. Este es el plan que se prorrogará.
La moratoria prevé planes de pago de hasta 60 cuotas, cuyo monto se va actualizando trimestralmente, según el índice de movilidad de los haberes. Para los varones, en tanto, ya no está vigente la posibilidad de acceder a una jubilación de esta manera, salvo que hayan cumplido 65 años antes de septiembre de 2016. De no ser así, al cumplir 65 años pueden acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un ingreso mensual que equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo. Hoy, ese pago es de $9222,75.
Rentas vitalicias: jubilados que cobran menos que el haber mínimo, la otra cara de los reclamos tras el fin de las AFJP
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Desde hace más de una década hay un grupo de jubilados y pensionados que aportaron en su momento al sistema previsional (aportaron ellos o las personas fallecidas por las que se generó el derecho al ingreso) y que, sin embargo, cobran un ingreso mensual inferior al haber mínimo (en muchos casos, muy inferior) y no reciben los aumentos por movilidad que se les da a la generalidad de los beneficiarios del régimen nacional.
Se trata de quienes perciben una Renta Vitalicia Previsional (RVP) -una de las modalidades que había previsto el eliminado sistema de capitalización para el cobro de prestaciones- y no obtuvieron una sentencia judicial para que se les reconozcan sus derechos en particular. La Corte Suprema, de hecho, ya estableció que se les debe pagar a esas personas respetando la garantía de ingreso mínimo (eso fue dicho en la causa “Etchart” de octubre de 2015) y con ajustes por movilidad general (fallo de la causa “Deprati”, de febrero de 2016). Para lograr que eso se cumpla, cada uno debe ganar su litigio.
Estas personas son la otra cara de los reclamos que recibe el Estado a partir de la reforma de la ley previsional de 2008, propuesta por el entonces director de la Anses, Amado Boudou en el gobierno de Cristina Kirchner, y aprobada por el Congreso aceleradamente y sin análisis de lo que significaría en varios aspectos.
En los últimos días tomaron visibilidad las demandas hechas ante el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial) por los accionistas de dos de las empresas que en su momento fueron administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP): Orígenes, que había sido comprada por la aseguradora holandesa ING, y Met (de Metropolitan Life) que se había lanzado al mercado años después del inicio del régimen de capitalización.
La ley 26.425 incluyó disposiciones sobre la compensación que se daría a los dueños de las administradoras. Sin embargo, esa letra de la normativa nunca se cumplió y, por eso, varias compañías iniciaron años atrás demandas en la justicia local.
Tampoco se dio cumplimiento a lo que la ley dispuso con respecto a cómo serían reconocidos, a favor del bolsillo de los exafiliados, los aportes hechos en forma voluntaria. Sobre este punto, la Corte ordenó en un fallo de 2014 que, al no haberse puesto en práctica el mecanismo aprobado a propuesta del propio gobierno de entonces, debía concretarse una devolución directa de los ahorros.
Dejados al margen
En el caso de quienes cobran rentas vitalicias, el problema se dio no por incumplimiento de las normas, sino por lo que la propia ley resolvió.
La reforma de 2008 dispuso la eliminación del esquema mixto que había estado vigente desde julio de 1994, en el que convivían un sistema de reparto gestionado por el Estado y uno de capitalización (del que participaban actores privados y el propio Estado, al ser dueño de un par de AFJP). Quienes estaban en esta segunda alternativa, derivaban sus aportes personales a una cuenta individual, en tanto que las contribuciones patronales iban a la gestión estatal.
Con el final del régimen, se traspasaron de capitalización a reparto no solo los saldos de las cuentas de ahorro de los afiliados (que hoy integran un fondo de garantía) y los aportes corrientes, sino también las prestaciones de quienes estaban cobrando por una de las modalidades vigentes: la de un retiro mensual de fondos que seguían bajo gestión de una AFJP.
Pero existía otra modalidad: la de cobrar una renta vitalicia previsional contratada en una compañía de seguros. La reforma resolvió que las personas que estaban en este sistema siguieran sin cambios, es decir que el Estado no asumió compromisos ni les exigió nada a las aseguradoras.
Los afectados son quienes cobran una renta en forma pura, es decir, quienes no tienen ninguna parte de su ingreso que dependa del Estado (esto último ocurre cuando el aportante había contribuido en algún momento al sistema de reparto de entonces o, incluso, al régimen anterior a 1994). Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, en diciembre (último dato disponible) había casi 120.400 rentistas. De ellos y de acuerdo con datos de la Anses, alrededor de la mitad percibe un ingreso mensual inferior al haber mínimo.
El monto de las rentas no se mantiene congelado, pero sube a ritmo bajo y según una tasa definida todos los meses por la citada superintendencia. Por ejemplo, en los últimos doce meses para los que hay datos (abril de 2018 a marzo de 2019) esa tasa fue, en promedio, de 2,2% mensual, con un acumulado de 26,4%. En ese período anual, la inflación fue el doble (54,7%) y los jubilados y pensionados de la Anses recibieron una recomposición nominal de 35,9%.
Pero, además, a la tasa mensual se le descuenta un 0,33%, porque según disponía la normativa, cuando el saldo acumulado en una AFJP era transferido a la compañía de seguros de retiro para que desde allí se hiciera luego el pago de la renta vitalicia, se le sumaba una cifra equivalente a tener un 4% anual de rentabilidad. Y ese agregado es considerado un anticipo, que luego es descontado de la actualización mensual.
En la causa “Deprati”, analizada por la Corte para disponer la aplicación de la movilidad general, se calculó que entre febrero de 2008 y agosto de 2015 el ingreso en cuestión había recibido una recomposición de apenas 87%, mientras que en igual lapso las jubilaciones generales habían subido 495,4%.
A muchos, mes a mes, los sigue afectando con fuerza esa brecha.
Fecha: 10/06/2019
Aumento Jubilaciones Marzo 2019 – Resolución Sec. Seg. Soc. 4/2019
Resolución ANSeS 139/2019
Publicado en el B.O. : 28/05/2019
Resumen:
Se determína que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de JUNIO de 2019, es de DIEZ CON SETENTA Y CUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (10,74 %) por el período junio/2019 a agosto/2019 inclusive. Conforme la fórmula dispuesta en la Ley N° 27.426, la cual se determina en un setenta por ciento (70%) por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de JUNIO de 2019, será de $ 11.528,44.
El haber máximo vigente a partir del mes de JUNIO de 2019 será de $ 84.459,47.
La Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del mes de JUNIO de 2019, es de $ 5.446,47.
Las bases imponibles mínima y la máxima, queda establecida en $ 4.009,94 y en $ 130.321,52 respectivamente, a partir del período devengado JUNIO de 2019.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será a partir del mes de JUNIO de 2019 de $ 9.222,75.
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Cómo serán los próximos aumentos de jubilaciones
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Los haberes jubilatorios del mes próximo llegarán con una recomposición de 10,74%. De esta manera, el ingreso mínimo del sistema nacional que gestiona la Anses será de $11.528,44, de acuerdo al anuncio hecho días atrás por el organismo. En septiembre, según lo que es posible calcular dada la disponibilidad de los datos que intervienen en la fórmula, habrá una mejora de casi 12,3% (índice aún no oficial), con lo cual el haber básico pasará a superar levemente los $12.940 (los datos precisos dependerán de cómo se haga el redondeo de los números).
De esta manera, las jubilaciones, las pensiones contributivas y no contributivas y los montos del salario familiar tendrán al mes de junio una suba nominal acumulada de 23,84% y, a septiembre, un incremento de 39% respecto del inicio del año.
Según el dato más reciente difundido por el Indec, la inflación fue de 55,8% en el período de abril de 2018 a igual mes de este año. En ese lapso, los haberes y otras prestaciones alcanzadas por la movilidad aumentaron 35,9%. Esto significa que hubo una pérdida de poder adquisitivo de 13%, porque dado ese nivel de inflación, con $135,9 puede comprarse ahora el 87% de los bienes y servicios que podían adquirirse un año atrás con $100. Mientras que el año pasado hubo, de punta a punta, una caída significativa del poder de compra (los ingresos previsionales subieron 28,47% y la inflación fue de 47,6%), en el primer trimestre de este año el aumento del nivel general de precios empató con el alza de ingresos determinado para marzo (11,83%).
A partir del año pasado, los haberes se actualizan según una fórmula que implica sumar el 70% de la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% de la evolución de la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Los datos se toman con un rezago de seis meses. Por ejemplo, para definir el ajuste de septiembre, se considera lo ocurrido entre enero y marzo. Eso provoca que en un escenario de inflación en alza se produzcan pérdidas de poder adquisitivo, ya que el valor de suba del IPC de referencia para calcular el índice será más bajo que el correspondiente al período más próximo a la aplicación misma del aumento.
Por el incremento ya oficializado de junio, el haber máximo será de $84.459, en tanto que en septiembre se elevará a alrededor de $94.830. La Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, subirá a $9222,75 y a $10.355 en cada uno de esos meses.
Según evaluó el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, “la fórmula actual contempla la inflación, algo que antes no pasaba, y es una fórmula transparente, porque sabemos cómo está compuesta y todos podemos hacer el cálculo”.
El funcionario admitió que la fórmula “se diseñó con una inflación a la baja y sabemos que la inflación del año pasado fue superior a la esperada”. Y agregó: “Eso alteró los pronósticos e hizo más difícil para todos el día a día, especialmente para los que más ayuda necesitan, por lo cual acompañamos de distintas maneras a cada uno”. Se mostró, además, confiado en que habrá crecimiento y recuperación del poder adquisitivo.
Fecha: 28/05/2019
Las jubilaciones subirán en septiembre: a cuánto llegarán y cuál será el haber mínimo
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Con un aumento nominal de casi 12,3%, el haber mínimo jubilatorio a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se elevará a aproximadamente $12.940 en septiembre próximo. La suba alcanzará a la totalidad de las prestaciones previsionales del sistema nacional -tal como dispone la ley de movilidad- y se sumará a la que se aplicará a partir de junio. En ese mes, los montos subirán un 10,74%, con lo cual la jubilación mínima será, entre el sexto y el octavo mes del año, de $11.528,44.
La recomposición por movilidad alcanzará también a las prestaciones no contributivas y al salario familiar que cobran los trabajadores formales. Entre marzo de este año y febrero de 2020, en cambio, no se prevén actualizaciones trimestrales para la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que el Gobierno anticipó las subas correspondientes a ese periodo en el caso de esa prestación en particular, al dar un aumento nominal de 46% a partir del tercer mes de este año.
A partir de junio, el haber máximo mensual será de $84.459 y desde septiembre, de alrededor de $94.830. La Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, se elevará a $9.222,75 y a $10.355 en cada uno de esos meses, respectivamente. En el caso del pago por hijo, el monto subirá en junio a $2250 y en septiembre a $2526 en el caso de las familias ubicadas en el tramo de ingresos más bajos alcanzados por el sistema.
Los nuevos valores que estarán vigentes desde el mes próximo fueron confirmados días atrás por la Anses. Los datos de septiembre, en cambio, aún no son oficiales,y surgen de aplicar la fórmula de movilidad establecida por ley. El cálculo contempla parte de la evolución de los precios minoristas y de los salarios formales de la economía. Para determinar la suba de septiembre, por ejemplo, se considera lo ocurrido con esas dos variables en el trimestre de enero a marzo. Concretamente, se toma en cuenta el 70% de la evolución trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, y el 30% de la variación que en igual período registró la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). En el primer trimestre del año, esos indicadores tuvieron una suba acumulada de 11,83% y de 13,33%, respectivamente.
Con las subas nominales de marzo y junio, las jubilaciones y las otras prestaciones alcanzadas tuvieron una mejora acumulada de 23,8%, en tanto que si se agrega la de septiembre, ese índice acumulado llega a 39%.
Fecha: 26/05/2019
La Corte Suprema declaró en otros once casos la inconstitucionalidad del cobro de Ganancias a jubilados
Son procesos que habían sido iniciados ante el máximo tribunal por personas que tienen una edad avanzada y padecen problemas de salud
En el acuerdo de este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en una serie de causas en las que se discutía la constitucionalidad del Impuesto a las Ganancias aplicado sobre el haber jubilatorio, sentenciándolas por remisión a lo ya resuelto, el 26 de marzo pasado, en el precedente FPA 7789/2015/CS1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1 – “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.
Se trata de una sentencia que contiene el voto de la mayoría, integrado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz.
Estos pleitos habían sido iniciados por personas jubiladas que, a la fecha, tienen una edad avanzada y/o padecen problemas de salud.
En el citado precedente “García, María Isabel”, el voto mayoritario declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (arts. 23, inc. c; 79, inc. c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430), al revisar la situación de una jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.
La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el caso debía resolverse sobre la base de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la actora, y teniendo en cuenta que la reforma constitucional de 1994 había garantizado “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23).
El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. Por ende, el legislador debe dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos sin que el sistema tributario pueda quedar apartado del resto del ordenamiento jurídico.
Consideró que la mera utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados no era suficiente al no tener en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación de notoria e injusta desventaja.
Concluyó en que el texto actual de la ley es insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional, motivo por el cual no puede retenerse ninguna suma por Impuesto a las Ganancias de los haberes jubilatorios de los demandantes hasta tanto el Congreso Nacional dicte una ley que revea la situación de las jubilaciones ante este impuesto, debiendo reintegrarse a los actores los montos retenidos desde la interposición del reclamo.
En su disidencia, el juez Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de las actoras. Tomó en cuenta la reforma de la ley 27.346 que introdujo modificaciones en el gravamen, contemplando una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.
Sostuvo que las jubilaciones son renta gravada (art. 79 de la ley de impuesto), y que el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles, y ponderar los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determinar, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.
Expresó allí que el cobro del gravamen a los jubilados no supone una doble imposición, ya que los aportes previsionales son deducibles del impuesto durante la actividad laboral, y que el gravamen no es violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional, puesto que la “integralidad” de la seguridad social que allí se garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.
Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: iProfesional
Fecha: 10/05/2019
Limitarán el acceso a la Prestación para Adultos Mayores (PUAM) según nivel de ingresos y patrimonio
Una nueva reglamentación pondrá más límites para acceder a una prestación mensual por edad
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
El Gobierno restringirá el acceso a una prestación prevista para quienes llegan a los 65 años de edad y no cumplen con el requisito de haber acumulado 30 años de aportes para acceder a la jubilación. A partir de ahora, para poder cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), habrá que cumplir con tres requisitos vinculados al nivel de ingresos (no se podrá haber percibido, en promedio, más de $53.828 mensuales en el año previo a solicitar el beneficio), el patrimonio y los consumos. De esta manera, si bien originalmente la prestación fue creada con un criterio de acceso casi irrestricto (no había más condición que tener 65 años cumplidos y no pedir la jubilación regular durante el tiempo de cobro de la PUAM) ahora se busca que solo alcance a una parte de la población, considerada vulnerable, estableciendo por tanto pautas de evaluación referidas al nivel socio económico.
La PUAM es una prestación equivalente al 80% del haber mínimo (en la actualidad equivale, concretamente, a $8.328 mensuales) que fue creada por ley en el año 2016. El presupuesto aprobado por el Congreso para este año ya había dispuesto una limitación para el acceso: a propuesta del Poder Ejecutivo se estableció que su cobro esincompatible con desarrollar una tarea laboral, ya sea bajo relación de dependencia o en forma autónoma (con la excepción de quienes están en el monotributo social). Antes, en 2018, ya se había limitado la prestación a quienes no tuvieran 30 años de aportes (un condicionamiento inicialmente no previsto).
Ahora, según la normativa reglamentaria de la Anses que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial según pudo conocer LA NACION por fuentes del Gobierno, podrán cobrar la PUAM quienes no hayan tenido, en el año previo al momento de pedir el beneficio, un ingreso bruto promedio mensual de $53.829 o más. Esa cifra tendrá una actualización anual en función de la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte); es, en rigor, el monto que está definido como tope del ingreso que un integrante de un hogar puede tener para que en esa familia se acceda a la asignación por hijo del sistema de la seguridad social.
Otra condición es que el patrimonio de la persona, declarado a los fines de determinar el impuesto a los bienes personales, no podrá superar en cuatro veces el monto anualizado del ingreso tope mencionado en el párrafo anterior. Eso significa que no se podrán tener bienes cuyo valor de declaración supere los $2.583.792. A la par de ese requisito, no se podrán tener vehículos automotores cuyo valor supere los $968.922, ni aviones de ningún tipo, ni embarcaciones que tengan 9 metros o más de eslora.
El tercer condicionamiento está definido por los consumos: los gastos de la persona no podrán superar en más de 30% el ingreso promedio de $53.829 por mes. Actualmente, en términos anualizados, eso equivale a $839.732,40. Y para verificar esta situación habrá cruces de datos con los consumos pagados con tarjetas de crédito y de débito.
Las nuevas disposiciones tienen que ver con que la ley del presupuesto nacional de este año, además de la restricción ya mencionada, estableció que la Anses debe realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales en cada caso, para definir si se otorga o no la prestación social.
Actualmente cobran la PUAM 119.439 personas. En esos beneficios, ya otorgados bajo la vigencia de otras reglas, no habrá modificaciones, según aclararon fuentes del Gobierno.
Fecha: 30/03/2019
