Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Defensor de los jubilados respalda fallo contra la suspensión de la movilidad

Señaló que desde su óptica, la decisión de un juez federal de Salta indica que “el Gobierno no puede aplicar políticas regresivas sobre la seguridad social”.

El defensor de la Tercera Edad, Juan Semino se refirió al fallo del juez federal de Salta Julio Bavio quien se pronunció contra la suspensión de la movilidad jubilatoria aprobada en 2017 durante el gobierno de Macri y que el actual gobierno nacional decidió remplazar por sumas fijas hasta que el mes próximo se defina un nuevo sistema de actualización de haberes.

Semino, señaló  que “la actitud del Gobierno nacional con la suspensión de la ley y esta ratificación que hace ahora el fallo del juez federal de Salta -en oposición a esa medida-, indica que es neta y absolutamente inconstitucional y violatorio de los convenios internacionales sobre la protección de los derechos humanos, políticos, sociales y civiles de los adultos mayores”.

El defensor de la Tercera Edad, indicó que “el fallo del juez de Salta, hace un adelanto de lo que va a ser el criterio de la Justicia argentina respecto de la particular situación que se ha generado con la suspensión de la movilidad que ya había generado tal cual lo señala el mismo juez, efectos hacia el mes de marzo y de junio próximos”, meses en los que deberían aplicarse los reajustes salariales.

En este punto, el planteo de Semino señala que el reajuste salarial que debería aplicarse a los sueldos de los jubilados entre marzo y junio próximos -de continuar con la ley de movilidad anterior-, sumarían casi un 25% y serían mayores a las sumas fijas de $5.000 que otorga el Gobierno.

Precisamente, el fallo del juez salteño, lo que hizo fue señalar que si prosiguiera aplicándose la movilidad jubilatoria anterior, a marzo del 2020 correspondería un aumento del 11,56% y en junio otro 15%. Pero además, la decisión de Bavio reafirmó que “la garantía de movilidad establecida por la Constitución Nacional, no se encuentra determinada por el período posterior al 23 de diciembre de 2019”.

En este punto, Semino agregó que “lo que se invoca en el fallo y que es parte constitutiva de nuestra demanda como Defensoría de la Tercera Edad contra el Estado nacional, es primero a la Convención Interamericana sobre los Derechos de las personas mayores que en su artículo 26, señala muy claramente que los estados tratantes no pueden adoptar políticas regresivas -que impliquen un retroceso-, es decir, de no progresividad en términos a la seguridad social”.

No obstante agregó que “lo llamativo de esto es que esa convención fue ratificada por nuestro Estado en el mes de junio de 2015, cuando eran funcionarios de ese momento e impulsaron a mi criterio correctamente la convención, quienes hoy están adoptando este tipo de medidas”.

Agregó que “a esto hay que sumarle que de todos modos y más allá de la convención, es ley de la Nacion, articulo 75 inc 22 de la Constitución Nacional, del protocolo de San José, sobre derechos humanos civiles, sociales, políticos y ese tratado incluye el protocolo de San Salvador que en su artículo 17, adopta los mismos criterios que acabo de describir sobre la convención, vale decir que el artículado tanto de la Constitución como de las leyes reglamentarias es muy claro: Cualquier actitud tal cual señala el juez federal que recientemente falló, que implique cercenar los índices generados por la ley, van a ser violatorios de esa normativa”.

Presentaciones

Semino anticipó que “nosotros haremos nuestra presentacion como lo hicimos en otros casos como el caso Chocobar en el gobierno del presidente Menem, el caso Badaro, lo que fue el recorte del 13% en el año 2001, en la misma dimensión vamos a presentar estas consideraciones, no es la discusión de 1 ó 2 puntos, hay que ver lo irrisorio que se ve cuando los funcionarios hablan del 11% y que no se puede dar. Pero ese 11% ya quedó atrás, porque es la inflación del trimestre que está concluyendo”.

Puntualizó que “la desvergüenza política les permite con sus importantes sueldos hacer consideraciones sobre los sueldos de 14, 15 o 17 mil pesos de gente que aportó toda una vida como trabajadores, por ello creemos que con lo que se va a especular es con la misma estrategia judicial, que se prolongó durante la gestión del presidente Macri, de recusar jueces, alargar los juicios y en última instancia, de no poder sostener la imposibilidad de que se dicte justicia, acordar con los magistrados de la Corte como en el caso Badaro que ya no existe el caso porque se ha cobrado por diversas vías o porque la mayoría de quienes estaban incluidos murieron en la espera”.

Para Semino, “la actitud del Gobierno y lo que se ha plasmado en la suspensión de la ley y esta ratificación que hace el fallo del juez federal es neta y absolutamente inconstitucional y violatorio de los convenios internacionales sobre la protección de los derechos humanos, políticos, sociales y civiles de los adultos mayores”.

“Un sendero negativo”

Puntualizó que desde su punto de vista “lamentablemente, estamos entrando en un sendero absolutamente negativo, en términos de la negación de la propia Constitución Nacional”.

Señaló que en este punto “no es solo el desapoderamiento económico de los jubilados y los jubilables, lo cual manifiesta también el fallo, sino también la violación de ese tipo de derechos esenciales”, indicó el defensor de los Jubilados.

El caso que originó la primera respuesta judicial contra la suspensión de la movilidad jubilatoria

El caso del jubilado Roberto Cativa quien reclamó a la Anses para que liquide un nuevo importe de su haber jubilatorio, con retroactividad, fue el detonante del fallo del juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio contra la Ley de Solidaridad que suspendió la movilidad jubilatoria.

Para Bavio, “la garantía constitucional de movilidad establecida por la Constitución Nacional no se encuentra determinada por el período posterior al 23 de diciembre de 2019”.

El jubilado Cativa pidió que se actualice con retroactividad su haber, motivo por el cual se deba aplicar la movilidad mes a mes. Aunque el caso es muy anterior a la Ley de Solidaridad del 23 de diciembre pasado, el juez Bavio explicó en su fallo que “el pronunciamiento judicial debe atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión”.

Recordó que esa norma dispuso la suspensión por 180 días de la aplicación de la movilidad jubilatoria, modificada por el presidente Mauricio Macri, y estableció que el Gobierno fijará trimestralmente el incremento de los haberes previsionales ‘atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos’. También que el Poder Ejecutivo convocará a una comisión para que durante esos mismos 6 meses “proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales”.

Sin embargo, el magistrado remarcó que la Corte Suprema “tiene dicho que los jueces, al momento de resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento, deben atender a las circunstancias sobrevinientes a aquél”, y que esto es que la movilidad no está asegurada.

Fecha: 11/02/2020

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