Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Tres desafíos del sistema jubilatorio: a quiénes, cuánto y con qué pagar

Abandonar las medidas “de emergencia” para solucionar problemas estructurales es una de las recomendaciones incluidasen dos informes recientes sobre la historia previsional argentina; cómo se evalúa la cobertura y el esquema de financiamiento

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Reparación, moratoria, movilidad, juicios. Como en ese juego que propone unir cada palabra de las ubicadas en una columna con una de las frases escritas en la lista de al lado, los vocablos de uso frecuente al hablar del sistema jubilatorio su historia reciente en la Argentina tienen s u correlato en problemas sociales y económicos: déficit fiscal, informalidad laboral, inflación, falta de adecuaciones en contextos inestables. A eso se suman las tensiones entre lo deseable para los jubilados (presentes y futuros) y la realidad -que se conjuga con decisiones políticas y que, en parte, se define por ellas-, que no responden solo a cuestiones de un plazo más o menos cercano, ni son exclusivas de la Argentina.

Mirar la historia y pensar en lo que puede venir y en lo que efectivamente vendrá, como el cambio demográfico, son cuestiones a considerar en un análisis hecho desde un presente que, entre otras, muestra las siguientes características: una tasa de cobertura previsional que es amplia, pero que fue lograda por políticas no estables ni equitativas; un nivel de haberes que terminó en buena medida definiéndose en la Justicia, y cambios recientes en las fuentes de financiamiento que agregan interrogantes sobre la sustentabilidad del esquema.

“La historia del sistema previsional argentino es muy compleja, rica en reformas de diferentes signos y dominada por medidas de emergencia para atacar problemas estructurales”, señala el informe titulado La persistencia de los dilemas en el sistema previsional argentino, publicado por la Oficina Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y escrito por los economistas Fabio Bertranou, Pablo Casalí y Oscar Cetrángolo. Con la evaluación inicial de que “vivir más tiempo es una buena noticia” y la advertencia de que eso entraña para las sociedades el reto de disponer de más recursos para las jubilaciones y las prestaciones de salud, otro libro reciente, Hacia una historia del sistema previsional nacional, del economista Hugo Bertín, publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, hace un recorrido que va de 1904 a 2018. En los dos escritos hay conclusiones referidas a tres ejes fundamentales del sistema: su cobertura, su nivel de pagos y su financiamiento.

1. Cobertura: cuántos cobran

En los últimos años, el porcentaje de mayores de 65 años que reciben jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de otro régimen se ubica entre el 90% y el 95%. Según el informe de Bertín, esa tasa comenzó a mejorar de manera significativa a partir de 2006, cuando comenzaron a otorgarse prestaciones por moratorias, tras reglamentarse una ley de 1993 que las había previsto. Se dieron, desde entonces, al menos 4 millones de beneficios a personas que, al llegar a la edad de retiro, no tenían aportes suficientes (o no tenían aportes); la modalidad es la de permitirles declarar una deuda con el fisco, que se paga con subsidio y en cuotas descontadas de los haberes. Al lanzarse la medida, no se estimó cuál sería el costo ni se previeron fuentes de financiamiento. Hoy, las prestaciones con moratorias son alrededor de la mitad del total.

Antes de que mejorara el índice de cobertura del sistema, las trabas para acceder se centraban en las dificultades del mercado de trabajo: altos niveles de informalidad y trayectorias laborales interrumpidas por períodos de desocupación que hacían difícil sumar los 30 años de aportes requeridos por la ley. ¿Y ahora? Esos problemas continúan. El crecimiento de la cobertura no tiene su contraparte en una mejora significativa del escenario laboral, sino que responde, advierte el informe de la OIT, a una “medida de emergencia”: la moratoria.

El reemplazo de las moratorias (que irán perdiendo vigencia con el paso del tiempo) es, según dicen en la Anses, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en 2016 y que equivale a 80% del haber mínimo. El derecho a cobrarla se adquiere a los 65 años, si no se tienen los aportes exigidos para jubilarse y si se pasa una evaluación socioeconómica. El cambio va en línea con las recomendaciones del informe de la OIT.

El mapa laboral muestra que, entre los asalariados -que son tres de cada cuatro ocupados, según el Indec- la falta de aportes afecta al 35%. Ese índice es tradicionalmente mucho más alto entre los cuentapropistas: diferentes estudios muestran un persistente índice cercano a la mitad de los trabajadores, cuando se trata de establecer qué porcentaje del total de ocupados no tiene aportes.

Si se mira el universo de aportantes, los datos del SIPA procesados por la Dirección de Programación Económica permiten estimar que en la última década (2008 a 2018) el número total creció 16,6%, una variación que en gran medida se explica por el crecimiento natural de la población en edad activa. Hay un rasgo de ese crecimiento que no le es indiferente al sistema previsional: cuando se calcula cuánto creció el número de aportantes de cada subgrupo de trabajadores, se observa que entre los asalariados el avance fue de 10%, y entre los autónomos del régimen general, de solo 4%. Las mayores variaciones se dieron en el monotributo (el incremento superó el 50%) y en el sistema de servicio doméstico (la suba fue de 28%), dos grupos con aportes bajos en relación al resto, a los que se les garantiza el haber mínimo.

Cetrángolo, que es docente e investigador en la UBA y el Conicet, sostiene que estos dos últimos subsistemas deberían revisarse. “El monotributo no es un esquema para que alguien se quede ahí 30 años, y si no se hace algo [un cambio] se perjudica a los que aportan más y terminan recibiendo igual prestación”, señala. Agrega que en el servicio doméstico hay argumentos para que el aporte esté subsidiado por el Estado, pero que entre los monotributistas no todos tienen baja capacidad contributiva.

El problema se centra en el “salto” del régimen del monotributo al de autónomos, que tiene mayores costos dinerarios y burocráticos, no proporcionales al crecimiento que puede haber tenido la actividad del contribuyente. En el caso específico de la contribución previsional, el mayor esfuerzo de los autónomos no resulta compensado en el futuro.

2. Haberes: cuánto se cobra

Un reclamo emblemático en el país es el del “82% móvil”. Ese nivel de haber jubilatorio inicial medido en relación con el último salario cobrado, ¿es algo del pasado que podría recuperarse? Un poco de historia: cuenta Bertín que fue la ley 14.499, de 1958, la que fijó esa “tasa de sustitución”. Pero, al contrario de lo que comúnmente se cree, la garantía no se dispuso para todos, sino solo para quienes menos cobraban. Si el 82% de la remuneración superaba una cifra establecida por la ley, el monto a cobrar se determinaba usando una escala. Y la tasa de sustitución era más baja cuando más elevado era el ingreso.

La ley, que rigió cuando el sistema solo cubría a un tercio de los adultos mayores y tenía muchos más afiliados que retirados, fue derogada en 1969. Según interpreta Bertín, la persistencia en la memoria colectiva se debe a que hay cajas previsionales provinciales que, para sus empleados públicos, mantienen esa relación del 82%, algo también vigente en regímenes especiales del esquema nacional. El economista dice que esto último no se justifica porque, aun cuando en esos casos el aporte es mayor, los cálculos indican que lo obtenido al jubilarse es, en función de lo contribuido, superior a lo que obtienen quienes están bajo las reglas generales.

¿Cuáles son esas reglas generales? Para los asalariados, el sistema que gestiona la Anses otorga una prestación que surge de la siguiente fórmula: tras actualizar los montos históricos, se calcula el promedio de los últimos 120 salarios cobrados y de esa cifra se obtiene el 1,5%; al resultado se lo multiplica por la cantidad de años con aportes. A eso se le agrega un monto fijo, igual para todos, que hoy es de $5446,47. Un ejemplo: si el promedio salarial da $40.000 y se tienen 30 años de aportes, el primer componente del ingreso daría $18.000 y, al sumarse el monto fijo, se llegaría a un haber mensual de $23.446,47, un 58,6% del ingreso de la última década. Si fueran 35 años los aportados, la relación llegaría a 66%. Por la incidencia de la parte de la prestación que es un monto fijo y único, si el salario es más bajo, la relación con el ingreso activo es más elevada, y si el sueldo es más alto, la vinculación cae (también influye la aplicación de topes).

Desde 2018 rige la garantía por la cual el haber no puede ser inferior al 82% del salario mínimo (garantía que excluye a las prestaciones obtenidas con un plan de moratoria).

Según el informe de la OIT, cuando se mira la cuantía de los haberes se observa la caída del valor real en el período que siguió a la crisis de 2001 y 2002, cuando la inflación provocó recortes del poder de compra a cientos de miles de pasivos que, por años, no recibieron recomposiciones, y generó también que se subestimaran los ingresos de quienes se jubilaban, por la falta de actualización de los salarios usados en la fórmula. Esas pérdidas, fruto de decisiones políticas del gobierno de entonces, derivaron en uno de los capítulos de la historia previsional en los que intervino el Poder Judicial dando sus definiciones. Luego, el informe advierte recuperaciones a partir de dos normativas: la ley de movilidad de 2009 (luego modificada) y la de reparación histórica (que mejoró muchas prestaciones y, como contrapartida, elevó el déficit).

Entre los desafíos, los economistas de la OIT señalan el de “diseñar un sistema con beneficios contributivos que guarden proporcionalidad” con lo aportado: muchos llegan a la edad de retiro habiendo contribuido, pero no con la intensidad que exige la ley.

3. Recursos: cómo se paga

Casi como en un juego de palabras, el primer consejo expresado por la OIT recuerda que un sistema previsional debe ser previsible y que, por tanto, todo cambio debe darse tras lograrse un consenso suficiente y tras definirse niveles de aportes y contribuciones que sean capaces de financiar ingresos “aceptables para la población en el mediano y largo plazo”.

Bertín explica que desde la década del 70 la fuente de recursos para pagar las prestaciones nacionales es una combinación de aportes y contribuciones con ingresos tributarios. En los últimos años, en los que hubo un crecimiento de los beneficios por las moratorias, los aportes y contribuciones tuvieron una participación de alrededor de 50% en el financiamiento del universo de prestaciones. Según el estudio de la OIT, el pago de jubilaciones puramente contributivas representó en 2017 un 4,64% del PBI, en tanto que las “semicontributivas” requirieron 2,97% del producto.

En cuanto al dinero de rentas generales hubo cambios relativamente recientes: tras reclamos judiciales, desde 2016 la Anses ya no recibe el 15% de los recursos coparticipables con las provincias (con algunas hay un esquema de cambio gradual de la asignación). Y el 20% de la recaudación de Ganancias que antes iba al organismo fue reemplazado por lo obtenido por el impuesto al cheque, del cual está previsto que deje de existir en unos años. A esas modificaciones se suman las del sistema de contribuciones patronales: la unificación progresiva de la tasa de imposición y la vigencia de un monto del salario no imponible, creciente en el tiempo (hoy es de $7003). Eso baja el costo para el empleador y la recaudación para el sistema.

Hacia adelante, un reto inevitable es el crecimiento de la participación que tienen los adultos mayores en la población total. La etapa del bono demográfico (en la cual no hay aún cambios significativos de la composición etaria), llegará hacia 2035. Y, según han advertido economistas como José María Fanelli, esta etapa no se está aprovechando para generar estrategias que aporten mayor productividad presente y futura.

Entre los objetivos, dice el informe de la Universidad de La Plata, debería estar el de formalizar empleos, que son “la fuente más robusta y legítima para financiar la seguridad social”.

La eficacia del sistema, se agrega, se define por la medida en que se logran tres metas: “la cobertura de las personas expuestas a los riesgos que conllevan el cese de la actividad y la mayor edad, la suficiencia de los beneficios pagados y la sustentabilidad”.

Un país con más de 200 sistemas

Las cajas provinciales, municipales y de profesionales, parte del conjunto de regímenes

  • En el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay poco más de 12 millones de trabajadores registrados (no ingresan necesariamente aportes todos los meses por todos ellos) y 6,9 millones de jubilados y pensionados; además, el Estado nacional paga más de 1,5 millones de pensiones no contributivas y prestaciones de la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • En el país conviven muchos regímenes previsionales. El informe titulado “Hacia una historia del sistema previsional nacional de la Argentina”, del economista Hugo Bertín (Universidad Nacional de La Plata) identifica 230 sistemas y subsistemas. Entre ellos están los regímenes especiales a cargo del Estado nacional; los de retiros de personas de grupos como las Fuerzas Armadas o la Policía Federal; los sistemas de empleados públicos provinciales; los municipales; los regímenes de actividades religiosas o insalubres; las cajas complementarias y las cajas profesionales.
  • En la década del 90 varias cajas provinciales fueron transferidas al sistema nacional, con lo cual los empleados públicos de esas jurisdicciones se jubilan en el esquema de la Anses.
  • Las provincias que mantienen sus cajas son: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Además, hay dos de bancos públicos y 24 de municipios.
  • Las negociaciones, los acuerdos y los conflictos por la compensación de los déficit de cajas provinciales por parte de la Nación son parte de la historia previsional. Las condiciones y los beneficios suelen ser diferentes respecto del SIPA. En Santa Cruz, por caso, la mujeres se retiran a los 50 años y los varones, a los 54.

Fecha: 28/07/2019

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La bomba de tiempo de los sistemas de jubilación que pone en jaque a 8 de las mayores economías del planeta

Por: BBC News – Mundo

Imagina que no puedes dormir y a tu lado hay un reloj que marca con un sonido cada segundo que pasa.

Ese paso implacable del tiempo suena amplificado en la economía internacional cuando cada 24 horas el déficit del sistema de pensiones en ocho de las mayores economías del mundo crece en US$ 28.000.

Una verdadera bomba de tiempo que estallará el año 2050 cuando el dinero disponible para las jubilaciones tenga un déficit de US$ 400 billones, según el estudio “Viviremos hasta los 100, ¿cómo podemos solventarlo?, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

La cifra es tan gigantesca que, para dimensionarla, habría que decir que es equivalente a 5 veces el tamaño de la economía mundial.

El análisis, que incluyó a Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá, Australia, China, India y Holanda, señala que no hay que esperar tres décadas para ver cómo podría desmoronarse el financiamiento de las jubilaciones.

Han Yik, jefe de la división de Inversionistas Institucionales del WEF, le dice a BBC Mundo que los efectos de esta crisis latente están a la vista en la actualidad y que el país más afectado es EE.UU.

“En Estados Unidos el nivel de personas en bancarrota a partir de los 65 años está aumentando a niveles sin precedentes”.

Entre 1991 y 2006, el problema se ha triplicado, afectando a 3,6 personas por cada 1.000 habitantes, dice el experto.

La amenaza del “triángulo inverso”

Mientras que en Reino Unido la situación tampoco es alentadora, Japón ha intentado impulsar estrategias para adaptarse económicamente a esta realidad, por ejemplo, a través de la expansión del mercado que ofrece servicios para la vejez, robots que dan asistencia a los mayores y gimnasios dirigidos específicamente a ese segmento de la población.

Sin embargo, dice Yik, si no se toman medidas a tiempo, “el peor escenario sería un triángulo inverso, donde un gran número de personas mayores vive en la bancarrota o la pobreza y son mantenidas por una población joven cada vez más pequeña”.

Frente a esas condiciones, podría ocurrir un fenómeno preocupante: jóvenes que migran a otras partes para evitar el deterioro económico.

De acuerdo a la investigación, los países más afectados en orden decreciente son Estados Unidos, China e India, y en menor medida, Reino Unido y Japón.

¿Y de dónde sale el dinero?

Los investigadores destacan que los gobiernos tienen que reformar los sistemas de pensiones para que los países se adapten a sociedades donde cada vez es más común que las personas vivan hasta los 100 años.

Efectivamente mucho se habla de reformar los sistemas, pero la pregunta es siempre la misma: ¿quién es responsable de aumentar el ahorro para la vejez?

Y la respuesta suele ser que el dinero debe provenir de tres partes: el trabajador, el empleador y el Estado. ¿Pero cuánto debe poner cada uno?, ahí es donde el debate se torna, en ocasiones, irreconciliable.

El estudio propone algunas medidas que podrían funcionar en las grandes economías del mundo, centradas principalmente en el ahorro individual de cada persona.

Una de ellas, aumentar la edad de jubilación de acuerdo a las expectativas de vida. Por ejemplo, en países como EE.UU., Reino Unido, Canadá y Japón, el retiro laboral en las próximas décadas debería ser al menos a los 70 años.

Otras propuestas se refieren a automatizar el ahorro individual para que una parte del salario sea depositada automáticamente en una cuenta de ahorro individual. En Reino Unido el 8% del salario será descontado bajo este mecanismo a partir de 2019.

Sin embargo, otros investigadores sostienen que a pesar de la escasez de recursos por el envejecimiento de la población, se requieren mecanismos de ahorro solidario para apoyar a las familias vulnerables que no tienen la posibilidad de ahorrar y requieren asistencia social.

Esta postura se enfrenta a la idea de que el camino más viable para el sistema de pensiones es que los individuos trabajen más años y ahorren más dinero, algo que solo puede dar resultados en los países con los más altos niveles de ingresos.

En América Latina, en cambio, hay vastos sectores de la población que tienen trabajos informales o independientes que no les permiten prepararse individualmente para el futuro.

Qué pasa en América Latina

“Chile ha liderado el camino en América Latina en términos de enfrentar la situación de las pensiones a través de varias reformas”, dice Han Yik.

“Ahora están viendo cómo implementar más reformas este año, enfocadas en aumentar las contribuciones”, agrega.

El tema ha estado en la discusión reciente del país sudamericano, incluyendo masivas protestas en las calles porque las personas reclaman pensiones “más dignas”.

Bajo el sistema chileno los trabajadores ahorran en cuentas individuales que son administradas por firmas privadas. Estas empresas invierten esos ahorros en los mercados internacionales para tratar de conseguir la mayor rentabilidad de los fondos.

El aporte de cada empleado es obligatorio y gira en torno al 10% de su sueldo. En los últimos años los gobiernos han hecho propuestas para aumentar ese nivel de cotización, sumando el aporte de los empleadores y el Estado, según sea el caso.

En ese contexto, existe en Chile un “Pilar Solidario”, que es un fondo público que complementa las pensiones mínimas, para asistir a las familias más pobres.

Pero para el grueso de la población, el sistema básicamente está construido en torno al aporte individual. Hasta ahora se desconoce hasta cuánto y cómo se elevará la cotización en el futuro, cómo cambiará el pilar solidario y cuál será la nueva edad de jubilación.

Mientras que países como Chile, El Salvador, Bolivia y República Dominicana, están buscando cómo encarar el déficit, dice Yik, hay otros que enfrentan una crisis más profunda.

Es el caso de Brasil, Argentina o Venezuela, países que tienen “problemas endémicos de sustentabilidad”, agrega el investigador.

Otros estudios, señalan que más de la mitad de los adultos mayores en América Latina no recibe una pensión y los trabajadores se ven obligados a permanecer activos en el mercado laboral, según datos de la Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Siguiendo la tendencia actual, es cada vez más probable que muchos de los bebés que nacen este año vivan hasta el 2118. Suena lejos, pero las opciones que ahora están sobre la mesa, van a determinar, probablemente, cómo será su vejez.

Fecha: 28/08/2018

La crisis del sistema previsional: un debate que excede a la Argentina

Los problemas de financiamiento del sistema se dan en un contexto generalizado de envejecimiento poblacional que abarca a todos los países del globo. El desafío argentino, dicen los expertos, es optar por un modelo que garantice estabilidad para los próximos 30 ó 50 años, sin caer en soluciones de corto plazo. Los casos de Australia, Brasil, Chile, Alemania, España, en foco.

Por: Marcelo Batíz

El accidentado debate por la reforma del sistema previsional con el que se cerró 2017 llevó a extender la mira a otros países para ver si el problema, lejos de ser exclusivamente local, es una preocupación generalizada. Con casi 130 años de existencia desde que el canciller alemán Otto Bismark lanzara el primer régimen de retiro laboral, los sistemas previsionales han sido objeto de análisis y reformas, aunque son pocos los que se animan a decir que los inconvenientes están en vías de ser superados.

Por el contrario, para el brasileño Luis de Mello, jefe de Gabinete adjunto de la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “la cuestión de reformas de los sistemas previsionales es de suma importancia, no solamente en las economías avanzadas sino que también en países como los emergentes que están enfrentando un envejecimiento rápido de sus poblaciones y cuyos sistemas previsionales siguen basados en parámetros demográficos de cuando fueran creados, cuando la estructura demográfica de las sociedades era muy diferente”.

Una concepción similar tiene Eduardo Mancuso, de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales (UEPE) de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), para quien “la crisis de financiamiento del sistema previsional argentino se enmarca en un contexto general”, en el que “el envejecimiento poblacional implica un desafío para los regímenes previsionales de todo el mundo”.

De Mello explica que “los países de Europa y Asia Central están envejeciendo rápidamente. Las personas con un mínimo de 65 años representan, en promedio actualmente, un 12 por ciento de la población de dichos países, en comparación con un 6 por ciento en 1950, y se prevé que esta proporción alcanzará un 21 por ciento en 2050”.

Proyecciones

Las proyecciones al respecto no son uniformes en todo el mundo. Para el 2030, el Banco Mundial prevé que en la mayoría de los países desarrollados la población mayor de 60 años represente más del 30% del total, con el extremo de Alemania con el 35,3 por ciento. Más holgada será la situación de la Argentina, con el 19,3 por ciento y absolutamente opuesta la de los países africanos, con Uganda con el 4,1 por ciento de esa franja etaria sobre el total.

Sin embargo, para el 2150, las situaciones de Alemania y Argentina serán similares, con el 31 y el 30,8 por ciento, respectivamente. Sí… hay gente que hace proyecciones para dentro de 132 años.

Rafael Rofman, líder de Programas para Sectores Sociales del Banco Mundial, tiene otro punto de vista. “El envejecimiento no es un problema, sino una bendición; la población envejece básicamente porque la gente vive más, porque la salud mejoró y porque nacen menos chicos ya que las familias tienen la capacidad de controlar el número de hijos que va a tener. Y esos son probablemente los mejores indicadores de desarrollo social”.

“En todo caso, el problema es que existen instituciones pensadas para otro régimen demográfico y lo que hay que entender es cómo pensar esas instituciones para una realidad que va cambiando”, añade, luego de considerar que “es un error hablar de crisis, que es algo que pasa de repente y hay que resolver con urgencia. Lo que hay acá -puntualiza- son desafíos y hay que responder con una estrategia de políticas públicas para una realidad que va cambiando, para hechos que sabemos que van a pasar en los próximos 50 ó 100 años”.

Para el español Mariano Bosch, especialista senior de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “las manifestaciones de envejecimiento poblacional se ven de manera avanzada en Europa y cada vez las vemos más en América latina y el Caribe. Cada vez son más adultos mayores por trabajador y también vivimos más años. Es un fenómeno global, cada país está en distintas fases de envejecimiento pero la tendencia es común en todos”.

Rofman remarca la “bendición” del envejecimiento, pero a la vez plantea que “a esa bendición hay que financiarla y encontrar un balance razonable”, una tarea que, aclara, “no es una regla técnica sin una decisión de política social”.

Al respecto, explica que en cualquier sistema previsional “hay tres pilares: cobertura (a cuánta gente estoy dando beneficios), adecuación (cuánto le doy a cada uno) y sostenibilidad (cuánto me cuesta financiarlo). Es obvio que no se puede lograr un nivel óptimo en las tres dimensiones al mismo tiempo, porque si subo la cobertura tengo que bajar los beneficios o subir el costo. No hay manera de tener un sistema que cubra a todo el mundo, le pague miles de dólares a cada uno y sea muy barato. Es aritmética básica”, sostiene.

Equilibrios

En consecuencia, la decisión política a la que se refiere Rofman es la de “elegir como sociedad dónde está el punto de equilibrio razonable: cuánto cubro, cuánto pago y cuánto de los recursos de la sociedad estoy dispuesto a destinar para eso”. Y si de decisiones políticas se trata, las experiencias internacionales son diversas. Incluso de países que, según los analistas consultados, están aprobando el desafío. “Hay sistemas europeos que, aun siendo de beneficio definido como el argentino, están totalmente fondeados. Holanda y Suecia son buenos ejemplos. Canadá también tiene niveles de fondeo importantes”.

Mancuso explica que “Suecia sobresale por tener tres tipos de pensiones dentro de su sistema, dos de ellas son contributivas y otra no contributiva. Esta última -exigible a partir de los 65 años de edad- es para trabajadores cuyos ingresos son bajos o que directamente se encuentran desempleados. En cambio, las pensiones contributivas son accesibles a partir de los 61 años y se financian de manera mixta entre contribuciones patronales y de los empleadores. Se aporta el 18,5% del salario bruto (en la Argentina poco más del 30%). Una de ellas funciona como un sistema de reparto, mientras que la otra es un régimen de capitalización donde los trabajadores eligen entre diferentes fondos de pensiones gestionados por entidades privadas”.

“Australia tiene un sistema de capitalización individual al igual que Chile, pero con algunas variantes que aseguran mejores pensiones. Los empleadores cotizan el 9% de sus sueldos, a lo que se suman aportes voluntarios de los beneficiarios y un fondo de seguridad que aporta el Estado. Así, este último asegura que los ingresos de los jubilados no sean menores a los que habrían recibido en el sistema estatal (de reparto) que había en Australia antes de la creación del sistema actual”.

Rofman señala la disparidad en América latina, con “países con un 20 por ciento de cobertura (República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador), y otros con gastos importantes, relacionados con la existencia de más adultos mayores, más generosidad en el sistema y mayor cobertura, con gastos del 10 al 15 por ciento del producto (como buena parte de los países de Europa), entre los que figuran la Argentina y Brasil”.

Brasil

Precisamente, el sistema previsional del principal socio del Mercosur “es uno de los más complejos de la región”, apunta Mancuso, “porque presenta una media jubilatoria a los 53 años, generando un grave problema de costos”.

“Conjuga dos modalidades por edad y por tiempo de contribución con varias alternativas, según el sector y profesión. No establece una edad mínima para jubilarse a los trabajadores del sector privado, solo acreditar un tiempo mínimo de contribuciones, establecido en 35 años para los hombres y 30 para las mujeres, el cual, incluso, se reduce en cinco años para el caso de acreditar un tiempo exclusivo de docencia en establecimientos educativos no universitarios (infantil, primario o secundario). Para el caso de los trabajadores del sector público, sí hay una edad mínima jubilatoria que es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. En ambos casos, el monto de la pensión depende de la cantidad de años aportados”. Luego de la reforma laboral aprobada en 2017, el presidente Michel Temer manifestó que también será necesaria una reforma previsional, con aumentos tanto en la edad de jubilación como en los años de aportes.

Los datos del Banco Mundial sobre Brasil muestran que su gasto previsional se ubicó en 2015 en el 11,1% del PIB y que sus beneficiarios más que duplican a la cantidad de habitantes mayores de 65 años.

España

En España, la reforma del sistema superó las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular. Comenzó en 2011, cuando el entonces presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispuso la elevación progresiva hasta el 2027 de la edad de retiro de los 65 a los 67 años, y el período de cotización de 35 a 38,5 años. Ya entrada la Presidencia de Mariano Rajoy, en 2013, se estableció un índice de actualización a partir del cual los haberes no pueden subir más del 0,25% anual mientras el sistema esté en déficit. En 2017, se debió recurrir al fondo de reserva para financiar un déficit de 8700 millones de euros.

Alternativas

A la hora de buscar soluciones para la Argentina, Rofman relativiza la validez de las comparaciones con otros países. “Por supuesto que uno quisiera tener las políticas de los países escandinavos, pero para eso hace falta tener el Producto Bruto de esos países. Creo que es muy razonable mirar lo que pasa en el mundo, pero tratar de copiar un modelo y aplicarlo en otro país por lo general no funciona”, reflexiona.

“No me parece que tenga sentido decir que tenemos que ser como Alemania, con un sistema de puntos, o Suecia y tomamos un modelo de cuentas nacionales, o como Chile y Perú y vamos a un sistema de AFP de vuelta. Son modelos razonables, legítimos y posibles y los podríamos adoptar. Pero tendrían que ver más con la estrategia de gestión cotidiana que con los objetivos centrales que son cobertura, adecuación, sostenibilidad. Y en eso no hay espacio para inventar nada muy raro”, asegura.

Para que quede claro, Rofman remata diciendo que “no vale la pena salir a buscar experiencias por el mundo, sino entender cómo hacemos para que lo que tenemos funcione mejor, para que los recursos que tenemos, que son muchos, lleguen a donde tienen que llegar de forma más efectiva y no se pierdan en el camino. El desafío es ordenar esto o asegurarnos la estabilidad del modelo para los próximos 30, 40, ó 50 años”.

– Jubilarse… según pasan los años

– 1904: se crea la Caja de Empleados de la Administración Pública, al año siguiente la de los trabajadores ferroviarios.

– 1944: generalización del sistema, con ampliación de coberturas. Se crea la Caja de Empleados de Comercio, en 1946 la de Industria, en 1954 la de Profesionales y Empresarios y en 1955 la del Personal Doméstico.

– 1954: se sanciona la ley 14.370, que generaliza el régimen de reparto en reemplazo del de capitalización individual.

– 1958: se sanciona la ley 14.499, por la que se instaura el 82 por ciento móvil.

– 1969: por medio de las leyes 18.037 y 18.039 se unifican todas las cajas preexistentes en tres: Autónomos, Estado e Industria y Comercio. Se eleva la edad jubilatoria a 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un requisito de 30 años de aportes como mínimo.

– 1980: se eliminan las contribuciones patronales, en el marco de la generalización del IVA. Se reestablecen en 1983.

– 1986: emergencia Previsional, se congelan las demandas judiciales.

– 1993: se sanciona la ley 24.241 que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), con la coexistencia de regímenes de reparto y capitalización.

– 1994: el 1 de julio entra en vigencia el SIJP, comienzan a operar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

– 2008: se sanciona la ley 26.425 que reemplaza al SIJP por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al régimen de capitalización y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por medio de la ley 26.417 se implanta la ley de Movilidad Jubilatoria, con actualización semestral de haberes: 50% Índice General de Salarios y 50% RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables).

– 2010: el Congreso sanciona una ley que garantiza el 82% móvil para todos los jubilados. La presidente Cristina Kirchner la veta.

– 2016: se sanciona la ley 27.260 de Reparación Histórica, que permite acuerdos para reajustes de haberes y cancelación de deudas previsionales.

– 2017: se sanciona la ley 27.426, que modifica la fórmula de actualización de haberes (70% por inflación, 30% el 5% del crecimiento del PIB) cambiando la periodicidad de semestral a trimestral. Permite al empleado optar por extender edad jubilatoria hasta los 70 años.

Fecha: 29/01/2018

Algunas reflexiones sobre la Ley de Reforma Previsional

Por: María Martín Yañez y Fernado Payá (h)*

La ley 27.426 bajo el importante título de Reforma Previsional, limita su contenido a tres temas específicos, de los cuales dos corresponden al ámbito previsional y el tercero al laboral.

En primer lugar modifica el método de movilidad de la ley 24.241, aplicable no sólo a los beneficiarios de las prestaciones previsionales, sino también a los titulares de asignaciones familiares y de pensiones no contributivas, entre ellas la Pensión para el Adulto Mayor de reciente creación por la Ley de Reparación Histórica, para luego incluir una modificación por cierto encomiable, del Haber Mínimo Garantizado.

Respecto al cambio del régimen de movilidad, variaron los índices para determinar los incrementos que en tal concepto de aplicarán a los haberes, así como su frecuencia, que pasa de semestral a trimestral. El régimen de movilidad constituye uno de los aspectos claves para la eficacia de la cobertura previsional, por lo cual es imprescindible la aplicación de un régimen que los preserve. Como con buen criterio no se especifica método alguno para su ejecución, el legislador puede arbitrar distintos medios para ello, con el sólo límite de su razonabilidad que le impone el art. 28 de la Carta Magna, de que dicha garantía no pueda ser alterada por las leyes que reglamenten su ejercicio, lo cual podría suceder si la aplicación del nuevo método resultara en una disminución confiscatoria de los haberes de los interesados, que traería aparejada su inconstitucionalidad.

Para ello no basta la sola modificación del régimen o la inmediatez de su aplicación cuando ya se encontraban disponibles los datos para el ajuste de la movilidad conforme al régimen anterior, más beneficioso que el actual (que autorizaba un aumento del 12% contra el 5,7% del actual), puesto que no implica desconocer derechos adquiridos, sino que solo afecta derechos en expectativa, por más respetables y dignos de ser tenidos en cuenta que sean. Tal como lo ha determinado la Corte Suprema, si la disminución del monto de los haberes resulta confiscatoria, es decir sobrepasa el 15% del total, podrá ser tachada de inconstitucional, por contrariar principios fundamentales que hoy sustentan el régimen previsional, tales como la debida proporcionalidad que deben guardar con los haberes de actividad, y por afectar además el principio de progresividad o mejor dicho de no regresividad, que han sido adoptados por nuestro país mediante la firma de varios convenios internacionales cuyo contenido reviste jerarquía constitucional. 

Resumiendo, entendemos que la ley, en cuanto modifica el régimen de movilidad, puede y probablemente será tachada de inconstitucionalidad, en tanto produzca una disminución confiscatoria de los haberes, incrementando de tal manera la litigiosidad ya instalada.

El segundo tema previsional, de singular relevancia, consiste en el pago a los beneficiarios de la PBU que acrediten 30 o más años con aportes efectivos de un suplemento dinerario que complemente su haber hasta alcanzar el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, de manera que esa cobertura mínima tendrá, en forma permanente, una relación de proporcionalidad con el salario de los trabajadores en actividad. Respecto al régimen laboral, modifica no tan acertadamente, el art. 252 LCT, extendiendo la edad del trabajador en condiciones de jubilarse a los 70 años, y obligando al empleador a conservarlo en su puesto de trabajo cinco años más de los requeridos para obtener su beneficio. Se contradice así la norma general del art. 91 LCT, por el cual el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye cuando el trabajador se encuentra en condiciones de gozar de la jubilación conforme su edad y años de servicios. El nuevo texto del art. 253 de la LCT recepta las conclusiones del Plenario N´ 321 de CNTrab Couto de Capa, que resolvió que el trabajador jubilado que continuara prestando servicios luego de su retiro previsional, en caso de despido posterior solo puede reclamar indemnización por los nuevos servicios prestados, pues los anteriores quedan cancelados con la jubilación.

Finalmente vale señalar que la situación del actual régimen previsional requiere una profunda revisión, no sólo de medidas coyunturales que disminuyan el costo del financiamiento del sistema y devuelvan la coherencia a la normativa afectada por la brusca reforma de la ley 26.425, que una vez obtenido su objetivo de eliminar el régimen de capitalización y la consiguiente transferencia de fondos, se desentendió de la necesidad de adecuar la normativa restante de la ley 24.241, y que lo dote de una nueva estructura que permita conformar un sistema de prestaciones acorde con las necesidades de la comunidad social y de la cobertura a la que ésta aspira, proveyéndole además de una razonable financiamiento.

* Miembros de Thomson Reuters

Fecha: 16/01/2018

La estafa de la jubilación pública

Por: Diego Giacomini

Para: Diario El Cronista

De acuerdo con trascendidos, el Proyecto Presupuesto 2018 gasta 59% del gasto primario en Anses y PAMI, lo que representa un aumento de 12 p.p. contra 2016 (47%). La seguridad social se lleva cada vez más. Sin embargo, el sistema de previsión y seguridad social no es previsor, ni brinda seguridad a nadie. No sorprende. Hayek decía: “La palabra social vacía de contenido cualquier palabra a la que se le aplique, aunque nada anormal haya sucedido”.

La jubilación estatal tiene 4 problemas: i) está expuesto a las presiones políticas (caja política); ii) es una estafa intergeneracional; iii) es un fraude a los aportantes y beneficiarios y, iv) atenta contra la inversión, productividad, crecimiento, creación de empleo y el poder adquisitivo del salario. El sistema jubilatorio de reparto debería desaparecer. Voy a explicar por qué.

La jubilación estatal de reparto nació como una estafa de la corporación política. Bismarck (1889) creó el sistema fijando la edad de jubilación en 70 años cuando la esperanza de vida era de 35 años (hombres) y 38 años (mujeres), lo cual brindó una cuantiosa caja a la política alemana. En Argentina, las cajas jubilatorias financiaron cualquier cosa menos jubilaciones. De hecho, en 2016 el FGS del Anses gastó $ 158.085 millones financiando Procrear, préstamos a beneficiarios del SIPA, préstamos a Provincias y déficit fiscal, lo cual equivale casi al 30% de las jubilaciones ($ 572.659 MM) y es un +47% superior al pago de Asignaciones familiares y AUH ($ 107.628 MM).

El sistema de reparto es una transferencia intergeneracional injusta e ineficiente que hipoteca el futuro. En este sistema, los participantes iniciales convencen a los posteriores para que les transfieran fondos (a ellos) a cambio de una promesa de transferencias mayores provenientes de una (supuesta) cantidad superior de participantes futuros. Sin embargo, esto es una estafa intergeneracional, ya que el sistema no se adapta a los cambios demográficos signados por una esperanza de vida en aumento. La cantidad de personas mayores de 60 se triplicará durante los próximos 25 años. Paralelamente, la tasa de fertilidad bajará. Así, el número de beneficiarios (jubilados) aumenta sostenidamente en relación con la cantidad de financiadores (trabajadores), con lo cual el sistema funciona cada vez peor hasta colapsar.

 Este sistema hipoteca el futuro de los niños actuales y de los que todavía no han nacido. El gasto en seguridad social aumenta en detrimento del gasto en educación y salud. En otras palabras, se gasta cada vez más en los ancianos (pasado) y menos en los jóvenes y niños (futuro); es decir se desinvierte en capital humano atentando contra el crecimiento y el futuro. El gasto de Nación en nuestros abuelos (10% del PBI sumando jubilaciones y pensiones -9,1%, y PAMI -0,9%) casi duplicó las erogaciones en educación (5,6%) y salud (6%) de las tres esferas en 2016. Paralelamente, el gasto global en Ciencia (0,3%), Vivienda y Urbanismo (1,2%) y Agua potable y cloacas (0,6%) es prácticamente inexistente al lado del gasto en jubilaciones y pensiones (9,1%).

El sistema jubilatorio de reparto es una estafa, tanto para los aportantes como para sus beneficiarios. Asumamos que un hombre ahorra a lo largo de toda su vida laboral (20 a 65 años) lo que actualmente le descuentan mensualmente en concepto de Aportes Personales (11%). Utilizando el salario promedio privado registrado ($ 22.859) en dólares y capitalizándolo a una tasa del 5% anual, el trabajador llegaría a sus 65 años con un ahorro de u$s 317.000. Según la expectativa de vida masculina (73 años) en Argentina, cobraría u$s 4002 mensuales hasta fallecer. Si viviera hasta los 80 años percibiría u$s 2.00 y hasta los 85 u$s 2086, su jubilación sería menor.

Sin embargo, la anterior cuenta es incompleta, porque faltan las Contribuciones Patronales (10,17%) de los empleadores. Adicionando este flujo y capitalizándolo también al 5% anual (u$s 608.000), la jubilación masculina treparía hasta u$s 7696; u$s 4807 y u$s 4012 por mes si el hombre viviera hasta los 73; 80 u 85 años; respectivamente. Hoy en día la jubilación promedio asciende a u$s 595. No hay mucho más que agregar.

En 1980/2016 el PBI per cápita anual de Argentina (+0,9%) creció muy por debajo de la región (+1,9%); Alianza del Pacífico (+2,3%) y Chile (+3,0%). En este marco, Argentina necesita crecer fuertemente para recuperar el terreno perdido. Y el sistema jubilatorio estatal es un grave obstáculo para crecer, ya que atenta contra el ahorro, la inversión y la formación de capital, obstaculizando la productividad, la creación de puestos de trabajo y la mejora del salario. Argentina tiene una tasa ahorro/PBI (14%) muy inferior al promedio de la región (22%), lo cual la lleva a invertir y, en consecuencia, crecer mucho menos que la región.

Detrás de este este déficit de ahorro y falta de inversión está el desahorro público y el déficit previsional. En 2016 el déficit de Anses ascendió a 2,6% del PBI, lo cual empujó el déficit fiscal global a 7,1% del PBI. El déficit previsional tiene inexorable tendencia alcista y ascenderá a 3% del PBI en 2017. En este marco, el déficit fiscal global ascenderá a +7,6% del PBI en 2017.

En pocas palabras, el sistema jubilatorio de reparto será cada vez más deficitario, convirtiéndose en obstáculo cada vez más grande contra la inversión, el empleo, los salarios y el crecimiento en el largo plazo. Ergo, la jubilación estatal está hipotecando el futuro de nuestros niños y de los que no nacieron. ¿No vamos a hacer nada?

Fecha: 07/09/2017

 

Tener ahorros para la vejez, un desafío para personas y países

Varias naciones sostienen planes de retiro individual; en la Argentina podrían ser voluntarios y completar el ingreso de un sistema público; rescatar la confianza es clave

Por: David Feliba

Para: Diario La Nación

“Mi consejo es que hay que hacerse rico antes de hacerse viejo”, dice con humor pero sin bromear José Fanelli, especialista del Conicet en temas poblacionales. Explica que la fórmula que echa sombra sobre los mecanismos jubilatorios es simple: una tasa global de natalidad en caída y una expectativa de vida en ascenso. Algunos estudios arrojan indicios. Según la ONU, el 34% de la población europea tendrá más de 60 años en 2050, mientras que en Asia y América latina ese índice se acercará al 25%. En 2015, el promedio global estaba en 12,5%. Y los expertos concuerdan en que ni la Argentina ni la región -ni prácticamente ningún país- estarán al margen de una tendencia general al envejecimiento.

El nuevo esquema demográfico impregna de estrés los distintos sistemas previsionales del mundo. Algunos países profundizaron un mercado de planes de retiro, en los que los ahorros de la persona se acumulan desde edad temprana para complementar luego los aportes hechos a un régimen público. En la Argentina aún queda el mal sabor tras la experiencia con las AFJP. Como con todo en el país, o al menos todo lo relativo al ahorro, resultará providencial recomponer la confianza. A su vez, está claro que, como el Estado gasta cuatro de cada diez pesos en prestaciones previsionales, la discusión no se limita a la esfera privada.

Estas observaciones se dieron en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Retiro 2017, que organizaron la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de Argentina (Avira) y Limra (entidad internacional). De cara a una revisión integral aún latente del sistema argentino que se prevé para antes de 2019 (según el compromiso incluido en una ley de 2016), ¿qué puede tomarse de las experiencias regionales?

Uno de los aspectos para el análisis es la posibilidad de instaurar sistemas voluntarios de ahorro para complementar lo que pague el régimen público. La producción de seguros de retiro es magra en el país: apenas el 1,5% del total de primas emitidas por la actividad aseguradora. Casi la totalidad se explica por planes colectivos. “Sirve como complemento de la jubilación pero no tiene incentivos fiscales y se usa más como un beneficio de las empresas para un segmento de sus empleados que como herramienta individual. No hay contribuciones voluntarias”, explica Fabián Hilsenrat, vicepresidente de Avira.

Según Hernán Raffo, socio de PwC Argentina, para capturar el ahorro de las rentas medias, la industria deberá diseñar algo de muy bajo costo y con fuerte transparencia. La clave, explica, estará tanto en la moneda en la que se nomine como en la portabilidad. “El poder mover el ahorro de una institución a otra hará que las compañías puedan competir por rentabilidad”, argumenta.

“En Brasil, los fondos tienen portabilidad”, explica Andrea Levy, asesor en Mongeral Aegon. “Cada dos meses uno tiene el derecho a cambiar si no está satisfecho o si decidiera modificar su perfil de riesgo. Se puede ir a otro banco, fondo o aseguradora”, agrega.

En su presentación, uno de los ejes que llamó la atención fue el incentivo fiscal: para mantener el ahorro dentro del sistema, el trabajador se beneficia con una reducción del 35 al 10% en el impuesto a pagar al final, siempre y cuando no rescate el capital con antelación.

Explica que es principalmente un negocio de cuentas individuales, adquiridas a través del canal bancario. Allí, los fondos de pensión administran activos por cerca de 800.000 millones de reales. “Es el bloque de negocios más importante en términos financieros”, describe Levy. En los últimos años, parte del capital de los trabajadores financió la inversión brasileña en infraestructura.

Cuestión de edad

Pero la realidad llama a las puertas de Brasil, donde la edad promedio de retiro es de 53,2 años y se avecina una dura batalla por una reforma estructural (que ahora se verá cómo se resuelve tras el escándalo que involucró al presidente Michel Temer). Levy describe: “Brasil está envejeciendo, y mucho más rápido que el resto del mundo. Antes éramos un país joven y había mucha gente que pagaba. Eso cambió por tres cosas: soluciones mágicas que estiran la expectativa de vida, mujeres que trabajan cada vez más (y, por ende, una fertilidad que no estará allí para financiar el sistema), y una población que envejece. Debemos pensar en esto, la base se angosta cada año?”.

“Hay que planificar estas vidas más largas, ¿no?”, dice Alison Salka, vicepresidenta de Limra. “Cuando uno se retira en EE.UU., se espera que viva entre 18 y 21 años más”, dice. Da otros datos: habrá en 2050 unos 3,7 millones de centenarios en el mundo. Hoy hay unos 500.000. Japón, el país más envejecido, es un caso emblemático: tendrá para ese entonces una edad mediana de 53,3 años. Ya en el presente, grafica, el mercado de pañales para adultos supera al de pañales para bebes.

Según datos de Limra, en EE.UU. dos de cada tres empleados acceden a un plan de retiro en el trabajo, que complementa una tasa de reemplazo de la seguridad social (ingreso pasivo sobre ingreso activo) de entre 20 y 55%. “¿El factor más importante? La suscripción automática del empleado a partir de una deducción de su salario”, dice Salka.

En el modelo chileno mandan las cifras. Carlos Gómez, miembro director del Centro Internacional de Reformas de Pensiones, llama a la previsional como la “madre de todas las reformas”. Afirma que los sistemas están “quebrados en todo el mundo” y promueve la creación de un mecanismo de cuentas individuales de ahorro para el retiro.

Explica que desde que se introdujo ese sistema hace décadas (hoy 30 países lo tienen), cayó drásticamente la pobreza, el desempleo y aumentó el ingreso per cápita. “Chile tiene hoy 10 millones de trabajadores capitalistas que formaron capital privado por US$ 200.000 millones o 80% de PBI. Es un sistema que recupera el eslabón perdido entre esfuerzo y recompensa”, dice. Todo trabajador chileno tiene una cuenta obligatoria de ahorro, a la que va el 10% del salario. El retorno real promedio de los últimos 36 años, dice, por la inversión de esos fondos que hacen las AFP, fue de 8,3% anual.

Fecha: 24/05/2017

“Hoy se vive más y habrá que trabajar más años, aunque nadie quiera oírlo”

Julio Portalatin: El CEO global de Mercer dice que los sistemas previsionales tienen una gran crisis potencial y cree que una mayor inclusión laboral de las mujeres aliviaría la situación

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Hay cosas que nadie quiere oír, pero de las que hay que hablar. Julio Portalatin ubica en esa categoría la necesidad de los países de revisar a qué edad se jubilan los trabajadores. El presidente y CEO global de Mercer enfatiza en que los conflictos que ese debate pueden generar no deberían hacer pasar por alto la advertencia: si no se hacen cambios en los sistemas previsionales, no habrá escapatoria para una enorme crisis, porque los recursos serán escasos para compromisos de pago cada vez más elevados. Mercer se especializa en consultoría a empresas en temas de salud, pensiones y beneficios para empleados.

De visita en Buenos Aires, el directivo dialogó con LA NACION y dijo ver una oportunidad, para aliviar aquel riesgo, en la inclusión de más mujeres en el mercado laboral. “Si ellas participan en el mercado de trabajo en igual medida que los hombres, eso ayudará”, porque -según afirma- hay estudios que demuestran que eso aportaría a un mayor crecimiento de las economías.

Ese potencial se enfrenta a un riesgo: según el directivo, los avances de la inteligencia artificial pueden afectar a los empleos de las mujeres 10 veces más que a las tareas realizadas típicamente por varones. El objetivo a lograr: que ellas ocupen más posiciones en espacios en los que hoy están poco representadas. La diversidad en las empresas -que se traduce en el armado de equipos estratégicos “con personas de diferentes edades, nacionalidades, grupos étnicos y géneros”- ayuda a las firmas a crecer. “Y hay que dejar atrás lo que llamamos prejuicios inconscientes, que todo el mundo los tiene”, afirma.

-El debate sobre la edad jubilatoria es fuente de conflicto en todas partes, ¿cuál cree que es la manera adecuada de encarar el tema?

-El mundo entero tiene una crisis potencial bastante grande en los sistemas jubilatorios. Nosotros hacemos un reporte cada año sobre distintos países, que analiza si va a haber ahorro suficiente, ya sea del gobierno o de los privados, para que cuando las personas se retiren puedan vivir como antes, no mejor ni peor, sino igual. Hoy el mundo se está poniendo más viejito y no digo que eso sea malo, pero sí que es un potencial problema si no se planifica bien. Los sistemas de seguridad social se hicieron cuando las personas vivían menos y muchos no se adaptaron al crecimiento de edad promedio. La responsabilidad de planificar es de triple play, porque ni el gobierno ni las empresas ni los individuos pueden solos. En el reporte anual elaboramos un índice que mide la sustentabilidad, la adecuación y la integralidad de los sistemas, y lamentablemente la Argentina no sale muy bien. Hay muchas cosas por hacer pero nada es fácil y nada va a ser popular para todo el mundo. Si se vive más años, la consecuencia es que la gente va a trabajar más años y va a esperar más, pero nadie quiere oírlo.

-¿Es inevitable obligar a trabajar más años o hay formas más flexibles de lograr el resultado necesario para las cuentas fiscales?

-Los sistemas no pueden sostenerse con la mayor expectativa de vida. En el mundo el déficit de pensiones es de 40 trillones de dólares y, sin cambios, en 2050 será de 400 trillones. No es popular, pero es necesario.

-De los países mejor posicionados por la sostenibilidad de sus sistemas, ¿qué rescataría?

-Son modelos en los que participan el Estado, las empresas y los ciudadanos. Hay contribuciones que se mueven según cuánto se va a necesitar. Y hay esquemas en que las personas ahorran un porcentaje de su ingreso e igual porcentaje pone la empresa. Y eso con beneficios impositivos.

-Los esquemas de ahorro o de planes de retiro con acuerdos de aportes del empleado y la empresa parecen más viables para sueldos altos. ¿Pueden extenderse?

-La motivación para los que tienen menores sueldos es mayor, porque si la persona pone 12, la empresa pone 12. Eso se analiza con cada aumento de sueldo y, entonces, la persona evalúa que estaba ya viviendo sin esa diferencia. Hacen falta herramientas y educación para este tipo de planes.

-En nuestro país hubo y hay alta inflación, por lo que los aumentos de salarios son compensaciones. ¿Se puede pensar en esos planes cuando hay inflación?

-Siempre hay momentos en los países en los que los porcentaje de ahorro bajan. Pero siempre habrá tiempos de repunte. Si no se ahorra, habrá un problema más grave después.

-Aquí hubo idas y venidas con las reformas al sistema. Más allá de la opinión sobre cuál es el adecuado, ¿cómo afectan esas decisiones políticas a la credibilidad para un sistema de retiros?

-Eso pasa, pero el problema no cambia y hay que resolverlo. ¿Es más difícil si no hay confianza? Sí, pero las empresas tienen entonces una responsabilidad mayor. Hoy pasa en varios países con la situación política. Estados Unidos tiene un desafío especial y sólo puedo decir que muchos empleados buscan un liderazgo diferente de sus compañías. Es una oportunidad para revalorizar la integridad, la inclusividad, la diversidad y el respeto.

Fecha: 12/02/2017

La edad para jubilarse: otra perspectiva

Por: Héctor Zajac

Para: Diario Clarín

El gobierno esgrime el envejecimiento poblacional como una causa de su intención de llevar la edad de retiro por encima de 65 años. Trabajadores que sufren mayores cargas sociales -y menores salarios- para sostener un sistema de reparto con una proporción creciente de pasivos, por la caída de la natalidad.

La crítica que alude al desempleo juvenil por el tapón que aquellos que se jubilaban, y ahora no, crearían en el mercado laboral, expresa una visión “malthusiana” por pensar la economía como un ámbito de plazas fijas y deriva en la legitimación de un discurso anti-inmigratorio que hace agua si se advierte que la única solución estructural a la falta de activos naturales es la inmigración. El mundo desarrollado debate hoy sobre los beneficios de pagar menos jubilaciones y redirigir recursos hacia desocupados fomentando generación de empleo juvenil, atendiendo al vínculo entre calidad de salud pública, ausentismo y productividad laboral por edades. Imposible extrapolar tal debate al mundo en desarrollo, con baja o inexistente contención social, y Estados que “barren bajo la alfombra” a los excluidos, las ventajas de una eventual incremento etario en el retiro, nada desdeñables en términos del ahorro generado que permitirían, por caso, incrementar obra pública, ocultan ominosas implicancias.

La esperanza de vida al nacer es la edad promedio a la que se espera que llegue una persona, y se construye en función de la mortalidad de un país para toda la pirámide al momento en que se realiza el cálculo. Argentina, con 76 años, está 7 años atrasada respecto a los países más avanzados de la UE, donde sus ciudadanos envejecen en buenas condiciones de salud física y mental. No es nuestro caso, dónde además, el promedio es menos representativo que en el viejo continente con provincias que apenas llegan a los 70 años y otras por encima de los 79, producto de la enorme desigualdad regional en el acceso a la salud y educación.

En este contexto, aumentar la edad de retiro de un modo geográficamente indiscriminado expresa no solo una mirada de país desde su metrópolis, un error en lo económico, sino un horror irreparable en lo humano por propugnar la creación de una nueva cohorte de NINIS ( no pueden trabajar, ni jubilarse), mucho más vulnerables, por edad y en una cultura que descuida a sus mayores. Tampoco es adecuado estimular la permanencia voluntaria asumiendo que la pobreza en el interior no solo genera una baja productividad laboral en edad tardía, sino que obligaría a quienes más merecen el descanso a subordinar deseo a necesidad. Finalmente, las diferencias en edades de jubilación según gremios, no son el resultado de consideraciones técnicas, objetivas y extemporáneas, sino de conquistas históricas de derechos de los trabajadores, las que celosamente preservan las naciones que aplicaron la medida con éxito.

Héctor Zajac es geógrafo (UBA)

Fecha: 16/08/2016