Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Algunas reflexiones sobre la Ley de Reforma Previsional

Por: María Martín Yañez y Fernado Payá (h)*

La ley 27.426 bajo el importante título de Reforma Previsional, limita su contenido a tres temas específicos, de los cuales dos corresponden al ámbito previsional y el tercero al laboral.

En primer lugar modifica el método de movilidad de la ley 24.241, aplicable no sólo a los beneficiarios de las prestaciones previsionales, sino también a los titulares de asignaciones familiares y de pensiones no contributivas, entre ellas la Pensión para el Adulto Mayor de reciente creación por la Ley de Reparación Histórica, para luego incluir una modificación por cierto encomiable, del Haber Mínimo Garantizado.

Respecto al cambio del régimen de movilidad, variaron los índices para determinar los incrementos que en tal concepto de aplicarán a los haberes, así como su frecuencia, que pasa de semestral a trimestral. El régimen de movilidad constituye uno de los aspectos claves para la eficacia de la cobertura previsional, por lo cual es imprescindible la aplicación de un régimen que los preserve. Como con buen criterio no se especifica método alguno para su ejecución, el legislador puede arbitrar distintos medios para ello, con el sólo límite de su razonabilidad que le impone el art. 28 de la Carta Magna, de que dicha garantía no pueda ser alterada por las leyes que reglamenten su ejercicio, lo cual podría suceder si la aplicación del nuevo método resultara en una disminución confiscatoria de los haberes de los interesados, que traería aparejada su inconstitucionalidad.

Para ello no basta la sola modificación del régimen o la inmediatez de su aplicación cuando ya se encontraban disponibles los datos para el ajuste de la movilidad conforme al régimen anterior, más beneficioso que el actual (que autorizaba un aumento del 12% contra el 5,7% del actual), puesto que no implica desconocer derechos adquiridos, sino que solo afecta derechos en expectativa, por más respetables y dignos de ser tenidos en cuenta que sean. Tal como lo ha determinado la Corte Suprema, si la disminución del monto de los haberes resulta confiscatoria, es decir sobrepasa el 15% del total, podrá ser tachada de inconstitucional, por contrariar principios fundamentales que hoy sustentan el régimen previsional, tales como la debida proporcionalidad que deben guardar con los haberes de actividad, y por afectar además el principio de progresividad o mejor dicho de no regresividad, que han sido adoptados por nuestro país mediante la firma de varios convenios internacionales cuyo contenido reviste jerarquía constitucional. 

Resumiendo, entendemos que la ley, en cuanto modifica el régimen de movilidad, puede y probablemente será tachada de inconstitucionalidad, en tanto produzca una disminución confiscatoria de los haberes, incrementando de tal manera la litigiosidad ya instalada.

El segundo tema previsional, de singular relevancia, consiste en el pago a los beneficiarios de la PBU que acrediten 30 o más años con aportes efectivos de un suplemento dinerario que complemente su haber hasta alcanzar el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, de manera que esa cobertura mínima tendrá, en forma permanente, una relación de proporcionalidad con el salario de los trabajadores en actividad. Respecto al régimen laboral, modifica no tan acertadamente, el art. 252 LCT, extendiendo la edad del trabajador en condiciones de jubilarse a los 70 años, y obligando al empleador a conservarlo en su puesto de trabajo cinco años más de los requeridos para obtener su beneficio. Se contradice así la norma general del art. 91 LCT, por el cual el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye cuando el trabajador se encuentra en condiciones de gozar de la jubilación conforme su edad y años de servicios. El nuevo texto del art. 253 de la LCT recepta las conclusiones del Plenario N´ 321 de CNTrab Couto de Capa, que resolvió que el trabajador jubilado que continuara prestando servicios luego de su retiro previsional, en caso de despido posterior solo puede reclamar indemnización por los nuevos servicios prestados, pues los anteriores quedan cancelados con la jubilación.

Finalmente vale señalar que la situación del actual régimen previsional requiere una profunda revisión, no sólo de medidas coyunturales que disminuyan el costo del financiamiento del sistema y devuelvan la coherencia a la normativa afectada por la brusca reforma de la ley 26.425, que una vez obtenido su objetivo de eliminar el régimen de capitalización y la consiguiente transferencia de fondos, se desentendió de la necesidad de adecuar la normativa restante de la ley 24.241, y que lo dote de una nueva estructura que permita conformar un sistema de prestaciones acorde con las necesidades de la comunidad social y de la cobertura a la que ésta aspira, proveyéndole además de una razonable financiamiento.

* Miembros de Thomson Reuters

Fecha: 16/01/2018

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Qué jubilados cobran una mejora desde este mes

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Anses comenzó a pagar el miércoles último los haberes jubilatorios de enero, que incluyen mejoras para quienes, por lo dispuesto en la ley 27.426, quedaron cubiertos por la garantía de no cobrar menos del 82% del salario mínimo, vital y móvil. Este grupo de jubilados comenzó a cobrar el día 10 de este mes y el calendario se extiende hasta el martes 23.

-¿Cuántos y quiénes son los que reciben el aumento de haberes?

-Según datos del organismo previsional, son 1.328.707 casos. Se trata de quienes hasta diciembre percibieron un haber inferior a $7.790 (la jubilación mínima, de $7.246, o un ingreso de hasta un 7,5% más) y no obtuvieron su prestación mediante la adhesión a una moratoria. Según la ley, la garantía rige solamente para quienes acumularon al menos 30 años de aportes. Sin embargo, ahora se aclaró que quienes -sin haber recurrido a una moratoria- obtuvieron su derecho con menos años de contribuciones (por tratarse de un régimen particular o de pagos por invalidez o fallecimiento) están incluidos.

-¿De cuánto es la mejora?

-Este mes, y según lo dispuesto a mediados del año pasado, el salario mínimo subió de $8860 a $9500. Por eso, el ingreso jubilatorio garantizado es de $7.790. El incremento del haber para quienes cobran la mínima es de $544 o de 7,5%. Para quienes cobran algo más y están alcanzados por esta medida, ese monto y el porcentaje se reducen. En el promedio de todos los casos, el aumento es de $528.

-¿Qué pasará en marzo con los ingresos de estos jubilados?

-Quienes hasta ahora cobraban hasta $7.370, percibirán $7.790 entre marzo y mayo, igual que en enero y febrero. Quienes cobraban más de $7.370, sí recibirán algo más desde marzo. ¿Por qué? Porque el 5,7% (el ajuste por movilidad que se aplicará en el tercer mes del año) se calculará sobre el haber previo a que se aplique la garantía, es decir, sobre lo cobrado en diciembre. Y se pagará el monto que resulte más elevado, al compararse ese ingreso de diciembre más un 5,7% con el haber garantizado. Por ejemplo, para la jubilación mínima el nuevo índice de movilidad arroja para marzo un ingreso de $7659: entonces, se seguirán pagando los $7.790 de la garantía (que es un monto mayor). Pero para un haber de $7.500 a diciembre, el alza de 5,7% arroja $7.927,50, que es más que los $7.790 (entonces, se pagarán $7927,50).

-¿Qué pasará con los siguientes aumentos por movilidad?

-La nueva ley prevé dar reajustes en marzo, junio, septiembre y diciembre. En junio próximo, la garantía seguirá en $7.790. Suponiendo que el índice de movilidad sea de 6%, el haber mínimo (que sin la garantía será en marzo de $7.659), se iría a $8.118. Entonces, en todos los casos se recibiría el reajuste. En julio, el salario mínimo llegará a $10.000. Por tanto, el ingreso jubilatorio garantizado será de $8200 y, nuevamente, en ese mes deberá haber una suba para los alcanzados por la garantía legal.

Fecha: 16/01/2018

Después del consenso fiscal, las provincias ya reciben $ 19.500 millones de la ANSeS

Queda por negociar el juicio con Santa Fe y San Luis. Y la transferencia de los déficit de las cajas previsionales de 2017, que se comenzará a discutir en febrero

Por: Verónica Dalto

Para: El Cronista

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS transferirá entre el sábado 20 y el miércoles 31 próximos, $ 19.562,55 millones del préstamo que es parte de la devolución escalonada del 15% de coparticipación de impuestos, que retenía desde 1992 el organismo previsional a las 21 provincias que no iniciaron juicio por esa causa.

Con las provincias que sí iniciaron juicio, al Gobierno le queda pendiente negociar la deuda con Santa Fe hasta el 31 de marzo, según lo previsto en Consenso Fiscal; esperar la resolución de la Corte en el caso de San Luis; y emitir el bono previsto en el pacto fiscal para pagarle a Córdoba.

En tanto, desde este sábado 20, la ANSeS comenzará la transferencia automática de las cuotas mensuales a las doce cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación, hasta completar los $ 12.000 millones presupuestados para financiar sus déficits este año. En tanto, pasó a los primeros días de febrero la negociación para pagar el saldo del rojo de 2017 para esas mismas cajas que quedó pendiente. Menos Córdoba, que ya firmó su acuerdo de pago.

La transferencia del FGS es por la tercera cuota del préstamo, que se regularizará en 2020. Y se adicionará al préstamo de $ 42.342 millones que había otorgado al tercer trimestre de 2017, un 3,9% de la cartera.

Las provincias, además, recibirán el 9% de los fondos coparticipables que se transferirán durante el año.

Según detalló el FGS, la provincia de Buenos Aires recibirá $ 4905 millones; la Ciudad de Buenos Aires, $ 1475,46 millones; Chaco, $ 1114,37 millones; Entre Ríos, $ 1090,65 millones; Tucumán, $ 1063,07 millones; Mendoza, $ 931,88 millones; Santiago del Estero, $ 923,17 millones.

Además, a Salta se le acreditarán $ 855,86 millones; a Corrientes, $ 830,7 millones; a Formosa, $ 813,27 millones; a San Juan, $ 754,68 millones; a Misiones, $ 738,25 millones; a Jujuy, $ 634,64 millones; a Catamarca, $ 614,77 millones.

También se transferirán $ 563,47 millones a Río Negro; $ 462,3 millones a La Rioja; $ 419,71 millones a La Pampa; $ 388,15 millones a Neuquén; $ 353,28 millones a Chubut y otro importe igual a Santa Cruz y $ 275,91 millones a Tierra del Fuego.

Esas transferencias son el resultado del convenio firmado con las provincias en 2016, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional descontar los 15 puntos para financiar a la ANSeS.

Ese año se comenzó pagando en efectivo tres de los 15 puntos de coparticipación que la Nación debe devolver a las provincias más un préstamo del FGS por 6 puntos. Este año el acuerdo prevé la transferencia de 9 puntos en efectivo y un préstamo por 3 puntos. En 2019, se pagará en efectivo el 12% y se liberará el préstamo por el 3%. En 2020, la Nación transferirá el 15% de coparticipación.

El crédito del FGS se comenzará a pagar en 2020. Se cancelará de manera semestral, en cuatro años y tendrá una tasa de interés subsidiada de 15% en 2016 y 2017, y de 12% en 2018 y 2019.

Por otra parte, a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, que reclamaron judicialmente la devolución de los fondos, ya no se les retrae el 15% de coparticipación.

Por haber obtenido sentencia firme, Santa Fe debe negociar el monto y forma de pago de la deuda, con tiempo hasta el 31 de marzo próximo, según lo previsto en el consenso fiscal. La provincia gobernada por Roberto Lifschitz estimaba la deuda en unos $ 49.840 millones a julio pasado, cuando propuso que se le abonara en efectivo $ 7500 millones en 2018 y otro monto similar en 2019 y el resto en títulos públicos.

San Luis no firmó el consenso fiscal y el acuerdo está judicializado: se espera un fallo de la Corte para definir la tasa de actualización de la deuda que la lleva a $ 17.000 millones para la provincia considerando la tasa activa. Además, la provincia tiene pendientes otros 13 juicios por unos $ 23.000 millones, según datos del Estado puntano.

Córdoba sí firmó el Pacto Fiscal y renunció al juicio que tenía pendiente por la retención de estos fondos. Será compensada con el bono que la Nación va a emitir para todas las provincias que renunciaron a los pleitos. Según el Gobierno, hay tiempo hasta junio para emitir el título a 11 años que genere servicios de $ 5000 millones este año y $ 12.000 millones desde 2019, a distribuir según el régimen de coparticipación.

Fecha: 15/01/2018

Este mes, 1,3 millones de jubilados recibirán un aumento de hasta $ 544

Por la entrada en vigor de la nueva ley previsional, el Estado debe garantizar que no se cobre menos que el 82% del salario mínimo, que sube a $ 9500; quedan al margen quienes hayan obtenido su prestación con una moratoria

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Desde pasado mañana, algo más de 1,3 millones de jubilados y pensionados cobrarán sus haberes mensuales con un incremento de hasta $ 544 (en promedio será de $ 528) respecto de lo que percibieron hasta diciembre. Se trata de las personas que quedaron alcanzadas por la garantía de no cobrar menos que el 82% del salario mínimo, vital y móvil, tal como lo dispuso la controvertida ley previsional aprobada en los últimos días de 2017.

Este mes, y según ya estaba dispuesto, el salario mínimo sube de $ 8860 a $ 9500. De esta manera, el ingreso jubilatorio garantizado, que no rige para quienes hayan accedido a su prestación a través de una moratoria, queda en $ 7790 (que es el 82% de los $ 9500).

Según informó hoy la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), las personas alcanzadas por este próximo aumento serán 1.328.707, en tanto que la medida implicará una erogación para el Estado de $ 697 millones. La mejora llegará a los bolsillos de quienes se hayan jubilado tras haber hecho aportes al menos durante 30 años, aunque también –según se aclaró- a quienes cobren una prestación por invalidez o por fallecimiento, derivada de haber existido aportes en forma regular (aún sin que se cumpla ese requisito de los 30 años), y también a quienes accedieron a la jubilación con una cantidad menor de aportes, porque el régimen de su actividad específica así lo permitía (por tareas insalubres, por ejemplo).

A partir de ahora, cada vez que se eleve el monto del salario mínimo también deberá cumplirse con esta garantía de la ley 27.426. En marzo, cuando se aplique el incremento de haberes jubilatorios según la fórmula de movilidad, muchas de estas personas no volverán a recibir una mejora, sino que seguirán cobrando el ingreso de $ 7790 mensuales. Sí cobrarán alguna diferencia quienes en diciembre tenían un haber tal que, al sumarse la suba del 5,7% (el resultado que da la fórmula de movilidad para el tercer mes del año), resulte superior a la cifra que cobrarán este mes.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo, de $ 7246 y estén incluidos en la garantía, cobrarán $ 7790 como ingreso mensual al menos hasta mayo (porque la suba por movilidad de marzo, aplicada sobre el ingreso de diciembre, da un monto inferior al 82% del salario mínimo). En cambio, alguien que hasta diciembre cobraba $ 7600 y ahora le aumentan a $ 7790, en marzo comenzará a percibir un haber mensual de $ 8033, que es la cifra que resulta de aplicar el 5,7% al ingreso cobrado en diciembre.

El próximo aumento del salario mínimo está previsto para el mes de julio. Entonces, ese número de referencia se irá a $ 10.000 y, por lo tanto, el ingreso jubilatorio garantizado será de $ 8200. Como, según se estima, el haber mínimo no habrá alcanzado para ese entonces esa cifra (tras los aumentos previstos para marzo y junio), en ese mes deberá nuevamente ponerse en práctica el pago de un adicional para cumplir con la garantía prevista por la ley.

Fecha: 8/01/2018

Apuntan a tener lista para junio una reforma previsional inspirada en el modelo español

Trabajo firmará una resolución para crear el cuerpo. El proyecto puede estar listo hacia mediados de año. Miran a España, que retrasa de manera gradual a 2027 la edad de retiro

Por: Verónica Dalto

Para: Diario El Cronista

El Ministerio de Trabajo tiene a la firma una resolución para crear la comisión de Sustentabilidad Previsional, que debatirá la reforma del sistema argentino, para que comience a funcionar a partir de marzo próximo. El Gobierno ya había anticipado que el cambio de la fórmula que actualiza las jubilaciones era una medida transitoria para luego encarar una modificación integral del marco previsional.

Para eso, el Gobierno viene mirando con atención el sistema español, en particular, el Pacto de Toledo. “Nos interesa ver el caso de España, en 2002, con el gran acuerdo post Toledo, que es lo que buscamos nosotros”, explicaron en el Ministerio de Trabajo.

La Ley de Reparación Histórica previó que hasta 2019 la comisión elabore “un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”.

Esa comisión contaría con la participación de la Secretaría de Seguridad Social, los gremios, las cajas previsionales de las provincias que no se transfirieron a la Nación, las cajas profesionales, la ANSeS, la AFIP.

El debate es de alta sensibilidad. Pero, según quienes participarán de la redacción, el proyecto podría estar listo a mediados de este año, antes de las campañas políticas.

Los gremios elevaron la tensión en las últimas reuniones de la comisión de fortalecimiento que fueron contemporáneas al debate de la fórmula. En las reuniones anteriores, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, mostró su interés en el Pacto de Toledo y en la Tesorería de la Seguridad Social española.

El Pacto de Toledo es la comisión parlamentaria creada en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos que propuso 15 recomendaciones para asegurar la sustentabilidad del sistema de pensiones español. En 2003, publicó otras 22 recomendaciones. Y se reunió nuevamente en 2016.

Las recomendaciones incluyen la separación y clarificación de las fuentes de financiación (las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones del trabajador y las empresas y las no contributivas, a través del presupuesto). La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La implementación de un sistema de jubilación gradual y flexible que facilite la prolongación voluntaria de la vida laboral. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC. El desarrollo de sistemas complementarios de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos.

En los hechos, España “contempla por ley que a partir de 2027 la esperanza de vida influya en el cálculo de la pensión”, indicó un informe del Centro de la Investigación de la Seguridad Social de la UBA.

“Existe un régimen transitorio iniciado en 2013 por el que la edad legal de jubilación se retrasará gradualmente a lo largo de 15 años hasta llegar a los 67 años en 2027 (1 mes por año durante los 6 primeros años y 2 meses por año durante los últimos 9)”, explicó. “La edad legal determina el momento inicial a partir del cual se tiene derecho a percibir una pensión pública. El retraso de la edad legal de jubilación premia con mayor pensión a aquellas personas que llevan más años cotizando a la seguridad social y penaliza a los que llevan menos o perdieron su empleo”, agregó.

Para la determinación del Salario de Referencia, se llevó el cómputo de 2 años a 8 años (1985) a 15 años (2013) y a 25 años (2022).

Para el cálculo de la cuantía de la jubilación, cobrará el 100% quien aporte 37 años desde 2013, cuando entre 2000 y 2012 se necesitaban 35 años y hasta 1999, 30 años.

La jubilación anticipada consiste en una pensión inferior a la correspondiente a la edad legal: con carácter general, con un 8% de reducción por cada año de anticipación. Para la jubilación postergada, el beneficiario puede obtener una bonificación de 2 a 4% por cada año de retraso.

Fecha: 08/01/2018

ANSeS advierte a la industria del juicio: no pagará el total de honorarios por reajustes

La nueva ley de honorarios prevé que la parte perdedora pague las costas. El organismo interpreta que no se aplica para reajustes de haberes y condenó los pactos de cuota litis

Por: Verónica Dalto

Para: Diario El Cronista

La nueva ley de honorarios profesionales para abogados, que empezó a regir hace una semana, puso en apuros a la ANSeS. El Congreso sancionó la ley 27.423, cuyo artículo 36 establece que los honorarios de los juicios de seguridad social deberán pagarlos la parte perdedora, es decir, la ANSeS, y creó una contingencia adicional para el organismo previsional, ya que hasta esta norma cada parte pagaba sus propios honorarios.

Pero la ANSeS ya avisa su propia interpretación de la ley a los jueces: que en los juicios de reajuste contra el organismo existe una norma específica, la ley 24.463, que dispone que las costas son por su orden. Y a los abogados, que los pactos de cuota litis son ilegales.

La nueva ley de honorarios cambia el régimen de costas en los procesos judiciales, que ahora “se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial” para las causas de seguridad social, salvo que el jubilado o pensionado resultara vencido. Se trata de un promedio de 15% sobre las sentencias.

Pero la nueva norma no obliga directamente, sino que habrá que ver qué criterio aplican los jueces en la regulación de honorarios.

Para la ANSeS la nueva norma, que se aplicaría para los nuevos juicios que se inicien después de su sanción, amplía la industria del juicio previsional en vez de restringirla porque resulta un esquema más beneficioso para los abogados: ellos no sólo le cobrarán los honorarios al organismo previsional, sino un porcentaje de la sentencia al jubilado.

“Desde Anses vemos como un aspecto positivo de la nueva ley de honorarios 27.423, que haya mantenido la prohibición de hacer acuerdos de honorarios en asuntos previsionales, pues esto permite proteger a los jubilados de eventuales abusos. Es muy importante recordarle esto a todos los jubilados: no son válidos los acuerdos de honorarios que firman con sus abogados, por lo tanto, sólo están obligados a abonar el importe de honorarios que el juez ha regulado (que nunca supera el 20%). En consecuencia, si el jubilado paga lo que el juez reguló, el abogado no tiene derecho a efectuarle ningún reclamo”, indicaron desde el organismo al ser consultados por El Cronista sobre la nueva norma.

El mensaje para los jueces refiere a una interpretación armónica de la normativa que permite concluir que el artículo 36 de la ley 27.423 establece un criterio genérico para asuntos de seguridad social y que el artículo 21 de la ley 24.463 establece que las costas son por su orden en los casos específicos de reajustes contra ANSeS.

“La nueva ley de honorarios no contiene un cambio significativo en relación a lo que sucede actualmente, ya que solamente establece un criterio genérico para asuntos de seguridad social. Para los juicios de reajuste contra ANSeS, existe una norma específica, que dispone que las costas son por su orden, es decir, cada parte se hace cargo de los honorarios de su abogado. Lo mismo sucede con respecto a los acuerdos de Reparación Histórica, que tienen normativa específica que adoptó idéntico criterio (cada parte le paga a su abogado)”, explicó el organismo.

Hoy el gobierno reimpulsa el programa de la Reparación Histórica, que busca reducir la litigiosidad por parte de los jubilados por la actualización de sus deudas y haberes previsionales. Y busca restringir la industria del juicio aplicando un honorario de $ 1141,6 para el abogado, que se actualiza por ley de movilidad, y es pagado por ANSeS por cada acuerdo homologado en la justicia.

De todos modos, los abogados cobran un adicional al jubilado sobre el fijo pagado por ANSeS.

El organismo entiende que la oferta de la Reparación Histórica es muy buena para los jubilados, pero son los mismos abogados quienes desalientan a los beneficiarios a aprobar la oferta porque pierden los honorarios después de años de proceso.

Para 2018, el organismo asignó $ 34.916 millones, destinado al pago de pago de sentencias judiciales y a deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Reparación Histórica.

Fecha: 03/01/2018

Para 2018, la ANSeS subió 21% la transferencia a las cajas provinciales

Las cajas no transferidas recibirán $ 17.000 millones en 2018, en vez de $ 14.000 millones, que era el mismo monto de 2017. Y se quitó la doble pena por no armonizar

Por: Verónica Dalto

Para: Diario El Crónista

Luego del pedido de los gobernadores y una vez que la ANSeS se acercó a una estimación de los déficit de las cajas previsionales que quedaron a cargo de las provincias, la modificación del presupuesto que trataba ayer Diputados incluía aumento del 21% de la partida respecto de lo que había enviado el Poder Ejecutivo antes del consenso fiscal. En tanto, también quita la doble penalización por no contar con el sistema provincial armonizado con el nacional y establece un mecanismo para que el pago del año siguiente no pueda ser inferior al 50% del año anterior.

El nuevo presupuesto establece que las transferencias a las cajas previsionales provinciales ascenderá a $ 17.000 millones desde ANSeS, a diferencia de los $ 14.000 millones originales.

De todos modos, las provincias pedían un piso de $ 20.000 millones para 2018.

Esos $ 14.000 millones habían generado preocupación en las provincias, porque suponía congelar para 2018 el monto que iban a recibir este año. Para el Gobierno era consecuencia de no poder calcular con certeza los déficit previsionales que estaba financiando.

A su vez, de ese monto, aún está pendiente transferir $ 6000 millones.

En Interior prevén que en las próximas dos semanas se realizará esa transferencia. Aunque las únicas provincias que pudieron enviar los datos a la ANSeS de sus beneficiarios son Córdoba, Santa Fe, Formosa y Entre Ríos.

Sucede que el cálculo del déficit a financiar por parte de la ANSeS se realiza en función de los datos de la historia previsional de los beneficiarios que los distritos enviaron al organismo, para calcular los beneficios como si las cajas hubieran sido transferidas.

El pedido de información por parte de la ANSeS era ambicioso, que las provincias no cuentan con toda la información sobre los beneficios otorgados y que hubo complicaciones operativas para realizar la transferencia de datos. Ahora que gran parte de la información está transferida, las provincias esperan que el organismo previsional calcule el déficit y haga la transferencia.

En tanto, tal como se plasmó en el Pacto Fiscal, ayer también se trataba la modificación del artículo 27 de la ley 27.260, que generaba una doble penalización por la falta de armonización. Antes determinaba las transferencias en función de los beneficios que la ANSeS estimara como si las cajas hubieran sido transferidas. Y luego quitaba un 20% por cada uno de los cinco conceptos que no estuvieran armonizados con el sistema nacional.

Ahora dice que “se deberá acordar una metodología a fin de establecer que los montos atendidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) surjan de calcular los desequilibrios como si el sistema previsional del que se trata hubiese sido transferido al Estado Nacional y establecer un mecanismo mensual y automático de transferencia de fondos por un monto que no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) del monto transferido el año anterior”.

La negociación con las cajas provinciales es llevada a cabo también por el Ministerio del Interior. Si bien para este año contemplaba transferencias automáticas mensuales hasta completar $ 8000 millones, ANSeS trató de frenarlas a mitad de año y en septiembre pasado por no contar con la información de lo que financiaba. Finalmente, accedió a completar los pagos en diciembre.

Fecha: 22/12/2017