Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Rentas vitalicias: jubilados que cobran menos que el haber mínimo, la otra cara de los reclamos tras el fin de las AFJP

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Desde hace más de una década hay un grupo de jubilados y pensionados que aportaron en su momento al sistema previsional (aportaron ellos o las personas fallecidas por las que se generó el derecho al ingreso) y que, sin embargo, cobran un ingreso mensual inferior al haber mínimo (en muchos casos, muy inferior) y no reciben los aumentos por movilidad que se les da a la generalidad de los beneficiarios del régimen nacional.

Se trata de quienes perciben una Renta Vitalicia Previsional (RVP) -una de las modalidades que había previsto el eliminado sistema de capitalización para el cobro de prestaciones- y no obtuvieron una sentencia judicial para que se les reconozcan sus derechos en particular. La Corte Suprema, de hecho, ya estableció que se les debe pagar a esas personas respetando la garantía de ingreso mínimo (eso fue dicho en la causa “Etchart” de octubre de 2015) y con ajustes por movilidad general (fallo de la causa “Deprati”, de febrero de 2016). Para lograr que eso se cumpla, cada uno debe ganar su litigio.

Estas personas son la otra cara de los reclamos que recibe el Estado a partir de la reforma de la ley previsional de 2008, propuesta por el entonces director de la Anses, Amado Boudou en el gobierno de Cristina Kirchner, y aprobada por el Congreso aceleradamente y sin análisis de lo que significaría en varios aspectos.

En los últimos días tomaron visibilidad las demandas hechas ante el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial) por los accionistas de dos de las empresas que en su momento fueron administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP): Orígenes, que había sido comprada por la aseguradora holandesa ING, y Met (de Metropolitan Life) que se había lanzado al mercado años después del inicio del régimen de capitalización.

La ley 26.425 incluyó disposiciones sobre la compensación que se daría a los dueños de las administradoras. Sin embargo, esa letra de la normativa nunca se cumplió y, por eso, varias compañías iniciaron años atrás demandas en la justicia local.

Tampoco se dio cumplimiento a lo que la ley dispuso con respecto a cómo serían reconocidos, a favor del bolsillo de los exafiliados, los aportes hechos en forma voluntaria. Sobre este punto, la Corte ordenó en un fallo de 2014 que, al no haberse puesto en práctica el mecanismo aprobado a propuesta del propio gobierno de entonces, debía concretarse una devolución directa de los ahorros.

Dejados al margen

En el caso de quienes cobran rentas vitalicias, el problema se dio no por incumplimiento de las normas, sino por lo que la propia ley resolvió.

La reforma de 2008 dispuso la eliminación del esquema mixto que había estado vigente desde julio de 1994, en el que convivían un sistema de reparto gestionado por el Estado y uno de capitalización (del que participaban actores privados y el propio Estado, al ser dueño de un par de AFJP). Quienes estaban en esta segunda alternativa, derivaban sus aportes personales a una cuenta individual, en tanto que las contribuciones patronales iban a la gestión estatal.

Con el final del régimen, se traspasaron de capitalización a reparto no solo los saldos de las cuentas de ahorro de los afiliados (que hoy integran un fondo de garantía) y los aportes corrientes, sino también las prestaciones de quienes estaban cobrando por una de las modalidades vigentes: la de un retiro mensual de fondos que seguían bajo gestión de una AFJP.

Pero existía otra modalidad: la de cobrar una renta vitalicia previsional contratada en una compañía de seguros. La reforma resolvió que las personas que estaban en este sistema siguieran sin cambios, es decir que el Estado no asumió compromisos ni les exigió nada a las aseguradoras.

Los afectados son quienes cobran una renta en forma pura, es decir, quienes no tienen ninguna parte de su ingreso que dependa del Estado (esto último ocurre cuando el aportante había contribuido en algún momento al sistema de reparto de entonces o, incluso, al régimen anterior a 1994). Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, en diciembre (último dato disponible) había casi 120.400 rentistas. De ellos y de acuerdo con datos de la Anses, alrededor de la mitad percibe un ingreso mensual inferior al haber mínimo.

El monto de las rentas no se mantiene congelado, pero sube a ritmo bajo y según una tasa definida todos los meses por la citada superintendencia. Por ejemplo, en los últimos doce meses para los que hay datos (abril de 2018 a marzo de 2019) esa tasa fue, en promedio, de 2,2% mensual, con un acumulado de 26,4%. En ese período anual, la inflación fue el doble (54,7%) y los jubilados y pensionados de la Anses recibieron una recomposición nominal de 35,9%.

Pero, además, a la tasa mensual se le descuenta un 0,33%, porque según disponía la normativa, cuando el saldo acumulado en una AFJP era transferido a la compañía de seguros de retiro para que desde allí se hiciera luego el pago de la renta vitalicia, se le sumaba una cifra equivalente a tener un 4% anual de rentabilidad. Y ese agregado es considerado un anticipo, que luego es descontado de la actualización mensual.

En la causa “Deprati”, analizada por la Corte para disponer la aplicación de la movilidad general, se calculó que entre febrero de 2008 y agosto de 2015 el ingreso en cuestión había recibido una recomposición de apenas 87%, mientras que en igual lapso las jubilaciones generales habían subido 495,4%.

A muchos, mes a mes, los sigue afectando con fuerza esa brecha.

Fecha: 10/06/2019

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Aumento Jubilaciones Marzo 2019 – Resolución Sec. Seg. Soc. 4/2019

Resolución ANSeS 139/2019

Publicado en el B.O. : 28/05/2019

Resumen:

Se determína que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de JUNIO de 2019, es de DIEZ CON SETENTA Y CUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (10,74 %) por el período junio/2019 a agosto/2019 inclusive. Conforme la fórmula dispuesta en la Ley N° 27.426, la cual se determina en un setenta por ciento (70%) por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de JUNIO de 2019, será de $ 11.528,44.

El haber máximo vigente a partir del mes de JUNIO de 2019 será de $ 84.459,47.

La Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del mes de JUNIO de 2019, es de $ 5.446,47.

Las bases imponibles mínima y la máxima, queda establecida en $ 4.009,94 y en $ 130.321,52 respectivamente, a partir del período devengado JUNIO de 2019.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será a partir del mes de JUNIO de 2019 de $ 9.222,75.

Descarga:

Resolución ANSeS 139/2019

Cómo serán los próximos aumentos de jubilaciones

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Los haberes jubilatorios del mes próximo llegarán con una recomposición de 10,74%. De esta manera, el ingreso mínimo del sistema nacional que gestiona la Anses será de $11.528,44, de acuerdo al anuncio hecho días atrás por el organismo. En septiembre, según lo que es posible calcular dada la disponibilidad de los datos que intervienen en la fórmula, habrá una mejora de casi 12,3% (índice aún no oficial), con lo cual el haber básico pasará a superar levemente los $12.940 (los datos precisos dependerán de cómo se haga el redondeo de los números).

De esta manera, las jubilaciones, las pensiones contributivas y no contributivas y los montos del salario familiar tendrán al mes de junio una suba nominal acumulada de 23,84% y, a septiembre, un incremento de 39% respecto del inicio del año.

Según el dato más reciente difundido por el Indec, la inflación fue de 55,8% en el período de abril de 2018 a igual mes de este año. En ese lapso, los haberes y otras prestaciones alcanzadas por la movilidad aumentaron 35,9%. Esto significa que hubo una pérdida de poder adquisitivo de 13%, porque dado ese nivel de inflación, con $135,9 puede comprarse ahora el 87% de los bienes y servicios que podían adquirirse un año atrás con $100. Mientras que el año pasado hubo, de punta a punta, una caída significativa del poder de compra (los ingresos previsionales subieron 28,47% y la inflación fue de 47,6%), en el primer trimestre de este año el aumento del nivel general de precios empató con el alza de ingresos determinado para marzo (11,83%).

A partir del año pasado, los haberes se actualizan según una fórmula que implica sumar el 70% de la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% de la evolución de la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Los datos se toman con un rezago de seis meses. Por ejemplo, para definir el ajuste de septiembre, se considera lo ocurrido entre enero y marzo. Eso provoca que en un escenario de inflación en alza se produzcan pérdidas de poder adquisitivo, ya que el valor de suba del IPC de referencia para calcular el índice será más bajo que el correspondiente al período más próximo a la aplicación misma del aumento.

Por el incremento ya oficializado de junio, el haber máximo será de $84.459, en tanto que en septiembre se elevará a alrededor de $94.830. La Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, subirá a $9222,75 y a $10.355 en cada uno de esos meses.

Según evaluó el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, “la fórmula actual contempla la inflación, algo que antes no pasaba, y es una fórmula transparente, porque sabemos cómo está compuesta y todos podemos hacer el cálculo”.

El funcionario admitió que la fórmula “se diseñó con una inflación a la baja y sabemos que la inflación del año pasado fue superior a la esperada”. Y agregó: “Eso alteró los pronósticos e hizo más difícil para todos el día a día, especialmente para los que más ayuda necesitan, por lo cual acompañamos de distintas maneras a cada uno”. Se mostró, además, confiado en que habrá crecimiento y recuperación del poder adquisitivo.

Fecha: 28/05/2019

Las jubilaciones subirán en septiembre: a cuánto llegarán y cuál será el haber mínimo

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Con un aumento nominal de casi 12,3%, el haber mínimo jubilatorio a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se elevará a aproximadamente $12.940 en septiembre próximo. La suba alcanzará a la totalidad de las prestaciones previsionales del sistema nacional -tal como dispone la ley de movilidad- y se sumará a la que se aplicará a partir de junio. En ese mes, los montos subirán un 10,74%, con lo cual la jubilación mínima será, entre el sexto y el octavo mes del año, de $11.528,44.

La recomposición por movilidad alcanzará también a las prestaciones no contributivas y al salario familiar que cobran los trabajadores formales. Entre marzo de este año y febrero de 2020, en cambio, no se prevén actualizaciones trimestrales para la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que el Gobierno anticipó las subas correspondientes a ese periodo en el caso de esa prestación en particular, al dar un aumento nominal de 46% a partir del tercer mes de este año.

A partir de junio, el haber máximo mensual será de $84.459 y desde septiembre, de alrededor de $94.830. La Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, se elevará a $9.222,75 y a $10.355 en cada uno de esos meses, respectivamente. En el caso del pago por hijo, el monto subirá en junio a $2250 y en septiembre a $2526 en el caso de las familias ubicadas en el tramo de ingresos más bajos alcanzados por el sistema.

Los nuevos valores que estarán vigentes desde el mes próximo fueron confirmados días atrás por la Anses. Los datos de septiembre, en cambio, aún no son oficiales,y surgen de aplicar la fórmula de movilidad establecida por ley. El cálculo contempla parte de la evolución de los precios minoristas y de los salarios formales de la economía. Para determinar la suba de septiembre, por ejemplo, se considera lo ocurrido con esas dos variables en el trimestre de enero a marzo. Concretamente, se toma en cuenta el 70% de la evolución trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, y el 30% de la variación que en igual período registró la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). En el primer trimestre del año, esos indicadores tuvieron una suba acumulada de 11,83% y de 13,33%, respectivamente.

Con las subas nominales de marzo y junio, las jubilaciones y las otras prestaciones alcanzadas tuvieron una mejora acumulada de 23,8%, en tanto que si se agrega la de septiembre, ese índice acumulado llega a 39%.

Fecha: 26/05/2019

La Corte Suprema declaró en otros once casos la inconstitucionalidad del cobro de Ganancias a jubilados

Son procesos que habían sido iniciados ante el máximo tribunal por personas que tienen una edad avanzada y padecen problemas de salud

En el acuerdo de este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en una serie de causas en las que se discutía la constitucionalidad del Impuesto a las Ganancias aplicado sobre el haber jubilatorio, sentenciándolas por remisión a lo ya resuelto, el 26 de marzo pasado, en el precedente FPA 7789/2015/CS1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1 – “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.

Se trata de una sentencia que contiene el voto de la mayoría, integrado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz.

Estos pleitos habían sido iniciados por personas jubiladas que, a la fecha, tienen una edad avanzada y/o padecen problemas de salud.

En el citado precedente “García, María Isabel”, el voto mayoritario declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (arts. 23, inc. c; 79, inc. c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430), al revisar la situación de una jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el caso debía resolverse sobre la base de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la actora, y teniendo en cuenta que la reforma constitucional de 1994 había garantizado “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23).

El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. Por ende, el legislador debe dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos sin que el sistema tributario pueda quedar apartado del resto del ordenamiento jurídico.

Consideró que la mera utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados no era suficiente al no tener en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación de notoria e injusta desventaja.

Concluyó en que el texto actual de la ley es insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional, motivo por el cual no puede retenerse ninguna suma por Impuesto a las Ganancias de los haberes jubilatorios de los demandantes hasta tanto el Congreso Nacional dicte una ley que revea la situación de las jubilaciones ante este impuesto, debiendo reintegrarse a los actores los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En su disidencia, el juez Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de las actoras. Tomó en cuenta la reforma de la ley 27.346 que introdujo modificaciones en el gravamen, contemplando una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.

Sostuvo que las jubilaciones son renta gravada (art. 79 de la ley de impuesto), y que el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles, y ponderar los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determinar, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.

Expresó allí que el cobro del gravamen a los jubilados no supone una doble imposición, ya que los aportes previsionales son deducibles del impuesto durante la actividad laboral, y que el gravamen no es violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional, puesto que la “integralidad” de la seguridad social que allí se garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.

Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: iProfesional

Fecha: 10/05/2019

Limitarán el acceso a la Prestación para Adultos Mayores (PUAM) según nivel de ingresos y patrimonio

Una nueva reglamentación pondrá más límites para acceder a una prestación mensual por edad

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

El Gobierno restringirá el acceso a una prestación prevista para quienes llegan a los 65 años de edad y no cumplen con el requisito de haber acumulado 30 años de aportes para acceder a la jubilación. A partir de ahora, para poder cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), habrá que cumplir con tres requisitos vinculados al nivel de ingresos (no se podrá haber percibido, en promedio, más de $53.828 mensuales en el año previo a solicitar el beneficio), el patrimonio y los consumos. De esta manera, si bien originalmente la prestación fue creada con un criterio de acceso casi irrestricto (no había más condición que tener 65 años cumplidos y no pedir la jubilación regular durante el tiempo de cobro de la PUAM) ahora se busca que solo alcance a una parte de la población, considerada vulnerable, estableciendo por tanto pautas de evaluación referidas al nivel socio económico.

La PUAM es una prestación equivalente al 80% del haber mínimo (en la actualidad equivale, concretamente, a $8.328 mensuales) que fue creada por ley en el año 2016. El presupuesto aprobado por el Congreso para este año ya había dispuesto una limitación para el acceso: a propuesta del Poder Ejecutivo se estableció que su cobro esincompatible con desarrollar una tarea laboral, ya sea bajo relación de dependencia o en forma autónoma (con la excepción de quienes están en el monotributo social). Antes, en 2018, ya se había limitado la prestación a quienes no tuvieran 30 años de aportes (un condicionamiento inicialmente no previsto).

Ahora, según la normativa reglamentaria de la Anses que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial según pudo conocer LA NACION por fuentes del Gobierno, podrán cobrar la PUAM quienes no hayan tenido, en el año previo al momento de pedir el beneficio, un ingreso bruto promedio mensual de $53.829 o más. Esa cifra tendrá una actualización anual en función de la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte); es, en rigor, el monto que está definido como tope del ingreso que un integrante de un hogar puede tener para que en esa familia se acceda a la asignación por hijo del sistema de la seguridad social.

Otra condición es que el patrimonio de la persona, declarado a los fines de determinar el impuesto a los bienes personales, no podrá superar en cuatro veces el monto anualizado del ingreso tope mencionado en el párrafo anterior. Eso significa que no se podrán tener bienes cuyo valor de declaración supere los $2.583.792. A la par de ese requisito, no se podrán tener vehículos automotores cuyo valor supere los $968.922, ni aviones de ningún tipo, ni embarcaciones que tengan 9 metros o más de eslora.

El tercer condicionamiento está definido por los consumos: los gastos de la persona no podrán superar en más de 30% el ingreso promedio de $53.829 por mes. Actualmente, en términos anualizados, eso equivale a $839.732,40. Y para verificar esta situación habrá cruces de datos con los consumos pagados con tarjetas de crédito y de débito.

Las nuevas disposiciones tienen que ver con que la ley del presupuesto nacional de este año, además de la restricción ya mencionada, estableció que la Anses debe realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales en cada caso, para definir si se otorga o no la prestación social.

Actualmente cobran la PUAM 119.439 personas. En esos beneficios, ya otorgados bajo la vigencia de otras reglas, no habrá modificaciones, según aclararon fuentes del Gobierno.

Fecha: 30/03/2019

 

Para no pagar Ganancias, los jubilados deberán litigar o esperar una ley

Fallo de la Corte: Tiene efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio y 2.000 casos análogos. Los restantes, por la vía legal.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

El fallo de la Corte Suprema tiene un efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio – María Isabel García- y sobre unos 2.000 casos análogos con sentencias favorables de segunda instancia –como los de la Cámara de Paraná y la Sala II de la Cámara de la Seguridad- apeladas por el Gobierno ante el Alto Tribunal.

Al resto de los jubilados y pensionados que tienen descuentos de Ganancias –300.000 entre nacionales y pensionados- les seguirán reteniendo el impuesto. Y aquellos que se encuentren en una situación similar al caso testigo, podrían iniciar un juicio reclamando el mismo tratamiento.

Esto se debe a que la mayoría de la Corte declaró la inconstitucionalidad de Ganancias en el caso García con el alcance indicado en el fallo. No tiene un carácter general o colectivo, lo que abre las puertas a una mayor litigiosidad. 

El fallo menciona que la jubilada tenía 79 años cuando inició el juicio en 2015, padecía problemas de salud y recibía descuentos de Ganancias del orden del 30% del haber.

En consecuencia, dice la sentencia de la Corte, a la hora del descuento de Ganancias se debe considerar la mayor vulnerabilidad del peticionante, “producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad” que “permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros”.

El fallo objeta el descuento de Ganancias ya que en los casos de envejecimiento, enfermedad o discapacidad  el jubilado debe “contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales”. 

Con esas consideraciones, el fallo señala que el Congreso debería modificar la actual ley de Ganancias, dando “un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”. No se fija ningún plazo para que el Parlamento considere el tema. 

Por esta razón, el abogado y especialista en previsión Guillermo Jáuregui le dijo a Clarín que aquellos “jubilados o pensionados que se consideren en similar situación que García, podrían promover la correspondiente acción judicial”. La litigiosidad es una de las vías de los jubilados para poder llegar al beneficio de no pagar Ganancias. En tanto “el Congreso debería modificar el art. 79, inc. c) de la ley contemplando a contribuyentes de mayor edad o enfermos o discapacitados, y en estos casos cuidando que la escala no supere cierto porcentaje o eximiéndolos”.

Además, a partir de 2017 se elevó el mínimo no imponible para los jubilados y pensionados a 6 haberes mínimos  -hoy en $62.462-, con ajustes trimestrales. “Este cambio puede hacer que la situación actual de García, en cuanto al porcentaje de la retención sea muy diferente. Cada jubilado debe analizar su situación impositiva antes de encarar una demanda por ese tema”.

El abogado Adrián Troccoli reconoce que “el fallo de Corte en principio fija que debe existir una situación de vulnerabilidad para poder estar eximido del pago de Ganancias. Sin embargo no exige en el caso particular pruebas fehacientes, y la doctrina seguramente se extienda a todas las sentencias provenientes de la Cámara de Paraná y de la Sala 2 de la Cámara de de la Seguridad Social”.

En consecuencia “quienes al día de hoy tributan ganancias, tienen dos caminos: esperar que el Congreso siga el pedido del Máximo Tribunal y modifique la Ley de Ganancias o iniciar una acción judicial. Sería ideal que el Parlamento resuelva la cuestión rápidamente para evitar el colapso de los Tribunales”. Y “de tratarse un proyecto de Ley la Corte no le exige que se exima del tributo a los jubilados, pero sí que les de una mayor protección a la actual”.

Fecha: 28/03/2019

La Corte exime a los jubilados del pago del impuesto a las ganancias

En un fallo que podría tener alto impacto económico para el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia decidió hoy que los jubilados están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias sobre sus haberes jubilatorios hasta tanto el Congresolegisle la exención en su favor. El maximo tribunal falló en favor de una demandante, aunque unos 300.000 jubilados tributan Ganancias.

El máximo tribunal declaró por mayoría -con los votos de Elena Highton , Juan Carlos Maqueda , Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti – la inconstitucionalidad de las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravan los haberes jubilatorios y de pensión. La decisión afecta a unas 400 causas que están tramitando en la Corte. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , votó en disidencia: consideró que las normas de la ley Nº 20.628 que establecen que las jubilaciones y pensiones están alcanzadas por el impuesto son constitucionales “ya que no se había demostrado, en el caso concreto de la actora, su inconstitucionalidad por confiscatoriedad o irrazonabilidad”.

Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti consideraron que la demandante -María Isabel García- era vulnerable dado que tenía 79 años al iniciar la demanda, tenía problemas de salud y se le habían efectuado retenciones de entre el 29,33% y 31,94% en concepto de Ganancias.

La Corte recordó el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria y destacó que el caso de García debía resolverse “en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada”.

“No puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la Sra. García los montos retenidos desde la interposición del reclamo”, planteó el máximo tribunal.

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 26/03/2019

Cálculo del haber, ajustes, Ganancias: los jubilados y sus reclamos judiciales

La Corte Suprema dará el martes su palabra sobre el pago del tributo, con el antecedente de haber negado un amparo a un grupo de pasivos; cuáles son los argumentos de ambos lados y qué más se debate en la Justicia, donde hay 330.000 litigios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Será un nuevo capítulo en la extensa historia que protagonizan los jubilados y la Justicia. El martes próximo, la Corte Suprema se pronunciará en una demanda referida a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre un haber previsional. Por una disposición legal de hace décadas, los pasivos están alcanzados por el tributo. Y, actualmente, la imposición afecta a quienes cobran al menos $62.462 mensuales.

Así, el tribunal supremo emitirá su primera sentencia de 2019 con efectos sobre una parte de la población pasiva. En este primer semestre llegará también un pronunciamiento sobre otra causa, en la que se reclama que a todos los haberes en los que corresponda (y sin necesidad de juicios individuales) se les apliquen los reajustes derivados de lo resuelto en el fallo Badaro. En esa sentencia, de 2007, la Corte declaró inconstitucional el congelamiento de haberes que muchos jubilados sufrieron entre 2002 y 2006 (por una decisión política que resultó una de las claves para el logro del superávit fiscal en esa época) y ordenó otorgar, por ese lapso, una suba no inferior a la evolución de un índice salarial.

Claro que, después de más de 11 años de aquel fallo que favoreció a Adolfo Badaro, disponer la generalización de sus efectos sería ahora muchísimo más inofensivo para el fisco (y menos abarcativo para los pasivos) que si la resolución se hubiera tomado años atrás, algo a lo que el tribunal se negó. A esta altura, muchos de los afectados consiguieron sus propios fallos y ya cobran más, o adhirieron a la reparación histórica renunciando a litigar, o fallecieron.

Acudir a los tribunales para pedir justicia en los pagos se convirtió en una práctica demasiado habitual entre los jubilados, aunque ahora el número de causas iniciadas muestra una tendencia a la baja. En la década pasada, los juicios fueron principalmente alentados por los daños generados por la inflación -y no corregidos a tiempo por la vía administrativa- tanto en los ingresos de quienes ya estaban jubilados como en los haberes iniciales de quienes iban accediendo a su prestación.

Respecto de esto último, fue el fallo Elliff el que en 2009 marcó la cancha, al cuestionar la falta de actualización del valor de los salarios que intervienen en la fórmula de cálculo de los haberes. Este es un tema que fue logrando una corrección de manera progresiva, porque a partir de la existencia de un sistema de movilidad (2009), las remuneraciones se corrigen según los índices resultantes de esa fórmula. Ese mecanismo no fue cuestionado (lo que estuvo en discusión es la actualización de sueldos devengados en períodos anteriores).

El problema en cifras

Las estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social muestran que en 2011 se iniciaron 39.461 causas por reajustes de haberes. El número fue similar al año siguiente y cayó en forma bastante significativa en 2013. Luego, hubo un repunte hacia 2016, seguido por nuevas caídas. En 2018 hubo 18.057 demandas.

La razón de la caída es, en principio, el paso del tiempo, que hace que se reduzca y tienda a desaparecer el universo de jubilados sin litigar que pueden estar alcanzados por los criterios de alguno de los fallos citados (Badaro y Elliff). También influyó la reparación histórica (quienes aceptan la propuesta de pago hecha por el Estado renuncian a litigar). Y, según entiende el juez Luis Herrero, presidente de la mencionada cámara de apelaciones e integrante de la Sala II influyen, además, “el desaliento y la desesperanza” de los jubilados, que al litigar suelen esperar “siete años” para cobrar lo que les corresponde.

Con unos 330.000 juicios en trámite, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) afirman que cada mes llegan, en promedio, “entre 3100 y 3200 sentencias para su liquidación”. Según dice a LA NACION Alejo Maxit, secretario general del organismo, “se liquidan entre 3700 y 3900 expedientes por mes” y que, así, “los pagos le ganan a la generación de sentencias”, de las cuales un 15% no beneficia (el pronunciamiento judicial no genera una mejora del ingreso). Aun con esa dinámica, hay unas 100.000 sentencias firmes pendientes de pago: son 100.000 personas que esperan acceder a lo que ya se les dijo que les corresponde.

Según el funcionario, el plazo promedio para cobrar una sentencia, es hoy de 440 días corridos, con diferencias que dependen de la situación del jubilado (el orden se define según la edad, el monto del ingreso, la existencia o no de una enfermedad terminal y la antigüedad del fallo). El plan para este año es liquidar 40.000 casos, con $850.000 promedio por sentencia y un presupuesto de $34.538 millones. Este monto es un 41% mayor al de 2018, con lo cual no acompaña la inflación, de 47,6% el año pasado, según el Indec. Y el plazo de liquidaciones está muy lejos de los 120 días hábiles establecido por la ley de solidaridad previsional.

El debate por Ganancias

Si el martes hay un fallo favorable a quien demanda, la causa sobre Ganancias podría derivar en un nuevo aliento para ir a juicio. El último dato de la AFIP indica que en 2018 tributaron 297.000 pasivos. La palabra de la Corte, sin embargo, podría no ser un “puro sí” o un “puro no” a la carga fiscal, algo que, de hecho, ya ocurrió.

Desde 2017, los pasivos pagan el impuesto a partir de un ingreso más alto que el que define la obligación de tributar para los asalariados, con lo cual el nivel de imposición también es más leve para todos los niveles de ingresos gravados. La base, según la ley, equivale a seis haberes mínimos y cambia trimestralmente según la movilidad. Entre este mes y mayo están alcanzados quienes tienen un haber de al menos $62.462. En junio, la cifra subirá a $69.270. Los asalariados que no tienen cargas de familia ni aplican otras deducciones tributan este año a partir de un sueldo neto promedio de $38.301.

¿Cuánto pagan? En enero y febrero, por ejemplo, regía un haber máximo definido por las normativas de $68.200 (no quiere decir que no haya haberes más altos, porque sí exceden esas cifras, por ejemplo, muchos de los obtenidos por sentencia judicial). Para ese monto, el descuento mensual fue en ese bimestre de 2,6% del ingreso neto, considerando que para el cálculo del impuesto se agrega un monto proporcional del aguinaldo, tal como dispone la ley.

Lo cierto es que no es la primera vez que la Corte Suprema toma un expediente del tema Ganancias y jubilados. Hay un antecedente que está entre las razones por las que funcionarios del Gobierno confían en las chances de un aval a la imposición.

En 2014, en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ AFIP”, el máximo tribunal le negó un amparo a un grupo de jubilados que reclamaban no tributar, aunque no abrió juicio “sobre la legitimidad de la pretensión”; es decir, no hubo pronunciamiento de fondo. Lo resuelto no deja de ser significativo ni de dar una señal: lo que los jueces observaron, para no dar lugar a la suspensión del impuesto, fue que no se mostraron números para evaluar si el gravamen resultaba confiscatorio.

El caso que analiza la Corte es el de María Isabel García, quien tuvo una sentencia a su favor firmada por los jueces de la Cámara Federal de Paraná. Esa cámara dictó su primer fallo contra el impuesto en 2015, en la demanda de Jorge Antonio Cuesta. En ambos casos son jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y los juicios son contra la AFIP.

Es diferente la causa promovida por Leonardo Calderale, que también llegó a la Corte y que tuvo un fallo contrario a la imposición, dictado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social: en este caso se demandó a la Anses, que es agente de retención, como una empresa lo es con sus empleados. “Eso afecta el derecho del Estado a defenderse”, entiende la abogada Elsa Rodríguez Romero, quien también analiza que, en el supuesto de que la demandante ya no estuviera afectada por el impuesto (cuando se inició la demanda regía otro sistema de base imponible), el caso que analiza la Corte resultaría abstracto, a menos que se haya pedido la devolución de lo antes descontado. Los fallos de Paraná, en rigor, disponen el reintegro de lo retenido desde el inicio del juicio.

Entre los argumentos para pedir la inconstitucionalidad de aplicar el tributo está la afirmación de que una jubilación no es ganancia, sino un débito que la sociedad tiene con los mayores en función de lo aportado por ellos en la vida activa, y que se trata de un pago con carácter alimentario. “Es un beneficio de la seguridad social y otras prestaciones de este tipo, como la asignación familiar, están fuera del impuesto”, dice el tributarista Daniel Pérez, especializado en el tema.

Desde la AFIP, los argumentos de defensa al cobro del tributo expresados en diferentes causas se refieren, por un lado, a que es el Poder Legislativo el que define los tributos y sus alcances y que, salvo que se prueben daños confiscatorios, se trata de decisiones políticas que no deben ser revisadas por el Poder Judicial. Por otro lado, se refuta el argumento de que existe una doble imposición, al decir que los cobros del salario y la jubilación son en momentos diferentes, por distintos conceptos, y que cuando se hacen aportes previsionales durante la vida laboral, esos montos contribuidos quedan al margen del tributo (efectivamente, se restan del ingreso imponible).

“Si bien entre los aportes y el monto jubilatorio no hay una relación directamente proporcional, es ese esfuerzo contributivo el que la jurisprudencia admite como fundamento para reconocer mejores beneficios”, afirma Tróccoli, respecto de la justificación del vínculo entre la exclusión de los aportes del monto sujeto al impuesto en la vida activa y el posterior gravamen sobre las prestaciones pasivas. El abogado considera que el tema que se debe analizar es, en rigor, cuánto se paga de Ganancias, sobre todo tras distorsiones sufridas por el esquema en años anteriores.

Además de descontarse de los haberes mensuales, el tributo se resta de lo que se cobra en concepto de retroactivo al ganar un juicio. Según la Anses, eso es así porque la ley dispone la gravabilidad del ingreso jubilatorio y esos montos no hacen más que reconocer reajustes. Sin embargo, en la Justicia de segunda instancia se declara, en líneas generales, que son cobros libres del impuesto.

Otras causas en juego

La novedad más reciente de la Corte en materia previsional fue la del fallo referido a Lucio Blanco, de diciembre pasado. En esa causa, el Gobierno buscaba que la Justicia cambiara su criterio sobre el índice a usar para actualizar los salarios toda vez que, por una orden judicial, se tiene que recalcular un haber de inicio. La fórmula para calcular jubilaciones incluye el promedio de las últimas 120 remuneraciones cobradas antes del retiro.

Lo decidido por los jueces no cambió las cosas; antes ya se disponía el uso del ratificado Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), y el Gobierno no logró que se adoptara la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que en la mayoría de los casos define un reajuste menor. Ahora, la Anses va recibiendo las notificaciones de sentencias por causas similares (la Corte tenía 11.000 expedientes). Resuelto el tema, se destraba la emisión de sentencias y se dejan de apelar las de instancia inferior a la Corte. Esa celeridad podría chocar luego con la restricciones presupuestarias y derivar en una mayor acumulación de sentencias a la espera de liquidación.

El tribunal supremo tiene otras cuestiones pendientes de resolver

Una se refiere a la ley de movilidad previsional vigente desde 2018: las salas I y III de la Cámara de la Seguridad Social cuestionaron que la fórmula nueva se haya usado para calcular la recomposición correspondiente a marzo del año pasado. Según los jueces, hubo una aplicación retroactiva de la ley (algo indebido), cuando en ese período debió haberse usado la fórmula antes vigente, que fijaba subas semestrales y que, en la práctica, definía un alza de alrededor de 14,5% para el mes que es eje de la controversia, en lugar de las subas de 5,71% y 5,69% de marzo y junio.

Un segundo tema se refiere a la causa de Gabriel Hartmann, un jubilado para el cual los jueces de la Sala II determinaron que la Anses debe garantizar una jubilación que equivalga a no menos de 70% del promedio de sus últimos 120 salarios.

Otras cuestiones que en los últimos años tuvieron sentencias de la Corte están referidas a las rentas vitalicias provenientes del sistema de capitalización, eliminado hace diez años. Los rentistas (que son una parte de quienes se habían jubilado o pensionado en el sistema que gestionaban las administradoras de fondos) no fueron amparados por la reforma legal de 2008, a tal punto que se ven obligados a litigar para que se les reconozcan, según lo ya dispuesto por el tribunal supremo, las garantías del haber mínimo y la movilidad.

Fecha: 26/03/2019

La Justicia rechazó una medida cautelar de un jubilado que pedía que no le retuvieran Ganancias

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

A pocos días de la fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia tiene previsto pronunciarse respecto del descuento del impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios (eso ocurrirá el martes próximo, según lo anunciado), la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inadmisible una medida cautelar que había solicitado un pasivo para que se le deje de aplicar esa carga fiscal a sus ingresos mensuales.

Según el fallo judicial, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) y dictado el último día de febrero por la Sala V de esa cámara, no pudo comprobarse la existencia de los daños por confiscatoriedad a los cuales aludió el demandante, el abogado Jorge Vanossi, quien hizo el reclamo contra la AFIP, por considerar que el impuesto es “claramente inconstitucional” y que se aplica sobre un ingreso (la jubilación) que tiene “carácter alimentario”. En primera instancia ya se había dado una respuesta negativa a la pretensión.

Según los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany, lo que debería probarse es una violación al derecho de propiedad, lo cual en la práctica equivaldría al hecho de que el impuesto, en función de su monto, se torne confiscatorio. En ese sentido, el escrito judicial remite a algo ya expresado por la Corte Suprema, en cuanto a que la decisión sobre las políticas impositivas es algo que le corresponde al Poder Legislativo, mientras que a los jueces sí les toca como tarea declarar si el sistema tributario “repugna o no a los principios y garantías” de la Constitución Nacional”.

Y se sostiene, en el escrito, que lo pretendido en el reclamo implica “un complejo análisis constitucional y normativo a los fines de discernir si, tal como indica el accionante, se verifica un supuesto de doble imposición o un supuesto de confiscatoriedad”. Y se agrega que, para dar una definición respecto de esas cuestiones, hace falta “una etapa posterior con mayor amplitud y prueba”. En particular sobre el supuesto de “doble imposición”, se señala la necesidad de un debate sobre la naturaleza del haber jubilatorio.

En 2014, en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ AFIP”, la Corte Suprema le negó un amparo a un grupo de jubilados que pedían el cese del descuento de Ganancias, porque se consideró que no se había probado que el cobro del tributo fuera confiscatorio.

El martes próximo, el tribunal supremo dará a conocer su posición sobre el cobro de Ganancias a los jubilados, tras analizar una demanda tratada antes por la Cámara Federal de Paraná, que declaró la inconstitucionalidad de la imposición. En igual sentido se expresó, en la ciudad de Buenos Aires, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Más allá de sostener que es algo ajeno al Poder Judicial considerar “la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público” (la frase está expresada en el reciente fallo de la causa Vanossi, encomillada y atribuida a la Corte), en el escrito se hacen también consideraciones respecto de la confiscatoriedad que implicaría el cobro del tributo al jubilado.

Según los jueces, en el caso analizado el reclamante “no explica con qué parámetros y sobre qué base imponible (o sobre qué importes mínimos) debería ser actualmente calculado ese impuesto [Ganancias] para que no resultara confiscatorio. Esto, se afirma, porque “debe demostrarse que existe una violación al derecho de propiedad”.

Las jubilaciones están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, según una disposición legal de hace varias décadas. Desde 2017, el ingreso previsional mínimo a partir del cual se tributa es bastante más elevado que el que define la gravabilidad de los salarios en el caso de los trabajadores activos. La base imponible, desde entonces, equivale a seis haberes jubilatorios mínimos y se actualiza en forma trimestral en función del índice de movilidad. Este mes, por caso, los haberes que están alcanzados son los de al menos $62.462, mientras que en junio esa cifra subirá (a la par de una recomposición de los ingresos) a $69.270.

Fecha: 23/03/2019