Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Luis Herrero: “Hay un sistema que traba los juicios de los jubilados”

El juez del fuero previsional advierte sobre la falta de voluntad política para cumplir con el fallo de la Corte

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Papeles y más papeles apilados, desde el piso y casi hasta el techo. En los pasillos que se atraviesan para llegar al despacho del juez Luis René Herrero se acumulan decenas de miles de expedientes de juicios de jubilados. No sólo allí: en el edificio donde funciona la Cámara Federal de la Seguridad Social, instancia de apelaciones de esas causas contra el Estado, hay espacios destinados a otras funciones, como una sala de espera o un baño, que están repletos de esos mudos testimonios de búsqueda de justicia en el pago de haberes previsionales.

“En las tres salas [de apelaciones] hay unos 70.000 expedientes en trámite, algo que nunca ocurrió en la historia de la cámara, que funciona desde 1989”, dice Herrero, que integra la Sala II y a quien la Anses intentó desplazar de su función de juzgar, recusándolo sistemáticamente en todas las causas llegadas a la sala durante un año y medio. Esa maniobra, que Herrero atribuye a la molestia oficial por las medidas cautelares por él otorgadas para el reajuste inmediato de haberes de quienes tramitan juicios, fue finalmente rechazada por la Corte Suprema. Pero mientras tanto se demoró el trámite de más de 9000 demandas.

“Hay todo un sistema que apunta a trabar las causas previsionales”, señala el magistrado, para quien existe un “estado de privación de justicia” para los jubilados, porque por la falta de espacio físico hay 40.000 demandas que no pueden ser sustanciadas.

A la cámara llegan, en promedio, casi 4000 causas por mes, según las estadísticas de febrero a agosto de este año. La cifra es muy superior a la de los expedientes que se resuelven: unos 1500 mensuales. Muchos de esos fallos siguen luego su camino hasta la Corte Suprema, y la situación de demora que todo ello produce se agravaría si el Gobierno lograra su objetivo de crear una Cámara de Casación como nueva instancia.

-¿La Anses sigue apelando, pese a que se había comprometido a no hacerlo en las sentencias referidas, por ejemplo, al caso Badaro?

-En 2009, el 82% de las sentencias eran apeladas; hoy bajó a alrededor de 65%, pero esa cifra todavía es muy elevada. El 98% de las apelaciones son sobre Badaro y Elliff, temas sobre los que la Corte ya dictó doctrina y la Anses se había comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no iba a apelar. A veces apelan por cuestiones de honorarios, por ejemplo, y luego en la cámara desisten. Hay muchas acciones de la Anses para que el expediente llegue a la vía de apelación.

-¿Cuánto demora hoy en resolverse un juicio?

-En promedio, entre la primera y la segunda instancia, entre 5 y 6 años; hay casos de muchos más. La cuestión se agrava cuando la primera instancia es del interior del país.

-Si el Gobierno pagara por vía administrativa los ajustes de haberes, se terminaría con una causa importante de judicialidad, pero la Anses advierte que quebraría el sistema. ¿Cómo lo ve usted?

-Yo tengo que presumir que cuando dicta Badaro y otros fallos, la Corte, que es un tribunal sabio y prudente, sabe cuáles van a ser los efectos en la economía. Decirle a la Corte que cumplir su sentencia implicaría el quiebre de la Anses es decirle que no tiene conciencia de los efectos de sus fallos. Creo que la explicación viene por el lado del uso incorrecto de los fondos del sistema previsional; el objetivo del fondo de garantía está claro en el decreto que lo creó: mantener incólumes e intangibles las prestaciones del sistema previsional, que deben pagarse no sólo conforme a la ley, sino también a la doctrina de la Corte.

-¿Qué opina de las jubilaciones otorgadas por moratoria?

-Estoy de acuerdo con la inclusión social. Estoy en desacuerdo con que las prestaciones no contributivas se paguen con dinero del sistema previsional, en lugar de con recursos de rentas generales.

-Pero hay quienes señalan que, justamente, el sistema previsional se financia en gran medida con impuestos de rentas generales, porque no alcanzan los aportes y contribuciones.

-Hay un 45% de componente impositivo en el financiamiento, que incluye el 15% de la coparticipación. Pero por la finalidad asignada, esos recursos se convierten en previsionales. Si hay voluntad política de pagar los haberes como se debe, sí se puede hacer.

-¿Y cómo evalúa esa voluntad política cuando ve el comportamiento de la Anses frente a la Justicia?

-Hay todo un sistema que apunta a trabar las causas previsionales y a incumplir tratados internacionales. Las recusaciones se inventaron en mi contra por una presunta inquina contra la Anses. ¿Cómo voy a tener inquina contra una persona jurídica de naturaleza estatal? Inquina se tiene contra las personas. Lo que en realidad impulsó las recusaciones, las denuncias penales basadas en escritos anónimos [que no avanzaron], la denuncia ante el Consejo de la Magistratura por supuestas irregularidades de forma en la tramitación de una causa o la modificación del reglamento para destituir al juez subrogante en caso de recusación fueron las medidas cautelares que dispusimos con [el juez Emilio] Fernández, integrante de esta sala, para determinar que la Anses pague los haberes según lo dicho por la Corte en un plazo de treinta días, bajo apercibimiento de multa al director del organismo.

-¿Hay muchas demandas de jubilados recientes?

-Hoy la tasa de sustitución [porcentaje del último salario que representa el primer haber] es muy baja. La oficina de poderes está llena; se expiden entre 100 y 150 poderes por día que permiten iniciar demandas.

En contra de la reforma judicial

“Con todo respeto, me parecen descabelladas”, dice el juez Luis Herrero, consultado respecto de las iniciativas oficiales para una reforma judicial, que en parte quedaron ahora frenadas por la Justicia. “Atacan un principio pétreo de la democracia, que es la división de poderes. Los jueces están para tutelar derechos y garantías de los ciudadanos, no para hacer política. Si metemos la política se acabó la Justicia”, define.

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