Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Se suspendió la actividad en juzgados con causas de jubilados

La Corte dispuso que 7 jueces de primera instancia no reciban trámites hasta el 22 de noviembre

Por Silvia Stang
Para Diario LA NACION

Siete de los diez juzgados de primera instancia donde se tramitan las demandas de los jubilados contra el Estado dejaron de recibir ayer expedientes vinculados a nuevas causas y sólo volverán a recepcionarlos el 22 de noviembre próximo. Esa situación, que llevará la duración de los litigios a plazos aún más prolongados que los actuales (entre 5 y 6 años promedio, contando todas las instancias de apelación), se produce como efecto de una resolución firmada ayer por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que declara “inhábiles” los días comprendidos en ese lapso. La medida fue dispuesta en respuesta a un pedido de la mayoría de los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social, preocupados por la sobrecarga de expedientes en el edificio donde funcionan esas oficinas judiciales.

Los juzgados afectados, que durante estas tres semanas deberán reorganizar la distribución de las altas pilas de papeles, son los números 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.

La gran cantidad de juicios que ingresan día a día contra la Anses -principalmente en demanda de reajuste de haberes- provocó una acumulación de expedientes de gran magnitud. Días atrás, un informe técnico recomendó reducir el peso que soportan las oficinas del edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1800, en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de esa evaluación, los jueces resolvieron pedir una feria de tres semanas “con concurrencia al lugar de trabajo” para los 10 juzgados.

La respuesta de Lorenzetti fue una declaración de días “inhábiles” para 7 juzgados. Según explicó a LA NACION la jueza Lilia Maffei de Borghi, presidenta de la Cámara, los juzgados 1, 5 y 10 -para los que no habrá suspensión de actividades- están situados en la planta baja del edificio y en dependencias que no tienen el nivel de sobrecarga que afecta a los demás.

“Simplemente queremos prevenir, pero aclaro que no se está por derrumbar nada”, sostuvo la jueza, desestimando versiones de algunos medios periodísticos que habían hablado de ese riesgo. Según afirmó, la solución al problema de la sobrecarga se dará redistribuyendo expedientes dentro del mismo edificio.

La resolución de ayer provocará una dilación de 17 días en el plazo que tienen los jueces para dictaminar en una causa. Ese plazo es normalmente de 40 jornadas hábiles, aunque el año pasado la Cámara había pedido formalmente autorización para exceder el plazo, admitiendo que se había hecho imposible cumplirlo.

Además de que quedará suspendido ese plazo para los expedientes que ya se están tramitando, la nueva resolución de la Corte provoca que esos jueces no recibirían nuevas causas. En rigor, los jubilados podrán continuar iniciando juicios y se hará el sorteo para determinar en qué juzgado recae el trámite. Pero los que ayer entraron en período inhábil no recibirán los expedientes -para comenzar a trabajar en ellos- hasta el 22 de noviembre.

La justicia previsional tiene habilitada la posibilidad de que los abogados ingresen las demandas vía Internet. Justamente, por la enorme y creciente cantidad de reclamos de jubilados, el fuero de la Seguridad Social fue el primero en ingresar en un plan de digitalización. Sin embargo, según aclaró Maffei, cada causa requiere aún un expediente en papel.

Sólo entre febrero y septiembre de este año se iniciaron 72.196 juicios. Es más del doble de los que se habían tramitado en igual período tan sólo dos años atrás, y un 242% más respecto de ese lapso de 2005. A partir de 2006, el número de causas comenzó a elevarse en forma significativa: en agosto de ese año la Corte le ordenó al Gobierno dictar un régimen de movilidad para todas las jubilaciones, lo que implicaba dejar de lado la política oficial de recomponer, frente a los efectos de la inflación, sólo los haberes mínimos. Hacia fines de 2007, y ante la falta de respuesta del Gobierno, los jueces dictaminaron que entre 2002 y 2006 los haberes de todos los jubilados debieron haber subido según un índice de evolución del salario promedio de los trabajadores. Para ese período el aumento requerido resultaba del 88,6%, mientras que cientos de miles de pasivos habían recibido apenas 11 por ciento.

Más razones

El retraso que sufrieron los haberes en esa época no fue luego corregido por la ley de movilidad previsional. Y eso elevó aún más la litigiosidad, que también tiene una de sus causas en el deficiente cálculo del haber de inicio de quienes se jubilan.

La diferencia entre la “feria” que habían pedido los jueces y la declaración de días “inhábiles” es que bajo esta última situación podrán presentarse trámites vinculados con las demandas, aunque no se le dará trámite a nada hasta el vencimiento de la resolución. Así lo explicó el juez Luis Herrero, integrante de la Sala II y el único que se opuso al pedido de suspender la actividad por tres semanas.

“Se producirá una gran acumulación de causas, así que no le veo ninguna practicidad a este criterio”, opinó Herrero, consultado por LA NACION. Según agregó, la solución a la sobrecarga de expedientes “debería estar a cargo de personal de refuerzo, designado por la Corte o el Consejo de la Magistratura, que se ocupe del traslado o reubicación [de los papeles] pero sin afectar el normal desenvolvimiento de los juzgados”.

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