Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Jubilaciones: el Gobierno oficializó la suba del 8,7%

El Gobierno oficializó la suba de las jubilaciones a partir de diciembre, con lo cual el aumento acumulado desde que empezó el año llegará a 51,1%.

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

El Gobierno oficializó hoy la suba del 8,7% de la jubilación a partir de Diciembre, con lo cual el aumento acumulado desde que empezó el año llegará a 51,1%. Con una inflación estimada por varias consultoras económicas en alrededor de 56%, eso implicaría una caída de poder adquisitivo de alrededor de 3%.

A través de la Resolución 27/2019, publicada en el Boletín Oficial, la jubilación mínima pasará de $12.037,22 pesos a $14.067,93.

Las jubilaciones y todas las prestaciones sociales que se ajustan trimestralmente según el índice de movilidad previsional subirán a la vez 11,6% en Marzo de 2020, si es que no se deciden cambios en las condiciones de actualización de los ingresos.

El porcentaje del incremento correspondiente a Marzo surge de obtener el resultado de la fórmula establecida por ley. Para la primera suba del año se tiene en cuenta lo ocurrido con la inflación y los salarios entre los meses de julio a septiembre previos. En ese período de este año, el índice de precios medido por el Indec avanzó 12,56%, en tanto que la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte) -la variable salarial cuya evolución integra la fórmula- registró un aumento de 9,4%. De la primera variable se considera el 70% y, de la segunda, el 30%: de la suma de ambos resultados surge el porcentaje de actualización.

También se ajustan con este índice las pensiones no contributivas como la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo. Y suben, en igual proporción, los aportes previsionales de los autónomos y la remuneración tope para el cálculo de los descuentos con destino a la seguridad social, en el caso de los asalariados.

Fecha: 09/11/2019

Un dictamen le recomienda a la Corte declarar inconstitucional una suba de jubilaciones de 2018

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, opinó hoy, mediante un dictamen, que debería confirmarse una sentencia que declaró inconstitucional que en marzo de 2018 se hayan actualizado los haberes jubilatorios según la fórmula de movilidad determinada por la ley 27.426 (que se aprobó en diciembre de 2017), en lugar de haberse aplicado el cálculo que regía anteriormente.

El fallo de segunda instancia contra una parte de la ley en cuestión había sido dictado en junio del año pasado por la sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. La decisión de los jueces, tomada tras analizar la demanda del abogado y jubilado Miguel Ángel Fernández Pastor (quien fue funcionario de la ANSeS), provocó presentaciones de recursos extraordinarios tanto por parte del litigante como del organismo demandado (la Anses). En el primer caso, fue porque en el juicio también se reclamaba la declaración de inconstitucionalidad de la nueva fórmula en sí misma (más allá de su vigencia), cosa que no ocurrió.

Lo que sí prosperó fue el cuestionamiento a la aplicación del cálculo a partir del tercer mes de 2018. Y la novedad de hoy es que, según el procurador, es correcto que se haya tachado de inconstitucional esa parte de la ley. Ahora, habrá que esperar la palabra de los jueces de la Corte Suprema de la Nación.

La discusión tiene que ver con el período de vigencia de la reforma legal del sistema de movilidad previsional. El fallo de la cámara entendió que, si la ley está vigente desde el 29 de diciembre de 2017, no puede retrotraerse su aplicación al mes de julio de ese año, porque entonces regía otra manera de calcular la actualización de los ingresos de los jubilados. ¿Y por qué entiende que la medida se aplicó de manera retroactiva? Porque el período del cual se observó la evolución de las variables que son parte de la fórmula corresponde a 2017. Y porque, según se expresó en la sentencia, el derecho a que se actualice el valor de los haberes jubilatorios se genera mes a mes, en tanto que el período del 1° de julio al 29 de diciembre de 2017 no había sido compensado según el sistema previo. Los jueces consideraron entonces que el derecho a cobrar la compensación por esos meses ya se había devengado antes de que se votara la reforma.

El efecto de la decisión judicial que se tomó a mediados del año pasado (sobre la cual ahora dio su opinión el procurador) es que la Anses debería hacer (para el caso en particular) un recálculo del ajuste otorgado en marzo, que en la práctica fue del 5,71% y que, según lo presentado en la demanda (tal como se cita en el fallo), debió haber sido de 14,6% en caso de haberse continuado con la fórmula anterior.

A partir de la reforma de la ley 27.426, los haberes se ajustan en forma trimestral y en función de un cálculo que contempla el 70% de la evolución trimestral de los precios más el 30% de la variación de los salarios registrados (según el índice Ripte), con un rezago de seis meses.

La manera en que se inició el sistema (con la aplicación de la nueva fórmula ya desde marzo de 2018 y con una suba que se calculó sobre la base de lo ocurrido con la inflación y los salarios en el trimestre de julio a septiembre de 2017) había sido uno de los puntos más controvertidos cuando se debatió la normativa.

En el fallo de segunda instancia, los jueces Martín Laclau y Rodolfo Milano votaron por la inconstitucionalidad de lo que consideraron que fue una aplicación retroactiva de la ley. En cambio, el juez Néstor Fasciolo consideró que la merma del haber jubilatorio derivada de la manera en que se aplicó la movilidad, no fue de carácter confiscatorio. El juez mencionó que, según el demandante, se le debió otorgar una suba de 14,6% en marzo de 2018, lo cual debe compararse con las subas efectivas y acumulativas de marzo y junio, de 5,71% y 5,69% en cada caso. Y así, concluyó que entre marzo y mayo la baja fue del 7,76% y, entre junio y agosto, de 2,51%.

Fecha: 30/10/2019

Jubilaciones perderán este año contra la inflación y el poder de compra acumulará una caída de casi 17% en los últimos 4 años

La movilidad será del 51,1% para 2019, contra un IPC que el Gobierno estimó en 52,8% y las consultoras ven más cerca de 60%. El índice de actualización corrió casi siempre detrás de los precios.

Por: Esteban Rafele

Para: TN.com.ar

Las jubilaciones cerrarán 2019 con una nueva caída en su poder de compra. Los haberes de los jubilados y pensionados acumularían así una pérdida de poder adquisitivo que rondará el 16,8 por ciento en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, según estimaciones de la consultora Elypsis.

En diciembre, los jubilados recibirán el cuarto aumento del año, del 8,74%. Los haberes completarán así una suba del 51,1% en 2019, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

En los primeros meses del año, ANSeS se entusiasmaba con la recuperación del poder adquisitivo después del cóctel de devaluación e inflación de 2018. En septiembre, destacaban en el organismo, los haberes subieron en términos reales (es decir, más que el índice de precios) después de mucho tiempo. Pero el salto inflacionario posterior a las PASO dejará trunca esa ambición.

Las estimaciones de pérdida de poder adquisitivo surgen de comparar la variación de los pagos de acuerdo con el índice de Movilidad con la inflación y no tienen la mejora de haberes que percibieron más de 1 millón de jubilados por la Reparación Histórica. Que según Anses, en los tres años del proceso se actualizaron las jubilaciones de 1,35 millones de personas, de los cuales 540.000 superaron el haber mínimo. La suba promedio para ese universo fue del 38 por ciento.

Evolución año por año

En 2016, la ley de movilidad dispuso dos aumentos de haberes, en marzo y septiembre. En total, las jubilaciones y asignaciones subieron 31,68%. La inflación de ese año, según el IPC porteño trepó a 41% (el Indec no completó entonces el dato anual por la emergencia estadística). Otros indicadores provinciales marcaron una inflación más cercana al 35%. Según Elypsis, la caída del poder de compra promedio fue, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, del 4,8%.

La caída del poder de compra surge de comparar la inflación de cada mes con la remuneración de ese periodo. Por eso, el promedio anual es diferente de las variaciones “punta a punta” que pueden haber tenido jubilaciones y asignaciones, por un lado, y el Índice de Precios al Consumidor anual, por otro.

Al año siguiente, la inflación se moderó y los salarios de trabajadores y haberes de jubilados y pensionados recuperaron algo de poder de compra. Fue el único período de la gestión de Macri en el que repuntaron la actividad, los ingresos y el consumo. Los haberes aumentaron en marzo y en septiembre y completaron un 28% de actualización, contra una inflación anual del 24,8%. En promedio, según Elypsis, el poder de compra de las jubilaciones recobró dos tercios de lo que había perdido el año anterior: 3,2 por ciento.

En 2018, sin embargo, el deterioro fue contundente. A la corrida cambiaria y la disparada inflacionaria se sumaron los cambios en los cálculos de jubilaciones y asignaciones dispuestos por el Congreso. Los haberes pasaron a actualizarse cuatro veces por año, de forma trimestral, en función de un índice que combina inflación (70%) y salarios (30%) con un semestre de rezago. Antes, la actualización era semestral y se basaba en la evolución de la recaudación y sueldos promedio. En el pasaje de una fórmula a la otra, se “perdieron” tres meses de inflación, que no se pasaron a los haberes.

“Por la fórmula de movilidad, se corre detrás de la inflación. Cuando desacelere, habrá recuperaciones reales”, explicó Martín Kalos, economista jefe de Elypsis.

En 2018, el primer año del nuevo índice de movilidad, las jubilaciones subieron apenas 28,5%con una inflación casi 20 puntos superior, del 47,6%. En promedio, las jubilaciones, pensiones perdieron 7,4 por ciento de poder adquisitivo.

Y en 2019, la caída del poder de compra sería aun mayor. Si se concreta el escenario de inflación que prevé Elypsis, de 57%, los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares perderán 8,6 por ciento de poder de compra adicional. 

Según los registros de Anses, existen en el país 5,3 millones de jubilados y 1,7 millones de pensionados que recibieron este mes un aumento del 12,22% en sus haberes, de acuerdo a la ley de movilidad. La jubilación mínima llegó a $12.937,22. Con la suba prevista para diciembre, la mínima llegará a $14.068.

De ese universo, 1,1 millones de jubilados que reunieron 30 años de aportes y cobran la mínima recibirán, en octubre y noviembre, 900 pesos adicionales. La ley de movilidad les garantiza a ellos el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Con la suba prevista para diciembre, el piso de la jubilación más baja volverá a estar por encima de ese 82 por ciento.

Ese mismo grupo percibirá con los haberes de octubre un retroactivo de 54 pesos, porque la suba del salario mínimo llegó después de la actualización de haberes correspondiente a septiembre que surgió de la ley de movilidad. Hasta agosto inclusive, el haber mínimo fue de $11.528 pesos, mientras que quienes reunieron los 30 años de aportes y se jubilaron sin moratoria debieron haber percibido $11.582.

Fecha: 20/09/2019

Los aportes cubren sólo 36% de las jubilaciones

Según un informe reciente del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la UB, que plantea que en ese marco debería debatirse una seria reforma del sistema previsional argentino.

“Cuando a fines de los años ‘40 se extendió el sistema jubilatorio a la mayor parte de la población, había aproximadamente diez trabajadores activos por cada pasivo. En la actualidad, la relación aportantes/beneficiarios del sistema previsional es de apenas 1,7”, advierte Víctor Beker, director del CENE.

Según señalaron ya varios expertos en la materia, lo aconsejable es al menos que el ratio entre aportantes y pasivos se ubique entre 3 y 4.

“Si cada trabajador activo aporta un 11% de su salario y el empresario un 10%, esto sólo permite pagar una jubilación equivalente al 36% del salario en actividad. El resto proviene de impuestos y otros recursos del Tesoro nacional”, explica.

Beker agrega que ése es el marco en el cual se debería debatir la reforma del sistema previsional argentino a partir del año próximo, a pesar de que el plazo máximo de tres años para implementar dicha reforma “universal, integral, solidaria y sustentable”, fijado por la Ley de Reparación Histórica que fue sancionada a mediados de 2016, ya venció.

Un problema global

Este fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Es un problema global, donde la mayor esperanza de vida y menor natalidad forman un combo que atenta contra el sistema de reparto.

Los datos y las proyecciones de la ONU, en este sentido, son concluyentes. En 2015, había 901 millones de personas de más de 60 años en el mundo, el 12,5 por ciento del total. Esta cifra se calcula que se elevará a 1402 millones (el 16,5 por ciento) en 2030 y trepará a 2092 millones (el 21,5 por ciento) 20 años más tarde.

Al mismo tiempo, la tasa de natalidad pasará de 2,5 hijos por mujer entre 2010 y 2015 a 2,4 entre 2025 y 2030. Para fin de siglo se espera que sean 2 hijos por mujer, una tasa de crecimiento nula.

En la Argentina, la situación es similar. Según el Banco Mundial, mientras que la población adulta mayor de 65 años era de 10,4 por ciento en 2014, pasará a 19,3 en 2050 y al 24,7 en 2100. De la misma forma, mientras hay seis personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, en 2050 habrá tres y en el próximo cambio de siglo serán dos.

Fuente: Urgente 24

Fecha:19/09/2019

Más de un millón de jubilados cobrarán un adicional de hasta $900 en octubre y noviembre

Por la suba del salario mínimo, vital y móvil, se aplicará la garantía del 82% para los haberes más bajos del sistema

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Alrededor de 1,1 millones de jubilados y pensionados de bajo ingresos recibirán con sus haberes de octubre y noviembre un incremento adicional al ya dispuesto por el sistema de movilidad y que se aplica en este mes de septiembre. El monto extra será de hasta $900,28. De esta manera, el ingreso que cobrarán los pasivos alcanzados por esta medida será de $13.837,50 (en bruto), en lugar de los $12.937,22 (o una cifra algo superior a esa, pero inferior a los $13.837,50), que es el haber mínimo que quedó definido para el período de septiembre a noviembre, tras aplicarse un aumento de 12,22% respecto de los haberes de agosto. Además, con el cobro del ingreso del décimo mes del año recibirán otra suma, en este caso de hasta $54, correspondiente a un reajuste por los ingresos del mes pasado.

Las subas adicionales se darán por la aplicación de la garantía legal que establece que los haberes no pueden ser inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil, para el cual se dispuso una suba de 35% que se hará efectiva de manera escalonada durante tres meses: agosto (en forma retroactiva), septiembre y octubre. El haber garantizado para los jubilados de la Anses rige desde 2018 y es válido para quienes se jubilaron tras haber hecho al menos 30 años de aportes al sistema previsional. La medida deja al margen a quienes obtuvieron su prestación a través de la adhesión a un plan de moratoria y, para ellos, el haber mínimo de este mes y de los dos siguientes será, tal como ya estaba previsto, de $12.937,22.

Según la resolución 6 del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, el ingreso más bajo que puede cobrar un trabajador de jornada completa quedó establecido en $14.125 para agosto, en $15.625 para este mes y en $16.875 para octubre. Esas subas determinan que, en el sistema jubilatorio gestionado por la Anses deban revisarse los haberes vigentes en el período, para definir si se activa la cláusula de garantía del 82%.

En este caso, el ajuste del salario para el mes de agosto indica que en ese mes los jubilados alcanzados por este beneficio debieron haber cobrado no menos de $11.582,50, cuando el haber mínimo fue de $11.528,44. La diferencia, según explicaron en la Anses, será pagada con los ingresos de octubre. En ese mes, además, el salario mínimo, vital y móvil subirá a $16.875, con lo cual el número equivalente al 82% (es decir, $13.837,50) quedará por arriba del menor ingreso percibido por los pasivos ($12.937,22). Y, entonces, deben abonarse los $900,28 que surgen de la diferencia entre ambas cifras. Este último monto es el que recibirán quienes estén cobrando la mínima, en tanto que verán aumentados sus ingresos en cifras menores a esa quienes perciban mensualmente entre $12.937,22 y $13.837,50.

En diciembre, los haberes jubilatorios tendrán un nuevo incremento por movilidad, que será de 8,74%. Entonces, el ingreso mínimo general será de $14.067. Si el salario mínimo sigue entonces en $16.875, el haber mensual ya superará el 82% y no habrá aplicación de la cláusula de garantía.

Fecha: 05/09/2019

Las jubilaciones subirán 8,7% en diciembre y la movilidad de todo el año será de 51,1%

En el último mes del año el haber mínimo se ubicará en $14.067 

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Las jubilaciones y pensiones del sistema nacional, gestionado por la ANSeS, recibirán una recomposición de 8,74% en diciembre, que se sumará al 12,22% que se aplicará en los ingresos desde el mes próximo. Así, los cuatro aumentos del año que se otorgan según lo dispuesto por la ley de movilidad, acumulan una suba nominal de las prestaciones de 51,1% para todo el año 2019.

En términos reales, y luego de un 2018 en el que los ingresos perdieron un 13% de su poder adquisitivo, el índice de 2019 podría representar una nueva pérdida de su capacidad de compra con respecto al inicio del año, o bien una situación cercana a un empate con los precios, dependiendo las estimaciones que se consideren. Lo que ocurra finalmente dependerá de la medida en que se acelerará la inflación en este mismo mes y en los próximos, como efecto de la fuerte devaluación post-PASO.

En las estimaciones, que ahora varias consultoras económicas tienen en revisión, se evalúa también qué impacto tendría la quita temporal del IVA a un grupo de alimentos básicos. En la Anses, por caso, tienen una proyección propia que indica que la inflación anual alcanzaría, a diciembre, un nivel de 49,2%. Desde el estudio Orlando Ferreres & Asociados, en tanto, el economista Fausto Spotorno le dijo ayer a la nacion que la proyección actualizada marca una suba de precios, de diciembre a diciembre, de entre 49% y 50%, en tanto que en el Ieral estiman ese dato entre 50% y 52%.

Diferentes fuentes el Gobierno no confirman ni descartan, por estos días, que pueda haber en los próximos meses medidas adicionales a la aplicación de la movilidad, para reforzar los ingresos de los pasivos.

Con el índice de 8,74%, el haber mínimo quedará, entre diciembre y febrero próximos, en una cifra cercana a $14.067 y el ingreso máximo, en $103.064. Estas cifras y el propio índice de diciembre no son todavía oficiales, sino que surgen de calcular la movilidad correspondiente al último mes del año a partir de los datos de inflación publicados por el Indec y de la evolución de la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte) que difunde la Secretaría de Seguridad Social. Sí se aprobó ya, a través de una resolución, la suba de septiembre, que lleva el haber mínimo a $12.937,22 y el máximo a $94.780,42.

Según la ley, las prestaciones se incrementan cada tres meses y las variables que se consideran para definir el porcentaje tienen un rezago: son de seis meses atrás. El índice de diciembre, por ejemplo, se calcula según cuánto fue la variación de precios y de salarios del período que se extendió entre abril y junio pasado (se toma el 70% de la suba del Índice de Precios al Consumidor en el primer caso y el 30% de la variación de los salarios). En el segundo trimestre del año, la inflación fue de 9,48%, en tanto que los sueldos formales quedaron bastante atrás: registraron una variación de 6,95%.

Los incrementos de 12,22% en septiembre y de 8,74% en diciembre alcanzarán a quienes cobran prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que equivale al 80% del haber mínimo. Aumentarán también, en iguales porcentajes, los montos de las asignaciones por hijo que reciben los trabajadores formales.

Fecha: 23/08/2019

Cuánto subirán las jubilaciones en septiembre y cómo quedarán frente a la inflación

Los valores de los haberes a partir de septiembre se publica hoy en el Boletín Oficial

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

En el mes de septiembre todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional nacional subirán un 12,22%. Así, el haber mínimo será de $12.937,22 y el máximo, de $94.780,42. La recomposición se hará según lo dispuesto por la ley de movilidad, que contempla una fórmula que incluye como variables a la inflación y la evolución de un grupo de salarios. Para el tercer aumento nominal del año (los dos anteriores fueron en marzo y junio) la fórmula arroja un ajuste de 12,22%, tal como el Gobierno oficializará a través de una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que se publicará en el Boletín Oficial, según indicaron fuentes del organismo.

La medida también tiene impacto sobre los montos de las asignaciones por hijo que cobran los trabajadores en el sistema laboral formal y alcanza a las pensiones no contributivas y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a 80% del haber mínimo (con lo cual, es un ingreso mensual que se eleva a $10.349,78). La suba no se aplicará, en cambio, en el caso de la asignación universal por hijo (AUH), porque en este caso el Gobierno había anticipado en marzo los aumentos previstos en principio para todo este año (en ese tercer mes del año se aplicó un alza del 46%).

Con el reajuste de septiembre, los haberes acumularán un alza de 38,97% en los primeros nueve meses del año. El aumento será de 49,78% si se comparan los números con los de un año atrás. Según las comparaciones que es posible hacer hasta ahora, al mes de junio las jubilaciones acumulaban una recomposición de 23,84% en lo que iba del año, contra una inflación de 22,4% (lo que arrojaría una recuperación de 1,2% de poder de compra en el período); a la vez, los índices dan cuenta de una mejora nominal de 42,39% entre junio de 2018 e igual mes de 2019, un período en el que la inflación fue de 55,8% (lo cual determina una pérdida de poder adquisitivo de 8,6%).

En 2018 los haberes previsionales y los otros ingresos cuyos aumentos se definen por la ley de movilidad sufrieron una caída del poder adquisitivo de 13%. Este año, la medición de punta a punta revertiría esa tendencia: la inflación esperada por los economistas para todo 2019 ronda el 40%, según las proyecciones publicadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. Las jubilaciones, en tanto, tendrán una recomposición acumulada (entre los cuatro incrementos del año) no inferior al 50%, algo que ya es posible estimar dados los índices de inflación y de salarios de parte del segundo trimestre del año, que son las variables que definirán de cuánto será la suba del mes de diciembre.

Junto con el aumento de haberes, subirán también en septiembre los aportes previsionales de los trabajadores autónomos y de los asalariados de ingresos más altos, todo en un 12,22%. El tope salarial para calcular los aportes personales a la seguridad social, de hecho, se elevará a $146.246,86.

La fórmula de movilidad que se aplica desde 2018 tiene en cuenta el 70% de la inflación acumulada en un trimestre más el 30% de la variación registrada por la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Los datos que se observan tienen un rezago de seis meses (por ejemplo, el ajuste de septiembre se determina según lo ocurrido entre enero y marzo). Y, por eso, en un escenario de inflación en alza el resultado es una pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben los ingresos. En cambio, con índices de precios que tienden a aliviar su nivel de incremento, se produce una mejora en los ingresos medidos en términos reales.

Fecha: 07/08/2019

Tres desafíos del sistema jubilatorio: a quiénes, cuánto y con qué pagar

Abandonar las medidas “de emergencia” para solucionar problemas estructurales es una de las recomendaciones incluidasen dos informes recientes sobre la historia previsional argentina; cómo se evalúa la cobertura y el esquema de financiamiento

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Reparación, moratoria, movilidad, juicios. Como en ese juego que propone unir cada palabra de las ubicadas en una columna con una de las frases escritas en la lista de al lado, los vocablos de uso frecuente al hablar del sistema jubilatorio su historia reciente en la Argentina tienen s u correlato en problemas sociales y económicos: déficit fiscal, informalidad laboral, inflación, falta de adecuaciones en contextos inestables. A eso se suman las tensiones entre lo deseable para los jubilados (presentes y futuros) y la realidad -que se conjuga con decisiones políticas y que, en parte, se define por ellas-, que no responden solo a cuestiones de un plazo más o menos cercano, ni son exclusivas de la Argentina.

Mirar la historia y pensar en lo que puede venir y en lo que efectivamente vendrá, como el cambio demográfico, son cuestiones a considerar en un análisis hecho desde un presente que, entre otras, muestra las siguientes características: una tasa de cobertura previsional que es amplia, pero que fue lograda por políticas no estables ni equitativas; un nivel de haberes que terminó en buena medida definiéndose en la Justicia, y cambios recientes en las fuentes de financiamiento que agregan interrogantes sobre la sustentabilidad del esquema.

“La historia del sistema previsional argentino es muy compleja, rica en reformas de diferentes signos y dominada por medidas de emergencia para atacar problemas estructurales”, señala el informe titulado La persistencia de los dilemas en el sistema previsional argentino, publicado por la Oficina Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y escrito por los economistas Fabio Bertranou, Pablo Casalí y Oscar Cetrángolo. Con la evaluación inicial de que “vivir más tiempo es una buena noticia” y la advertencia de que eso entraña para las sociedades el reto de disponer de más recursos para las jubilaciones y las prestaciones de salud, otro libro reciente, Hacia una historia del sistema previsional nacional, del economista Hugo Bertín, publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, hace un recorrido que va de 1904 a 2018. En los dos escritos hay conclusiones referidas a tres ejes fundamentales del sistema: su cobertura, su nivel de pagos y su financiamiento.

1. Cobertura: cuántos cobran

En los últimos años, el porcentaje de mayores de 65 años que reciben jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de otro régimen se ubica entre el 90% y el 95%. Según el informe de Bertín, esa tasa comenzó a mejorar de manera significativa a partir de 2006, cuando comenzaron a otorgarse prestaciones por moratorias, tras reglamentarse una ley de 1993 que las había previsto. Se dieron, desde entonces, al menos 4 millones de beneficios a personas que, al llegar a la edad de retiro, no tenían aportes suficientes (o no tenían aportes); la modalidad es la de permitirles declarar una deuda con el fisco, que se paga con subsidio y en cuotas descontadas de los haberes. Al lanzarse la medida, no se estimó cuál sería el costo ni se previeron fuentes de financiamiento. Hoy, las prestaciones con moratorias son alrededor de la mitad del total.

Antes de que mejorara el índice de cobertura del sistema, las trabas para acceder se centraban en las dificultades del mercado de trabajo: altos niveles de informalidad y trayectorias laborales interrumpidas por períodos de desocupación que hacían difícil sumar los 30 años de aportes requeridos por la ley. ¿Y ahora? Esos problemas continúan. El crecimiento de la cobertura no tiene su contraparte en una mejora significativa del escenario laboral, sino que responde, advierte el informe de la OIT, a una “medida de emergencia”: la moratoria.

El reemplazo de las moratorias (que irán perdiendo vigencia con el paso del tiempo) es, según dicen en la Anses, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en 2016 y que equivale a 80% del haber mínimo. El derecho a cobrarla se adquiere a los 65 años, si no se tienen los aportes exigidos para jubilarse y si se pasa una evaluación socioeconómica. El cambio va en línea con las recomendaciones del informe de la OIT.

El mapa laboral muestra que, entre los asalariados -que son tres de cada cuatro ocupados, según el Indec- la falta de aportes afecta al 35%. Ese índice es tradicionalmente mucho más alto entre los cuentapropistas: diferentes estudios muestran un persistente índice cercano a la mitad de los trabajadores, cuando se trata de establecer qué porcentaje del total de ocupados no tiene aportes.

Si se mira el universo de aportantes, los datos del SIPA procesados por la Dirección de Programación Económica permiten estimar que en la última década (2008 a 2018) el número total creció 16,6%, una variación que en gran medida se explica por el crecimiento natural de la población en edad activa. Hay un rasgo de ese crecimiento que no le es indiferente al sistema previsional: cuando se calcula cuánto creció el número de aportantes de cada subgrupo de trabajadores, se observa que entre los asalariados el avance fue de 10%, y entre los autónomos del régimen general, de solo 4%. Las mayores variaciones se dieron en el monotributo (el incremento superó el 50%) y en el sistema de servicio doméstico (la suba fue de 28%), dos grupos con aportes bajos en relación al resto, a los que se les garantiza el haber mínimo.

Cetrángolo, que es docente e investigador en la UBA y el Conicet, sostiene que estos dos últimos subsistemas deberían revisarse. “El monotributo no es un esquema para que alguien se quede ahí 30 años, y si no se hace algo [un cambio] se perjudica a los que aportan más y terminan recibiendo igual prestación”, señala. Agrega que en el servicio doméstico hay argumentos para que el aporte esté subsidiado por el Estado, pero que entre los monotributistas no todos tienen baja capacidad contributiva.

El problema se centra en el “salto” del régimen del monotributo al de autónomos, que tiene mayores costos dinerarios y burocráticos, no proporcionales al crecimiento que puede haber tenido la actividad del contribuyente. En el caso específico de la contribución previsional, el mayor esfuerzo de los autónomos no resulta compensado en el futuro.

2. Haberes: cuánto se cobra

Un reclamo emblemático en el país es el del “82% móvil”. Ese nivel de haber jubilatorio inicial medido en relación con el último salario cobrado, ¿es algo del pasado que podría recuperarse? Un poco de historia: cuenta Bertín que fue la ley 14.499, de 1958, la que fijó esa “tasa de sustitución”. Pero, al contrario de lo que comúnmente se cree, la garantía no se dispuso para todos, sino solo para quienes menos cobraban. Si el 82% de la remuneración superaba una cifra establecida por la ley, el monto a cobrar se determinaba usando una escala. Y la tasa de sustitución era más baja cuando más elevado era el ingreso.

La ley, que rigió cuando el sistema solo cubría a un tercio de los adultos mayores y tenía muchos más afiliados que retirados, fue derogada en 1969. Según interpreta Bertín, la persistencia en la memoria colectiva se debe a que hay cajas previsionales provinciales que, para sus empleados públicos, mantienen esa relación del 82%, algo también vigente en regímenes especiales del esquema nacional. El economista dice que esto último no se justifica porque, aun cuando en esos casos el aporte es mayor, los cálculos indican que lo obtenido al jubilarse es, en función de lo contribuido, superior a lo que obtienen quienes están bajo las reglas generales.

¿Cuáles son esas reglas generales? Para los asalariados, el sistema que gestiona la Anses otorga una prestación que surge de la siguiente fórmula: tras actualizar los montos históricos, se calcula el promedio de los últimos 120 salarios cobrados y de esa cifra se obtiene el 1,5%; al resultado se lo multiplica por la cantidad de años con aportes. A eso se le agrega un monto fijo, igual para todos, que hoy es de $5446,47. Un ejemplo: si el promedio salarial da $40.000 y se tienen 30 años de aportes, el primer componente del ingreso daría $18.000 y, al sumarse el monto fijo, se llegaría a un haber mensual de $23.446,47, un 58,6% del ingreso de la última década. Si fueran 35 años los aportados, la relación llegaría a 66%. Por la incidencia de la parte de la prestación que es un monto fijo y único, si el salario es más bajo, la relación con el ingreso activo es más elevada, y si el sueldo es más alto, la vinculación cae (también influye la aplicación de topes).

Desde 2018 rige la garantía por la cual el haber no puede ser inferior al 82% del salario mínimo (garantía que excluye a las prestaciones obtenidas con un plan de moratoria).

Según el informe de la OIT, cuando se mira la cuantía de los haberes se observa la caída del valor real en el período que siguió a la crisis de 2001 y 2002, cuando la inflación provocó recortes del poder de compra a cientos de miles de pasivos que, por años, no recibieron recomposiciones, y generó también que se subestimaran los ingresos de quienes se jubilaban, por la falta de actualización de los salarios usados en la fórmula. Esas pérdidas, fruto de decisiones políticas del gobierno de entonces, derivaron en uno de los capítulos de la historia previsional en los que intervino el Poder Judicial dando sus definiciones. Luego, el informe advierte recuperaciones a partir de dos normativas: la ley de movilidad de 2009 (luego modificada) y la de reparación histórica (que mejoró muchas prestaciones y, como contrapartida, elevó el déficit).

Entre los desafíos, los economistas de la OIT señalan el de “diseñar un sistema con beneficios contributivos que guarden proporcionalidad” con lo aportado: muchos llegan a la edad de retiro habiendo contribuido, pero no con la intensidad que exige la ley.

3. Recursos: cómo se paga

Casi como en un juego de palabras, el primer consejo expresado por la OIT recuerda que un sistema previsional debe ser previsible y que, por tanto, todo cambio debe darse tras lograrse un consenso suficiente y tras definirse niveles de aportes y contribuciones que sean capaces de financiar ingresos “aceptables para la población en el mediano y largo plazo”.

Bertín explica que desde la década del 70 la fuente de recursos para pagar las prestaciones nacionales es una combinación de aportes y contribuciones con ingresos tributarios. En los últimos años, en los que hubo un crecimiento de los beneficios por las moratorias, los aportes y contribuciones tuvieron una participación de alrededor de 50% en el financiamiento del universo de prestaciones. Según el estudio de la OIT, el pago de jubilaciones puramente contributivas representó en 2017 un 4,64% del PBI, en tanto que las “semicontributivas” requirieron 2,97% del producto.

En cuanto al dinero de rentas generales hubo cambios relativamente recientes: tras reclamos judiciales, desde 2016 la Anses ya no recibe el 15% de los recursos coparticipables con las provincias (con algunas hay un esquema de cambio gradual de la asignación). Y el 20% de la recaudación de Ganancias que antes iba al organismo fue reemplazado por lo obtenido por el impuesto al cheque, del cual está previsto que deje de existir en unos años. A esas modificaciones se suman las del sistema de contribuciones patronales: la unificación progresiva de la tasa de imposición y la vigencia de un monto del salario no imponible, creciente en el tiempo (hoy es de $7003). Eso baja el costo para el empleador y la recaudación para el sistema.

Hacia adelante, un reto inevitable es el crecimiento de la participación que tienen los adultos mayores en la población total. La etapa del bono demográfico (en la cual no hay aún cambios significativos de la composición etaria), llegará hacia 2035. Y, según han advertido economistas como José María Fanelli, esta etapa no se está aprovechando para generar estrategias que aporten mayor productividad presente y futura.

Entre los objetivos, dice el informe de la Universidad de La Plata, debería estar el de formalizar empleos, que son “la fuente más robusta y legítima para financiar la seguridad social”.

La eficacia del sistema, se agrega, se define por la medida en que se logran tres metas: “la cobertura de las personas expuestas a los riesgos que conllevan el cese de la actividad y la mayor edad, la suficiencia de los beneficios pagados y la sustentabilidad”.

Un país con más de 200 sistemas

Las cajas provinciales, municipales y de profesionales, parte del conjunto de regímenes

  • En el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay poco más de 12 millones de trabajadores registrados (no ingresan necesariamente aportes todos los meses por todos ellos) y 6,9 millones de jubilados y pensionados; además, el Estado nacional paga más de 1,5 millones de pensiones no contributivas y prestaciones de la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • En el país conviven muchos regímenes previsionales. El informe titulado “Hacia una historia del sistema previsional nacional de la Argentina”, del economista Hugo Bertín (Universidad Nacional de La Plata) identifica 230 sistemas y subsistemas. Entre ellos están los regímenes especiales a cargo del Estado nacional; los de retiros de personas de grupos como las Fuerzas Armadas o la Policía Federal; los sistemas de empleados públicos provinciales; los municipales; los regímenes de actividades religiosas o insalubres; las cajas complementarias y las cajas profesionales.
  • En la década del 90 varias cajas provinciales fueron transferidas al sistema nacional, con lo cual los empleados públicos de esas jurisdicciones se jubilan en el esquema de la Anses.
  • Las provincias que mantienen sus cajas son: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Además, hay dos de bancos públicos y 24 de municipios.
  • Las negociaciones, los acuerdos y los conflictos por la compensación de los déficit de cajas provinciales por parte de la Nación son parte de la historia previsional. Las condiciones y los beneficios suelen ser diferentes respecto del SIPA. En Santa Cruz, por caso, la mujeres se retiran a los 50 años y los varones, a los 54.

Fecha: 28/07/2019

Vence el plazo para que los jubilados acepten el plan de reparación histórica

Llega a su fin el plan que buscó que los jubilados desistieran de sus juicios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La posibilidad que tienen los jubilados de aceptar la propuesta del plan de reparación histórica llegará a su fin el domingo próximo, al cumplirse tres años de la promulgación de la ley 27.340, que declaró por ese lapso de tiempo el estado de “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, en el cual se enmarcó el programa. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que agregaron que en las próximas horas se conocerá una resolución referida a este vencimiento del plazo, que incluirá aclaraciones sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, se establecerá que para quienes hayan dado su aval a la oferta del Estado pero no tienen aún todo el trámite finalizado, la gestión seguirá su curso y no se invalidará.

De todas formas, quedan varias dudas para algunos jubilados y pensionados, relacionadas con situaciones específicas para las cuales no hubo una respuesta formal, como el caso de las pensiones de viudas o viudos de beneficiarios que en su momento tuvieron una oferta de mejora de las jubilaciones y que no había hecho el trámite para poder cobrar.

También hay casos, según advierten abogados previsionales, en los que se les comunicó a las personas su inclusión en el plan, pero para quienes aún no se publicó cuál es la propuesta de recomposición del haber.

La confirmación del final del plazo para optar es fundamental para los jubilados que demoraron la decisión, por estar esperando la resolución de un juicio en trámite. Según los datos de la Anses, en el universo de 1.353.000 jubilados y pensionados que cobran una mejora en sus haberes por el plan (esa mejora es, en promedio de 38%) hay unos 70.000 que desistieron de su demanda.

El dato oficial, al 15 de este mes, indica que fueron homologados por la Justicia 727.112 acuerdos entre jubilados y la Anses, con lo cual esa es la cantidad de trámites terminados. El total de expedientes tramitados es de 886.480: la diferencia entre ese número y el de acuerdos homologados está en los casos que esperan la firma de un juez, en tanto que la brecha con el número del total de haberes reajustados responde, además de a esos casos, a algunos en los que se pagó el aumento sin exigir la gestión por parte del jubilado (ocurrió con mayores de 90 años y con quienes tienen determinadas enfermedades).

Otros datos del plan indican que 540.000 pasivos dejaron de cobrar el haber mínimo y que 70.000 expresaron su rechazo a la propuesta, para continuar o para iniciar un litigio que, según esperan, les daría un ingreso más elevado que el ofrecido por la reparación histórica (el plan toma los criterios de la Corte pero no utiliza el mismo índice para recalcular los haberes).

Por este programa, propuesto en 2016 por el Poder Ejecutivo y aprobado ese año por el Congreso, el Estado reconoce que en los últimos años se les pagó a muchos jubilados menos de lo que correspondía en función de lo determinado por la Corte Suprema en cuatro fallos.

Los de mayor impacto, por cantidad de personas incluidas en su alcance, son dos. Uno es el fallo de la causa de Adolfo Badaro, de 2007, en el que los jueces supremos declararon que entre 2002 y 2006 los haberes debieron haber subido no menos que la evolución que en esa etapa tuvo un índice salarial (esa variación fue de 88,57%, mientras que algunos haberes solo habían recibido un 11% y recién hacia el final del período).

El otro fallo es de la demanda de Alberto Elliff, de 2009, que ordenó actualizar el valor histórico de los 120 últimos salarios percibidos por quien se jubila (el promedio de esas cifras forma parte de la fórmula del haber inicial y no hacer los debidos ajustes hizo que, por años, las jubilaciones estuvieran mal calculadas desde su otorgamiento)

Los datos de la Cámara Federal de la Seguridad Social indican que, a marzo pasado, había poco más de 218.000 reclamos de reajustes de haberes de jubilados, sumados los que estaban en primera instancia y en las tres salas de apelación. Parte de esos reclamos responden a otros motivos que los que fueron incluidos en el plan de reparación histórica.

Fecha: 19/07/2019

Jubilados: vence el plazo para aceptar la Reparación Histórica

Hay tiempo hasta el 21 de este mes. Cómo hay que hacer para acceder al programa.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarin

“Recordá que si te quedaste sin suscribir el acuerdo de Reparación Histórica para seguir cobrando, en caso de que ya estés recibiendo tu aumento en forma anticipada, tenés que completar el trámite firmando el acuerdo antes del 21 de julio de 2019″.

Esta comunicación la están recibiendo en estos días los jubilados y pensionados alcanzados por este programa, que comprende a quienes hayan o no iniciado juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016, o estén cobrando a cuenta de dar el visto bueno definitivo. Y se debe a que la ley de Reparación Histórica, aprobada en 2016, fijó un plazo de 3 años para “celebrar acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado”.

Por el programa, por el mal cálculo de los haberes pagados durante varios años, ANSeS reconoce las retroactividades que se calculan, para quienes tienen sentencia firme, con el índice RIPTE (salarios formales), inferior al que determinó la Corte Suprema en los casos Elliff y Bianco.

Para los que están en juicio, se liquidan con ese mismo índice pero no se reconoce la totalidad sino hasta 48 meses de retroactividad. Y para los que no hicieron juicio desde la fecha de ingreso al Programa. En base a esos parámetros, se actualiza el haber corriente.

Una vez que el jubilado acepta el ofrecimiento de la ANSeS, el expediente es enviado a la Justicia para su homologación. A días de su vencimiento, según datos al 1 de julio, la Cámara de la Seguridad Social homologó 863.570 acuerdos, de los cuales solo 46.360 tenían juicio iniciado y desistieron de continuarlo.

Se estima que entre los que aún faltan homologar y los recientes adherentes, el programa podría alcanzar a más de un millón de jubilados.

Para saber si le corresponde la Reparación Histórica  y el ofrecimiento de ANSeS, se puede consultar en www.anses.gob.ar, Mi ANSeS, Reparación Histórica, con clave de Seguridad Social.

El bajo número de adherentes con juicio se debe a las diferencias entre lo que corresponde según las sentencias judiciales y la oferta de la ANSeS. Se estima que hay 330.000 juicios en curso, mientras la ANSeS está pagando unas 35.000 sentencias por año.

Por su parte, hay una reducción del número de demandas nuevas –del 50%– porque los que aceptaron la Reparación Histórica desistieron de iniciar juicio, por el paso del tiempo (fallecimientos) y porque la movilidad vigente desde 2009, aprobada por el Congreso, eliminó una altísima fuente de litigiosidad.

No obstante, subsisten otras causas que activan los juicios, como por el impuesto a las Ganancias, la modificación de la ley de movilidad sancionada a fines de 2017 porque fue aplicada en forma retroactiva, la mala liquidación de las propias sentencias firmes que lleva al inicio de nuevos reclamos.

Fecha: 10/07/2019