marzo 15, 2018 en 1:30 pm · Filed under Notas Periodísticas and tagged: Mi Seguridad Social, Portal de datos previsionales
Se llamará “Mi Seguridad Social”. Busca transparentar los datos jubilatorios y de obras sociales. Y facilitar información de y hacia los organismos provinciales
Por: Verónica Dalto
Para: Diario El Cronista
En las primeras semanas de abril el Ministerio de Modernización lanzará la plataforma digital “Mi Argentina”, según confirmaron fuentes de esa cartera, donde se incluirá el portal “Mi Seguridad Social”. Se trata de una web que impulsa el Ministerio de Trabajo para que los ciudadanos e instituciones provinciales puedan acceder a su situación en el sistema de seguridad social, riesgos de trabajo, obras sociales y las prestaciones que le corresponden.
En el futuro, se busca que las personas puedan conocer los aportes y años que le restan para jubilarse. Y se evalúa incorporar la historia clínica personal y la posibilidad de emitir de recetas de medicamentos digitales.
Debido a las bases de datos que deberán compartirse entre distintos organismos que incluyen ANSeS, AFIP, Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de Riestos del Trabajo (SRT), se encomendará al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), la canalización de la información integrada en el portal. Hubo temor entre los organismos durante las negociaciones por la sensibilidad de la información que se deberá compartir.
El Sintys, que coordina el intercambio de información entre organismos públicos, está bajo el área de influencia de Jefatura de Gabinete, a través del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales.
En el portal se combina el interés del Gobierno por transparentar la información con el de las administradoras de pensiones provinciales, municipales y de profesionales para acceder a la diversidad de información que tiene el sistema.
Al Gobierno le interesa ponerle luz a la información previsional, de las obras sociales y los seguros por accidentes de trabajo para ejercer un mayor control y encontrar manejos opacos en el uso de los aportes. También ofrecer mayor información al ciudadano.
A los administradores de pensiones del interior les preocupa la dificultad para acceder a los datos de los aportantes, como la carrera del trabajador y evitar tener que pedir el récord de servicios cuando aporta a diferentes cajas. También, resolver la superposición de funciones para liquidar las prestaciones.
La web “Mi Argentina” es una ventanilla única de trámites del Estado, a través del cual las personas podrán acceder a los servicios prestados por el Estado, efectuar trámites, solicitar turnos y acceder a información. Modernización está implementando el sistema a nivel tecnológico a través de la subsecretaría de Gobierno Digital.
En esa ventanilla estará incorporado el portal “Mi Seguridad Social”, que acopiará información de ANSeS, AFIP, SSS, SRT, PAMI, Renatre, IERIC, la caja de jubilaciones de la policía federal.
También incluirá a las instituciones adheridas al Consejo Federal de la Previsión Social y a la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales y a los colegios profesionales.
“Va a ser muy importante para los trabajadores y los jubilados en particular, una herramienta para que cada cual vea su situación en la seguridad social y en las prestaciones que le corresponden”, dijeron fuentes oficiales.
Debido a la pluralidad de regímenes y organismos de la seguridad social a nivel nacional, provincial y municipal, Trabajo busca que las distintas bases de datos puedan operar entre sí para que las prestaciones se otorguen de manera más eficiente y haya un mayor control.
El portal también busca respetar el régimen federal, lo que significa que los regímenes provinciales que compartan información sobre afiliaciones, cotizaciones y liquidaciones de las prestaciones también puedan solicitarla.
Se creará un Comité Federal de Administración del Portal para garantizar el acceso a la información.
Para las personas, que tengan acceso a la información pública personalizada sobre sus aportes al régimen previsional, en relación a su obra social y su aseguradora de riesgo de trabajo. En la plataforma “Mi Argentina” se creará un perfil digital del ciudadano.
Fecha: 15/03/2018
febrero 19, 2018 en 1:07 pm · Filed under Notas Periodísticas and tagged: Cambios Sistema Jubilatorio, Reforma Previsional
Se prevé que esté compuesta por varios sectores, incluidos los gremios, hoy en conflicto con el Gobierno. Diseñará un plan maestro para el nuevo sistema
Por: Verónica Dalto
Para: Diario El Cronista
El Gobierno resolvió posponer un mes la conformación de la comisión de Sustentabilidad, que debe debatir la reforma previsional. Así lo indicaron fuentes oficiales, que resaltaron que ese cuerpo, del cual la administración Macri espera tener el núcleo central de un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, no comenzará su tarea el mes próximo sino que lo haría desde abril.
Es que el costo político que tuvo el cambio de fórmula de movilidad a fines de diciembre último, con protestas y enfrentamientos en las puertas del Congreso, el escándalo que enfrentó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con su casera, y la escalada de los sindicatos de las últimas semanas demoraron el inicio del trabajo de la comisión, hasta que el Gobierno formule su nueva hoja de ruta en el tema previsional.
La comisión fue creada por la ley de Reparación Histórica, que da tiempo hasta 2019 para generar el nuevo proyecto, pero los tiempos son escasos. Es que en el segundo semestre de este año comenzará la campaña electoral, y como se trata de un tema de alta sensibilidad en la población, desde la Casa Rosada se resolvió demorar el arranque de la comisión, y a la vez desdoblar los cambios a través de normativas diferentes.
Plan
En Trabajo, se prevé que de la comisión de Sustentabilidad resulte un “plan maestro” en el que se acuerde hacia dónde llevar al sistema previsional, pero que las modificaciones se realicen “en aproximaciones sucesivas”. De hecho, tras la Reparación Histórica y la creación de la Prestación Universal del Adulto Mayor (PUAM, que garantiza el 80% del haber mínimo para quienes no cuentan con los años de aportes que exige la jubilación), se modificó la movilidad y se permiten las jubilaciones a los 70 años.
Para lo que viene se puede observar las conclusiones que resultaron de la Comisión de Fortalecimiento, que funcionó desde mediados de 2016, bajo el ala de la Secretaría de Seguridad Social de Trabajo. Mostró interés por seguir el modelo español, en particular el Pacto de Toledo (la comisión parlamentaria creada en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos que periódicamente propone recomendaciones para asegurar la sustentabilidad del sistema) y copiar la creación de una institución que permita separar las fuentes de financiación y el pago de las pensiones y tenga poder de policía ante la evasión.
La Secretaría de Seguridad Social también mostró interés en reformar el régimen de autónomos y monotributistas, que reconozca la diversidad de trabajadores independientes y que adecue las cotizaciones a las prestaciones. Y que las cotizaciones se determinen en base a los ingresos reales.
Y sumar dos pilares adicionales a la PUAM. Uno voluntario y contributivo, proporcional a los años de aportes para quienes no lleguen a los 30 previstos por ley. Y otro voluntario, para aquellos trabajadores con capacidad de ahorro. Hoy se encuentran las aseguradoras junto con Finanzas y la Superintendencia de Seguros armando los productos de ahorro y adaptando los correspondientes incentivos fiscales creados en la Reforma Tributaria.
La comisión de Sustentabilidad contaría con la participación de la Secretaría de Seguridad Social, los gremios, las empresas, las cajas previsionales de las provincias que no se transfirieron a la Nación, las cajas profesionales, la ANSeS, la AFIP.
Se entiende que el déficit de ANSeS alcanza un 3% del PBI al considerar los pagos de la Reparación Histórica, debido a la moratoria previsional, las transferencias a las cajas provinciales no transferidas a la nación, las pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo, el régimen de las fuerzas armadas. Pero ese déficit deja al descubierto el debate entre quienes sostienen que el sistema debe mantener ese rojo, financiado con impuestos, para mantener la cobertura previsional. Frente a quienes sostienen que hay que atacar el rojo previsional reduciendo los beneficios.
Fecha: 19/02/2018
febrero 15, 2018 en 1:47 pm · Filed under Notas Periodísticas and tagged: Aumento jubilados y pensionados, Movilidad Marzo 2018, Nueva Ley Jubilatoria
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
El Gobierno oficializó el incremento de las jubilaciones y pensiones gestionadas por la Anses, que será de 5,71% y se aplicará en los haberes del próximo mes. La resolución 2/2018 del Ministerio de Trabajo, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, formaliza así la primera recomposición de haberes jubilatorios derivada de aplicar la fórmula de movilidad que se aprobó por ley a fines de 2017.
El incremento alcanzará a todas las prestaciones del sistema contributivo, con excepción de la gran mayoría quienes obtuvieron una mejora en el mes de enero, ya que entonces se cumplió con otra disposición de la nueva ley: la de garantizar que quienes obtuvieron su jubilación sin recurrir a una moratoria, tengan un ingreso equivalente a no menos que el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Ese grupo de jubilados seguirá percibiendo un monto mensual de $7790 (que es lo que cobran desde el mes pasado, ya que el salario de referencia es de $9500), salvo que, al aplicarse el 5,71% sobre el haber que percibían hasta diciembre, el resultado obtenido sea una cifra mayor.
Para quienes no tienen esa garantía, en cambio, el haber mínimo pasa en marzo de $7246 a $7660, en tanto que el ingreso máximo se eleva de $53.090,2 a $56.121,6.
Cálculo
La ley 27.426, votada en diciembre del año pasado en medio de una fuerte polémica, modificó la fórmula de cálculo de los aumentos periódicos y automáticos de los haberes, que también alcanza a las pensiones no contributivas, la Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el salario familiar.
El nuevo cálculo implica sumar el 70% de la variación que haya tenido en un trimestre determinado el índice de inflación y el 30% de la evolución registrada por un indicador salarial llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Para la suba de marzo se utilizan las variables del tercer trimestre del año previo.
Decreto 110/18
Tal como lo había dispuesto el decreto 110, publicado en el Boletín Oficial la semana pasada, la resolución 2 del Ministerio de Trabajo que se conoce hoy incluye en uno de sus anexos una explicación metodológica de cómo se construye el Ripte, que se difunde desde 2006. Se aclara que es un índice que se elabora sobre la base de las declaraciones juradas de trabajadores que hacen los empleadores ante la AFIP, para el pago de los aportes y contribuciones al sistema jubilatorio. Los empleados declarados considerados para esta estadística son los que estuvieron incluidos en las 13 últimas declaraciones juradas, al momento de hacerse el cálculo.
La resolución de la cartera laboral también establece la adecuación, a partir de la nueva fórmula de movilidad, de los índices con los que se actualiza el valor de las remuneraciones al momento de calcularse el haber inicial de quien se jubila. En el cálculo de este ingreso de inicio se considera, como parte de la fórmula, el promedio de las últimas 120 remuneraciones, por lo cual deben traerse a valor presente los montos históricos.
Fecha: 15/02/2018
febrero 9, 2018 en 11:41 am · Filed under Notas Periodísticas and tagged: Nueva Ley Jubilatoria, Prestación Universal para el Adulto Mayor
Las personas que, al llegar a la edad de 65 años, cumplan con el requisito de haber acumulado 30 años de aportes previsionales, no tendrán derecho al pago de la PUAM en caso de que opten por seguir trabajando sin tramitar por un tiempo el alta de su haber jubilatorio
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Las personas que, al llegar a la edad de 65 años, cumplan con el requisito de haber acumulado 30 años de aportes previsionales, no tendrán derecho al pago de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en caso de que opten por seguir trabajando sin tramitar por un tiempo el alta de su haber jubilatorio. Así lo establece un anexo del decreto 110/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial. La normativa reglamenta aspectos de la nueva ley de movilidad previsional (la 27.426) y también de la ley que creó el mencionado pago social para personas mayores (la 27.260).
Esta última norma (la misma que estableció el plan de reparación histórica para jubilados) no previó, en rigor, limitar el acceso a la PUAM: el artículo 13 de la ley pone solo como condición tener al menos 65 años y no cobrar jubilación ni seguro de desempleo, además de cuestiones de nacionalidad y residencia en el país. Es decir: se entendía que cualquier persona, al cumplir esa edad, podía tramitar la prestación y seguir trabajando, demorando así su jubilación en caso de que tuviera cumplidos los requisitos para gestionarla. En el Gobierno hubo quienes defendieron ese punto, explicando que se trataba de una manera de promover la postergación de la edad de retiro, con un efecto de generar menores erogaciones del Estado sin dejar de otorgar un ingreso a la persona. Sin embargo, la disposición tuvo sus críticas, ya que, al igual que ocurrió en muchos casos con los beneficios otorgados en los últimos años por moratoria, se otorgaría una prestación no contributiva sin importar la condición social del beneficiario.
Ahora, en el anexo de la norma reglamentaria que lleva la firma del ministro de Trabajo, Jorge Triaca , se dispone que la incompatibilidad para cobrar la PUAM (incompatibilidad ya establecida para quienes cobren jubilación o pensión) se extiende a los casos en los cuales “la persona tenga derecho en forma simultánea a una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, incluso los beneficios que otorgan las Cajas o Institutos provinciales o municipales, no transferidos al Estado Nacional y las Cajas de Profesionales”.
La PUAM es una prestación mensual que equivale al 80% del haber mínimo (actualmente es de $5797). La reglamentación publicada hoy establece también otras condiciones para quienes la cobran: al ratificarse que sí es compatible con tener un trabajo bajo relación de dependencia o por cuenta propia (siempre que se tengan menos de 30 años de aportes), dispone que los beneficiarios perderán la antigüedad en su empleo. Y aclara también que quienes la perciban y a su vez sigan en un empleo con aportes, podrán tramitar la jubilación contributiva una vez que cumplan con los requisitos previstos.
La nueva ley
Con respecto a la reglamentación de la nueva ley de movilidad previsional, el decreto reglamentario establece que para quien fue intimado en los últimos tiempos por su empleador a tramitar la jubilación, esa intimación deja de ser válida hasta tanto la persona en cuestión cumpla 70 años. La ley 27.426, de hecho, dispuso que las empresas solo pueden intimar al retiro a sus empleados una vez que cumplan 70 años de edad (y no a partir de los 65 años, como podían antes). De todas maneras, las personas que así lo quieran, pueden optar por retirarse a partir de la edad mínima dispuesta por ley (60 años las mujeres y 65 años los varones).
Además, la nueva normativa dispone que la Secretaría de Seguridad Social (que depende del Ministerio de Trabajo) deberá publicar por única vez cómo se calcula el indicador de las Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), cuya evolución se combina con el índice de inflación para definir la fórmula de movilidad.
Según ya se conoce y en virtud del nuevo esquema de actualización de los haberes, el mes próximo habrá una recomposición de 5,7% para los ingresos de los jubilados y también para prestaciones no contributivas como la PUAM y los pagos del salario familiar y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La norma reglamentaria aclara que, si en algún trimestre la variación del índice diera signo negativo, entonces no se modificarán los montos de las prestaciones jubilatorias.
Fecha: 09/02/2018
enero 29, 2018 en 6:10 pm · Filed under Notas Periodísticas, Opinión and tagged: Jubilaciones en el exterior, sistema de seguridad social
Los problemas de financiamiento del sistema se dan en un contexto generalizado de envejecimiento poblacional que abarca a todos los países del globo. El desafío argentino, dicen los expertos, es optar por un modelo que garantice estabilidad para los próximos 30 ó 50 años, sin caer en soluciones de corto plazo. Los casos de Australia, Brasil, Chile, Alemania, España, en foco.
Por: Marcelo Batíz
El accidentado debate por la reforma del sistema previsional con el que se cerró 2017 llevó a extender la mira a otros países para ver si el problema, lejos de ser exclusivamente local, es una preocupación generalizada. Con casi 130 años de existencia desde que el canciller alemán Otto Bismark lanzara el primer régimen de retiro laboral, los sistemas previsionales han sido objeto de análisis y reformas, aunque son pocos los que se animan a decir que los inconvenientes están en vías de ser superados.
Por el contrario, para el brasileño Luis de Mello, jefe de Gabinete adjunto de la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “la cuestión de reformas de los sistemas previsionales es de suma importancia, no solamente en las economías avanzadas sino que también en países como los emergentes que están enfrentando un envejecimiento rápido de sus poblaciones y cuyos sistemas previsionales siguen basados en parámetros demográficos de cuando fueran creados, cuando la estructura demográfica de las sociedades era muy diferente”.
Una concepción similar tiene Eduardo Mancuso, de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales (UEPE) de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), para quien “la crisis de financiamiento del sistema previsional argentino se enmarca en un contexto general”, en el que “el envejecimiento poblacional implica un desafío para los regímenes previsionales de todo el mundo”.
De Mello explica que “los países de Europa y Asia Central están envejeciendo rápidamente. Las personas con un mínimo de 65 años representan, en promedio actualmente, un 12 por ciento de la población de dichos países, en comparación con un 6 por ciento en 1950, y se prevé que esta proporción alcanzará un 21 por ciento en 2050”.
Proyecciones
Las proyecciones al respecto no son uniformes en todo el mundo. Para el 2030, el Banco Mundial prevé que en la mayoría de los países desarrollados la población mayor de 60 años represente más del 30% del total, con el extremo de Alemania con el 35,3 por ciento. Más holgada será la situación de la Argentina, con el 19,3 por ciento y absolutamente opuesta la de los países africanos, con Uganda con el 4,1 por ciento de esa franja etaria sobre el total.
Sin embargo, para el 2150, las situaciones de Alemania y Argentina serán similares, con el 31 y el 30,8 por ciento, respectivamente. Sí… hay gente que hace proyecciones para dentro de 132 años.
Rafael Rofman, líder de Programas para Sectores Sociales del Banco Mundial, tiene otro punto de vista. “El envejecimiento no es un problema, sino una bendición; la población envejece básicamente porque la gente vive más, porque la salud mejoró y porque nacen menos chicos ya que las familias tienen la capacidad de controlar el número de hijos que va a tener. Y esos son probablemente los mejores indicadores de desarrollo social”.
“En todo caso, el problema es que existen instituciones pensadas para otro régimen demográfico y lo que hay que entender es cómo pensar esas instituciones para una realidad que va cambiando”, añade, luego de considerar que “es un error hablar de crisis, que es algo que pasa de repente y hay que resolver con urgencia. Lo que hay acá -puntualiza- son desafíos y hay que responder con una estrategia de políticas públicas para una realidad que va cambiando, para hechos que sabemos que van a pasar en los próximos 50 ó 100 años”.
Para el español Mariano Bosch, especialista senior de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “las manifestaciones de envejecimiento poblacional se ven de manera avanzada en Europa y cada vez las vemos más en América latina y el Caribe. Cada vez son más adultos mayores por trabajador y también vivimos más años. Es un fenómeno global, cada país está en distintas fases de envejecimiento pero la tendencia es común en todos”.
Rofman remarca la “bendición” del envejecimiento, pero a la vez plantea que “a esa bendición hay que financiarla y encontrar un balance razonable”, una tarea que, aclara, “no es una regla técnica sin una decisión de política social”.
Al respecto, explica que en cualquier sistema previsional “hay tres pilares: cobertura (a cuánta gente estoy dando beneficios), adecuación (cuánto le doy a cada uno) y sostenibilidad (cuánto me cuesta financiarlo). Es obvio que no se puede lograr un nivel óptimo en las tres dimensiones al mismo tiempo, porque si subo la cobertura tengo que bajar los beneficios o subir el costo. No hay manera de tener un sistema que cubra a todo el mundo, le pague miles de dólares a cada uno y sea muy barato. Es aritmética básica”, sostiene.
Equilibrios
En consecuencia, la decisión política a la que se refiere Rofman es la de “elegir como sociedad dónde está el punto de equilibrio razonable: cuánto cubro, cuánto pago y cuánto de los recursos de la sociedad estoy dispuesto a destinar para eso”. Y si de decisiones políticas se trata, las experiencias internacionales son diversas. Incluso de países que, según los analistas consultados, están aprobando el desafío. “Hay sistemas europeos que, aun siendo de beneficio definido como el argentino, están totalmente fondeados. Holanda y Suecia son buenos ejemplos. Canadá también tiene niveles de fondeo importantes”.
Mancuso explica que “Suecia sobresale por tener tres tipos de pensiones dentro de su sistema, dos de ellas son contributivas y otra no contributiva. Esta última -exigible a partir de los 65 años de edad- es para trabajadores cuyos ingresos son bajos o que directamente se encuentran desempleados. En cambio, las pensiones contributivas son accesibles a partir de los 61 años y se financian de manera mixta entre contribuciones patronales y de los empleadores. Se aporta el 18,5% del salario bruto (en la Argentina poco más del 30%). Una de ellas funciona como un sistema de reparto, mientras que la otra es un régimen de capitalización donde los trabajadores eligen entre diferentes fondos de pensiones gestionados por entidades privadas”.
“Australia tiene un sistema de capitalización individual al igual que Chile, pero con algunas variantes que aseguran mejores pensiones. Los empleadores cotizan el 9% de sus sueldos, a lo que se suman aportes voluntarios de los beneficiarios y un fondo de seguridad que aporta el Estado. Así, este último asegura que los ingresos de los jubilados no sean menores a los que habrían recibido en el sistema estatal (de reparto) que había en Australia antes de la creación del sistema actual”.
Rofman señala la disparidad en América latina, con “países con un 20 por ciento de cobertura (República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador), y otros con gastos importantes, relacionados con la existencia de más adultos mayores, más generosidad en el sistema y mayor cobertura, con gastos del 10 al 15 por ciento del producto (como buena parte de los países de Europa), entre los que figuran la Argentina y Brasil”.
Brasil
Precisamente, el sistema previsional del principal socio del Mercosur “es uno de los más complejos de la región”, apunta Mancuso, “porque presenta una media jubilatoria a los 53 años, generando un grave problema de costos”.
“Conjuga dos modalidades por edad y por tiempo de contribución con varias alternativas, según el sector y profesión. No establece una edad mínima para jubilarse a los trabajadores del sector privado, solo acreditar un tiempo mínimo de contribuciones, establecido en 35 años para los hombres y 30 para las mujeres, el cual, incluso, se reduce en cinco años para el caso de acreditar un tiempo exclusivo de docencia en establecimientos educativos no universitarios (infantil, primario o secundario). Para el caso de los trabajadores del sector público, sí hay una edad mínima jubilatoria que es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. En ambos casos, el monto de la pensión depende de la cantidad de años aportados”. Luego de la reforma laboral aprobada en 2017, el presidente Michel Temer manifestó que también será necesaria una reforma previsional, con aumentos tanto en la edad de jubilación como en los años de aportes.
Los datos del Banco Mundial sobre Brasil muestran que su gasto previsional se ubicó en 2015 en el 11,1% del PIB y que sus beneficiarios más que duplican a la cantidad de habitantes mayores de 65 años.
España
En España, la reforma del sistema superó las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular. Comenzó en 2011, cuando el entonces presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispuso la elevación progresiva hasta el 2027 de la edad de retiro de los 65 a los 67 años, y el período de cotización de 35 a 38,5 años. Ya entrada la Presidencia de Mariano Rajoy, en 2013, se estableció un índice de actualización a partir del cual los haberes no pueden subir más del 0,25% anual mientras el sistema esté en déficit. En 2017, se debió recurrir al fondo de reserva para financiar un déficit de 8700 millones de euros.
Alternativas
A la hora de buscar soluciones para la Argentina, Rofman relativiza la validez de las comparaciones con otros países. “Por supuesto que uno quisiera tener las políticas de los países escandinavos, pero para eso hace falta tener el Producto Bruto de esos países. Creo que es muy razonable mirar lo que pasa en el mundo, pero tratar de copiar un modelo y aplicarlo en otro país por lo general no funciona”, reflexiona.
“No me parece que tenga sentido decir que tenemos que ser como Alemania, con un sistema de puntos, o Suecia y tomamos un modelo de cuentas nacionales, o como Chile y Perú y vamos a un sistema de AFP de vuelta. Son modelos razonables, legítimos y posibles y los podríamos adoptar. Pero tendrían que ver más con la estrategia de gestión cotidiana que con los objetivos centrales que son cobertura, adecuación, sostenibilidad. Y en eso no hay espacio para inventar nada muy raro”, asegura.
Para que quede claro, Rofman remata diciendo que “no vale la pena salir a buscar experiencias por el mundo, sino entender cómo hacemos para que lo que tenemos funcione mejor, para que los recursos que tenemos, que son muchos, lleguen a donde tienen que llegar de forma más efectiva y no se pierdan en el camino. El desafío es ordenar esto o asegurarnos la estabilidad del modelo para los próximos 30, 40, ó 50 años”.
– Jubilarse… según pasan los años
– 1904: se crea la Caja de Empleados de la Administración Pública, al año siguiente la de los trabajadores ferroviarios.
– 1944: generalización del sistema, con ampliación de coberturas. Se crea la Caja de Empleados de Comercio, en 1946 la de Industria, en 1954 la de Profesionales y Empresarios y en 1955 la del Personal Doméstico.
– 1954: se sanciona la ley 14.370, que generaliza el régimen de reparto en reemplazo del de capitalización individual.
– 1958: se sanciona la ley 14.499, por la que se instaura el 82 por ciento móvil.
– 1969: por medio de las leyes 18.037 y 18.039 se unifican todas las cajas preexistentes en tres: Autónomos, Estado e Industria y Comercio. Se eleva la edad jubilatoria a 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un requisito de 30 años de aportes como mínimo.
– 1980: se eliminan las contribuciones patronales, en el marco de la generalización del IVA. Se reestablecen en 1983.
– 1986: emergencia Previsional, se congelan las demandas judiciales.
– 1993: se sanciona la ley 24.241 que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), con la coexistencia de regímenes de reparto y capitalización.
– 1994: el 1 de julio entra en vigencia el SIJP, comienzan a operar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
– 2008: se sanciona la ley 26.425 que reemplaza al SIJP por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al régimen de capitalización y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por medio de la ley 26.417 se implanta la ley de Movilidad Jubilatoria, con actualización semestral de haberes: 50% Índice General de Salarios y 50% RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables).
– 2010: el Congreso sanciona una ley que garantiza el 82% móvil para todos los jubilados. La presidente Cristina Kirchner la veta.
– 2016: se sanciona la ley 27.260 de Reparación Histórica, que permite acuerdos para reajustes de haberes y cancelación de deudas previsionales.
– 2017: se sanciona la ley 27.426, que modifica la fórmula de actualización de haberes (70% por inflación, 30% el 5% del crecimiento del PIB) cambiando la periodicidad de semestral a trimestral. Permite al empleado optar por extender edad jubilatoria hasta los 70 años.
Fecha: 29/01/2018
enero 24, 2018 en 3:37 pm · Filed under Notas Periodísticas and tagged: Cajas Provinciales de Jubilación, Jubilación IPS
Por: Verónica Dalto y Martín Torino
Para: Diario El Cronista
Previendo que en los próximos meses se discutirán las paritarias con docentes y estatales en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora bonaerense, Eugenia Vidal, ordenó ayer bajarle el tono a la reforma previsional que se prevé debatir en el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial.
El titular del IPS, Christian Gribaudo, había reconocido, en una entrevista la semana pasada, que este año se iba a dar el debate de una reforma que hiciera el sistema previsional más previsible y sustentable. En tanto, había circulado un borrador de proyecto de ley que modificaba las prestaciones del IPS.
Pero Vidal tuvo ayer la primera reunión después de las vacaciones con su jefe de Gabinete, Federico Salvai, y sus ministros de Asuntos Públicos, Federico Suárez, y de Economía, Hernán Lacunza.
En la sede porteña de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, la gobernadora pidió saber cómo estaba el clima con los docentes y las paritarias. “Dejemos de hablar de esta pavada del proyecto que va a cambiar las jubilaciones docentes”, ordenó Vidal a los funcionarios. En tanto, la gobernadora también pidió a funcionarios que bajaran la línea de que la gobernación no hará nada con el IPS este año.
Sucede que cualquier reforma previsional debe discutirse en una mesa con los gremios -UPCN, ATE y Docentes- y el gobierno no quiere mezclar una discusión tan sensible con la disputa por las paritarias de 2018. Más aún, cuando la paritaria de los docentes puede ser nuevamente combativa, con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, a la cabeza.
Vidal se refería a un borrador que circuló de que le subirá la edad jubilatoria a docentes y estatales en forma escalonada a 2028, que el Ejecutivo niega haya salido del oficialismo. Establecía que tendrán derecho a la jubilación los hombres que hubieran cumplido 65 años y las mujeres de 60 años, con 35 años de servicios. Respecto a los docentes, los varones que hubieran cumplido 60 años y las mujeres de 57, que acreditaren 25 años de servicios.
En tanto, la reforma del IPS y del régimen docente es un debate que el gobierno bonaerense reconoce que tiene que dar, ya que la relación de cuatro activos por un pasivo está disminuyendo y el deterioro se acelera, porque en los últimos tres años se generó un sexto de las jubilaciones. Se prevé que en unos tres años el sistema perdería la sustentabilidad.
Además, la nación encarará un debate similar que busca captar la mayor esperanza de vida. Y se espera que Vidal, cercana al Presidente, coopere con el gobierno nacional.
En tanto, la legislatura bonaerense ya realizó una reforma en el mismo sentido, al elevar la edad jubilatoria de los empleados de la caja, en rojo, del Banco Provincia.
Gribaudo había dicho: “Seguramente este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable en la provincia de Buenos Aires que tenga que ver con esto que decíamos recién: con la edad, con los aportes y trabajar en regímenes que no sean distintos en todo el país”, dijo al diario La Capital de Mar del Plata.
Para la Provincia, una vez cerradas las paritarias, se puede iniciar el debate previsional.
Fecha: 24/01/2018
enero 22, 2018 en 12:08 pm · Filed under Notas Periodísticas and tagged: Pensión Universal para Adultos Mayores, Reforma Previsional
Los que sigan trabajando con más de 65 pueden tramitar una pensión prevista originalmente para sectores más vulnerables. El Gobierno buscaría corregirlo.
Por: Ismael Bermúdez
Para: Diario Clarín
Caso 1. Si usted, mujer o varón, tiene 65 o más años de edad y los 30 años de aportes mínimos pero opta por seguir trabajando hasta los 70 años, como permite la nueva ley previsional aprobada a fines de diciembre pasado, puede solicitar y cobrar de la ANSeS el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es del 80% del haber mínimo (hoy equivale a 5.797 pesos); además del sueldo mensual.
Más adelante, cuando se jubila, deja de cobrar la PUAM y pasa a percibir la jubilación con un mayor número de años aportados, según el sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años. Cada año adicional de aportes, incrementa en 1,5% de ese sueldo promedio el haber jubilatorio.
Caso 2. También si usted, mujer o varón, tiene 65 o más años de edad y no reúne los 30 años de aportes mínimos para jubilarse, puede solicitar y cobrar de la ANSeS el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y seguir trabajando, percibiendo este beneficio y el sueldo.
Luego, cuando se jubila, ya con 30 o más años de aportes, deja de cobrar la PUAM y pasa a percibir la jubilación de acuerdo a la cantidad de años aportados y al sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.
Ambas situaciones fueron planteadas por Clarín ante la ANSeS, porque en el “Caso 1” se daría la “contradicción” de que personas con trabajo y posibilidad de jubilarse estarían cobrando en paralelo un subsidio (la PUAM) pensado originalmente para grupos más vulnerables (mayores de 65 sin jubilación ni pensión).
Mayores de 65: a quiénes les corresponde la pensión de $ 5.797,31
En la ANSeS confirmaron a este diario que el beneficio de la PUAM es de carácter “universal”. Y admitieron que en la nueva ley no incluyeron la “incompatibilidad” de acceder a la PUAM de quienes con 65 años o más ya tienen más de 30 años de aportes y pueden jubilarse. Y más: adelantaron que ahora estudian incluirla y hacer la salvedad en la reglamentación. Pero eso lleva a un fuerte riesgo judicial, porque implica alterar una ley a través de una resolución.
La PUAM fue aprobada en 2016 en la llamada ley 27.260 de Reparación Histórica, a iniciativa del actual Gobierno. Es una prestación de carácter vitalicio que otorga ANSES a las personas mayores de 65 años, que no cuentan con ningún otro beneficio de la Seguridad Social. No genera derecho a pensión (es decir, no se puede transferir), pero sí cuenta con la cobertura y los servicios de PAMI.
Quienes acceden a este beneficio pueden seguir trabajando hasta que hayan alcanzado los años de aportes o para completar los años requeridos de aportes, que les permitan acceder luego a una jubilación ordinaria. Una vez que la persona se jubila, deja de percibir la PUAM. El último dato oficial indica que hay unas 70.000 personas que están cobrando este beneficio.
Las dudas que genera el embargo a las cuentas sueldo
La ley 27.260 precisa que “el goce de la PUAM es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”, como sería el caso de los que, estando en condiciones de jubilarse después de los 65 años, siguen trabajando.
Como resumen, se pensó como un subsidio para los sectores más desprotegidos de los mayores de 65; los que nunca podrían jubilarse o los que seguían trabajando, pasada esa edad, para completar sus aportes y obtener una jubilación. Pero con la reforma previsional, se generó un nuevo grupo de potenciales beneficiarios que no estarían en una situación de vulnerabilidad.
En el sitio www.anses.gob.ar/puam/ el interesado puede saber si cuenta con los requisitos para acceder a ese beneficio, que son:
– Tener 65 años o más de edad.
– Contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en las bases de ANSES. En Mi ANSES, puede consultar las relaciones familiares registradas.
– Ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años.
– No contar con ninguna prestación otorgada por cualquier régimen de previsión, ni cobrar la Prestación por Desempleo. En el caso de percibir una prestación de las enunciadas y pretender percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor, deberá realizar la opción en forma fehaciente y solicitar, en caso de corresponder, la baja del beneficio incompatible.
– Mantener residencia en el país una vez solicitada la pensión.
– El beneficio es equivalente al 80% de una jubilación mínima, $ 5.797,31 y se actualiza 2 veces al año por la Ley de Movilidad. En marzo cobran por única vez el “bono compensador” de $ 375 y el beneficio aumenta el 5,7%.
Fecha: 22/01/2018
