Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Las jubilaciones subirán 8,7% en diciembre y la movilidad de todo el año será de 51,1%

En el último mes del año el haber mínimo se ubicará en $14.067 

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Las jubilaciones y pensiones del sistema nacional, gestionado por la ANSeS, recibirán una recomposición de 8,74% en diciembre, que se sumará al 12,22% que se aplicará en los ingresos desde el mes próximo. Así, los cuatro aumentos del año que se otorgan según lo dispuesto por la ley de movilidad, acumulan una suba nominal de las prestaciones de 51,1% para todo el año 2019.

En términos reales, y luego de un 2018 en el que los ingresos perdieron un 13% de su poder adquisitivo, el índice de 2019 podría representar una nueva pérdida de su capacidad de compra con respecto al inicio del año, o bien una situación cercana a un empate con los precios, dependiendo las estimaciones que se consideren. Lo que ocurra finalmente dependerá de la medida en que se acelerará la inflación en este mismo mes y en los próximos, como efecto de la fuerte devaluación post-PASO.

En las estimaciones, que ahora varias consultoras económicas tienen en revisión, se evalúa también qué impacto tendría la quita temporal del IVA a un grupo de alimentos básicos. En la Anses, por caso, tienen una proyección propia que indica que la inflación anual alcanzaría, a diciembre, un nivel de 49,2%. Desde el estudio Orlando Ferreres & Asociados, en tanto, el economista Fausto Spotorno le dijo ayer a la nacion que la proyección actualizada marca una suba de precios, de diciembre a diciembre, de entre 49% y 50%, en tanto que en el Ieral estiman ese dato entre 50% y 52%.

Diferentes fuentes el Gobierno no confirman ni descartan, por estos días, que pueda haber en los próximos meses medidas adicionales a la aplicación de la movilidad, para reforzar los ingresos de los pasivos.

Con el índice de 8,74%, el haber mínimo quedará, entre diciembre y febrero próximos, en una cifra cercana a $14.067 y el ingreso máximo, en $103.064. Estas cifras y el propio índice de diciembre no son todavía oficiales, sino que surgen de calcular la movilidad correspondiente al último mes del año a partir de los datos de inflación publicados por el Indec y de la evolución de la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte) que difunde la Secretaría de Seguridad Social. Sí se aprobó ya, a través de una resolución, la suba de septiembre, que lleva el haber mínimo a $12.937,22 y el máximo a $94.780,42.

Según la ley, las prestaciones se incrementan cada tres meses y las variables que se consideran para definir el porcentaje tienen un rezago: son de seis meses atrás. El índice de diciembre, por ejemplo, se calcula según cuánto fue la variación de precios y de salarios del período que se extendió entre abril y junio pasado (se toma el 70% de la suba del Índice de Precios al Consumidor en el primer caso y el 30% de la variación de los salarios). En el segundo trimestre del año, la inflación fue de 9,48%, en tanto que los sueldos formales quedaron bastante atrás: registraron una variación de 6,95%.

Los incrementos de 12,22% en septiembre y de 8,74% en diciembre alcanzarán a quienes cobran prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que equivale al 80% del haber mínimo. Aumentarán también, en iguales porcentajes, los montos de las asignaciones por hijo que reciben los trabajadores formales.

Fecha: 23/08/2019

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Aumento Jubilaciones Septiembre 2019 – Resolución ANSeS 200/2019

Resolución ANSeS 200/2019

Publicado en el B.O. : 07/08/2019

Resumen:

Se determina que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019, es de DOCE CON VEINTIDÓS CENTÉSIMOS POR CIENTO (12,22%)  por el período septiembre/2019 a Noviembre/2019 inclusive.

El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de SEPTIEMBRE de 2019, será de $ 12.937,22.

El haber máximo vigente a partir del mes de SEPTIEMBRE de 2019 será de $ 94.780,42.

La Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del mes de SEPTIEMBRE de 2019, es de $ 6.112,03.

Las bases imponibles mínima y la máxima, queda establecida en $ 4.499,95 y en $ 146.246,86 respectivamente, a partir del período devengado SEPTIEMBRE de 2019.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será a partir del mes de SEPTIEMBRE de 2019 de $ 10.349,78.

Descarga:

Resolución ANSeS 200/2019

Cuánto subirán las jubilaciones en septiembre y cómo quedarán frente a la inflación

Los valores de los haberes a partir de septiembre se publica hoy en el Boletín Oficial

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

En el mes de septiembre todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional nacional subirán un 12,22%. Así, el haber mínimo será de $12.937,22 y el máximo, de $94.780,42. La recomposición se hará según lo dispuesto por la ley de movilidad, que contempla una fórmula que incluye como variables a la inflación y la evolución de un grupo de salarios. Para el tercer aumento nominal del año (los dos anteriores fueron en marzo y junio) la fórmula arroja un ajuste de 12,22%, tal como el Gobierno oficializará a través de una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que se publicará en el Boletín Oficial, según indicaron fuentes del organismo.

La medida también tiene impacto sobre los montos de las asignaciones por hijo que cobran los trabajadores en el sistema laboral formal y alcanza a las pensiones no contributivas y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a 80% del haber mínimo (con lo cual, es un ingreso mensual que se eleva a $10.349,78). La suba no se aplicará, en cambio, en el caso de la asignación universal por hijo (AUH), porque en este caso el Gobierno había anticipado en marzo los aumentos previstos en principio para todo este año (en ese tercer mes del año se aplicó un alza del 46%).

Con el reajuste de septiembre, los haberes acumularán un alza de 38,97% en los primeros nueve meses del año. El aumento será de 49,78% si se comparan los números con los de un año atrás. Según las comparaciones que es posible hacer hasta ahora, al mes de junio las jubilaciones acumulaban una recomposición de 23,84% en lo que iba del año, contra una inflación de 22,4% (lo que arrojaría una recuperación de 1,2% de poder de compra en el período); a la vez, los índices dan cuenta de una mejora nominal de 42,39% entre junio de 2018 e igual mes de 2019, un período en el que la inflación fue de 55,8% (lo cual determina una pérdida de poder adquisitivo de 8,6%).

En 2018 los haberes previsionales y los otros ingresos cuyos aumentos se definen por la ley de movilidad sufrieron una caída del poder adquisitivo de 13%. Este año, la medición de punta a punta revertiría esa tendencia: la inflación esperada por los economistas para todo 2019 ronda el 40%, según las proyecciones publicadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. Las jubilaciones, en tanto, tendrán una recomposición acumulada (entre los cuatro incrementos del año) no inferior al 50%, algo que ya es posible estimar dados los índices de inflación y de salarios de parte del segundo trimestre del año, que son las variables que definirán de cuánto será la suba del mes de diciembre.

Junto con el aumento de haberes, subirán también en septiembre los aportes previsionales de los trabajadores autónomos y de los asalariados de ingresos más altos, todo en un 12,22%. El tope salarial para calcular los aportes personales a la seguridad social, de hecho, se elevará a $146.246,86.

La fórmula de movilidad que se aplica desde 2018 tiene en cuenta el 70% de la inflación acumulada en un trimestre más el 30% de la variación registrada por la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Los datos que se observan tienen un rezago de seis meses (por ejemplo, el ajuste de septiembre se determina según lo ocurrido entre enero y marzo). Y, por eso, en un escenario de inflación en alza el resultado es una pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben los ingresos. En cambio, con índices de precios que tienden a aliviar su nivel de incremento, se produce una mejora en los ingresos medidos en términos reales.

Fecha: 07/08/2019

Tres desafíos del sistema jubilatorio: a quiénes, cuánto y con qué pagar

Abandonar las medidas “de emergencia” para solucionar problemas estructurales es una de las recomendaciones incluidasen dos informes recientes sobre la historia previsional argentina; cómo se evalúa la cobertura y el esquema de financiamiento

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Reparación, moratoria, movilidad, juicios. Como en ese juego que propone unir cada palabra de las ubicadas en una columna con una de las frases escritas en la lista de al lado, los vocablos de uso frecuente al hablar del sistema jubilatorio su historia reciente en la Argentina tienen s u correlato en problemas sociales y económicos: déficit fiscal, informalidad laboral, inflación, falta de adecuaciones en contextos inestables. A eso se suman las tensiones entre lo deseable para los jubilados (presentes y futuros) y la realidad -que se conjuga con decisiones políticas y que, en parte, se define por ellas-, que no responden solo a cuestiones de un plazo más o menos cercano, ni son exclusivas de la Argentina.

Mirar la historia y pensar en lo que puede venir y en lo que efectivamente vendrá, como el cambio demográfico, son cuestiones a considerar en un análisis hecho desde un presente que, entre otras, muestra las siguientes características: una tasa de cobertura previsional que es amplia, pero que fue lograda por políticas no estables ni equitativas; un nivel de haberes que terminó en buena medida definiéndose en la Justicia, y cambios recientes en las fuentes de financiamiento que agregan interrogantes sobre la sustentabilidad del esquema.

“La historia del sistema previsional argentino es muy compleja, rica en reformas de diferentes signos y dominada por medidas de emergencia para atacar problemas estructurales”, señala el informe titulado La persistencia de los dilemas en el sistema previsional argentino, publicado por la Oficina Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y escrito por los economistas Fabio Bertranou, Pablo Casalí y Oscar Cetrángolo. Con la evaluación inicial de que “vivir más tiempo es una buena noticia” y la advertencia de que eso entraña para las sociedades el reto de disponer de más recursos para las jubilaciones y las prestaciones de salud, otro libro reciente, Hacia una historia del sistema previsional nacional, del economista Hugo Bertín, publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, hace un recorrido que va de 1904 a 2018. En los dos escritos hay conclusiones referidas a tres ejes fundamentales del sistema: su cobertura, su nivel de pagos y su financiamiento.

1. Cobertura: cuántos cobran

En los últimos años, el porcentaje de mayores de 65 años que reciben jubilación o pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de otro régimen se ubica entre el 90% y el 95%. Según el informe de Bertín, esa tasa comenzó a mejorar de manera significativa a partir de 2006, cuando comenzaron a otorgarse prestaciones por moratorias, tras reglamentarse una ley de 1993 que las había previsto. Se dieron, desde entonces, al menos 4 millones de beneficios a personas que, al llegar a la edad de retiro, no tenían aportes suficientes (o no tenían aportes); la modalidad es la de permitirles declarar una deuda con el fisco, que se paga con subsidio y en cuotas descontadas de los haberes. Al lanzarse la medida, no se estimó cuál sería el costo ni se previeron fuentes de financiamiento. Hoy, las prestaciones con moratorias son alrededor de la mitad del total.

Antes de que mejorara el índice de cobertura del sistema, las trabas para acceder se centraban en las dificultades del mercado de trabajo: altos niveles de informalidad y trayectorias laborales interrumpidas por períodos de desocupación que hacían difícil sumar los 30 años de aportes requeridos por la ley. ¿Y ahora? Esos problemas continúan. El crecimiento de la cobertura no tiene su contraparte en una mejora significativa del escenario laboral, sino que responde, advierte el informe de la OIT, a una “medida de emergencia”: la moratoria.

El reemplazo de las moratorias (que irán perdiendo vigencia con el paso del tiempo) es, según dicen en la Anses, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en 2016 y que equivale a 80% del haber mínimo. El derecho a cobrarla se adquiere a los 65 años, si no se tienen los aportes exigidos para jubilarse y si se pasa una evaluación socioeconómica. El cambio va en línea con las recomendaciones del informe de la OIT.

El mapa laboral muestra que, entre los asalariados -que son tres de cada cuatro ocupados, según el Indec- la falta de aportes afecta al 35%. Ese índice es tradicionalmente mucho más alto entre los cuentapropistas: diferentes estudios muestran un persistente índice cercano a la mitad de los trabajadores, cuando se trata de establecer qué porcentaje del total de ocupados no tiene aportes.

Si se mira el universo de aportantes, los datos del SIPA procesados por la Dirección de Programación Económica permiten estimar que en la última década (2008 a 2018) el número total creció 16,6%, una variación que en gran medida se explica por el crecimiento natural de la población en edad activa. Hay un rasgo de ese crecimiento que no le es indiferente al sistema previsional: cuando se calcula cuánto creció el número de aportantes de cada subgrupo de trabajadores, se observa que entre los asalariados el avance fue de 10%, y entre los autónomos del régimen general, de solo 4%. Las mayores variaciones se dieron en el monotributo (el incremento superó el 50%) y en el sistema de servicio doméstico (la suba fue de 28%), dos grupos con aportes bajos en relación al resto, a los que se les garantiza el haber mínimo.

Cetrángolo, que es docente e investigador en la UBA y el Conicet, sostiene que estos dos últimos subsistemas deberían revisarse. “El monotributo no es un esquema para que alguien se quede ahí 30 años, y si no se hace algo [un cambio] se perjudica a los que aportan más y terminan recibiendo igual prestación”, señala. Agrega que en el servicio doméstico hay argumentos para que el aporte esté subsidiado por el Estado, pero que entre los monotributistas no todos tienen baja capacidad contributiva.

El problema se centra en el “salto” del régimen del monotributo al de autónomos, que tiene mayores costos dinerarios y burocráticos, no proporcionales al crecimiento que puede haber tenido la actividad del contribuyente. En el caso específico de la contribución previsional, el mayor esfuerzo de los autónomos no resulta compensado en el futuro.

2. Haberes: cuánto se cobra

Un reclamo emblemático en el país es el del “82% móvil”. Ese nivel de haber jubilatorio inicial medido en relación con el último salario cobrado, ¿es algo del pasado que podría recuperarse? Un poco de historia: cuenta Bertín que fue la ley 14.499, de 1958, la que fijó esa “tasa de sustitución”. Pero, al contrario de lo que comúnmente se cree, la garantía no se dispuso para todos, sino solo para quienes menos cobraban. Si el 82% de la remuneración superaba una cifra establecida por la ley, el monto a cobrar se determinaba usando una escala. Y la tasa de sustitución era más baja cuando más elevado era el ingreso.

La ley, que rigió cuando el sistema solo cubría a un tercio de los adultos mayores y tenía muchos más afiliados que retirados, fue derogada en 1969. Según interpreta Bertín, la persistencia en la memoria colectiva se debe a que hay cajas previsionales provinciales que, para sus empleados públicos, mantienen esa relación del 82%, algo también vigente en regímenes especiales del esquema nacional. El economista dice que esto último no se justifica porque, aun cuando en esos casos el aporte es mayor, los cálculos indican que lo obtenido al jubilarse es, en función de lo contribuido, superior a lo que obtienen quienes están bajo las reglas generales.

¿Cuáles son esas reglas generales? Para los asalariados, el sistema que gestiona la Anses otorga una prestación que surge de la siguiente fórmula: tras actualizar los montos históricos, se calcula el promedio de los últimos 120 salarios cobrados y de esa cifra se obtiene el 1,5%; al resultado se lo multiplica por la cantidad de años con aportes. A eso se le agrega un monto fijo, igual para todos, que hoy es de $5446,47. Un ejemplo: si el promedio salarial da $40.000 y se tienen 30 años de aportes, el primer componente del ingreso daría $18.000 y, al sumarse el monto fijo, se llegaría a un haber mensual de $23.446,47, un 58,6% del ingreso de la última década. Si fueran 35 años los aportados, la relación llegaría a 66%. Por la incidencia de la parte de la prestación que es un monto fijo y único, si el salario es más bajo, la relación con el ingreso activo es más elevada, y si el sueldo es más alto, la vinculación cae (también influye la aplicación de topes).

Desde 2018 rige la garantía por la cual el haber no puede ser inferior al 82% del salario mínimo (garantía que excluye a las prestaciones obtenidas con un plan de moratoria).

Según el informe de la OIT, cuando se mira la cuantía de los haberes se observa la caída del valor real en el período que siguió a la crisis de 2001 y 2002, cuando la inflación provocó recortes del poder de compra a cientos de miles de pasivos que, por años, no recibieron recomposiciones, y generó también que se subestimaran los ingresos de quienes se jubilaban, por la falta de actualización de los salarios usados en la fórmula. Esas pérdidas, fruto de decisiones políticas del gobierno de entonces, derivaron en uno de los capítulos de la historia previsional en los que intervino el Poder Judicial dando sus definiciones. Luego, el informe advierte recuperaciones a partir de dos normativas: la ley de movilidad de 2009 (luego modificada) y la de reparación histórica (que mejoró muchas prestaciones y, como contrapartida, elevó el déficit).

Entre los desafíos, los economistas de la OIT señalan el de “diseñar un sistema con beneficios contributivos que guarden proporcionalidad” con lo aportado: muchos llegan a la edad de retiro habiendo contribuido, pero no con la intensidad que exige la ley.

3. Recursos: cómo se paga

Casi como en un juego de palabras, el primer consejo expresado por la OIT recuerda que un sistema previsional debe ser previsible y que, por tanto, todo cambio debe darse tras lograrse un consenso suficiente y tras definirse niveles de aportes y contribuciones que sean capaces de financiar ingresos “aceptables para la población en el mediano y largo plazo”.

Bertín explica que desde la década del 70 la fuente de recursos para pagar las prestaciones nacionales es una combinación de aportes y contribuciones con ingresos tributarios. En los últimos años, en los que hubo un crecimiento de los beneficios por las moratorias, los aportes y contribuciones tuvieron una participación de alrededor de 50% en el financiamiento del universo de prestaciones. Según el estudio de la OIT, el pago de jubilaciones puramente contributivas representó en 2017 un 4,64% del PBI, en tanto que las “semicontributivas” requirieron 2,97% del producto.

En cuanto al dinero de rentas generales hubo cambios relativamente recientes: tras reclamos judiciales, desde 2016 la Anses ya no recibe el 15% de los recursos coparticipables con las provincias (con algunas hay un esquema de cambio gradual de la asignación). Y el 20% de la recaudación de Ganancias que antes iba al organismo fue reemplazado por lo obtenido por el impuesto al cheque, del cual está previsto que deje de existir en unos años. A esas modificaciones se suman las del sistema de contribuciones patronales: la unificación progresiva de la tasa de imposición y la vigencia de un monto del salario no imponible, creciente en el tiempo (hoy es de $7003). Eso baja el costo para el empleador y la recaudación para el sistema.

Hacia adelante, un reto inevitable es el crecimiento de la participación que tienen los adultos mayores en la población total. La etapa del bono demográfico (en la cual no hay aún cambios significativos de la composición etaria), llegará hacia 2035. Y, según han advertido economistas como José María Fanelli, esta etapa no se está aprovechando para generar estrategias que aporten mayor productividad presente y futura.

Entre los objetivos, dice el informe de la Universidad de La Plata, debería estar el de formalizar empleos, que son “la fuente más robusta y legítima para financiar la seguridad social”.

La eficacia del sistema, se agrega, se define por la medida en que se logran tres metas: “la cobertura de las personas expuestas a los riesgos que conllevan el cese de la actividad y la mayor edad, la suficiencia de los beneficios pagados y la sustentabilidad”.

Un país con más de 200 sistemas

Las cajas provinciales, municipales y de profesionales, parte del conjunto de regímenes

  • En el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hay poco más de 12 millones de trabajadores registrados (no ingresan necesariamente aportes todos los meses por todos ellos) y 6,9 millones de jubilados y pensionados; además, el Estado nacional paga más de 1,5 millones de pensiones no contributivas y prestaciones de la llamada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • En el país conviven muchos regímenes previsionales. El informe titulado “Hacia una historia del sistema previsional nacional de la Argentina”, del economista Hugo Bertín (Universidad Nacional de La Plata) identifica 230 sistemas y subsistemas. Entre ellos están los regímenes especiales a cargo del Estado nacional; los de retiros de personas de grupos como las Fuerzas Armadas o la Policía Federal; los sistemas de empleados públicos provinciales; los municipales; los regímenes de actividades religiosas o insalubres; las cajas complementarias y las cajas profesionales.
  • En la década del 90 varias cajas provinciales fueron transferidas al sistema nacional, con lo cual los empleados públicos de esas jurisdicciones se jubilan en el esquema de la Anses.
  • Las provincias que mantienen sus cajas son: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Además, hay dos de bancos públicos y 24 de municipios.
  • Las negociaciones, los acuerdos y los conflictos por la compensación de los déficit de cajas provinciales por parte de la Nación son parte de la historia previsional. Las condiciones y los beneficios suelen ser diferentes respecto del SIPA. En Santa Cruz, por caso, la mujeres se retiran a los 50 años y los varones, a los 54.

Fecha: 28/07/2019

Vence el plazo para que los jubilados acepten el plan de reparación histórica

Llega a su fin el plan que buscó que los jubilados desistieran de sus juicios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La posibilidad que tienen los jubilados de aceptar la propuesta del plan de reparación histórica llegará a su fin el domingo próximo, al cumplirse tres años de la promulgación de la ley 27.340, que declaró por ese lapso de tiempo el estado de “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, en el cual se enmarcó el programa. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que agregaron que en las próximas horas se conocerá una resolución referida a este vencimiento del plazo, que incluirá aclaraciones sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, se establecerá que para quienes hayan dado su aval a la oferta del Estado pero no tienen aún todo el trámite finalizado, la gestión seguirá su curso y no se invalidará.

De todas formas, quedan varias dudas para algunos jubilados y pensionados, relacionadas con situaciones específicas para las cuales no hubo una respuesta formal, como el caso de las pensiones de viudas o viudos de beneficiarios que en su momento tuvieron una oferta de mejora de las jubilaciones y que no había hecho el trámite para poder cobrar.

También hay casos, según advierten abogados previsionales, en los que se les comunicó a las personas su inclusión en el plan, pero para quienes aún no se publicó cuál es la propuesta de recomposición del haber.

La confirmación del final del plazo para optar es fundamental para los jubilados que demoraron la decisión, por estar esperando la resolución de un juicio en trámite. Según los datos de la Anses, en el universo de 1.353.000 jubilados y pensionados que cobran una mejora en sus haberes por el plan (esa mejora es, en promedio de 38%) hay unos 70.000 que desistieron de su demanda.

El dato oficial, al 15 de este mes, indica que fueron homologados por la Justicia 727.112 acuerdos entre jubilados y la Anses, con lo cual esa es la cantidad de trámites terminados. El total de expedientes tramitados es de 886.480: la diferencia entre ese número y el de acuerdos homologados está en los casos que esperan la firma de un juez, en tanto que la brecha con el número del total de haberes reajustados responde, además de a esos casos, a algunos en los que se pagó el aumento sin exigir la gestión por parte del jubilado (ocurrió con mayores de 90 años y con quienes tienen determinadas enfermedades).

Otros datos del plan indican que 540.000 pasivos dejaron de cobrar el haber mínimo y que 70.000 expresaron su rechazo a la propuesta, para continuar o para iniciar un litigio que, según esperan, les daría un ingreso más elevado que el ofrecido por la reparación histórica (el plan toma los criterios de la Corte pero no utiliza el mismo índice para recalcular los haberes).

Por este programa, propuesto en 2016 por el Poder Ejecutivo y aprobado ese año por el Congreso, el Estado reconoce que en los últimos años se les pagó a muchos jubilados menos de lo que correspondía en función de lo determinado por la Corte Suprema en cuatro fallos.

Los de mayor impacto, por cantidad de personas incluidas en su alcance, son dos. Uno es el fallo de la causa de Adolfo Badaro, de 2007, en el que los jueces supremos declararon que entre 2002 y 2006 los haberes debieron haber subido no menos que la evolución que en esa etapa tuvo un índice salarial (esa variación fue de 88,57%, mientras que algunos haberes solo habían recibido un 11% y recién hacia el final del período).

El otro fallo es de la demanda de Alberto Elliff, de 2009, que ordenó actualizar el valor histórico de los 120 últimos salarios percibidos por quien se jubila (el promedio de esas cifras forma parte de la fórmula del haber inicial y no hacer los debidos ajustes hizo que, por años, las jubilaciones estuvieran mal calculadas desde su otorgamiento)

Los datos de la Cámara Federal de la Seguridad Social indican que, a marzo pasado, había poco más de 218.000 reclamos de reajustes de haberes de jubilados, sumados los que estaban en primera instancia y en las tres salas de apelación. Parte de esos reclamos responden a otros motivos que los que fueron incluidos en el plan de reparación histórica.

Fecha: 19/07/2019

Jubilados: vence el plazo para aceptar la Reparación Histórica

Hay tiempo hasta el 21 de este mes. Cómo hay que hacer para acceder al programa.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarin

“Recordá que si te quedaste sin suscribir el acuerdo de Reparación Histórica para seguir cobrando, en caso de que ya estés recibiendo tu aumento en forma anticipada, tenés que completar el trámite firmando el acuerdo antes del 21 de julio de 2019″.

Esta comunicación la están recibiendo en estos días los jubilados y pensionados alcanzados por este programa, que comprende a quienes hayan o no iniciado juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016, o estén cobrando a cuenta de dar el visto bueno definitivo. Y se debe a que la ley de Reparación Histórica, aprobada en 2016, fijó un plazo de 3 años para “celebrar acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado”.

Por el programa, por el mal cálculo de los haberes pagados durante varios años, ANSeS reconoce las retroactividades que se calculan, para quienes tienen sentencia firme, con el índice RIPTE (salarios formales), inferior al que determinó la Corte Suprema en los casos Elliff y Bianco.

Para los que están en juicio, se liquidan con ese mismo índice pero no se reconoce la totalidad sino hasta 48 meses de retroactividad. Y para los que no hicieron juicio desde la fecha de ingreso al Programa. En base a esos parámetros, se actualiza el haber corriente.

Una vez que el jubilado acepta el ofrecimiento de la ANSeS, el expediente es enviado a la Justicia para su homologación. A días de su vencimiento, según datos al 1 de julio, la Cámara de la Seguridad Social homologó 863.570 acuerdos, de los cuales solo 46.360 tenían juicio iniciado y desistieron de continuarlo.

Se estima que entre los que aún faltan homologar y los recientes adherentes, el programa podría alcanzar a más de un millón de jubilados.

Para saber si le corresponde la Reparación Histórica  y el ofrecimiento de ANSeS, se puede consultar en www.anses.gob.ar, Mi ANSeS, Reparación Histórica, con clave de Seguridad Social.

El bajo número de adherentes con juicio se debe a las diferencias entre lo que corresponde según las sentencias judiciales y la oferta de la ANSeS. Se estima que hay 330.000 juicios en curso, mientras la ANSeS está pagando unas 35.000 sentencias por año.

Por su parte, hay una reducción del número de demandas nuevas –del 50%– porque los que aceptaron la Reparación Histórica desistieron de iniciar juicio, por el paso del tiempo (fallecimientos) y porque la movilidad vigente desde 2009, aprobada por el Congreso, eliminó una altísima fuente de litigiosidad.

No obstante, subsisten otras causas que activan los juicios, como por el impuesto a las Ganancias, la modificación de la ley de movilidad sancionada a fines de 2017 porque fue aplicada en forma retroactiva, la mala liquidación de las propias sentencias firmes que lleva al inicio de nuevos reclamos.

Fecha: 10/07/2019

Quiénes y cómo pueden jubilarse por moratoria

Las mujeres que tengan 60 años o que cumplan esa edad hasta julio de 2022 tienen la posibilidad de adherir a un plan para regularizar aportes; cuáles son las condiciones y qué pasa con los varones

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Las mujeres que tengan ahora 60 años o que cumplan esa edad hasta el 23 de julio de 2022 podrán acceder a una jubilación por moratoria, aunque no tendrán la posibilidad de incluir, en la deuda que le declaren al fisco, los 30 años de aportes requeridos para acceder al beneficio. Eso implica que se debe tener una determinada cantidad de contribuciones pagadas por fuera de la moratoria (la cantidad exacta dependerá del momento en que se cumpla la edad jubilatoria). A continuación, las principales características del plan vigente.

-¿Qué mujeres pueden acceder a una jubilación por moratoria?

-La posibilidad está vigente para las mujeres que ya hayan cumplido 60 años o que los cumplan hasta el 23 de julio de 2022. Esto último es por efecto de la reciente resolución 158 de la Anses, que extendió por tres años un plazo dispuesto por la ley 27.260. Esa normativa había establecido que podrían adherir las mujeres que cumplieran la edad jubilatoria hasta el 23 de julio de este año, y había facultado al Gobierno a extender ese tope temporal. ¿Por qué esa fecha específica de julio? Porque desde ese día de 2016 rige la ley mencionada.

-¿En qué consiste la moratoria y cómo surgió la modalidad?

-En la práctica, se trata de declarar deudas por aportes jubilatorios, para luego saldarlas usando un plan que tiene condiciones especiales y un subsidio estatal implícito, y mediante cuotas que se descuentan de los haberes. La modalidad surgió en 2006, a partir de la reglamentación de una ley de 1993 que previó un bajo costo para el pago de esas obligaciones. En aquella versión solo podían declararse aportes hasta septiembre de 1993. Luego hubo otras leyes, como la 26.970, a la cual se refiere la reciente prórroga, que permite incluir aportes hasta el 31 de diciembre de 2003. Mientras que para las mujeres esta opción rige según las condiciones de edad ya descriptas, los varones solo pueden acceder si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016.

-¿Puede ingresarse en la moratoria por la totalidad de los aportes requeridos por ley para la jubilación, es decir, por 30 años?

-Las mujeres que cumplieron hace poco sus 60 años o que los cumplirán hasta el 23 de julio de 2022 no tienen esa posibilidad. Esto es porque los aportes declarados en la moratoria solo pueden ser previos a 2004. Y debe tenerse en cuenta que la persona debía tener al menos 18 años a la fecha de inicio del período considerado. Por ejemplo, una mujer que llegará a sus 60 años el 1° de agosto de este año nació en 1959 y puede declarar aportes desde 1977 (desde que cumplió 18 años). Desde agosto de 1977 hasta diciembre de 2003 hay 26 años y cinco meses, que es lo que podrá ingresar a la moratoria. El período restante para llegar a los 30 años es de tres años y siete meses: por ese lapso deberá haber aportes posteriores a 2003. Otro ejemplo: si se cumplen 60 años en los primeros días de 2021 se podrían declarar aportes impagos desde enero de 1979, con el límite de diciembre de 2003; es decir, por 25 años. Y la persona tendrá que tener, para poder jubilarse apenas cumplida la edad, 5 años contribuidos por fuera de la moratoria. Esto ya funciona así en los últimos años: a mayor paso del tiempo, mayor necesidad de contribuciones extra moratoria.

-¿Qué condiciones hay que cumplir para acceder a un plan?

-Cuando surgieron, las moratorias se daban sin más requisito que la edad. Desde hace unos años rige la condición de pasar una evaluación socioeconómica. Los parámetros que rigen hoy para determinar si alguien califica o no son los siguientes: 1) en el año previo a la evaluación no se deben haber recibido ingresos brutos por un valor superior a los $645.948 (ese monto es el ingreso familiar tope para cobrar asignación por hijo en el caso de asalariados formales); 2) no debe tenerse un patrimonio que supere los $2.583.792 (cuatro veces el límite de ingreso anual), considerando la manera de valuar los activos que rige para el impuesto a los bienes personales; 3) si se tiene un vehículo, su valor no puede superar los $968.922; 4) los gastos y consumos con tarjetas de crédito y/o débito no deben ser mayores a $839.732,40 en el año previo. Y se fijó la incompatibilidad de la moratoria con la tenencia de aviones o de embarcaciones con más de 9 metros de eslora.

-¿Cómo es el plan de pagos?

-Al hacer una declaración de aportes impagos se genera una deuda con el fisco, que puede saldarse en hasta 60 cuotas. La primera se paga al contado y el resto se descuenta de los haberes mensuales. Según un ejemplo dado por la Anses, si se regularizan 26 años a un plazo de 5 años, la cuota mensual inicial sería de $656,67. En la hipótesis de recurrirse a un plan regular de facilidades de pago de la AFIP (el dispuesto por la resolución 4477 de este año) y siempre según la fuente oficial, la primera cuota por la deuda de 26 años resultaría imposible (de $106.217,15). Y si la persona necesitara y pudiera regularizar cuatro años de aportes posteriores a 2003 (para completar de esta forma los 30 años) y solicitara ese plan de la AFIP, tendría una cuota inicial de $3938,84 para saldar (con intereses) la obligación en un plazo de 60 meses.

-¿La cuota de la moratoria se actualiza?

-Sí, con frecuencia trimestral y en el mismo porcentaje que suben las jubilaciones y pensiones por el régimen de movilidad previsional.

-¿Cuántos jubilados y pensionados hay por moratoria?

-A diciembre del año 2015, según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, había 3.377.144 jubilaciones y pensiones otorgadas por moratoria. Entre enero de 2016 y junio de 2019 se dieron otros 653.290 beneficios, según datos de la Anses. Así, fueron por lo menos 4.030.434 las prestaciones otorgadas por esta modalidad.

-¿Qué pasa con los varones?

-Hoy pueden acceder a una moratoria si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016. A partir del mes siguiente a esa fecha la Anses comenzó a otorgar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada por ley, con el único requisito de tener 65 años de edad, tanto para varones como para mujeres (con el tiempo, se dispusieron restricciones al acceso). Se trata de un ingreso mensual equivalente al 80% del haber mínimo. Para el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, la meta es que por “un proceso natural” la moratoria sea reemplazada por la PUAM, que implica una “inversión social sin estresar más al sistema contributivo”. Según el funcionario, que esta pensión sea más baja que el haber mínimo es algo que se decidió “para mantener los incentivos al trabajo formal”.

Prestaciones sin aportes

Moratoria: 4 millones. Son las jubilaciones y pensiones que, como mínimo, se otorgaron desde 2006 por los planes de pagos

Pensión Universal para los Adultos Mayores: 137.204. Son las personas que accedieron a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor); actualmente tiene un valor $9222,75

Prorrogan un plan para que las mujeres se jubilen sin haber hecho todos los aportes

Para acceder a la prestación se debe pasar una evaluación socio económica

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Las mujeres que cumplan 60 años hasta el 23 de julio de 2022 podrán obtener un beneficio jubilatorio por el sistema de moratoria previsional. Es decir: podrán pedir y obtener la prestación aunque no hayan acumulado los aportes requeridos por el sistema, y pagar la deuda asumida con el fisco mediante el descuento de cuotas de sus haberes mensuales.

La medida estará aclarada en una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que prorroga esa posibilidad, hoy vigente pero para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria hasta el 23 de julio de este año, según dispuso un decreto reglamentario de la ley 27.260, votada en 2016.

En línea con lo que permite la propia normativa aprobada por el Congreso, el plazo se extenderá por tres años más, tal como lo anunció la Anses. El plan, sin embargo, no es de acceso irrestricto. Al recibir una solicitud, la Anses hace una evaluación socioeconómica, en función de determinados parámetros que fueron establecidos por una resolución: si la situación de la persona no se enmarca en las condiciones previstas -relacionadas con ingresos, patrimonio, gastos y consumos- la prestación no se otorga.

La Anses detalló que podrá adherirse al plan declarando deudas por períodos “comprendidos entre los 18 años de edad de la titular y el 31 de diciembre de 2003”. Con esa condición, una mujer que cumpla 60 años el 1° de agosto próximo, por ejemplo, deberá tener por lo menos tres años y siete meses de aportes hechos en forma posterior a 2003, si busca jubilarse por moratoria. Sería así porque, en ese caso, los 18 años de edad se cumplieron en 1977 y desde ese momento hasta diciembre de 2003 pasaron 26 años y cinco meses, en tanto que se requieren 30 años de aportes para acceder a la jubilación.

Las prestaciones por moratoria surgieron en 2006, a partir de la reglamentación de una ley de 1995, que permitió declarar deudas por aportes no abonados de períodos hasta septiembre de 1993, aun cuando la persona ni siquiera había estado inscripta en el sistema de seguridad social. En 2014 surgió otro capítulo de este régimen, que permite incluir deudas por aportes no hechos hasta diciembre de 2003. Este es el plan que se prorrogará.

La moratoria prevé planes de pago de hasta 60 cuotas, cuyo monto se va actualizando trimestralmente, según el índice de movilidad de los haberes. Para los varones, en tanto, ya no está vigente la posibilidad de acceder a una jubilación de esta manera, salvo que hayan cumplido 65 años antes de septiembre de 2016. De no ser así, al cumplir 65 años pueden acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un ingreso mensual que equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo. Hoy, ese pago es de $9222,75.

Fecha: 27/06/2019

Rentas vitalicias: jubilados que cobran menos que el haber mínimo, la otra cara de los reclamos tras el fin de las AFJP

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Desde hace más de una década hay un grupo de jubilados y pensionados que aportaron en su momento al sistema previsional (aportaron ellos o las personas fallecidas por las que se generó el derecho al ingreso) y que, sin embargo, cobran un ingreso mensual inferior al haber mínimo (en muchos casos, muy inferior) y no reciben los aumentos por movilidad que se les da a la generalidad de los beneficiarios del régimen nacional.

Se trata de quienes perciben una Renta Vitalicia Previsional (RVP) -una de las modalidades que había previsto el eliminado sistema de capitalización para el cobro de prestaciones- y no obtuvieron una sentencia judicial para que se les reconozcan sus derechos en particular. La Corte Suprema, de hecho, ya estableció que se les debe pagar a esas personas respetando la garantía de ingreso mínimo (eso fue dicho en la causa “Etchart” de octubre de 2015) y con ajustes por movilidad general (fallo de la causa “Deprati”, de febrero de 2016). Para lograr que eso se cumpla, cada uno debe ganar su litigio.

Estas personas son la otra cara de los reclamos que recibe el Estado a partir de la reforma de la ley previsional de 2008, propuesta por el entonces director de la Anses, Amado Boudou en el gobierno de Cristina Kirchner, y aprobada por el Congreso aceleradamente y sin análisis de lo que significaría en varios aspectos.

En los últimos días tomaron visibilidad las demandas hechas ante el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial) por los accionistas de dos de las empresas que en su momento fueron administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP): Orígenes, que había sido comprada por la aseguradora holandesa ING, y Met (de Metropolitan Life) que se había lanzado al mercado años después del inicio del régimen de capitalización.

La ley 26.425 incluyó disposiciones sobre la compensación que se daría a los dueños de las administradoras. Sin embargo, esa letra de la normativa nunca se cumplió y, por eso, varias compañías iniciaron años atrás demandas en la justicia local.

Tampoco se dio cumplimiento a lo que la ley dispuso con respecto a cómo serían reconocidos, a favor del bolsillo de los exafiliados, los aportes hechos en forma voluntaria. Sobre este punto, la Corte ordenó en un fallo de 2014 que, al no haberse puesto en práctica el mecanismo aprobado a propuesta del propio gobierno de entonces, debía concretarse una devolución directa de los ahorros.

Dejados al margen

En el caso de quienes cobran rentas vitalicias, el problema se dio no por incumplimiento de las normas, sino por lo que la propia ley resolvió.

La reforma de 2008 dispuso la eliminación del esquema mixto que había estado vigente desde julio de 1994, en el que convivían un sistema de reparto gestionado por el Estado y uno de capitalización (del que participaban actores privados y el propio Estado, al ser dueño de un par de AFJP). Quienes estaban en esta segunda alternativa, derivaban sus aportes personales a una cuenta individual, en tanto que las contribuciones patronales iban a la gestión estatal.

Con el final del régimen, se traspasaron de capitalización a reparto no solo los saldos de las cuentas de ahorro de los afiliados (que hoy integran un fondo de garantía) y los aportes corrientes, sino también las prestaciones de quienes estaban cobrando por una de las modalidades vigentes: la de un retiro mensual de fondos que seguían bajo gestión de una AFJP.

Pero existía otra modalidad: la de cobrar una renta vitalicia previsional contratada en una compañía de seguros. La reforma resolvió que las personas que estaban en este sistema siguieran sin cambios, es decir que el Estado no asumió compromisos ni les exigió nada a las aseguradoras.

Los afectados son quienes cobran una renta en forma pura, es decir, quienes no tienen ninguna parte de su ingreso que dependa del Estado (esto último ocurre cuando el aportante había contribuido en algún momento al sistema de reparto de entonces o, incluso, al régimen anterior a 1994). Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, en diciembre (último dato disponible) había casi 120.400 rentistas. De ellos y de acuerdo con datos de la Anses, alrededor de la mitad percibe un ingreso mensual inferior al haber mínimo.

El monto de las rentas no se mantiene congelado, pero sube a ritmo bajo y según una tasa definida todos los meses por la citada superintendencia. Por ejemplo, en los últimos doce meses para los que hay datos (abril de 2018 a marzo de 2019) esa tasa fue, en promedio, de 2,2% mensual, con un acumulado de 26,4%. En ese período anual, la inflación fue el doble (54,7%) y los jubilados y pensionados de la Anses recibieron una recomposición nominal de 35,9%.

Pero, además, a la tasa mensual se le descuenta un 0,33%, porque según disponía la normativa, cuando el saldo acumulado en una AFJP era transferido a la compañía de seguros de retiro para que desde allí se hiciera luego el pago de la renta vitalicia, se le sumaba una cifra equivalente a tener un 4% anual de rentabilidad. Y ese agregado es considerado un anticipo, que luego es descontado de la actualización mensual.

En la causa “Deprati”, analizada por la Corte para disponer la aplicación de la movilidad general, se calculó que entre febrero de 2008 y agosto de 2015 el ingreso en cuestión había recibido una recomposición de apenas 87%, mientras que en igual lapso las jubilaciones generales habían subido 495,4%.

A muchos, mes a mes, los sigue afectando con fuerza esa brecha.

Fecha: 10/06/2019

Aumento Jubilaciones Marzo 2019 – Resolución Sec. Seg. Soc. 4/2019

Resolución ANSeS 139/2019

Publicado en el B.O. : 28/05/2019

Resumen:

Se determína que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de JUNIO de 2019, es de DIEZ CON SETENTA Y CUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (10,74 %) por el período junio/2019 a agosto/2019 inclusive. Conforme la fórmula dispuesta en la Ley N° 27.426, la cual se determina en un setenta por ciento (70%) por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de JUNIO de 2019, será de $ 11.528,44.

El haber máximo vigente a partir del mes de JUNIO de 2019 será de $ 84.459,47.

La Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del mes de JUNIO de 2019, es de $ 5.446,47.

Las bases imponibles mínima y la máxima, queda establecida en $ 4.009,94 y en $ 130.321,52 respectivamente, a partir del período devengado JUNIO de 2019.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será a partir del mes de JUNIO de 2019 de $ 9.222,75.

Descarga:

Resolución ANSeS 139/2019