Jubilaciones y Pensiones en Argentina
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Mauricio Macri, sobre la reforma previsional: “Nada raro va a salir de un día para otro”
Desde Mendoza, el Presidente aseguró que, de haber cambios, será después de un debate a “conciencia”
Por: Pablo Mannino
Para: Diario La Nación
En medio de la campaña electoral con miras a las PASO y de la preocupación ciudadana por posibles cambios oficiales en el sistema laboral y previsional en el país, el presidente Mauricio Macri descartó aplicar una reforma sin antes un debate a “conciencia” y con el “consenso” de todos los argentinos.
“Nada raro va a salir de un día para otro, ni de un cajón”, expresó el mandatario, en una entrevista con Canal 9 Televida de Mendoza. “La Ley de reparación histórica previó que una comisión de notables se sentara a estudiar de qué forma podemos mejorar el sistema pevisional. Esa discusión está en marcha y esperemos ver en qué punto están. Pero todo es dialogando sobre la mesa. Nada raro va a salir de un día para otro, va a ser fruto del consenso de toda la sociedad, como tiene que ser todo en este país”, aclaró el jefe del Ejecutivo nacional, quien hizo un repaso desde que asumió la Presidencia asegurando que 18 meses no alcanzan para concretar el “cambio” pero que la nación va en el camino correcto, en busca de mejoras para los argentinos.
“Todos queremos más trabajo y más oportunidades para todos. Tenemos que debatir todo para crecer más, para ser más felices. El mundo vive en constante competencia. Todos tenemos que ver qué hace falta reformar, esto es organizarse mejor, qué hacer para mejorar, pero siempre con el fruto del consenso de la mayoría de los argentinos”, agregó sobre la incertidumbre que gira en torno a la rediscusión de marcos laborales y de modificaciones al sistema de jubilaciones, en cuanto a la extensión en la edad jubilatoria, que podría subir entre 3 y 5 años.
Fecha: 01/08/2017
Reforma previsional: propondrán que haya una extensión optativa de la edad jubilatoria
Analizan flexibilizar, sin obligatoriedad, que se pueda extender cinco años. También que se pueda cobrar sólo por los años aportados si es que no se cumplen los 30 de rigor
Por: Elizabeth Peger y Verónica Dalto
Para: El Cronista
El Gobierno dejó trascender que para la reforma previsional busca extender en cinco años la edad obligatoria para jubilarse y que las personas accedan a un haber proporcional a sus años de aportes, complementario a la pensión universal, cuando no lleguen a los 30 obligatorios. Para elaborar esas propuestas, se basa en que anualmente unas 50.000 personas siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen la edad legal para retirarse, en la actualidad de 60 para las mujeres y 65 para los hombres.
“Tenemos que revisar algunas cuestiones del sistema previsional para que sea sustentable en el tiempo y acompañe la nueva realidad del mercado laboral. Hoy entre 300.000 y 320.000 personas que se jubilan por año, y tenemos alrededor de 50.000 personas que quieren seguir trabajando, hay que resolver esa situación. Sin hablar de un cambio en la edad jubilatoria, tenemos que darle la opción de que sigan trabajando si lo desean”, explicaron a El Cronista fuentes oficiales.
Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2016, el 20% de los hombres con jubilación ordinaria (excluida la moratoria previsional) tenía 67 años o más al momento de jubilarse. En el caso de las mujeres, un 17% tenía 70 años. “Es un indicador de que hay mucha gente que desea seguir trabajando y de que no le alcanzan los años de aportes”, indicaron en Trabajo, porque la edad promedio de los nuevos beneficiarios, excluídos los regímenes diferenciales, es de 67,5 años en el caso de los varones y de 63 entre las mujeres.
“Hay cuestiones que son obligatorias, pero no quiere decir que se cumplan en todos los casos. Si hay voluntad de seguir trabajando y si los empleadores y los empleados están de acuerdo en seguir con la relación laboral y se le pone un incentivo, hay gente que se va a sumar”, explicaron.
Ese incentivo es que los hombres tengan la opción de extender la edad jubilatoria por cinco años. Hoy las empresas intiman a las personas a jubilarse al cumplir la edad legal. La idea es que la nueva norma no obligue a las empresas a pedirle al empleado que se retire. “Siempre hay que tener una edad mínima como para que la gente se jubile”, indicaron.
Además, la reforma permitiría mejorar el haber jubilatorio por aportar cinco años más al sistema y cobrar una jubilación durante un plazo menor, un derecho que estaba vigente en la ley 18.037 y que derogó la ley 24.241.
La extensión de la vida laboral tendría otro efecto demográfico: evitar sumar beneficiarios al PAMI, dado que los que demoren su retiro seguirían seguirían aportando y atendiéndose en las obras sociales sindicales o prepagas.
Por otra parte, muchos empleadores no pueden intimar a sus empleados a jubilarse si estos no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para poder acceder a la jubilación, ya que deben seguir acumulando años de servicios. Según la Secretaría de Seguridad Social, tres cuartas partes de la población en edad de jubilarse tiene dificultades para acceder al beneficio previsional por esta causa.
Para ellos se propone crear un régimen proporcional a los años de aportes. La prestación proporcional de carácter contributivo que surja de los años de aportes realizados complementaría la pensión universal al adulto mayor (PUAM), creada el año pasado, que paga el 80% del haber mínimo.
Estos temas se debaten en una comisión creada en el marco de Seguridad Social. Otra propuesta es unificar los regímenes de autónomos con el de monotributistas y que los nuevos trabajadores independientes tributen en función de su ingreso real y no de la renta de referencia que se utiliza hoy.
Fecha: 31/07/2017
La Anses pide a la Corte que le dé un aval al plan de reparación a jubilados
El organismo cuestiona que los jueces usen un índice diferente al de la ley
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
La Anses comenzó a presentar recursos extraordinarios ante la Justicia para pedirle a la Corte Suprema que avale el índice de actualización con el cual se recalculan los haberes previsionales en el marco del plan de reparación histórica. El organismo presentó sus escritos luego de que la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolviera, semanas atrás, rechazar los pedidos del Gobierno de reemplazar el índice con el que los fallos del fuero obligan a calcular los reajustes a los jubilados que ganan juicios.
La pretensión del Gobierno es que se unifique la manera de hacer los cálculos, ya que la ley 27.260 (de reparación histórica) adoptó parámetros diferentes respecto de los que se ordenan aplicar para la liquidación de las sentencias. Un efecto de estas presentaciones es que se volverán a llevar ante al máximo tribunal causas que ya no se apelaban más y entonces tendrán más demora. “La Corte no fijó posición sobre el índice a aplicar y es lógico buscar su decisión”, explicaron en la Anses.
Según el organismo, el índice de actualización dispuesto por la ley de reparación tiene “razonabilidad y equidad” y refleja mejor lo ocurrido con la evolución de lo salarios (que es lo que se intenta reflejar), mientras que el usado para el pago de sentencias provoca “distorsión e inequidad” y se desvía de las variables promedio de la economía.
La cuestión en conflicto tiene que ver con cómo se calcula el haber inicial de quien se jubila. Uno de los componentes de la fórmula es el promedio de las 120 últimas remuneraciones previas al retiro laboral. Y, sobre todo en un escenario inflacionario, es determinante la forma en que se actualizan los valores históricos de esos salarios.
En junio pasado, un fallo de la sala II, con la firma de los jueces Luis Herrero y Nora Dorado, ratificó el uso del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) para las actualizaciones, al resolver la causa deCarmelo Di Mario, en la que la Anses había pedido reemplazar esa variable por la fijada por ley. La normativa prevé un índice combinado: los salarios previos a abril de 1995 se ajustan por el Índice de Nivel General de Remuneraciones (INGR) y los posteriores, por la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte).
Para la gran mayoría de los casos, el resultado de usar lo dispuesto por ley en lugar del Isbic es un reajuste de haberes de menor cuantía. En algunos casos, de todas formas, no es así. La Anses, de hecho, afirma que Di Mario, el jubilado del fallo citado, obtendría un haber un 14% superior con el cálculo hecho según el plan de reparación histórica en lugar del índice de los jueces.
El plan se propone ajustar los haberes de los jubilados, hayan hecho juicio o no, en función de los criterios de fallos de la Corte. Uno de ellos es el del jubilado Elliff, referido al cálculo del haber inicial y que es el que ahora genera la controversia respecto del índice de actualización. Hasta ahora se conocieron fallos de uno de los jueces de primera instancia, Juan Fantini, que se alinean con el plan oficial.
Entre los argumentos de la Anses se menciona que en la sentencia de Elliff la Corte no dispuso usar el índice Isbic. En aquella causa, fue la sala II la que, en segunda instancia, había dispuesto el uso de esa variable. La Corte ratificó el fallo, pero el escrito de la Anses explica que “no hay un solo argumento” en la decisión del tribunal supremo “que justifique la aplicación de un índice en particular”, y agrega que es así porque no se le había pedido a la Corte una definición sobre el tema.
En otros apartados del escrito presentado a la Justicia, el Gobierno alega que el Ripte es un índice más estable que el Isbic. Se señala que su variación fue cercana a la del índice general de salarios del Indec entre 2002 y 2006, que es la variable que ordenó usar la Corte en la causa Badaro, para que la Anses elevara los haberes por ese período.
En la brecha entre los índices en conflicto está el por qué de las diferencias que hay en muchos casos entre el haber ofrecido por la reparación y el que podría obtenerse en la Justicia, una cuestión crucial a la hora de decidir la aceptación o el rechazo a la propuesta oficial. Y eso explica el interés del Gobierno para que se ratifique el índice de la ley.
Los jueces de la sala II deberán resolver si aceptan el recurso para que el tema llegue a la Corte. Si lo rechazan, la Anses irá con un recurso de queja al tribunal supremo.
Fecha: 17/07/2017
Propondrán unificar a los autónomos con monotributistas en la reforma previsional
Las escalas pagarían diferentes alícuotas. La idea ronda en las discusiones previas del proyecto y debe ser discutida con Hacienda y la AFIP. Apuntan a mejorar jubilaciones
Por: Verónica Dalto
Para: Diario El Cronista
Como parte de la reforma previsional, el Ministerio de Trabajo promueve la unificación del régimen de autónomonos con el de monotributistas y que los nuevos trabajadores independientes tributen en función de su ingreso real y no de la renta de referencia que se utiliza hoy.
Para ello, evalúa utilizar la información que provee la factura electrónica, que cada vez alcanza a más contribuyentes, como uno de los aspectos para calcular una renta que se acerque a la real, indicaron fuentes de esa cartera.
Esa renta se encontrará después de deducir los pagos por insumos, alquileres u otros gastos propios de la actividad de cuentapropistas, independientes y empresarios, para lo cual habrá que encontrar los parámetros adecuados.
Hoy el sistema resulta injusto, porque para los autónomos que menos ganan el sistema resulta caro, no ofrece cobertura de obra social y la mayoría de los aportantes sólo obtiene la jubilación mínima.
La idea del nuevo régimen -que la Secretaría de Seguridad Social conversa con AFIP, Hacienda y el ámbito privado- es que cuente con un sistema de escalas para fijar diferentes cotizaciones, que vayan incrementándose a medida que se asciende en la escala contributiva, lo que generaría un sistema solidario entre los trabajadores autónomos.
Hoy se paga un 32% sobre la renta presunta mensual, pero lo que se proyecta para pagar la jubilación es el aporte personal del 11% sobre un ingreso que se considera bajo y al jubilarse obtienen en su mayoría el haber mínimo.
En Trabajo también se evalúa que la alícuota incorpore la cobertura por obra social para los autónomos, lo que debería consensuarse con las prepagas, que hoy reciben la derivación de aportes en el caso de los monotributistas.
La idea de máxima incluye incorporar el seguro de riesgos de trabajo, quizá con un mínimo de cobertura, pero también requiere un diálogo con el sector asegurador. Y un seguro de desempleo.
Otro sector con el que deberá ser consensuado es con el de las cajas profesionales, provinciales y municipales. El temor inicial de las cajas era que fueran absorbidas por el nuevo esquema. Pero hoy se evalúa que sean parte de un sistema complementario de los aportes al régimen general.
Es en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social donde se desarrolla la Comisión para el Fortalecimiento de la Seguridad Social y se evalúan las distintas opciones para diseñar un nuevo régimen previsional, que incluye este tramo para los trabajadores autónomos.
El objetivo de la reforma es que los autónomos se formalicen.
Se estima que existen 1,81 millón de trabajadores independientes informales, según calculó el IARAF en base a los datos del Ministerio de Trabajo y el INDEC.
A marzo pasado estaban registrados unos 395,5 mil autónomos, 1,49 millón de monotributistas y 388,8 mil monotributistas sociales. Pero la encuesta permanente de hogares relevó que existen unos 4,09 millones de trabajadores independientes.
El potencial de blanqueo es alto, además, porque los monotributistas es el tipo de trabajadores que más crece entre los registrados: 3,8% interanual en marzo pasado.
En tanto, en las cinco categorías de autónomos, los aportes mensuales van desde $ 1186,29 a $ 5219,66, con lo que para un monotributista que debe pasarse a autónomos, el cambio en la tributación le resulta caro y difícil de soportar.
Fecha: 29/06/2017
Las AFJP, otra herencia que ahora empieza a hacer ruido
Seis de cada diez empresas privadas estatizadas hicieron reclamos; el Gobierno se inquieta por el millonario pasivo que significa
Por: Florencia Donovan
Para: Diario: La Nación
El Gobierno se prepara para lidiar en los próximos meses con otra pesada herencia de la gestión anterior: la de las AFJP. En la mesa chica del oficialismo cayeron en la cuenta de que existe un pasivo de proporciones millonarias que podría incluso opacar el juicio iniciado por las sociedades que pertenecieron al Grupo Petersen en Nueva York por la estatización de YPF, ya que existen no sólo reclamos en la Justicia local hechos por los dueños de las administradoras de pensiones estatizadas, sino también hay dos demandas en el exterior.
Según confiaron fuentes a LA NACION, formó parte de un encuentro reservado que mantuvo hace dos semanas el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, con los responsables legales de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que conduce Emilio Basavilbaso. “Es algo que se viene, y para la cual hay que estar preparados”, explicaron fuentes del Gobierno, con la condición de no ser identificadas.
La última demanda en presentarse, se conoció apenas días después. Metlife, la compañía responsable de MetAFJP, por entonces una de las líderes del mercado de fondos previsionales, se presentó el 14 de este mes ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Para evitar represalias del Gobierno anterior y proteger su importante negocio de seguros en el país, la empresa había evitado durante la gestión anterior demandar al Estado argentino en la justicia local.
En su demanda al Estado argentino, la empresa destaca que tenía en el país 1,3 millones de participantes y activos por $ 17.000 millones, y que la decisión del Gobierno le habría provocado un “estimado de pérdidas de cientos de millones de dólares”.
Pero no es la única que hizo juicio afuera. Según los datos que manejan en el Gobierno, habría otra compañía más que demandó por los daños generados por la estatización.
El plazo para hacer juicio en la Argentina, en tanto, venció en diciembre de 2010. A días de que operara ese plazo, sin embargo, seis de las 10 AFJP que operaban en el mercado local presentaron demandas en el tribunal en lo contencioso administrativo. Son los casos de Unidos, propiedad del Grupo Ecipsa; Profesión+ Auge, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; Arauca Bit, de OSDE; Orígenes, de ING; y Consolidar, de BBVA.
Ocurre que, cuando se estatizó el régimen privado de pensiones en 2008, medida que en su momento de valió el ascenso a Amado Boudou dentro del escalafón kirchnerista, por ley se estableció que se compensaría a los accionistas de las empresas por un monto equivalente a su capital social. Pero esto nunca se cumplió.
Las únicas compañías que eligieron no hacer juicio fueron Nación AFJP, PRevisor (del Banco Credicoop) y Máxima AFJP, de HSBC, que sólo presentó en su momento medidas cautelares.
Fecha: 28/06/2017
Saber envejecer como país, tema clave
Las jubilaciones en la mira: qué se discute para la sostenibilidad
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
“Que levanten la mano los que están seguros de que van a jubilarse y ya saben cuánto van a cobrar.” El desafío, ante un auditorio de edad no avanzada, fue planteado por el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, en un encuentro que se desarrolló para analizar uno de los temas más significativos para las próximas décadas: el del envejecimiento poblacional y sus efectos sobre el sistema previsional. Fue días atrás, en el marco de la iniciativa Argentina 2030, un espacio de diálogo sobre cuestiones de mediano y largo plazo.
Más allá de las percepciones, la necesidad de una reforma del sistema jubilatorio está formalmente planteada: la ley 27.260, de julio de 2016, estableció que en tres años un “consejo de sustentabilidad” debe elaborar un proyecto para un nuevo régimen, y definió media docena de rasgos básicos que deberán respetarse: el esquema debe ser “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. Según el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que cerró la jornada, ese grupo de trabajo hoy está definiendo los temas que se pondrán en debate.
El objetivo de la sustentabilidad para un régimen en el que se incrementarán las obligaciones a la vez que se reducirá la cantidad de trabajadores aportantes por cada jubilado, es uno de los principales desafíos del país, sobre todo si se tiene en cuenta que con más de 4 de cada 10 pesos del presupuesto nacional se pagan jubilaciones y pensiones a cargo de la Anses, y prestaciones no contributivas.
Según el informe Los años no vienen solos, elaborado en 2014 por el Banco Mundial, mientras que en los últimos años hubo seis personas en edad activa por cada adulto de 65 años o más, en 2050 habrá tres y en 2100, solamente dos.
La edad jubilatoria es una cuestión en danza, más allá de quienes lo consideran un tema casi tabú. Una recomendación de los expertos para una reforma “amigable” con la sociedad, es generar incentivos para que las personas trabajen más tiempo como fruto de una opción, y no de una imposición.
Pero hay otras varias cuestiones sobre las que se aconseja poner el foco desde ahora mismo, porque incidirán en cómo se llegue al momento en que la Argentina haya terminado de transitar su “bono demográfico”. Así se le llama a la etapa previa a la signada por los costos asociados al envejecimiento. Ese “bono” terminará hacia 2035, según advierte José María Fanelli, un economista estudioso de los fenómenos demográficos.
Incrementar la actividad económica con empleos de alta productividad es uno de los objetivos básicos para el desarrollo sostenible, un concepto que incluye que el país tenga la posibilidad de pagar bien las jubilaciones a los mayores que, no solamente serán un porcentaje cada vez mayor de la población, sino que vivirán más años.
El dato de la caída del número de personas activas por cada mayor, tiene una luz de alerta adicional: si se considera el universo de empleados dependientes y autónomos, casi la mitad de los trabajadores no tiene aportes. Y un desafío que se suma es el hecho de que los empleos del futuro no serán los mismos que los de hoy: “Los trabajos van a variar y hoy falta una correlación entre lo que formamos y lo que se demanda; necesitamos mayor pertinencia”, definió el economista Eduardo Levy Yeyati, a cargo de Argentina 2030.
¿Y la respuesta a aquella pregunta de Basavilbaso? Sólo una persona levantó su mano. El debate promete controversias, pero hay bastante consenso respecto de la necesidad de revisar la sostenibilidad de un sistema que hoy se financia, casi en partes iguales, con aportes y contribuciones y con parte de los impuestos generales (como IVA y Ganancias). Y que, si bien hoy incluye a la gran mayoría de los adultos mayores -por las moratorias y la reciente creación de una prestación universal-, tiene a la informalidad como una de las graves problemáticas por resolver.
Fecha: 27/06/2017
