Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

Archivo para Opinión

La crisis del sistema previsional: un debate que excede a la Argentina

Los problemas de financiamiento del sistema se dan en un contexto generalizado de envejecimiento poblacional que abarca a todos los países del globo. El desafío argentino, dicen los expertos, es optar por un modelo que garantice estabilidad para los próximos 30 ó 50 años, sin caer en soluciones de corto plazo. Los casos de Australia, Brasil, Chile, Alemania, España, en foco.

Por: Marcelo Batíz

El accidentado debate por la reforma del sistema previsional con el que se cerró 2017 llevó a extender la mira a otros países para ver si el problema, lejos de ser exclusivamente local, es una preocupación generalizada. Con casi 130 años de existencia desde que el canciller alemán Otto Bismark lanzara el primer régimen de retiro laboral, los sistemas previsionales han sido objeto de análisis y reformas, aunque son pocos los que se animan a decir que los inconvenientes están en vías de ser superados.

Por el contrario, para el brasileño Luis de Mello, jefe de Gabinete adjunto de la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “la cuestión de reformas de los sistemas previsionales es de suma importancia, no solamente en las economías avanzadas sino que también en países como los emergentes que están enfrentando un envejecimiento rápido de sus poblaciones y cuyos sistemas previsionales siguen basados en parámetros demográficos de cuando fueran creados, cuando la estructura demográfica de las sociedades era muy diferente”.

Una concepción similar tiene Eduardo Mancuso, de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales (UEPE) de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), para quien “la crisis de financiamiento del sistema previsional argentino se enmarca en un contexto general”, en el que “el envejecimiento poblacional implica un desafío para los regímenes previsionales de todo el mundo”.

De Mello explica que “los países de Europa y Asia Central están envejeciendo rápidamente. Las personas con un mínimo de 65 años representan, en promedio actualmente, un 12 por ciento de la población de dichos países, en comparación con un 6 por ciento en 1950, y se prevé que esta proporción alcanzará un 21 por ciento en 2050”.

Proyecciones

Las proyecciones al respecto no son uniformes en todo el mundo. Para el 2030, el Banco Mundial prevé que en la mayoría de los países desarrollados la población mayor de 60 años represente más del 30% del total, con el extremo de Alemania con el 35,3 por ciento. Más holgada será la situación de la Argentina, con el 19,3 por ciento y absolutamente opuesta la de los países africanos, con Uganda con el 4,1 por ciento de esa franja etaria sobre el total.

Sin embargo, para el 2150, las situaciones de Alemania y Argentina serán similares, con el 31 y el 30,8 por ciento, respectivamente. Sí… hay gente que hace proyecciones para dentro de 132 años.

Rafael Rofman, líder de Programas para Sectores Sociales del Banco Mundial, tiene otro punto de vista. “El envejecimiento no es un problema, sino una bendición; la población envejece básicamente porque la gente vive más, porque la salud mejoró y porque nacen menos chicos ya que las familias tienen la capacidad de controlar el número de hijos que va a tener. Y esos son probablemente los mejores indicadores de desarrollo social”.

“En todo caso, el problema es que existen instituciones pensadas para otro régimen demográfico y lo que hay que entender es cómo pensar esas instituciones para una realidad que va cambiando”, añade, luego de considerar que “es un error hablar de crisis, que es algo que pasa de repente y hay que resolver con urgencia. Lo que hay acá -puntualiza- son desafíos y hay que responder con una estrategia de políticas públicas para una realidad que va cambiando, para hechos que sabemos que van a pasar en los próximos 50 ó 100 años”.

Para el español Mariano Bosch, especialista senior de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “las manifestaciones de envejecimiento poblacional se ven de manera avanzada en Europa y cada vez las vemos más en América latina y el Caribe. Cada vez son más adultos mayores por trabajador y también vivimos más años. Es un fenómeno global, cada país está en distintas fases de envejecimiento pero la tendencia es común en todos”.

Rofman remarca la “bendición” del envejecimiento, pero a la vez plantea que “a esa bendición hay que financiarla y encontrar un balance razonable”, una tarea que, aclara, “no es una regla técnica sin una decisión de política social”.

Al respecto, explica que en cualquier sistema previsional “hay tres pilares: cobertura (a cuánta gente estoy dando beneficios), adecuación (cuánto le doy a cada uno) y sostenibilidad (cuánto me cuesta financiarlo). Es obvio que no se puede lograr un nivel óptimo en las tres dimensiones al mismo tiempo, porque si subo la cobertura tengo que bajar los beneficios o subir el costo. No hay manera de tener un sistema que cubra a todo el mundo, le pague miles de dólares a cada uno y sea muy barato. Es aritmética básica”, sostiene.

Equilibrios

En consecuencia, la decisión política a la que se refiere Rofman es la de “elegir como sociedad dónde está el punto de equilibrio razonable: cuánto cubro, cuánto pago y cuánto de los recursos de la sociedad estoy dispuesto a destinar para eso”. Y si de decisiones políticas se trata, las experiencias internacionales son diversas. Incluso de países que, según los analistas consultados, están aprobando el desafío. “Hay sistemas europeos que, aun siendo de beneficio definido como el argentino, están totalmente fondeados. Holanda y Suecia son buenos ejemplos. Canadá también tiene niveles de fondeo importantes”.

Mancuso explica que “Suecia sobresale por tener tres tipos de pensiones dentro de su sistema, dos de ellas son contributivas y otra no contributiva. Esta última -exigible a partir de los 65 años de edad- es para trabajadores cuyos ingresos son bajos o que directamente se encuentran desempleados. En cambio, las pensiones contributivas son accesibles a partir de los 61 años y se financian de manera mixta entre contribuciones patronales y de los empleadores. Se aporta el 18,5% del salario bruto (en la Argentina poco más del 30%). Una de ellas funciona como un sistema de reparto, mientras que la otra es un régimen de capitalización donde los trabajadores eligen entre diferentes fondos de pensiones gestionados por entidades privadas”.

“Australia tiene un sistema de capitalización individual al igual que Chile, pero con algunas variantes que aseguran mejores pensiones. Los empleadores cotizan el 9% de sus sueldos, a lo que se suman aportes voluntarios de los beneficiarios y un fondo de seguridad que aporta el Estado. Así, este último asegura que los ingresos de los jubilados no sean menores a los que habrían recibido en el sistema estatal (de reparto) que había en Australia antes de la creación del sistema actual”.

Rofman señala la disparidad en América latina, con “países con un 20 por ciento de cobertura (República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador), y otros con gastos importantes, relacionados con la existencia de más adultos mayores, más generosidad en el sistema y mayor cobertura, con gastos del 10 al 15 por ciento del producto (como buena parte de los países de Europa), entre los que figuran la Argentina y Brasil”.

Brasil

Precisamente, el sistema previsional del principal socio del Mercosur “es uno de los más complejos de la región”, apunta Mancuso, “porque presenta una media jubilatoria a los 53 años, generando un grave problema de costos”.

“Conjuga dos modalidades por edad y por tiempo de contribución con varias alternativas, según el sector y profesión. No establece una edad mínima para jubilarse a los trabajadores del sector privado, solo acreditar un tiempo mínimo de contribuciones, establecido en 35 años para los hombres y 30 para las mujeres, el cual, incluso, se reduce en cinco años para el caso de acreditar un tiempo exclusivo de docencia en establecimientos educativos no universitarios (infantil, primario o secundario). Para el caso de los trabajadores del sector público, sí hay una edad mínima jubilatoria que es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. En ambos casos, el monto de la pensión depende de la cantidad de años aportados”. Luego de la reforma laboral aprobada en 2017, el presidente Michel Temer manifestó que también será necesaria una reforma previsional, con aumentos tanto en la edad de jubilación como en los años de aportes.

Los datos del Banco Mundial sobre Brasil muestran que su gasto previsional se ubicó en 2015 en el 11,1% del PIB y que sus beneficiarios más que duplican a la cantidad de habitantes mayores de 65 años.

España

En España, la reforma del sistema superó las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular. Comenzó en 2011, cuando el entonces presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispuso la elevación progresiva hasta el 2027 de la edad de retiro de los 65 a los 67 años, y el período de cotización de 35 a 38,5 años. Ya entrada la Presidencia de Mariano Rajoy, en 2013, se estableció un índice de actualización a partir del cual los haberes no pueden subir más del 0,25% anual mientras el sistema esté en déficit. En 2017, se debió recurrir al fondo de reserva para financiar un déficit de 8700 millones de euros.

Alternativas

A la hora de buscar soluciones para la Argentina, Rofman relativiza la validez de las comparaciones con otros países. “Por supuesto que uno quisiera tener las políticas de los países escandinavos, pero para eso hace falta tener el Producto Bruto de esos países. Creo que es muy razonable mirar lo que pasa en el mundo, pero tratar de copiar un modelo y aplicarlo en otro país por lo general no funciona”, reflexiona.

“No me parece que tenga sentido decir que tenemos que ser como Alemania, con un sistema de puntos, o Suecia y tomamos un modelo de cuentas nacionales, o como Chile y Perú y vamos a un sistema de AFP de vuelta. Son modelos razonables, legítimos y posibles y los podríamos adoptar. Pero tendrían que ver más con la estrategia de gestión cotidiana que con los objetivos centrales que son cobertura, adecuación, sostenibilidad. Y en eso no hay espacio para inventar nada muy raro”, asegura.

Para que quede claro, Rofman remata diciendo que “no vale la pena salir a buscar experiencias por el mundo, sino entender cómo hacemos para que lo que tenemos funcione mejor, para que los recursos que tenemos, que son muchos, lleguen a donde tienen que llegar de forma más efectiva y no se pierdan en el camino. El desafío es ordenar esto o asegurarnos la estabilidad del modelo para los próximos 30, 40, ó 50 años”.

– Jubilarse… según pasan los años

– 1904: se crea la Caja de Empleados de la Administración Pública, al año siguiente la de los trabajadores ferroviarios.

– 1944: generalización del sistema, con ampliación de coberturas. Se crea la Caja de Empleados de Comercio, en 1946 la de Industria, en 1954 la de Profesionales y Empresarios y en 1955 la del Personal Doméstico.

– 1954: se sanciona la ley 14.370, que generaliza el régimen de reparto en reemplazo del de capitalización individual.

– 1958: se sanciona la ley 14.499, por la que se instaura el 82 por ciento móvil.

– 1969: por medio de las leyes 18.037 y 18.039 se unifican todas las cajas preexistentes en tres: Autónomos, Estado e Industria y Comercio. Se eleva la edad jubilatoria a 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un requisito de 30 años de aportes como mínimo.

– 1980: se eliminan las contribuciones patronales, en el marco de la generalización del IVA. Se reestablecen en 1983.

– 1986: emergencia Previsional, se congelan las demandas judiciales.

– 1993: se sanciona la ley 24.241 que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), con la coexistencia de regímenes de reparto y capitalización.

– 1994: el 1 de julio entra en vigencia el SIJP, comienzan a operar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

– 2008: se sanciona la ley 26.425 que reemplaza al SIJP por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al régimen de capitalización y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por medio de la ley 26.417 se implanta la ley de Movilidad Jubilatoria, con actualización semestral de haberes: 50% Índice General de Salarios y 50% RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables).

– 2010: el Congreso sanciona una ley que garantiza el 82% móvil para todos los jubilados. La presidente Cristina Kirchner la veta.

– 2016: se sanciona la ley 27.260 de Reparación Histórica, que permite acuerdos para reajustes de haberes y cancelación de deudas previsionales.

– 2017: se sanciona la ley 27.426, que modifica la fórmula de actualización de haberes (70% por inflación, 30% el 5% del crecimiento del PIB) cambiando la periodicidad de semestral a trimestral. Permite al empleado optar por extender edad jubilatoria hasta los 70 años.

Fecha: 29/01/2018

Anuncios

Algunas reflexiones sobre la Ley de Reforma Previsional

Por: María Martín Yañez y Fernado Payá (h)*

La ley 27.426 bajo el importante título de Reforma Previsional, limita su contenido a tres temas específicos, de los cuales dos corresponden al ámbito previsional y el tercero al laboral.

En primer lugar modifica el método de movilidad de la ley 24.241, aplicable no sólo a los beneficiarios de las prestaciones previsionales, sino también a los titulares de asignaciones familiares y de pensiones no contributivas, entre ellas la Pensión para el Adulto Mayor de reciente creación por la Ley de Reparación Histórica, para luego incluir una modificación por cierto encomiable, del Haber Mínimo Garantizado.

Respecto al cambio del régimen de movilidad, variaron los índices para determinar los incrementos que en tal concepto de aplicarán a los haberes, así como su frecuencia, que pasa de semestral a trimestral. El régimen de movilidad constituye uno de los aspectos claves para la eficacia de la cobertura previsional, por lo cual es imprescindible la aplicación de un régimen que los preserve. Como con buen criterio no se especifica método alguno para su ejecución, el legislador puede arbitrar distintos medios para ello, con el sólo límite de su razonabilidad que le impone el art. 28 de la Carta Magna, de que dicha garantía no pueda ser alterada por las leyes que reglamenten su ejercicio, lo cual podría suceder si la aplicación del nuevo método resultara en una disminución confiscatoria de los haberes de los interesados, que traería aparejada su inconstitucionalidad.

Para ello no basta la sola modificación del régimen o la inmediatez de su aplicación cuando ya se encontraban disponibles los datos para el ajuste de la movilidad conforme al régimen anterior, más beneficioso que el actual (que autorizaba un aumento del 12% contra el 5,7% del actual), puesto que no implica desconocer derechos adquiridos, sino que solo afecta derechos en expectativa, por más respetables y dignos de ser tenidos en cuenta que sean. Tal como lo ha determinado la Corte Suprema, si la disminución del monto de los haberes resulta confiscatoria, es decir sobrepasa el 15% del total, podrá ser tachada de inconstitucional, por contrariar principios fundamentales que hoy sustentan el régimen previsional, tales como la debida proporcionalidad que deben guardar con los haberes de actividad, y por afectar además el principio de progresividad o mejor dicho de no regresividad, que han sido adoptados por nuestro país mediante la firma de varios convenios internacionales cuyo contenido reviste jerarquía constitucional. 

Resumiendo, entendemos que la ley, en cuanto modifica el régimen de movilidad, puede y probablemente será tachada de inconstitucionalidad, en tanto produzca una disminución confiscatoria de los haberes, incrementando de tal manera la litigiosidad ya instalada.

El segundo tema previsional, de singular relevancia, consiste en el pago a los beneficiarios de la PBU que acrediten 30 o más años con aportes efectivos de un suplemento dinerario que complemente su haber hasta alcanzar el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, de manera que esa cobertura mínima tendrá, en forma permanente, una relación de proporcionalidad con el salario de los trabajadores en actividad. Respecto al régimen laboral, modifica no tan acertadamente, el art. 252 LCT, extendiendo la edad del trabajador en condiciones de jubilarse a los 70 años, y obligando al empleador a conservarlo en su puesto de trabajo cinco años más de los requeridos para obtener su beneficio. Se contradice así la norma general del art. 91 LCT, por el cual el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye cuando el trabajador se encuentra en condiciones de gozar de la jubilación conforme su edad y años de servicios. El nuevo texto del art. 253 de la LCT recepta las conclusiones del Plenario N´ 321 de CNTrab Couto de Capa, que resolvió que el trabajador jubilado que continuara prestando servicios luego de su retiro previsional, en caso de despido posterior solo puede reclamar indemnización por los nuevos servicios prestados, pues los anteriores quedan cancelados con la jubilación.

Finalmente vale señalar que la situación del actual régimen previsional requiere una profunda revisión, no sólo de medidas coyunturales que disminuyan el costo del financiamiento del sistema y devuelvan la coherencia a la normativa afectada por la brusca reforma de la ley 26.425, que una vez obtenido su objetivo de eliminar el régimen de capitalización y la consiguiente transferencia de fondos, se desentendió de la necesidad de adecuar la normativa restante de la ley 24.241, y que lo dote de una nueva estructura que permita conformar un sistema de prestaciones acorde con las necesidades de la comunidad social y de la cobertura a la que ésta aspira, proveyéndole además de una razonable financiamiento.

* Miembros de Thomson Reuters

Fecha: 16/01/2018

La estafa de la jubilación pública

Por: Diego Giacomini

Para: Diario El Cronista

De acuerdo con trascendidos, el Proyecto Presupuesto 2018 gasta 59% del gasto primario en Anses y PAMI, lo que representa un aumento de 12 p.p. contra 2016 (47%). La seguridad social se lleva cada vez más. Sin embargo, el sistema de previsión y seguridad social no es previsor, ni brinda seguridad a nadie. No sorprende. Hayek decía: “La palabra social vacía de contenido cualquier palabra a la que se le aplique, aunque nada anormal haya sucedido”.

La jubilación estatal tiene 4 problemas: i) está expuesto a las presiones políticas (caja política); ii) es una estafa intergeneracional; iii) es un fraude a los aportantes y beneficiarios y, iv) atenta contra la inversión, productividad, crecimiento, creación de empleo y el poder adquisitivo del salario. El sistema jubilatorio de reparto debería desaparecer. Voy a explicar por qué.

La jubilación estatal de reparto nació como una estafa de la corporación política. Bismarck (1889) creó el sistema fijando la edad de jubilación en 70 años cuando la esperanza de vida era de 35 años (hombres) y 38 años (mujeres), lo cual brindó una cuantiosa caja a la política alemana. En Argentina, las cajas jubilatorias financiaron cualquier cosa menos jubilaciones. De hecho, en 2016 el FGS del Anses gastó $ 158.085 millones financiando Procrear, préstamos a beneficiarios del SIPA, préstamos a Provincias y déficit fiscal, lo cual equivale casi al 30% de las jubilaciones ($ 572.659 MM) y es un +47% superior al pago de Asignaciones familiares y AUH ($ 107.628 MM).

El sistema de reparto es una transferencia intergeneracional injusta e ineficiente que hipoteca el futuro. En este sistema, los participantes iniciales convencen a los posteriores para que les transfieran fondos (a ellos) a cambio de una promesa de transferencias mayores provenientes de una (supuesta) cantidad superior de participantes futuros. Sin embargo, esto es una estafa intergeneracional, ya que el sistema no se adapta a los cambios demográficos signados por una esperanza de vida en aumento. La cantidad de personas mayores de 60 se triplicará durante los próximos 25 años. Paralelamente, la tasa de fertilidad bajará. Así, el número de beneficiarios (jubilados) aumenta sostenidamente en relación con la cantidad de financiadores (trabajadores), con lo cual el sistema funciona cada vez peor hasta colapsar.

 Este sistema hipoteca el futuro de los niños actuales y de los que todavía no han nacido. El gasto en seguridad social aumenta en detrimento del gasto en educación y salud. En otras palabras, se gasta cada vez más en los ancianos (pasado) y menos en los jóvenes y niños (futuro); es decir se desinvierte en capital humano atentando contra el crecimiento y el futuro. El gasto de Nación en nuestros abuelos (10% del PBI sumando jubilaciones y pensiones -9,1%, y PAMI -0,9%) casi duplicó las erogaciones en educación (5,6%) y salud (6%) de las tres esferas en 2016. Paralelamente, el gasto global en Ciencia (0,3%), Vivienda y Urbanismo (1,2%) y Agua potable y cloacas (0,6%) es prácticamente inexistente al lado del gasto en jubilaciones y pensiones (9,1%).

El sistema jubilatorio de reparto es una estafa, tanto para los aportantes como para sus beneficiarios. Asumamos que un hombre ahorra a lo largo de toda su vida laboral (20 a 65 años) lo que actualmente le descuentan mensualmente en concepto de Aportes Personales (11%). Utilizando el salario promedio privado registrado ($ 22.859) en dólares y capitalizándolo a una tasa del 5% anual, el trabajador llegaría a sus 65 años con un ahorro de u$s 317.000. Según la expectativa de vida masculina (73 años) en Argentina, cobraría u$s 4002 mensuales hasta fallecer. Si viviera hasta los 80 años percibiría u$s 2.00 y hasta los 85 u$s 2086, su jubilación sería menor.

Sin embargo, la anterior cuenta es incompleta, porque faltan las Contribuciones Patronales (10,17%) de los empleadores. Adicionando este flujo y capitalizándolo también al 5% anual (u$s 608.000), la jubilación masculina treparía hasta u$s 7696; u$s 4807 y u$s 4012 por mes si el hombre viviera hasta los 73; 80 u 85 años; respectivamente. Hoy en día la jubilación promedio asciende a u$s 595. No hay mucho más que agregar.

En 1980/2016 el PBI per cápita anual de Argentina (+0,9%) creció muy por debajo de la región (+1,9%); Alianza del Pacífico (+2,3%) y Chile (+3,0%). En este marco, Argentina necesita crecer fuertemente para recuperar el terreno perdido. Y el sistema jubilatorio estatal es un grave obstáculo para crecer, ya que atenta contra el ahorro, la inversión y la formación de capital, obstaculizando la productividad, la creación de puestos de trabajo y la mejora del salario. Argentina tiene una tasa ahorro/PBI (14%) muy inferior al promedio de la región (22%), lo cual la lleva a invertir y, en consecuencia, crecer mucho menos que la región.

Detrás de este este déficit de ahorro y falta de inversión está el desahorro público y el déficit previsional. En 2016 el déficit de Anses ascendió a 2,6% del PBI, lo cual empujó el déficit fiscal global a 7,1% del PBI. El déficit previsional tiene inexorable tendencia alcista y ascenderá a 3% del PBI en 2017. En este marco, el déficit fiscal global ascenderá a +7,6% del PBI en 2017.

En pocas palabras, el sistema jubilatorio de reparto será cada vez más deficitario, convirtiéndose en obstáculo cada vez más grande contra la inversión, el empleo, los salarios y el crecimiento en el largo plazo. Ergo, la jubilación estatal está hipotecando el futuro de nuestros niños y de los que no nacieron. ¿No vamos a hacer nada?

Fecha: 07/09/2017

 

Tener ahorros para la vejez, un desafío para personas y países

Varias naciones sostienen planes de retiro individual; en la Argentina podrían ser voluntarios y completar el ingreso de un sistema público; rescatar la confianza es clave

Por: David Feliba

Para: Diario La Nación

“Mi consejo es que hay que hacerse rico antes de hacerse viejo”, dice con humor pero sin bromear José Fanelli, especialista del Conicet en temas poblacionales. Explica que la fórmula que echa sombra sobre los mecanismos jubilatorios es simple: una tasa global de natalidad en caída y una expectativa de vida en ascenso. Algunos estudios arrojan indicios. Según la ONU, el 34% de la población europea tendrá más de 60 años en 2050, mientras que en Asia y América latina ese índice se acercará al 25%. En 2015, el promedio global estaba en 12,5%. Y los expertos concuerdan en que ni la Argentina ni la región -ni prácticamente ningún país- estarán al margen de una tendencia general al envejecimiento.

El nuevo esquema demográfico impregna de estrés los distintos sistemas previsionales del mundo. Algunos países profundizaron un mercado de planes de retiro, en los que los ahorros de la persona se acumulan desde edad temprana para complementar luego los aportes hechos a un régimen público. En la Argentina aún queda el mal sabor tras la experiencia con las AFJP. Como con todo en el país, o al menos todo lo relativo al ahorro, resultará providencial recomponer la confianza. A su vez, está claro que, como el Estado gasta cuatro de cada diez pesos en prestaciones previsionales, la discusión no se limita a la esfera privada.

Estas observaciones se dieron en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Retiro 2017, que organizaron la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de Argentina (Avira) y Limra (entidad internacional). De cara a una revisión integral aún latente del sistema argentino que se prevé para antes de 2019 (según el compromiso incluido en una ley de 2016), ¿qué puede tomarse de las experiencias regionales?

Uno de los aspectos para el análisis es la posibilidad de instaurar sistemas voluntarios de ahorro para complementar lo que pague el régimen público. La producción de seguros de retiro es magra en el país: apenas el 1,5% del total de primas emitidas por la actividad aseguradora. Casi la totalidad se explica por planes colectivos. “Sirve como complemento de la jubilación pero no tiene incentivos fiscales y se usa más como un beneficio de las empresas para un segmento de sus empleados que como herramienta individual. No hay contribuciones voluntarias”, explica Fabián Hilsenrat, vicepresidente de Avira.

Según Hernán Raffo, socio de PwC Argentina, para capturar el ahorro de las rentas medias, la industria deberá diseñar algo de muy bajo costo y con fuerte transparencia. La clave, explica, estará tanto en la moneda en la que se nomine como en la portabilidad. “El poder mover el ahorro de una institución a otra hará que las compañías puedan competir por rentabilidad”, argumenta.

“En Brasil, los fondos tienen portabilidad”, explica Andrea Levy, asesor en Mongeral Aegon. “Cada dos meses uno tiene el derecho a cambiar si no está satisfecho o si decidiera modificar su perfil de riesgo. Se puede ir a otro banco, fondo o aseguradora”, agrega.

En su presentación, uno de los ejes que llamó la atención fue el incentivo fiscal: para mantener el ahorro dentro del sistema, el trabajador se beneficia con una reducción del 35 al 10% en el impuesto a pagar al final, siempre y cuando no rescate el capital con antelación.

Explica que es principalmente un negocio de cuentas individuales, adquiridas a través del canal bancario. Allí, los fondos de pensión administran activos por cerca de 800.000 millones de reales. “Es el bloque de negocios más importante en términos financieros”, describe Levy. En los últimos años, parte del capital de los trabajadores financió la inversión brasileña en infraestructura.

Cuestión de edad

Pero la realidad llama a las puertas de Brasil, donde la edad promedio de retiro es de 53,2 años y se avecina una dura batalla por una reforma estructural (que ahora se verá cómo se resuelve tras el escándalo que involucró al presidente Michel Temer). Levy describe: “Brasil está envejeciendo, y mucho más rápido que el resto del mundo. Antes éramos un país joven y había mucha gente que pagaba. Eso cambió por tres cosas: soluciones mágicas que estiran la expectativa de vida, mujeres que trabajan cada vez más (y, por ende, una fertilidad que no estará allí para financiar el sistema), y una población que envejece. Debemos pensar en esto, la base se angosta cada año?”.

“Hay que planificar estas vidas más largas, ¿no?”, dice Alison Salka, vicepresidenta de Limra. “Cuando uno se retira en EE.UU., se espera que viva entre 18 y 21 años más”, dice. Da otros datos: habrá en 2050 unos 3,7 millones de centenarios en el mundo. Hoy hay unos 500.000. Japón, el país más envejecido, es un caso emblemático: tendrá para ese entonces una edad mediana de 53,3 años. Ya en el presente, grafica, el mercado de pañales para adultos supera al de pañales para bebes.

Según datos de Limra, en EE.UU. dos de cada tres empleados acceden a un plan de retiro en el trabajo, que complementa una tasa de reemplazo de la seguridad social (ingreso pasivo sobre ingreso activo) de entre 20 y 55%. “¿El factor más importante? La suscripción automática del empleado a partir de una deducción de su salario”, dice Salka.

En el modelo chileno mandan las cifras. Carlos Gómez, miembro director del Centro Internacional de Reformas de Pensiones, llama a la previsional como la “madre de todas las reformas”. Afirma que los sistemas están “quebrados en todo el mundo” y promueve la creación de un mecanismo de cuentas individuales de ahorro para el retiro.

Explica que desde que se introdujo ese sistema hace décadas (hoy 30 países lo tienen), cayó drásticamente la pobreza, el desempleo y aumentó el ingreso per cápita. “Chile tiene hoy 10 millones de trabajadores capitalistas que formaron capital privado por US$ 200.000 millones o 80% de PBI. Es un sistema que recupera el eslabón perdido entre esfuerzo y recompensa”, dice. Todo trabajador chileno tiene una cuenta obligatoria de ahorro, a la que va el 10% del salario. El retorno real promedio de los últimos 36 años, dice, por la inversión de esos fondos que hacen las AFP, fue de 8,3% anual.

Fecha: 24/05/2017

“Hoy se vive más y habrá que trabajar más años, aunque nadie quiera oírlo”

Julio Portalatin: El CEO global de Mercer dice que los sistemas previsionales tienen una gran crisis potencial y cree que una mayor inclusión laboral de las mujeres aliviaría la situación

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Hay cosas que nadie quiere oír, pero de las que hay que hablar. Julio Portalatin ubica en esa categoría la necesidad de los países de revisar a qué edad se jubilan los trabajadores. El presidente y CEO global de Mercer enfatiza en que los conflictos que ese debate pueden generar no deberían hacer pasar por alto la advertencia: si no se hacen cambios en los sistemas previsionales, no habrá escapatoria para una enorme crisis, porque los recursos serán escasos para compromisos de pago cada vez más elevados. Mercer se especializa en consultoría a empresas en temas de salud, pensiones y beneficios para empleados.

De visita en Buenos Aires, el directivo dialogó con LA NACION y dijo ver una oportunidad, para aliviar aquel riesgo, en la inclusión de más mujeres en el mercado laboral. “Si ellas participan en el mercado de trabajo en igual medida que los hombres, eso ayudará”, porque -según afirma- hay estudios que demuestran que eso aportaría a un mayor crecimiento de las economías.

Ese potencial se enfrenta a un riesgo: según el directivo, los avances de la inteligencia artificial pueden afectar a los empleos de las mujeres 10 veces más que a las tareas realizadas típicamente por varones. El objetivo a lograr: que ellas ocupen más posiciones en espacios en los que hoy están poco representadas. La diversidad en las empresas -que se traduce en el armado de equipos estratégicos “con personas de diferentes edades, nacionalidades, grupos étnicos y géneros”- ayuda a las firmas a crecer. “Y hay que dejar atrás lo que llamamos prejuicios inconscientes, que todo el mundo los tiene”, afirma.

-El debate sobre la edad jubilatoria es fuente de conflicto en todas partes, ¿cuál cree que es la manera adecuada de encarar el tema?

-El mundo entero tiene una crisis potencial bastante grande en los sistemas jubilatorios. Nosotros hacemos un reporte cada año sobre distintos países, que analiza si va a haber ahorro suficiente, ya sea del gobierno o de los privados, para que cuando las personas se retiren puedan vivir como antes, no mejor ni peor, sino igual. Hoy el mundo se está poniendo más viejito y no digo que eso sea malo, pero sí que es un potencial problema si no se planifica bien. Los sistemas de seguridad social se hicieron cuando las personas vivían menos y muchos no se adaptaron al crecimiento de edad promedio. La responsabilidad de planificar es de triple play, porque ni el gobierno ni las empresas ni los individuos pueden solos. En el reporte anual elaboramos un índice que mide la sustentabilidad, la adecuación y la integralidad de los sistemas, y lamentablemente la Argentina no sale muy bien. Hay muchas cosas por hacer pero nada es fácil y nada va a ser popular para todo el mundo. Si se vive más años, la consecuencia es que la gente va a trabajar más años y va a esperar más, pero nadie quiere oírlo.

-¿Es inevitable obligar a trabajar más años o hay formas más flexibles de lograr el resultado necesario para las cuentas fiscales?

-Los sistemas no pueden sostenerse con la mayor expectativa de vida. En el mundo el déficit de pensiones es de 40 trillones de dólares y, sin cambios, en 2050 será de 400 trillones. No es popular, pero es necesario.

-De los países mejor posicionados por la sostenibilidad de sus sistemas, ¿qué rescataría?

-Son modelos en los que participan el Estado, las empresas y los ciudadanos. Hay contribuciones que se mueven según cuánto se va a necesitar. Y hay esquemas en que las personas ahorran un porcentaje de su ingreso e igual porcentaje pone la empresa. Y eso con beneficios impositivos.

-Los esquemas de ahorro o de planes de retiro con acuerdos de aportes del empleado y la empresa parecen más viables para sueldos altos. ¿Pueden extenderse?

-La motivación para los que tienen menores sueldos es mayor, porque si la persona pone 12, la empresa pone 12. Eso se analiza con cada aumento de sueldo y, entonces, la persona evalúa que estaba ya viviendo sin esa diferencia. Hacen falta herramientas y educación para este tipo de planes.

-En nuestro país hubo y hay alta inflación, por lo que los aumentos de salarios son compensaciones. ¿Se puede pensar en esos planes cuando hay inflación?

-Siempre hay momentos en los países en los que los porcentaje de ahorro bajan. Pero siempre habrá tiempos de repunte. Si no se ahorra, habrá un problema más grave después.

-Aquí hubo idas y venidas con las reformas al sistema. Más allá de la opinión sobre cuál es el adecuado, ¿cómo afectan esas decisiones políticas a la credibilidad para un sistema de retiros?

-Eso pasa, pero el problema no cambia y hay que resolverlo. ¿Es más difícil si no hay confianza? Sí, pero las empresas tienen entonces una responsabilidad mayor. Hoy pasa en varios países con la situación política. Estados Unidos tiene un desafío especial y sólo puedo decir que muchos empleados buscan un liderazgo diferente de sus compañías. Es una oportunidad para revalorizar la integridad, la inclusividad, la diversidad y el respeto.

Fecha: 12/02/2017

La edad para jubilarse: otra perspectiva

Por: Héctor Zajac

Para: Diario Clarín

El gobierno esgrime el envejecimiento poblacional como una causa de su intención de llevar la edad de retiro por encima de 65 años. Trabajadores que sufren mayores cargas sociales -y menores salarios- para sostener un sistema de reparto con una proporción creciente de pasivos, por la caída de la natalidad.

La crítica que alude al desempleo juvenil por el tapón que aquellos que se jubilaban, y ahora no, crearían en el mercado laboral, expresa una visión “malthusiana” por pensar la economía como un ámbito de plazas fijas y deriva en la legitimación de un discurso anti-inmigratorio que hace agua si se advierte que la única solución estructural a la falta de activos naturales es la inmigración. El mundo desarrollado debate hoy sobre los beneficios de pagar menos jubilaciones y redirigir recursos hacia desocupados fomentando generación de empleo juvenil, atendiendo al vínculo entre calidad de salud pública, ausentismo y productividad laboral por edades. Imposible extrapolar tal debate al mundo en desarrollo, con baja o inexistente contención social, y Estados que “barren bajo la alfombra” a los excluidos, las ventajas de una eventual incremento etario en el retiro, nada desdeñables en términos del ahorro generado que permitirían, por caso, incrementar obra pública, ocultan ominosas implicancias.

La esperanza de vida al nacer es la edad promedio a la que se espera que llegue una persona, y se construye en función de la mortalidad de un país para toda la pirámide al momento en que se realiza el cálculo. Argentina, con 76 años, está 7 años atrasada respecto a los países más avanzados de la UE, donde sus ciudadanos envejecen en buenas condiciones de salud física y mental. No es nuestro caso, dónde además, el promedio es menos representativo que en el viejo continente con provincias que apenas llegan a los 70 años y otras por encima de los 79, producto de la enorme desigualdad regional en el acceso a la salud y educación.

En este contexto, aumentar la edad de retiro de un modo geográficamente indiscriminado expresa no solo una mirada de país desde su metrópolis, un error en lo económico, sino un horror irreparable en lo humano por propugnar la creación de una nueva cohorte de NINIS ( no pueden trabajar, ni jubilarse), mucho más vulnerables, por edad y en una cultura que descuida a sus mayores. Tampoco es adecuado estimular la permanencia voluntaria asumiendo que la pobreza en el interior no solo genera una baja productividad laboral en edad tardía, sino que obligaría a quienes más merecen el descanso a subordinar deseo a necesidad. Finalmente, las diferencias en edades de jubilación según gremios, no son el resultado de consideraciones técnicas, objetivas y extemporáneas, sino de conquistas históricas de derechos de los trabajadores, las que celosamente preservan las naciones que aplicaron la medida con éxito.

Héctor Zajac es geógrafo (UBA)

Fecha: 16/08/2016