Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Archivo para mayo, 2019

Aumento Jubilaciones Marzo 2019 – Resolución Sec. Seg. Soc. 4/2019

Resolución ANSeS 139/2019

Publicado en el B.O. : 28/05/2019

Resumen:

Se determína que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de JUNIO de 2019, es de DIEZ CON SETENTA Y CUATRO CENTESIMOS POR CIENTO (10,74 %) por el período junio/2019 a agosto/2019 inclusive. Conforme la fórmula dispuesta en la Ley N° 27.426, la cual se determina en un setenta por ciento (70%) por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de JUNIO de 2019, será de $ 11.528,44.

El haber máximo vigente a partir del mes de JUNIO de 2019 será de $ 84.459,47.

La Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del mes de JUNIO de 2019, es de $ 5.446,47.

Las bases imponibles mínima y la máxima, queda establecida en $ 4.009,94 y en $ 130.321,52 respectivamente, a partir del período devengado JUNIO de 2019.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será a partir del mes de JUNIO de 2019 de $ 9.222,75.

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Resolución ANSeS 139/2019

Cómo serán los próximos aumentos de jubilaciones

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Los haberes jubilatorios del mes próximo llegarán con una recomposición de 10,74%. De esta manera, el ingreso mínimo del sistema nacional que gestiona la Anses será de $11.528,44, de acuerdo al anuncio hecho días atrás por el organismo. En septiembre, según lo que es posible calcular dada la disponibilidad de los datos que intervienen en la fórmula, habrá una mejora de casi 12,3% (índice aún no oficial), con lo cual el haber básico pasará a superar levemente los $12.940 (los datos precisos dependerán de cómo se haga el redondeo de los números).

De esta manera, las jubilaciones, las pensiones contributivas y no contributivas y los montos del salario familiar tendrán al mes de junio una suba nominal acumulada de 23,84% y, a septiembre, un incremento de 39% respecto del inicio del año.

Según el dato más reciente difundido por el Indec, la inflación fue de 55,8% en el período de abril de 2018 a igual mes de este año. En ese lapso, los haberes y otras prestaciones alcanzadas por la movilidad aumentaron 35,9%. Esto significa que hubo una pérdida de poder adquisitivo de 13%, porque dado ese nivel de inflación, con $135,9 puede comprarse ahora el 87% de los bienes y servicios que podían adquirirse un año atrás con $100. Mientras que el año pasado hubo, de punta a punta, una caída significativa del poder de compra (los ingresos previsionales subieron 28,47% y la inflación fue de 47,6%), en el primer trimestre de este año el aumento del nivel general de precios empató con el alza de ingresos determinado para marzo (11,83%).

A partir del año pasado, los haberes se actualizan según una fórmula que implica sumar el 70% de la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% de la evolución de la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Los datos se toman con un rezago de seis meses. Por ejemplo, para definir el ajuste de septiembre, se considera lo ocurrido entre enero y marzo. Eso provoca que en un escenario de inflación en alza se produzcan pérdidas de poder adquisitivo, ya que el valor de suba del IPC de referencia para calcular el índice será más bajo que el correspondiente al período más próximo a la aplicación misma del aumento.

Por el incremento ya oficializado de junio, el haber máximo será de $84.459, en tanto que en septiembre se elevará a alrededor de $94.830. La Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, subirá a $9222,75 y a $10.355 en cada uno de esos meses.

Según evaluó el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, “la fórmula actual contempla la inflación, algo que antes no pasaba, y es una fórmula transparente, porque sabemos cómo está compuesta y todos podemos hacer el cálculo”.

El funcionario admitió que la fórmula “se diseñó con una inflación a la baja y sabemos que la inflación del año pasado fue superior a la esperada”. Y agregó: “Eso alteró los pronósticos e hizo más difícil para todos el día a día, especialmente para los que más ayuda necesitan, por lo cual acompañamos de distintas maneras a cada uno”. Se mostró, además, confiado en que habrá crecimiento y recuperación del poder adquisitivo.

Fecha: 28/05/2019

Las jubilaciones subirán en septiembre: a cuánto llegarán y cuál será el haber mínimo

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Con un aumento nominal de casi 12,3%, el haber mínimo jubilatorio a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se elevará a aproximadamente $12.940 en septiembre próximo. La suba alcanzará a la totalidad de las prestaciones previsionales del sistema nacional -tal como dispone la ley de movilidad- y se sumará a la que se aplicará a partir de junio. En ese mes, los montos subirán un 10,74%, con lo cual la jubilación mínima será, entre el sexto y el octavo mes del año, de $11.528,44.

La recomposición por movilidad alcanzará también a las prestaciones no contributivas y al salario familiar que cobran los trabajadores formales. Entre marzo de este año y febrero de 2020, en cambio, no se prevén actualizaciones trimestrales para la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que el Gobierno anticipó las subas correspondientes a ese periodo en el caso de esa prestación en particular, al dar un aumento nominal de 46% a partir del tercer mes de este año.

A partir de junio, el haber máximo mensual será de $84.459 y desde septiembre, de alrededor de $94.830. La Prestación para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años de edad sin necesidad de aportes, se elevará a $9.222,75 y a $10.355 en cada uno de esos meses, respectivamente. En el caso del pago por hijo, el monto subirá en junio a $2250 y en septiembre a $2526 en el caso de las familias ubicadas en el tramo de ingresos más bajos alcanzados por el sistema.

Los nuevos valores que estarán vigentes desde el mes próximo fueron confirmados días atrás por la Anses. Los datos de septiembre, en cambio, aún no son oficiales,y surgen de aplicar la fórmula de movilidad establecida por ley. El cálculo contempla parte de la evolución de los precios minoristas y de los salarios formales de la economía. Para determinar la suba de septiembre, por ejemplo, se considera lo ocurrido con esas dos variables en el trimestre de enero a marzo. Concretamente, se toma en cuenta el 70% de la evolución trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, y el 30% de la variación que en igual período registró la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). En el primer trimestre del año, esos indicadores tuvieron una suba acumulada de 11,83% y de 13,33%, respectivamente.

Con las subas nominales de marzo y junio, las jubilaciones y las otras prestaciones alcanzadas tuvieron una mejora acumulada de 23,8%, en tanto que si se agrega la de septiembre, ese índice acumulado llega a 39%.

Fecha: 26/05/2019

La Corte Suprema declaró en otros once casos la inconstitucionalidad del cobro de Ganancias a jubilados

Son procesos que habían sido iniciados ante el máximo tribunal por personas que tienen una edad avanzada y padecen problemas de salud

En el acuerdo de este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en una serie de causas en las que se discutía la constitucionalidad del Impuesto a las Ganancias aplicado sobre el haber jubilatorio, sentenciándolas por remisión a lo ya resuelto, el 26 de marzo pasado, en el precedente FPA 7789/2015/CS1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1 – “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.

Se trata de una sentencia que contiene el voto de la mayoría, integrado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz.

Estos pleitos habían sido iniciados por personas jubiladas que, a la fecha, tienen una edad avanzada y/o padecen problemas de salud.

En el citado precedente “García, María Isabel”, el voto mayoritario declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (arts. 23, inc. c; 79, inc. c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430), al revisar la situación de una jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el caso debía resolverse sobre la base de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la actora, y teniendo en cuenta que la reforma constitucional de 1994 había garantizado “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23).

El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. Por ende, el legislador debe dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos sin que el sistema tributario pueda quedar apartado del resto del ordenamiento jurídico.

Consideró que la mera utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados no era suficiente al no tener en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación de notoria e injusta desventaja.

Concluyó en que el texto actual de la ley es insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional, motivo por el cual no puede retenerse ninguna suma por Impuesto a las Ganancias de los haberes jubilatorios de los demandantes hasta tanto el Congreso Nacional dicte una ley que revea la situación de las jubilaciones ante este impuesto, debiendo reintegrarse a los actores los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En su disidencia, el juez Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de las actoras. Tomó en cuenta la reforma de la ley 27.346 que introdujo modificaciones en el gravamen, contemplando una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.

Sostuvo que las jubilaciones son renta gravada (art. 79 de la ley de impuesto), y que el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles, y ponderar los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determinar, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.

Expresó allí que el cobro del gravamen a los jubilados no supone una doble imposición, ya que los aportes previsionales son deducibles del impuesto durante la actividad laboral, y que el gravamen no es violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional, puesto que la “integralidad” de la seguridad social que allí se garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.

Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: iProfesional

Fecha: 10/05/2019