Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Cuáles son los juicios de jubilados que promete pagar el Gobierno

El proyecto de la Anses incluye a los afectados por la falta de movilidad de haberes durante varios años en la década pasada, y también a quienes reciben un ingreso que fue mal calculado en su inicio; la venta de acciones del fondo de garantía aún no está definida

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La inflación y las decisiones políticas tomadas en los primeros años del kirchnerismo respecto de los haberes previsionales, hicieron que la década pasada fuera un período en el que se multiplicaron los juicios contra el Estado hechos por jubilados que reclamaron por sus derechos. Eso representa una deuda enorme, y desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo que dirige Emilio Basavilbaso, se anunció que el objetivo es saldarla sin necesidad de que cada uno de los afectados tenga que esperar su sentencia judicial definitiva.

El proyecto contempla poner en línea los ingresos de los jubilados con lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en dos causas, las llamadas Badaro y Elliff, según afirmaron a La Nación fuentes del Gobierno. En los incumplimientos del Estado que llevaron a esas personas (Alfredo Badaro y Alberto Elliff) a iniciar sus demandas, está la razón de la mayoría de los juicios, aunque también hay otros derivados de otros motivos. ¿Qué dijeron estos fallos y, por tanto, qué es lo que ahora se buscará corregir en forma generalizada para quienes sigan con sus ingresos afectados?

En la causa Badaro, los jueces supremos determinaron que entre 2002 y 2006 el valor de todas las jubilaciones debió haber aumentado -como mínimo- según la evolución de los salarios. Y, concretamente, el índice elegido para esa comparación había crecido un 88,6% en el período mencionado. Muy lejos de garantizar ese derecho para todos los pasivos, los gobiernos de aquellos años (el de Eduardo Duhalde primero y el de Néstor Kirchner después) decidieron ajustar solamente las jubilaciones mínimas, y sólo sobre el final del período se otorgó una tardía y pequeña recomposición para los que cobraban entre esa cifra y $ 1000.

Antes de emitir ese fallo, en noviembre de 2007, en el año previo los magistrados ya habían analizado la demanda de Badaro y le habían ordenado a los poderes Ejecutivo y Legislativo que aprobaran un mecanismo de ajustes periódicos y automáticos, para que el valor de los ingresos no se retrasara más respecto de la inflación. La segunda sentencia (la que definió finalmente un índice de actualización para el período en cuestión) llegó porque el Gobierno demoró en dar una respuesta.

Desde 2009 rige la ley de movilidad jubilatoria y, a partir de entonces, los haberes se actualizan en marzo y septiembre de cada año según el resultado de una fórmula que combina la evolución de un índice de salarios y la suba de la recaudación de los impuestos destinados al pago de las prestaciones jubilatorias. Pero cuando empezó a regir esa ley (el primer aumento fue en marzo de 2009) los ingresos de cientos de miles de personas acumulaban ya una caída de su poder adquisitivo de hasta de 40%, y así, las subas otorgadas pasaron a calcularse sobre un ingreso que está por debajo de lo que debería ser. Esa situación no fue resuelta para quienes aún no recorrieron el largo camino de la Justicia y lograron que se les pagara la sentencia.

En el caso de Elliff, la cuestión bajo análisis fue cómo se calculó el haber de inicio, es decir, el primer ingreso recibido por la persona al jubilarse. En la fórmula de cálculo se incluye el promedio del ingreso de los últimos 120 meses con aportes. Dado lo extenso de ese período (y aun cuando no lo fuera tanto) es fundamental la manera en que se ajustan los valores históricos. El problema fue que durante un tiempo la Anses dispuso no aplicar actualización alguna al valor nominal de esos sueldos, y el efecto lógico de utilizar montos históricos es la subvaluación de los haberes. Luego comenzaron a usarse algunos índices, pero diferentes al que eligieron los jueces en su fallo: uno que mide la variación de los salarios básicos de la industria y la construcción. Este tema fue también solucionado con la vigencia de la ley de movilidad, porque desde entonces se usó ese índice para la actualización. Pero, al igual que lo ocurrido con la movilidad periódica de los haberes, el daño sufrido antes de que se dispusiera el mecanismo de actualización, no fue compensado.

Del proyecto oficial para compensar ahora a los jubilados, faltan conocer varios aspectos. Uno de ellos es de dónde saldrán los recursos. El análisis que hace la Anses es que podría utilizar parte del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional (integrado principalmente con los recursos que estaban en las cuentas individuales de las AFJP). La ley es bastante restrictiva en cuanto a la posibilidad de darle un uso a esos recursos (sí se dispone que deben ser invertidos). La razón por la cual sí podría usarse para pagar los haberes de los jubilados actuales para responder a lo que determinó la Corte Suprema, es que una de las funciones asignadas por el decreto 897 (que creó el fondo en 2007) es la de “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales”.

El mes pasado surgió la versión de que se venderían las acciones de empresas privadas en las que tiene participación el fondo de la Anses. Sin embargo, en el organismo sostiene que ese tema está aún en estudio y es muy probable que no se requiera hacer esa operación.

Otras cuestiones por resolver es si, además de hacer la actualización del haber de cada jubilado afectado por las situaciones mencionadas, se abonará todo el monto retroactivo y, en tal caso, en qué tiempos y bajo qué modalidad se hará ese pago.

Fecha: 16/05/2016

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