Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Jubilados: se triplican los fallos

Entre febrero y septiembre hubo 17.394 sentencias favorables en los reclamos por ajustes de haberes

Por Silvia Stang
Para Diario LA NACION

En los últimos cuatro años, la justicia previsional prácticamente triplicó la cantidad de sentencias dictadas con un resultado por lo general favorable a jubilados y pensionados: mientras que en 2006 el promedio era de poco más de 800 fallos, ahora se firman cerca de 2200 cada mes, sólo entre los jueces de primera instancia.

Entre febrero y septiembre de este año, de hecho, hubo 17.394 resoluciones de demandas iniciadas por los jubilados, contra 6466 de aquel año, el mismo en que la Corte Suprema declaró que los ingresos de todos los pasivos, y no sólo los de quienes cobran el haber mínimo, debieron haberse ajustado desde el inicio del período inflacionario, en 2002. Claro está que lo más usual es que obtener la palabra del juez de primera instancia es apenas un paso en un largo trámite, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como demandada, apela comúnmente las sentencias.

El mayor ritmo de emisión de fallos, de todas maneras, no evita la acumulación creciente de causas en trámite. Entre febrero y septiembre de este año (en enero no hay actividad judicial), ingresaron en el fuero de la Seguridad Social 72.193 reclamos, un 125% más que en igual período de 2006, cuando la litigiosidad ya había comenzado a crecer.

El aumento de las presentaciones de jubilados contra el Estado tiene que ver en gran medida con los reajustes insuficientes frente a la inflación. En 2007, en la causa Badaro, la Corte dijo que entre 2002 y 2006 debió haberse dado un incremento en función de la mejora promedio de los salarios activos. Pero al haber limitado hasta ese momento casi todas las subas solamente al haber mínimo, el Gobierno no cumplió con esa consigna y eso generó un recorte del valor real de los haberes de cientos de miles de pasivos, a la par de un achatamiento de la pirámide de ingresos. Ese deterioro no fue corregido por la ley de movilidad, que tras una orden de la Corte se aprobó, pero con vigencia sólo desde 2009.

Las estadísticas de la Cámara de la Seguridad Social muestran un crecimiento récord de las causas iniciadas en los últimos años y contradicen un argumento del Gobierno, que señala que “dos terceras partes de los juicios son de décadas anteriores no solucionados”, intentando deslindar las responsabilidades de la gestión del kirchnerismo en la alta litigiosidad.

Al ritmo de la inflación

En la Anses, sostienen que el problema de la falta de un régimen legal para dar aumentos en forma automática provenía ya de tiempos anteriores. Pero lo cierto es también que como desde mediados y hasta el final de la década del 90 no hubo aumento del salario promedio (las negociaciones de convenios se activaron luego, forzadas por la inflación), la Justicia se refirió a la aplicación de un índice para las subas de jubilaciones a partir de enero de 2002, abarcando un período de cuatro años de gestión kirchnerista (de 2003 a 2006) en los que hubo alzas de precios, y consecuentemente de salarios, sin que se cumpliera con el mandato constitucional de la movilidad jubilatoria. En un fallo anterior, en la llamada causa Sánchez, también se había dispuesto la obligatoriedad de dar ajustes para el período de 1991 a 1995.

La corrección generalizada de los haberes según los criterios expuestos en esos dos fallos (Sánchez y Badaro) estaba prevista en la ley recientemente aprobada por el Congreso, a propuesta de partidos de la oposición, que el Poder Ejecutivo vetó. Si bien el porcentaje de aumento depende de cada caso, como máximo esas subas habrían sido del 60 y del 70%, por aplicación de cada fallo, respectivamente, sólo en los casos de los jubilados que no habían obtenido las recomposiciones a las que cada sentencia se refiere.

Para tratar de justificar el veto a la ley, que también fijaba el haber básico en el 82% del salario mínimo, la Anses publicó un video en su página web, en el que califica de “una mentira que se quiere instalar” el hecho de que el Gobierno permita que se acumulen muchos juicios. Así y todo, se admite la existencia de más de 300.000 demandas en trámite, aunque se sugiere que los jubilados que van a Tribunales tienen ingresos muy elevados, mencionando que hay casos de $ 50.000 mensuales, sin especificar qué cantidad de haberes pueden existir de tal nivel en el sistema, que tiene un ingreso promedio que ronda los $ 1500 y en el que desde hace varios años rigen topes. Abogados y fuentes del Poder Judicial rechazan esos argumentos (ver nota aparte) y señalan que, en los últimos años, son muchos los jubilados de ingresos medios y bajos que presentan demandas contra la Anses.

Para el Gobierno, sólo litigan los jubilados de mayores ingresos

“En litigio hay jubilados que cobraban en 2002 haberes desde 300 hasta 3100 pesos, que era el tope vigente en ese momento [para quienes se jubilaron a partir de 1994], y que son quienes vieron licuadas sus prestaciones”, dijo a LA NACION Horacio González, uno de los abogados que representan a un grupo de pasivos que presentaron hace varios años una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por los incumplimientos del Estado argentino con los pagos previsionales.

González respondió así a uno de los argumentos dados por la Anses en un video institucional difundido por Internet, donde se señala que el haber promedio de los pasivos que participan de una “industria del juicio” contra el Estado “es de 8300 pesos mensuales”

Según González, en el universo de litigantes hay personas de todas las categorías de ingresos y no se pueden circunscribir los reclamos al segmento de la clase pasiva con mayores ingresos.

“La gran mayoría de los juicios actuales tiene que ver con el último período (2002 a 2006)” en que, con inflación, no se dio movilidad a todas las jubilaciones, según consideró el abogado. “Muchos de los jubilados antiguos han fallecido y han visto conculcados sus derechos”, agregó, respecto de las causas referidas a problemas originados en períodos previos.

En rigor, recordó que el Estado nacional lleva más de tres décadas con “un pago incorrecto de haberes”, lo que explica aunque sea en parte el alto nivel de litigiosidad que exhibe en la actualidad el sistema previsional.

Una de las advertencias expuestas por la Anses es que existen demandas por montos cercanos o incluso superiores al millón de pesos.

Según González, esos casos existen “por retroactivos que son producto de la sumatoria de años de juicios, que en algunos casos acumulan dos décadas” en trámite.

La abogada Graciela Stasevich, que representó al jubilado Adolfo Badaro -en lo que constituyó un caso testigo para el sistema previsional-, afirmó que cuando la Anses no paga las liquidaciones en tiempo y forma se producen los llamados juicios de ejecución, que incrementan las causas.

Actualización insuficiente

“El sistema está colapsado porque viene mucha gente que gana jubilaciones bajas a hacer juicios; cuando alguien se jubila hoy, su haber inicial da entre el 35 y el 45 por ciento de su último sueldo, y esas personas reclaman”, sostuvo.

Según los abogados, aún no hay una actualización suficiente del monto de los salarios de la última década de vida laboral, cuyo promedio integra la fórmula para calcular las jubilaciones.

“Así como no habría abogados penales si no existiera el delito, tampoco existiría lo que la Anses llama la industria del juicio previsional si pagara bien”, consideró Stasevich.

“Si hay incumplimiento masivo, también es masiva la presentación de reclamos”, afirmó por su parte el juez Luis Herrero, uno de los integrantes de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, quien agregó que es falso que sean ricos “los jubilados que hacen juicios”.

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5 comentarios»

  omar m.lopez wrote @

con demanda de febrero 2009 esta en este momento desde abril 16 de 2010 la causa esta conclusa y para sentencia de oficio segun la juez, pero aun en noviembre no sale la misma.
pueden informar algo ? atte

  mscconsultores wrote @

Estimado Omar
Su liquidación de sentencia habrá quedada al cupo presupuestario que tiene ANSeS para el pago de las mismas. Razón por la cuál, a pesar de habérsele reconocido su derecho, no se le abona la misma por razones presupuestarias. Por este motivo el Estado Argentino fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A fines del año pasado los representantes de ANSeS comprometieron ante dicho organismo que se instrumentarían las medidas necesarias tendientes al pago de las sentencias dentro de los 120 días. Pero en julio de este año el Estado Argentino volvió a ser demandado ante dicho organismo por no haber cumplido aquel acuerdo y puesto en marcha los mecanismos para modificar esa situación.
Por el contrario, ANSeS volvió a apelar las sentencias de primera y segunda instancia en forma sistemática.
Habrá que seguir esperando una solución de fondo con respecto a esta práctica (casi una “política de Estado”) de dilatar las correctas liquidaciones de las jubilaciones y pensiones.
Cordialmente,

El Equipo de Jubipen.com

  vicente wrote @

los estatales de la prov.de rio negro tenemos garantias constituciones, el 82% de previsibilidad y el 82% movil, la provincia en epoca de menem y cavallo transfirieron el sistema previsional al anses, nos liquidan por la 24241el 50% del ultimo haber en actividad, nos reconoce nada, la carta magna prov.rio negro esta vigente aun, (no tenemos derechos adquiridos y garantias vigentes? para reclamar?),gracias

  mscconsultores wrote @

Estimado Vicente
La provincia realizó la transferencia de la caja previsional a la Nación en el año ´96 adhiriendo al régimen jubilatorio de la Ley 24.241 que contempla una modalidad de cálculo del haber en el que no se fija un porcentaje en relación directa con la remuneración percibida en actividad sino que se obtiene mediante una serie de cálculos en los que se toman en cuenta los promedios de remuneraciones y los años de servicios. En definitiva, el régimen jubilatorio nacional, en lo que hace al régimen general, no contiene una garantía o tasa de sustitución específica sobre el último salario en actividad.
En el caso particular que Ud. plantea debería de indagar en la Ley de transferencia las disposiciones y pautas establecidas. Entendemos que dicha Ley, sino contemplo los derechos fijados en la Constitución Provincial podría ser objetada como tal. Asimismo a nivel de la legislación nacional han surgido fallos que cuestionan la falta de correlación entre el haber jubilatorio y la remuneración en actividad, sobre lo que podrá encontrar algunos artículos en nuestra página.
Cordialmente,
El equipo de Jubipen.com

  Mariano wrote @

Se deberían actualizar las mínimas .


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