Jubilaciones y Pensiones en Argentina
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Rentas vitalicias: jubilados que cobran menos que el haber mínimo, la otra cara de los reclamos tras el fin de las AFJP
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Desde hace más de una década hay un grupo de jubilados y pensionados que aportaron en su momento al sistema previsional (aportaron ellos o las personas fallecidas por las que se generó el derecho al ingreso) y que, sin embargo, cobran un ingreso mensual inferior al haber mínimo (en muchos casos, muy inferior) y no reciben los aumentos por movilidad que se les da a la generalidad de los beneficiarios del régimen nacional.
Se trata de quienes perciben una Renta Vitalicia Previsional (RVP) -una de las modalidades que había previsto el eliminado sistema de capitalización para el cobro de prestaciones- y no obtuvieron una sentencia judicial para que se les reconozcan sus derechos en particular. La Corte Suprema, de hecho, ya estableció que se les debe pagar a esas personas respetando la garantía de ingreso mínimo (eso fue dicho en la causa “Etchart” de octubre de 2015) y con ajustes por movilidad general (fallo de la causa “Deprati”, de febrero de 2016). Para lograr que eso se cumpla, cada uno debe ganar su litigio.
Estas personas son la otra cara de los reclamos que recibe el Estado a partir de la reforma de la ley previsional de 2008, propuesta por el entonces director de la Anses, Amado Boudou en el gobierno de Cristina Kirchner, y aprobada por el Congreso aceleradamente y sin análisis de lo que significaría en varios aspectos.
En los últimos días tomaron visibilidad las demandas hechas ante el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial) por los accionistas de dos de las empresas que en su momento fueron administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP): Orígenes, que había sido comprada por la aseguradora holandesa ING, y Met (de Metropolitan Life) que se había lanzado al mercado años después del inicio del régimen de capitalización.
La ley 26.425 incluyó disposiciones sobre la compensación que se daría a los dueños de las administradoras. Sin embargo, esa letra de la normativa nunca se cumplió y, por eso, varias compañías iniciaron años atrás demandas en la justicia local.
Tampoco se dio cumplimiento a lo que la ley dispuso con respecto a cómo serían reconocidos, a favor del bolsillo de los exafiliados, los aportes hechos en forma voluntaria. Sobre este punto, la Corte ordenó en un fallo de 2014 que, al no haberse puesto en práctica el mecanismo aprobado a propuesta del propio gobierno de entonces, debía concretarse una devolución directa de los ahorros.
Dejados al margen
En el caso de quienes cobran rentas vitalicias, el problema se dio no por incumplimiento de las normas, sino por lo que la propia ley resolvió.
La reforma de 2008 dispuso la eliminación del esquema mixto que había estado vigente desde julio de 1994, en el que convivían un sistema de reparto gestionado por el Estado y uno de capitalización (del que participaban actores privados y el propio Estado, al ser dueño de un par de AFJP). Quienes estaban en esta segunda alternativa, derivaban sus aportes personales a una cuenta individual, en tanto que las contribuciones patronales iban a la gestión estatal.
Con el final del régimen, se traspasaron de capitalización a reparto no solo los saldos de las cuentas de ahorro de los afiliados (que hoy integran un fondo de garantía) y los aportes corrientes, sino también las prestaciones de quienes estaban cobrando por una de las modalidades vigentes: la de un retiro mensual de fondos que seguían bajo gestión de una AFJP.
Pero existía otra modalidad: la de cobrar una renta vitalicia previsional contratada en una compañía de seguros. La reforma resolvió que las personas que estaban en este sistema siguieran sin cambios, es decir que el Estado no asumió compromisos ni les exigió nada a las aseguradoras.
Los afectados son quienes cobran una renta en forma pura, es decir, quienes no tienen ninguna parte de su ingreso que dependa del Estado (esto último ocurre cuando el aportante había contribuido en algún momento al sistema de reparto de entonces o, incluso, al régimen anterior a 1994). Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, en diciembre (último dato disponible) había casi 120.400 rentistas. De ellos y de acuerdo con datos de la Anses, alrededor de la mitad percibe un ingreso mensual inferior al haber mínimo.
El monto de las rentas no se mantiene congelado, pero sube a ritmo bajo y según una tasa definida todos los meses por la citada superintendencia. Por ejemplo, en los últimos doce meses para los que hay datos (abril de 2018 a marzo de 2019) esa tasa fue, en promedio, de 2,2% mensual, con un acumulado de 26,4%. En ese período anual, la inflación fue el doble (54,7%) y los jubilados y pensionados de la Anses recibieron una recomposición nominal de 35,9%.
Pero, además, a la tasa mensual se le descuenta un 0,33%, porque según disponía la normativa, cuando el saldo acumulado en una AFJP era transferido a la compañía de seguros de retiro para que desde allí se hiciera luego el pago de la renta vitalicia, se le sumaba una cifra equivalente a tener un 4% anual de rentabilidad. Y ese agregado es considerado un anticipo, que luego es descontado de la actualización mensual.
En la causa “Deprati”, analizada por la Corte para disponer la aplicación de la movilidad general, se calculó que entre febrero de 2008 y agosto de 2015 el ingreso en cuestión había recibido una recomposición de apenas 87%, mientras que en igual lapso las jubilaciones generales habían subido 495,4%.
A muchos, mes a mes, los sigue afectando con fuerza esa brecha.
Fecha: 10/06/2019
Cómo serán los próximos aumentos de jubilaciones
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Los haberes jubilatorios del mes próximo llegarán con una recomposición de 10,74%. De esta manera, el ingreso mínimo del sistema nacional que gestiona la Anses será de $11.528,44, de acuerdo al anuncio hecho días atrás por el organismo. En septiembre, según lo que es posible calcular dada la disponibilidad de los datos que intervienen en la fórmula, habrá una mejora de casi 12,3% (índice aún no oficial), con lo cual el haber básico pasará a superar levemente los $12.940 (los datos precisos dependerán de cómo se haga el redondeo de los números).
De esta manera, las jubilaciones, las pensiones contributivas y no contributivas y los montos del salario familiar tendrán al mes de junio una suba nominal acumulada de 23,84% y, a septiembre, un incremento de 39% respecto del inicio del año.
Según el dato más reciente difundido por el Indec, la inflación fue de 55,8% en el período de abril de 2018 a igual mes de este año. En ese lapso, los haberes y otras prestaciones alcanzadas por la movilidad aumentaron 35,9%. Esto significa que hubo una pérdida de poder adquisitivo de 13%, porque dado ese nivel de inflación, con $135,9 puede comprarse ahora el 87% de los bienes y servicios que podían adquirirse un año atrás con $100. Mientras que el año pasado hubo, de punta a punta, una caída significativa del poder de compra (los ingresos previsionales subieron 28,47% y la inflación fue de 47,6%), en el primer trimestre de este año el aumento del nivel general de precios empató con el alza de ingresos determinado para marzo (11,83%).
A partir del año pasado, los haberes se actualizan según una fórmula que implica sumar el 70% de la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% de la evolución de la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Los datos se toman con un rezago de seis meses. Por ejemplo, para definir el ajuste de septiembre, se considera lo ocurrido entre enero y marzo. Eso provoca que en un escenario de inflación en alza se produzcan pérdidas de poder adquisitivo, ya que el valor de suba del IPC de referencia para calcular el índice será más bajo que el correspondiente al período más próximo a la aplicación misma del aumento.
Por el incremento ya oficializado de junio, el haber máximo será de $84.459, en tanto que en septiembre se elevará a alrededor de $94.830. La Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, subirá a $9222,75 y a $10.355 en cada uno de esos meses.
Según evaluó el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, “la fórmula actual contempla la inflación, algo que antes no pasaba, y es una fórmula transparente, porque sabemos cómo está compuesta y todos podemos hacer el cálculo”.
El funcionario admitió que la fórmula “se diseñó con una inflación a la baja y sabemos que la inflación del año pasado fue superior a la esperada”. Y agregó: “Eso alteró los pronósticos e hizo más difícil para todos el día a día, especialmente para los que más ayuda necesitan, por lo cual acompañamos de distintas maneras a cada uno”. Se mostró, además, confiado en que habrá crecimiento y recuperación del poder adquisitivo.
Fecha: 28/05/2019
Las jubilaciones subirán en septiembre: a cuánto llegarán y cuál será el haber mínimo
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
Con un aumento nominal de casi 12,3%, el haber mínimo jubilatorio a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se elevará a aproximadamente $12.940 en septiembre próximo. La suba alcanzará a la totalidad de las prestaciones previsionales del sistema nacional -tal como dispone la ley de movilidad- y se sumará a la que se aplicará a partir de junio. En ese mes, los montos subirán un 10,74%, con lo cual la jubilación mínima será, entre el sexto y el octavo mes del año, de $11.528,44.
La recomposición por movilidad alcanzará también a las prestaciones no contributivas y al salario familiar que cobran los trabajadores formales. Entre marzo de este año y febrero de 2020, en cambio, no se prevén actualizaciones trimestrales para la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que el Gobierno anticipó las subas correspondientes a ese periodo en el caso de esa prestación en particular, al dar un aumento nominal de 46% a partir del tercer mes de este año.
A partir de junio, el haber máximo mensual será de $84.459 y desde septiembre, de alrededor de $94.830. La Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, se elevará a $9.222,75 y a $10.355 en cada uno de esos meses, respectivamente. En el caso del pago por hijo, el monto subirá en junio a $2250 y en septiembre a $2526 en el caso de las familias ubicadas en el tramo de ingresos más bajos alcanzados por el sistema.
Los nuevos valores que estarán vigentes desde el mes próximo fueron confirmados días atrás por la Anses. Los datos de septiembre, en cambio, aún no son oficiales,y surgen de aplicar la fórmula de movilidad establecida por ley. El cálculo contempla parte de la evolución de los precios minoristas y de los salarios formales de la economía. Para determinar la suba de septiembre, por ejemplo, se considera lo ocurrido con esas dos variables en el trimestre de enero a marzo. Concretamente, se toma en cuenta el 70% de la evolución trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, y el 30% de la variación que en igual período registró la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). En el primer trimestre del año, esos indicadores tuvieron una suba acumulada de 11,83% y de 13,33%, respectivamente.
Con las subas nominales de marzo y junio, las jubilaciones y las otras prestaciones alcanzadas tuvieron una mejora acumulada de 23,8%, en tanto que si se agrega la de septiembre, ese índice acumulado llega a 39%.
Fecha: 26/05/2019
La Corte Suprema declaró en otros once casos la inconstitucionalidad del cobro de Ganancias a jubilados
Son procesos que habían sido iniciados ante el máximo tribunal por personas que tienen una edad avanzada y padecen problemas de salud
En el acuerdo de este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en una serie de causas en las que se discutía la constitucionalidad del Impuesto a las Ganancias aplicado sobre el haber jubilatorio, sentenciándolas por remisión a lo ya resuelto, el 26 de marzo pasado, en el precedente FPA 7789/2015/CS1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1 – “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.
Se trata de una sentencia que contiene el voto de la mayoría, integrado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz.
Estos pleitos habían sido iniciados por personas jubiladas que, a la fecha, tienen una edad avanzada y/o padecen problemas de salud.
En el citado precedente “García, María Isabel”, el voto mayoritario declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (arts. 23, inc. c; 79, inc. c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430), al revisar la situación de una jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.
La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el caso debía resolverse sobre la base de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la actora, y teniendo en cuenta que la reforma constitucional de 1994 había garantizado “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23).
El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. Por ende, el legislador debe dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos sin que el sistema tributario pueda quedar apartado del resto del ordenamiento jurídico.
Consideró que la mera utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados no era suficiente al no tener en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación de notoria e injusta desventaja.
Concluyó en que el texto actual de la ley es insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional, motivo por el cual no puede retenerse ninguna suma por Impuesto a las Ganancias de los haberes jubilatorios de los demandantes hasta tanto el Congreso Nacional dicte una ley que revea la situación de las jubilaciones ante este impuesto, debiendo reintegrarse a los actores los montos retenidos desde la interposición del reclamo.
En su disidencia, el juez Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de las actoras. Tomó en cuenta la reforma de la ley 27.346 que introdujo modificaciones en el gravamen, contemplando una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.
Sostuvo que las jubilaciones son renta gravada (art. 79 de la ley de impuesto), y que el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles, y ponderar los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determinar, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.
Expresó allí que el cobro del gravamen a los jubilados no supone una doble imposición, ya que los aportes previsionales son deducibles del impuesto durante la actividad laboral, y que el gravamen no es violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional, puesto que la “integralidad” de la seguridad social que allí se garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.
Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: iProfesional
Fecha: 10/05/2019
Limitarán el acceso a la Prestación para Adultos Mayores (PUAM) según nivel de ingresos y patrimonio
Una nueva reglamentación pondrá más límites para acceder a una prestación mensual por edad
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
El Gobierno restringirá el acceso a una prestación prevista para quienes llegan a los 65 años de edad y no cumplen con el requisito de haber acumulado 30 años de aportes para acceder a la jubilación. A partir de ahora, para poder cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), habrá que cumplir con tres requisitos vinculados al nivel de ingresos (no se podrá haber percibido, en promedio, más de $53.828 mensuales en el año previo a solicitar el beneficio), el patrimonio y los consumos. De esta manera, si bien originalmente la prestación fue creada con un criterio de acceso casi irrestricto (no había más condición que tener 65 años cumplidos y no pedir la jubilación regular durante el tiempo de cobro de la PUAM) ahora se busca que solo alcance a una parte de la población, considerada vulnerable, estableciendo por tanto pautas de evaluación referidas al nivel socio económico.
La PUAM es una prestación equivalente al 80% del haber mínimo (en la actualidad equivale, concretamente, a $8.328 mensuales) que fue creada por ley en el año 2016. El presupuesto aprobado por el Congreso para este año ya había dispuesto una limitación para el acceso: a propuesta del Poder Ejecutivo se estableció que su cobro esincompatible con desarrollar una tarea laboral, ya sea bajo relación de dependencia o en forma autónoma (con la excepción de quienes están en el monotributo social). Antes, en 2018, ya se había limitado la prestación a quienes no tuvieran 30 años de aportes (un condicionamiento inicialmente no previsto).
Ahora, según la normativa reglamentaria de la Anses que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial según pudo conocer LA NACION por fuentes del Gobierno, podrán cobrar la PUAM quienes no hayan tenido, en el año previo al momento de pedir el beneficio, un ingreso bruto promedio mensual de $53.829 o más. Esa cifra tendrá una actualización anual en función de la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte); es, en rigor, el monto que está definido como tope del ingreso que un integrante de un hogar puede tener para que en esa familia se acceda a la asignación por hijo del sistema de la seguridad social.
Otra condición es que el patrimonio de la persona, declarado a los fines de determinar el impuesto a los bienes personales, no podrá superar en cuatro veces el monto anualizado del ingreso tope mencionado en el párrafo anterior. Eso significa que no se podrán tener bienes cuyo valor de declaración supere los $2.583.792. A la par de ese requisito, no se podrán tener vehículos automotores cuyo valor supere los $968.922, ni aviones de ningún tipo, ni embarcaciones que tengan 9 metros o más de eslora.
El tercer condicionamiento está definido por los consumos: los gastos de la persona no podrán superar en más de 30% el ingreso promedio de $53.829 por mes. Actualmente, en términos anualizados, eso equivale a $839.732,40. Y para verificar esta situación habrá cruces de datos con los consumos pagados con tarjetas de crédito y de débito.
Las nuevas disposiciones tienen que ver con que la ley del presupuesto nacional de este año, además de la restricción ya mencionada, estableció que la Anses debe realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales en cada caso, para definir si se otorga o no la prestación social.
Actualmente cobran la PUAM 119.439 personas. En esos beneficios, ya otorgados bajo la vigencia de otras reglas, no habrá modificaciones, según aclararon fuentes del Gobierno.
Fecha: 30/03/2019
Para no pagar Ganancias, los jubilados deberán litigar o esperar una ley
Fallo de la Corte: Tiene efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio y 2.000 casos análogos. Los restantes, por la vía legal.
Por: Ismael Bermúdez
Para: Diario Clarín
El fallo de la Corte Suprema tiene un efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio – María Isabel García- y sobre unos 2.000 casos análogos con sentencias favorables de segunda instancia –como los de la Cámara de Paraná y la Sala II de la Cámara de la Seguridad- apeladas por el Gobierno ante el Alto Tribunal.
Al resto de los jubilados y pensionados que tienen descuentos de Ganancias –300.000 entre nacionales y pensionados- les seguirán reteniendo el impuesto. Y aquellos que se encuentren en una situación similar al caso testigo, podrían iniciar un juicio reclamando el mismo tratamiento.
Esto se debe a que la mayoría de la Corte declaró la inconstitucionalidad de Ganancias en el caso García con el alcance indicado en el fallo. No tiene un carácter general o colectivo, lo que abre las puertas a una mayor litigiosidad.
El fallo menciona que la jubilada tenía 79 años cuando inició el juicio en 2015, padecía problemas de salud y recibía descuentos de Ganancias del orden del 30% del haber.
En consecuencia, dice la sentencia de la Corte, a la hora del descuento de Ganancias se debe considerar la mayor vulnerabilidad del peticionante, “producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad” que “permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros”.
El fallo objeta el descuento de Ganancias ya que en los casos de envejecimiento, enfermedad o discapacidad el jubilado debe “contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Con esas consideraciones, el fallo señala que el Congreso debería modificar la actual ley de Ganancias, dando “un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”. No se fija ningún plazo para que el Parlamento considere el tema.
Por esta razón, el abogado y especialista en previsión Guillermo Jáuregui le dijo a Clarín que aquellos “jubilados o pensionados que se consideren en similar situación que García, podrían promover la correspondiente acción judicial”. La litigiosidad es una de las vías de los jubilados para poder llegar al beneficio de no pagar Ganancias. En tanto “el Congreso debería modificar el art. 79, inc. c) de la ley contemplando a contribuyentes de mayor edad o enfermos o discapacitados, y en estos casos cuidando que la escala no supere cierto porcentaje o eximiéndolos”.
Además, a partir de 2017 se elevó el mínimo no imponible para los jubilados y pensionados a 6 haberes mínimos -hoy en $62.462-, con ajustes trimestrales. “Este cambio puede hacer que la situación actual de García, en cuanto al porcentaje de la retención sea muy diferente. Cada jubilado debe analizar su situación impositiva antes de encarar una demanda por ese tema”.
El abogado Adrián Troccoli reconoce que “el fallo de Corte en principio fija que debe existir una situación de vulnerabilidad para poder estar eximido del pago de Ganancias. Sin embargo no exige en el caso particular pruebas fehacientes, y la doctrina seguramente se extienda a todas las sentencias provenientes de la Cámara de Paraná y de la Sala 2 de la Cámara de de la Seguridad Social”.
En consecuencia “quienes al día de hoy tributan ganancias, tienen dos caminos: esperar que el Congreso siga el pedido del Máximo Tribunal y modifique la Ley de Ganancias o iniciar una acción judicial. Sería ideal que el Parlamento resuelva la cuestión rápidamente para evitar el colapso de los Tribunales”. Y “de tratarse un proyecto de Ley la Corte no le exige que se exima del tributo a los jubilados, pero sí que les de una mayor protección a la actual”.
Fecha: 28/03/2019
La Corte exime a los jubilados del pago del impuesto a las ganancias
En un fallo que podría tener alto impacto económico para el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia decidió hoy que los jubilados están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias sobre sus haberes jubilatorios hasta tanto el Congresolegisle la exención en su favor. El maximo tribunal falló en favor de una demandante, aunque unos 300.000 jubilados tributan Ganancias.
El máximo tribunal declaró por mayoría -con los votos de Elena Highton , Juan Carlos Maqueda , Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti – la inconstitucionalidad de las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravan los haberes jubilatorios y de pensión. La decisión afecta a unas 400 causas que están tramitando en la Corte. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , votó en disidencia: consideró que las normas de la ley Nº 20.628 que establecen que las jubilaciones y pensiones están alcanzadas por el impuesto son constitucionales “ya que no se había demostrado, en el caso concreto de la actora, su inconstitucionalidad por confiscatoriedad o irrazonabilidad”.
Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti consideraron que la demandante -María Isabel García- era vulnerable dado que tenía 79 años al iniciar la demanda, tenía problemas de salud y se le habían efectuado retenciones de entre el 29,33% y 31,94% en concepto de Ganancias.
La Corte recordó el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria y destacó que el caso de García debía resolverse “en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada”.
“No puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la Sra. García los montos retenidos desde la interposición del reclamo”, planteó el máximo tribunal.
Fuente: Diario La Nación
Fecha: 26/03/2019
La Justicia rechazó una medida cautelar de un jubilado que pedía que no le retuvieran Ganancias
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
A pocos días de la fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia tiene previsto pronunciarse respecto del descuento del impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios (eso ocurrirá el martes próximo, según lo anunciado), la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inadmisible una medida cautelar que había solicitado un pasivo para que se le deje de aplicar esa carga fiscal a sus ingresos mensuales.
Según el fallo judicial, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) y dictado el último día de febrero por la Sala V de esa cámara, no pudo comprobarse la existencia de los daños por confiscatoriedad a los cuales aludió el demandante, el abogado Jorge Vanossi, quien hizo el reclamo contra la AFIP, por considerar que el impuesto es “claramente inconstitucional” y que se aplica sobre un ingreso (la jubilación) que tiene “carácter alimentario”. En primera instancia ya se había dado una respuesta negativa a la pretensión.
Según los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany, lo que debería probarse es una violación al derecho de propiedad, lo cual en la práctica equivaldría al hecho de que el impuesto, en función de su monto, se torne confiscatorio. En ese sentido, el escrito judicial remite a algo ya expresado por la Corte Suprema, en cuanto a que la decisión sobre las políticas impositivas es algo que le corresponde al Poder Legislativo, mientras que a los jueces sí les toca como tarea declarar si el sistema tributario “repugna o no a los principios y garantías” de la Constitución Nacional”.
Y se sostiene, en el escrito, que lo pretendido en el reclamo implica “un complejo análisis constitucional y normativo a los fines de discernir si, tal como indica el accionante, se verifica un supuesto de doble imposición o un supuesto de confiscatoriedad”. Y se agrega que, para dar una definición respecto de esas cuestiones, hace falta “una etapa posterior con mayor amplitud y prueba”. En particular sobre el supuesto de “doble imposición”, se señala la necesidad de un debate sobre la naturaleza del haber jubilatorio.
En 2014, en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ AFIP”, la Corte Suprema le negó un amparo a un grupo de jubilados que pedían el cese del descuento de Ganancias, porque se consideró que no se había probado que el cobro del tributo fuera confiscatorio.
El martes próximo, el tribunal supremo dará a conocer su posición sobre el cobro de Ganancias a los jubilados, tras analizar una demanda tratada antes por la Cámara Federal de Paraná, que declaró la inconstitucionalidad de la imposición. En igual sentido se expresó, en la ciudad de Buenos Aires, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Más allá de sostener que es algo ajeno al Poder Judicial considerar “la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público” (la frase está expresada en el reciente fallo de la causa Vanossi, encomillada y atribuida a la Corte), en el escrito se hacen también consideraciones respecto de la confiscatoriedad que implicaría el cobro del tributo al jubilado.
Según los jueces, en el caso analizado el reclamante “no explica con qué parámetros y sobre qué base imponible (o sobre qué importes mínimos) debería ser actualmente calculado ese impuesto [Ganancias] para que no resultara confiscatorio. Esto, se afirma, porque “debe demostrarse que existe una violación al derecho de propiedad”.
Las jubilaciones están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, según una disposición legal de hace varias décadas. Desde 2017, el ingreso previsional mínimo a partir del cual se tributa es bastante más elevado que el que define la gravabilidad de los salarios en el caso de los trabajadores activos. La base imponible, desde entonces, equivale a seis haberes jubilatorios mínimos y se actualiza en forma trimestral en función del índice de movilidad. Este mes, por caso, los haberes que están alcanzados son los de al menos $62.462, mientras que en junio esa cifra subirá (a la par de una recomposición de los ingresos) a $69.270.
Fecha: 23/03/2019
Reparación histórica: benefició a más de 740.000 jubilados, pero bajó muy poco la cantidad de juicios
Son los que tienen el acuerdo homologado con la Justicia. Mejoraron sus haberes y cobraron retractivos. Pero menos del 6% tenía acciones contra el Estado.
Por: Ismael Bermúdez
Para: Diario Clarín
A dos años y medio de su lanzamiento, 745.559 jubilados y pensionados que aceptaron el Programa de Reparación Histórica (RH) completaron el trámite de homologación en la Justicia. De ese total, 704.244 son jubilados y pensionados que no hicieron juicio y 41.315 tenían juicio iniciado y desistieron de continuarlo de acuerdo a las condiciones del Programa.
Se estima que hay otras 110.000 aceptaciones más, de las cuales unas 40.000 están demoradas porque, según la Justicia, fueron enviadas por ANSeS para su homologación, pero con errores. Se espera que esta “impasse” se solucione rápidamente y ANSeS pueda enviar las siguientes 70.000 aceptaciones. El organismo previsional no informó si hay más aceptaciones del Programa en vista.
De esos números se desprende que el programa logró la aceptación de menos de la mitad de los potenciales beneficiados, pero no logró reducir sustancialmente el stock de juicios que se estima en 300.000 expedientes, a pesar que se pagan entre 30.000 y 35.000 sentencias por año. De acuerdo al Programa, el jubilado debe desistir de iniciar un juicio o debe renunciar a continuar con el juicio iniciado.
No obstante, hay una reducción del número de demandas nuevas –del 45%– por los que aceptaron no iniciar nuevos juicios en el marco de la Reparación Histórica, por el paso del tiempo (fallecimientos) y porque la movilidad vigente desde 2009, aprobada por el Congreso, eliminó una altísima fuente de litigiosidad.
En cambio, está pendiente que la Corte se pronuncie sobre la modificación de la ley de movilidad sancionada fines de 2017 porque fue aplicada en forma retroactiva, lo que sería inconstitucional según un fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social. Y hay más litigiosidad por diferencias en la liquidación de los pagos de sentencias.
Cuando se lanzó la RH en 2016, por el lapso de 3 años, desde el Gobierno se estimó que comprendía a 2,3 millones de personas: 250.000 tenían juicio en curso, 50.000 contaban con sentencia firme y 2 millones cobraban menos de lo que les correspondía. El Programa se financiaría inicialmente con los ingresos del Sinceramiento Fiscal (blanqueo). Esas demandas potenciales se deben fundamentalmente a que, a pesar de la alta inflación, durante el Gobierno de Eduardo Duhalde no hubo aumentos en las jubilaciones y durante el de Néstor Kirchner hubo aumentos en los haberes mínimos, pero al resto le otorgaron incrementos del 11% y 21%, según los montos jubilatorios. Para ese segmento de jubilados, el aumento entre 2002 y 2006 debía ser del 88,6%, como luego fijó la Corte en el caso Badaro.
Además, no se ajustaron los salarios que se toman como referencia para el cálculo de los haberes iniciales que luego la Corte modificó. Eso llevó a un fuerte incremento de la litigiosidad y en los fallos Badaro, Elliff y Bianco la Corte les dio la razón a los jubilados. Pero no se extendieron esos fallos a todos los jubilados, como reclamó entonces el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y eso volvió a incrementar el número de juicios. En las próximas semanas, con 11 años de demora, la Corte Suprema tratará esa demanda del ex Defensor.
Según declaraciones de funcionarios de la ANSeS, la RH logró mejorar en $ 6.000 el haber promedio de los jubilados y jubilados adheridos, pero no hay cifras sobre el monto de las retroactividades.
Por el Programa, las retroactividades se calculan, para quienes tienen sentencia firme, con el índice RIPTE (salarios formales), inferior al que determinó la Corte Suprema en los casos Elliff y Bianco. Para los que están en juicio, se liquidan con ese mismo índice pero con hasta 48 meses de retroactividad y para los que no hicieron juicio desde la fecha de ingreso al Programa.
Por esa razón, y pese a que el Programa benefició a más de 700.000 jubilados y pensionados que no habían demandado al Estado, la abogada previsionalista Andrea Falcone le dijo a Clarín que la oferta de ANSeS contiene “grandes quitas, condiciona la mejora de los haberes a renunciar a derechos, mejora que luego quedó anulada con el cambio de la ley de movilidad a fines de 2017”. Y agregó: “Corresponde darle al jubilado lo confirmado por la Corte Suprema, sin quitas ni hacerlo pasar por abogados, oficinas de la ANSeS y Tribunales”.
Un reciente Estudio de ASAP (Evolución y Financiamiento de la Previsión Social en Argentina) señala como tema “controvertido” del Programa este último punto. Así dice que “no se puede evitar que una persona acepte el acuerdo, pero luego plantee un nuevo reclamo razonado en las diferencias respecto de la aplicación de los índices salariales establecidos por la Corte Suprema y los que efectivamente termina aplicando la ANSeS”. Hubo varios fallos judiciales que se pronunciaron en considerar los reajustes de RH como anticipo o a cuenta de los que determine la sentencia definitiva.
Fecha: 18/03/2019
