Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

Hasta cuándo trabajo: edad jubilatoria, un debate en su laberinto

Los trabajadores jóvenes de hoy serán los mayores de una Argentina envejecida, que ahora acusa problemas estructurales; en otros países, estirar la vida laboral y dar flexibilidad son las estrategias

Por: Silvia Stang

Para: La Nación

El camino a recorrer para intentar responder a los desafíos que se plantean en una sociedad que envejece se parece a un laberinto. Y el circuito será tanto más enredado cuanto más crítica sea la situación en materias como la fiscal o la laboral. Tan sensible que llega a ser casi tabú, el debate sobre la edad jubilatoria se plantea cuando se busca dar respuesta a una cuestión muy concreta: ¿cómo mantener el esquema previsional cuando se reduce la cantidad de personas activas por cada jubilado que, a su vez, tiene una expectativa de vida creciente? ¿Trabajar obligadamente más años puede ser la salida del laberinto? ¿No es una barrera el riesgo de agravar la problemática de un alto desempleo en la otra punta del mercado laboral, es decir, en la población joven? Un intento por unificar la edad jubilatoria de varones y mujeres, ¿superaría las resistencias que podrían encontrarse por factores socioculturales?

Una cantidad no menor de cuestiones se entrelazan a la hora de analizar el tema. Entran en juego aspectos personales (deseos propios, planes familiares); económicos (la cuestión fiscal, el modelo de financiamiento, la situación del mercado laboral, la estrategia de distribución de ingresos), y sociales (los rasgos culturales, el porcentaje de adultos mayores sobre la población y la esperanza de vida).

Para suavizar el impacto de la decisión de alejar en el tiempo la etapa de descanso tras la vida laboral, varios países (por lo general, no exentos de fuertes conflictos sociales al plantear ese tipo de medidas) diseñaron estrategias como la de aprobar cambios para ser aplicados no en lo inmediato, sino en el mediano plazo; así, a quien hoy está con la expectativa de jubilarse dentro de cinco años, por ejemplo, nada le cambiará. Otra tendencia pasa por establecer esquemas flexibles que permitan, para definir el momento del retiro, hacer un juego de combinaciones entre la edad y el número de aportes. 

La Argentina transita su etapa de “bono demográfico”. Se trata del período previo al signado por los altos costos asociados al envejecimiento. Según el informe Los años no vienen solos, del Banco Mundial, mientras que ahora hay seis personas en edad activa (más allá de cuál sea su situación laboral) por cada adulto de 65 o más años, en 2050 habrá tres y en 2100, sólo dos. En esa década del 50 llegarán a la edad de retiro (considerando el requisito actual) las mujeres que hoy tienen entre 16 y 26 años, y los varones que están entre los 21 y 31. Ese dato permite entender que el tema es tanto del futuro como del presente.

Tras un debate generado por declaraciones del titular del PAMI, Carlos Regazzoni -quien, consultado sobre el tema, habló sobre la vitalidad de una persona a sus 65 años, pero sin mencionar ningún proyecto-, en el Gobierno afirman que el tema no está en la agenda actual. Pero sí estará en la del Consejo de Sustentabilidad Previsional, un grupo creado por ley, que deberá elaborar en tres años un proyecto integral de reforma jubilatoria, manteniendo el esquema de reparto.

“Yo creo en un sistema que genere incentivos para que siga trabajando el que quiera”, define el director de la Anses, Emilio Basavilbaso. Una política como la de la pensión universal próxima a implementarse podría provocar que algunos retrasen su retiro: la prestación será para quienes tengan 65 años o más y no será incompatible con seguir trabajando, aun cuando alguien esté listo para su jubilación.

Si eso actúa como un incentivo a esperar más tiempo para cobrar la jubilación plena, en la ecuación podría haber un ahorro para el sistema.

En el régimen nacional de la Anses la edad generalizada de jubilación es de 65 (varones) o 60 años (mujeres). Y la edad efectiva promedio de retiro fue en 2015 de 65 y 64, en cada caso.

Esos requisitos de edades son los más frecuentes en el país, donde conviven unos 130 sistemas previsionales si se cuentan las cajas de empleo público de las provincias que no las transfirieron a la Nación, y los regímenes de profesionales, según explica Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. “Quedan algunos casos como los de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Cruz o Neuquén, donde se mantienen edades menores”, dice Elías. En estos sistemas, por lo general deficitarios, esas edades tenderían a subir. Formosa aprobó una reforma reciente en ese sentido.

Según un informe de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), publicado este año, la regla general de la Argentina de 60 y 65 años no está lejos de la que rige en varios países más envejecidos, aunque algunos ya marcaron el camino para retrasar el retiro. Mientras que en Europa el porcentaje de población de 65 años y más sobre el total supera por lo general el 20%, en nuestro país es de 10,8%. En el extremo superior en cuanto a edad de retiro se ubica Israel, con 70 años para ellos y 68 para ellas. Y en la punta inferior hay países como Kuwait, donde con apenas algo más de 2% de población mayor se accede a la jubilación a los 50.

“Hay más países con edades por debajo que por arriba de las de la Argentina. En cambio, en nuestro país hay una distancia superior al promedio mundial entre la edad exigida a las mujeres y los varones”, comenta Claudia Danani, investigadora de la Universidad de General Sarmiento y de la UBA, que advierte que la gran cuestión que hace a la necesidad del debate es el financiamiento. “Se trata de ver cómo repartir costos”, dice.

Y los costos, afirman los analistas, están influidos por varias cuestiones. Si por un lado la Argentina tiene indicadores demográficos que no obligan a cambios inmediatos (pero que recomiendan no demorar una estrategia de planificación), por el otro hay problemas como la inestabilidad fiscal o la alta informalidad.

“Tenemos un mercado de trabajo con un 50% de personas que no aportan [el índice considera al universo de asalariados y cuentapropistas] y hay que analizar tanto ese tema como el del financiamiento”, dice el defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino. El sistema recibe recursos en partes similares de los aportes y contribuciones, por un lado, y de impuestos de rentas generales y de derivación específica, por el otro. Ese esquema puede ser un elemento para justificar que se financie en la vejez a quienes no tuvieron aportes. En la visión de Semino, marca la necesidad de un replanteo, ya que un impuesto regresivo como es el IVA tiene alta participación.

De cómo se distribuye el ingreso se trata el debate, afirma Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) de la UBA. “El mercado de trabajo está golpeado y pensar en mantener adentro a la gente que está con posibilidades de jubilarse tendría un efecto negativo en lo salarial”, apunta. ¿La salida para aliviar las tensiones? “Ser más productivos”, señala.

Para ese objetivo se necesita volcar recursos a otro segmento. “Hay una cuestión distributiva -analiza Daniel Heymann, profesor de la Universidad de San Andrés y de la UBA- y se trata de ver qué decidimos dar a la población mayor y a los jóvenes para su empleabilidad”, porque hace falta crecer y con mayor productividad.

“Hay varios desafíos simultáneos, y desde el punto de vista previsional se trata de cuidar la relación entre activos y pasivos, y ahí afecta el problema de la informalidad”, dice Oscar Cetrángolo, economista especializado en estudios para el desarrollo. Advierte que en una economía sin pleno empleo es más difícil la aplicación de mecanismos de compensación de edad con años de aportes.

En Alemania, por caso, se dan prestaciones a los 63 años, una edad más baja que la edad de la regla general, pero el requisito es muy exigente: hay que tener 45 años de aportes. Esquemas así, como también los que buscan que haya retiros laborales tardíos a través de incentivos y sin imposiciones, intentan aliviar los conflictos.

“Negarse a la discusión es poco inteligente”, dice el economista experto en demografía José María Fanelli. Y define: “No hay tema que sea más política de Estado”, más aún considerando que, según advierte, el bono demográfico terminará hacia 2035.

Según la Cepal, en América latina las jubilaciones se llevan, en la mayoría de los países, del 10 a cerca del 40% del gasto público total. “Las señales demográficas hablan de que habría que subir la edad”, comenta desde Chile Daniel Titelman, director de Desarrollo Económico del organismo.

¿Y qué hacer con la brecha de edades entre hombres y mujeres, borrada ya en la nueva pensión universal de nuestro país? “Las mujeres tienen mayor sobrevida, pero se les da un reconocimiento por la llamada doble jornada: trabajan y se ocupan de las cuestiones domésticas y los cuidados familiares”, dice Danani respecto de las razones que tuvo la diferenciación. Pero hay una contradicción, apunta, porque la edad es más baja, pero se les exige igual cantidad de aportes que a los hombres, cuando ellas suelen tener más vacíos en su vida laboral.

“Vale preguntarse si las razones que dieron origen a las diferencias siguen vigentes”, plantea Elías, que agrega que un tema concreto para analizar es el de cómo se da hoy la distribución de tareas del hogar. Un debate que ya llegará.


Sin una edad mínima, en Brasil el sistema enfrenta un enorme desafío

A la mayoría sólo se les exige una cantidad de aportes; en promedio, el retiro se da a los 53 años

Por: Alberto Armendáriz

RÍO DE JANEIRO.- El sistema de jubilaciones de Brasil es uno de los más complejos de la región porque conjuga dos modalidades -por edad y por tiempo de contribución- con varias alternativas. En la práctica esto ha llevado a que no exista una edad mínima de retiro y la edad media en que los brasileños se jubilan es de 53 años, una de las más bajas del mundo. La situación presenta un grave problema de costos.

A la mayoría de los asegurados de Previdencia Social en el sector privado, no se les requiere una edad mínima para jubilarse. Para tener derecho a una jubilación sólo hay que comprobar un tiempo mínimo de contribuciones, establecido en 35 años para los hombres y 30 para las mujeres. E incluso se reduce en cinco años para los docentes que tengan un tiempo efectivo en el ejercicio exclusivo de su trabajo en la educación infantil, primaria o secundaria. El monto de la pensión depende de la cantidad de años de aportes. Para el sector público -tanto empleados federales, estatales como municipales- sí hay una edad mínima de jubilación integral que es de 60 años (hombres) y 55 (mujeres).

Sin embargo, el sistema reformado en 1991 contempla también el derecho a la jubilación cuando se llega a una edad considerada de riesgo social, fijada en 60 años para las mujeres y en 65 para los hombres que trabajan en las ciudades, y en 55 para las mujeres y 60 para los hombres residentes en áreas rurales. Aun así, las personas deben comprobar un mínimo de tiempo de contribución que varía entre 11 años y medio y 15, según cuándo se afiliaron a la Previdencia Social (antes o después de la reforma).

Con los cambios demográficos sucedidos en las últimas décadas en Brasil, el sistema de jubilaciones ha estado en el centro del debate. De tener una tasa de fertilidad de cuatro hijos por mujer en los 80, hoy el gigante sudamericano la redujo a sólo 1,7, bastante debajo del mínimo para que la población se reemplace. Por otra parte, la esperanza de vida pasó de 62 años en 1980 a 74 ahora.

Pese a la resistencia de los sindicatos y de algunos sectores de su propio Partido de los Trabajadores (PT), el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff -actualmente suspendida mientras aguarda la votación final en el juicio político que le inició el Congreso por manipulación de las cuentas públicas- intentó modificar nuevamente el sistema de jubilaciones para reducir los grandes costos.

El presidente en ejercicio, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), adelantó que de ser confirmado en el cargo ante la eventual destitución de Rousseff, presentará una reforma de la Previdencia Social como una de las medidas para sacar al país de la profunda crisis económica. La idea de Temer y su equipo económico, liderado por el ministro Henrique Meirelles, es fijar una edad mínima de jubilación más alta para todas las categorías y, a la vez, elevar los porcentajes de contribuciones.


Con una situación crítica, España aplica una reforma progresiva

Se elevó la edad de retiro hacia el futuro y se incrementaron los años de aportes

Por: Martín Rodríguez Yebra

MADRID.- La crisis económica que explotó en España en 2009 convirtió en una amenaza acuciante una hipótesis que hasta entonces se percibía como imprecisa y catastrofista: el peligro de quiebra del sistema público de jubilaciones, a partir del envejecimiento de la población y el aumento imparable del número de beneficiarios. En medio de una sangría de puestos laborales y una caída del salario real, a los gobiernos de los últimos siete años les cayó en las manos la misión impopular de cortar beneficios y aprobar mecanismos que permitan mantener a flote una caja con un déficit estructural.

Fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, quien promovió la reforma más drástica. Dar ese paso le costó el puesto. La edad jubilatoria se retrasó de los 65 a los 67, se aumentó de 35 a 38 años y medio el período de cotización requerido para tener derecho al total de la prestación, y se amplió de 15 a 25 el mínimo de años trabajados que se exigen para percibir un haber. 

Para suavizar el golpe se decidió que la reforma se aplicara de manera progresiva hasta 2027. Es decir, por ahora los españoles se siguen jubilando a los 65 y los plazos de cotización se amplían año tras año hasta llegar al máximo fijado en la ley (hoy está en 35 años y nueve meses).

El gobierno siguiente, del conservador Mariano Rajoy, aprobó en 2013 un índice de actualización a partir del cual los haberes no podrán subir más del 0,25% anual mientras el sistema esté en déficit. Concretó, además, el llamado Factor de Sostenibilidad, que desde 2019 adecuará las prestaciones a la expectativa de vida de los futuros jubilados. Como se espera que vivan más que la generación anterior, sus derechos cotizados en la etapa laboral deben repartirse en un plazo mayor. Esto implica que al primer haber de quien se jubile se le aplicará un descuento.

La crisis colocó la cuestión jubilatoria en un lugar preponderante del debate político. Antes, en 1995, todos los partidos habían sellado el Pacto de Toledo, por el cual se dispuso blindar el sistema de reparto, se creó un Fondo de Reserva de la Seguridad Social para atenuar los efectos de los ciclos económicos, se garantizó el mantenimiento del poder adquisitivo de los haberes y se instó a que la edad real de jubilación se aproximara a los 65 años.

Entonces había en España 3,2 millones de beneficiarios de pensiones contributivas por jubilación, con un haber promedio equivalente a 429 euros. En 2015 eran ya 5,6 millones, que cobraban una media de 1022 euros (la mínima es 636). Pese a las reformas, el déficit del sistema se acumula. El último ejercicio superó los 13.000 millones de euros.

El gobierno de Rajoy recurrió una y otra vez al fondo de reserva para tapar el rojo, incluso en momentos en que se recupera el empleo y crece la economía. El 1º de julio volvió a abrir la caja: dispuso de 8700 millones de euros. Algunos cálculos pesimistas advierten que a este ritmo el fondo podría agotarse en 2019.

Fecha: 31/07/2016

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