Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

Archivo para enero, 2018

La crisis del sistema previsional: un debate que excede a la Argentina

Los problemas de financiamiento del sistema se dan en un contexto generalizado de envejecimiento poblacional que abarca a todos los países del globo. El desafío argentino, dicen los expertos, es optar por un modelo que garantice estabilidad para los próximos 30 ó 50 años, sin caer en soluciones de corto plazo. Los casos de Australia, Brasil, Chile, Alemania, España, en foco.

Por: Marcelo Batíz

El accidentado debate por la reforma del sistema previsional con el que se cerró 2017 llevó a extender la mira a otros países para ver si el problema, lejos de ser exclusivamente local, es una preocupación generalizada. Con casi 130 años de existencia desde que el canciller alemán Otto Bismark lanzara el primer régimen de retiro laboral, los sistemas previsionales han sido objeto de análisis y reformas, aunque son pocos los que se animan a decir que los inconvenientes están en vías de ser superados.

Por el contrario, para el brasileño Luis de Mello, jefe de Gabinete adjunto de la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “la cuestión de reformas de los sistemas previsionales es de suma importancia, no solamente en las economías avanzadas sino que también en países como los emergentes que están enfrentando un envejecimiento rápido de sus poblaciones y cuyos sistemas previsionales siguen basados en parámetros demográficos de cuando fueran creados, cuando la estructura demográfica de las sociedades era muy diferente”.

Una concepción similar tiene Eduardo Mancuso, de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales (UEPE) de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), para quien “la crisis de financiamiento del sistema previsional argentino se enmarca en un contexto general”, en el que “el envejecimiento poblacional implica un desafío para los regímenes previsionales de todo el mundo”.

De Mello explica que “los países de Europa y Asia Central están envejeciendo rápidamente. Las personas con un mínimo de 65 años representan, en promedio actualmente, un 12 por ciento de la población de dichos países, en comparación con un 6 por ciento en 1950, y se prevé que esta proporción alcanzará un 21 por ciento en 2050”.

Proyecciones

Las proyecciones al respecto no son uniformes en todo el mundo. Para el 2030, el Banco Mundial prevé que en la mayoría de los países desarrollados la población mayor de 60 años represente más del 30% del total, con el extremo de Alemania con el 35,3 por ciento. Más holgada será la situación de la Argentina, con el 19,3 por ciento y absolutamente opuesta la de los países africanos, con Uganda con el 4,1 por ciento de esa franja etaria sobre el total.

Sin embargo, para el 2150, las situaciones de Alemania y Argentina serán similares, con el 31 y el 30,8 por ciento, respectivamente. Sí… hay gente que hace proyecciones para dentro de 132 años.

Rafael Rofman, líder de Programas para Sectores Sociales del Banco Mundial, tiene otro punto de vista. “El envejecimiento no es un problema, sino una bendición; la población envejece básicamente porque la gente vive más, porque la salud mejoró y porque nacen menos chicos ya que las familias tienen la capacidad de controlar el número de hijos que va a tener. Y esos son probablemente los mejores indicadores de desarrollo social”.

“En todo caso, el problema es que existen instituciones pensadas para otro régimen demográfico y lo que hay que entender es cómo pensar esas instituciones para una realidad que va cambiando”, añade, luego de considerar que “es un error hablar de crisis, que es algo que pasa de repente y hay que resolver con urgencia. Lo que hay acá -puntualiza- son desafíos y hay que responder con una estrategia de políticas públicas para una realidad que va cambiando, para hechos que sabemos que van a pasar en los próximos 50 ó 100 años”.

Para el español Mariano Bosch, especialista senior de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “las manifestaciones de envejecimiento poblacional se ven de manera avanzada en Europa y cada vez las vemos más en América latina y el Caribe. Cada vez son más adultos mayores por trabajador y también vivimos más años. Es un fenómeno global, cada país está en distintas fases de envejecimiento pero la tendencia es común en todos”.

Rofman remarca la “bendición” del envejecimiento, pero a la vez plantea que “a esa bendición hay que financiarla y encontrar un balance razonable”, una tarea que, aclara, “no es una regla técnica sin una decisión de política social”.

Al respecto, explica que en cualquier sistema previsional “hay tres pilares: cobertura (a cuánta gente estoy dando beneficios), adecuación (cuánto le doy a cada uno) y sostenibilidad (cuánto me cuesta financiarlo). Es obvio que no se puede lograr un nivel óptimo en las tres dimensiones al mismo tiempo, porque si subo la cobertura tengo que bajar los beneficios o subir el costo. No hay manera de tener un sistema que cubra a todo el mundo, le pague miles de dólares a cada uno y sea muy barato. Es aritmética básica”, sostiene.

Equilibrios

En consecuencia, la decisión política a la que se refiere Rofman es la de “elegir como sociedad dónde está el punto de equilibrio razonable: cuánto cubro, cuánto pago y cuánto de los recursos de la sociedad estoy dispuesto a destinar para eso”. Y si de decisiones políticas se trata, las experiencias internacionales son diversas. Incluso de países que, según los analistas consultados, están aprobando el desafío. “Hay sistemas europeos que, aun siendo de beneficio definido como el argentino, están totalmente fondeados. Holanda y Suecia son buenos ejemplos. Canadá también tiene niveles de fondeo importantes”.

Mancuso explica que “Suecia sobresale por tener tres tipos de pensiones dentro de su sistema, dos de ellas son contributivas y otra no contributiva. Esta última -exigible a partir de los 65 años de edad- es para trabajadores cuyos ingresos son bajos o que directamente se encuentran desempleados. En cambio, las pensiones contributivas son accesibles a partir de los 61 años y se financian de manera mixta entre contribuciones patronales y de los empleadores. Se aporta el 18,5% del salario bruto (en la Argentina poco más del 30%). Una de ellas funciona como un sistema de reparto, mientras que la otra es un régimen de capitalización donde los trabajadores eligen entre diferentes fondos de pensiones gestionados por entidades privadas”.

“Australia tiene un sistema de capitalización individual al igual que Chile, pero con algunas variantes que aseguran mejores pensiones. Los empleadores cotizan el 9% de sus sueldos, a lo que se suman aportes voluntarios de los beneficiarios y un fondo de seguridad que aporta el Estado. Así, este último asegura que los ingresos de los jubilados no sean menores a los que habrían recibido en el sistema estatal (de reparto) que había en Australia antes de la creación del sistema actual”.

Rofman señala la disparidad en América latina, con “países con un 20 por ciento de cobertura (República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador), y otros con gastos importantes, relacionados con la existencia de más adultos mayores, más generosidad en el sistema y mayor cobertura, con gastos del 10 al 15 por ciento del producto (como buena parte de los países de Europa), entre los que figuran la Argentina y Brasil”.

Brasil

Precisamente, el sistema previsional del principal socio del Mercosur “es uno de los más complejos de la región”, apunta Mancuso, “porque presenta una media jubilatoria a los 53 años, generando un grave problema de costos”.

“Conjuga dos modalidades por edad y por tiempo de contribución con varias alternativas, según el sector y profesión. No establece una edad mínima para jubilarse a los trabajadores del sector privado, solo acreditar un tiempo mínimo de contribuciones, establecido en 35 años para los hombres y 30 para las mujeres, el cual, incluso, se reduce en cinco años para el caso de acreditar un tiempo exclusivo de docencia en establecimientos educativos no universitarios (infantil, primario o secundario). Para el caso de los trabajadores del sector público, sí hay una edad mínima jubilatoria que es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. En ambos casos, el monto de la pensión depende de la cantidad de años aportados”. Luego de la reforma laboral aprobada en 2017, el presidente Michel Temer manifestó que también será necesaria una reforma previsional, con aumentos tanto en la edad de jubilación como en los años de aportes.

Los datos del Banco Mundial sobre Brasil muestran que su gasto previsional se ubicó en 2015 en el 11,1% del PIB y que sus beneficiarios más que duplican a la cantidad de habitantes mayores de 65 años.

España

En España, la reforma del sistema superó las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular. Comenzó en 2011, cuando el entonces presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispuso la elevación progresiva hasta el 2027 de la edad de retiro de los 65 a los 67 años, y el período de cotización de 35 a 38,5 años. Ya entrada la Presidencia de Mariano Rajoy, en 2013, se estableció un índice de actualización a partir del cual los haberes no pueden subir más del 0,25% anual mientras el sistema esté en déficit. En 2017, se debió recurrir al fondo de reserva para financiar un déficit de 8700 millones de euros.

Alternativas

A la hora de buscar soluciones para la Argentina, Rofman relativiza la validez de las comparaciones con otros países. “Por supuesto que uno quisiera tener las políticas de los países escandinavos, pero para eso hace falta tener el Producto Bruto de esos países. Creo que es muy razonable mirar lo que pasa en el mundo, pero tratar de copiar un modelo y aplicarlo en otro país por lo general no funciona”, reflexiona.

“No me parece que tenga sentido decir que tenemos que ser como Alemania, con un sistema de puntos, o Suecia y tomamos un modelo de cuentas nacionales, o como Chile y Perú y vamos a un sistema de AFP de vuelta. Son modelos razonables, legítimos y posibles y los podríamos adoptar. Pero tendrían que ver más con la estrategia de gestión cotidiana que con los objetivos centrales que son cobertura, adecuación, sostenibilidad. Y en eso no hay espacio para inventar nada muy raro”, asegura.

Para que quede claro, Rofman remata diciendo que “no vale la pena salir a buscar experiencias por el mundo, sino entender cómo hacemos para que lo que tenemos funcione mejor, para que los recursos que tenemos, que son muchos, lleguen a donde tienen que llegar de forma más efectiva y no se pierdan en el camino. El desafío es ordenar esto o asegurarnos la estabilidad del modelo para los próximos 30, 40, ó 50 años”.

– Jubilarse… según pasan los años

– 1904: se crea la Caja de Empleados de la Administración Pública, al año siguiente la de los trabajadores ferroviarios.

– 1944: generalización del sistema, con ampliación de coberturas. Se crea la Caja de Empleados de Comercio, en 1946 la de Industria, en 1954 la de Profesionales y Empresarios y en 1955 la del Personal Doméstico.

– 1954: se sanciona la ley 14.370, que generaliza el régimen de reparto en reemplazo del de capitalización individual.

– 1958: se sanciona la ley 14.499, por la que se instaura el 82 por ciento móvil.

– 1969: por medio de las leyes 18.037 y 18.039 se unifican todas las cajas preexistentes en tres: Autónomos, Estado e Industria y Comercio. Se eleva la edad jubilatoria a 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un requisito de 30 años de aportes como mínimo.

– 1980: se eliminan las contribuciones patronales, en el marco de la generalización del IVA. Se reestablecen en 1983.

– 1986: emergencia Previsional, se congelan las demandas judiciales.

– 1993: se sanciona la ley 24.241 que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), con la coexistencia de regímenes de reparto y capitalización.

– 1994: el 1 de julio entra en vigencia el SIJP, comienzan a operar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

– 2008: se sanciona la ley 26.425 que reemplaza al SIJP por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que pone fin al régimen de capitalización y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por medio de la ley 26.417 se implanta la ley de Movilidad Jubilatoria, con actualización semestral de haberes: 50% Índice General de Salarios y 50% RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables).

– 2010: el Congreso sanciona una ley que garantiza el 82% móvil para todos los jubilados. La presidente Cristina Kirchner la veta.

– 2016: se sanciona la ley 27.260 de Reparación Histórica, que permite acuerdos para reajustes de haberes y cancelación de deudas previsionales.

– 2017: se sanciona la ley 27.426, que modifica la fórmula de actualización de haberes (70% por inflación, 30% el 5% del crecimiento del PIB) cambiando la periodicidad de semestral a trimestral. Permite al empleado optar por extender edad jubilatoria hasta los 70 años.

Fecha: 29/01/2018

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Vidal ordenó bajar de la agenda la reforma jubilatoria del IPS

Por: Verónica Dalto y Martín Torino

Para: Diario El Cronista

Previendo que en los próximos meses se discutirán las paritarias con docentes y estatales en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora bonaerense, Eugenia Vidal, ordenó ayer bajarle el tono a la reforma previsional que se prevé debatir en el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial.

El titular del IPS, Christian Gribaudo, había reconocido, en una entrevista la semana pasada, que este año se iba a dar el debate de una reforma que hiciera el sistema previsional más previsible y sustentable. En tanto, había circulado un borrador de proyecto de ley que modificaba las prestaciones del IPS.
Pero Vidal tuvo ayer la primera reunión después de las vacaciones con su jefe de Gabinete, Federico Salvai, y sus ministros de Asuntos Públicos, Federico Suárez, y de Economía, Hernán Lacunza.

En la sede porteña de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, la gobernadora pidió saber cómo estaba el clima con los docentes y las paritarias. “Dejemos de hablar de esta pavada del proyecto que va a cambiar las jubilaciones docentes”, ordenó Vidal a los funcionarios. En tanto, la gobernadora también pidió a funcionarios que bajaran la línea de que la gobernación no hará nada con el IPS este año.

Sucede que cualquier reforma previsional debe discutirse en una mesa con los gremios -UPCN, ATE y Docentes- y el gobierno no quiere mezclar una discusión tan sensible con la disputa por las paritarias de 2018. Más aún, cuando la paritaria de los docentes puede ser nuevamente combativa, con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, a la cabeza.

Vidal se refería a un borrador que circuló de que le subirá la edad jubilatoria a docentes y estatales en forma escalonada a 2028, que el Ejecutivo niega haya salido del oficialismo. Establecía que tendrán derecho a la jubilación los hombres que hubieran cumplido 65 años y las mujeres de 60 años, con 35 años de servicios. Respecto a los docentes, los varones que hubieran cumplido 60 años y las mujeres de 57, que acreditaren 25 años de servicios.

En tanto, la reforma del IPS y del régimen docente es un debate que el gobierno bonaerense reconoce que tiene que dar, ya que la relación de cuatro activos por un pasivo está disminuyendo y el deterioro se acelera, porque en los últimos tres años se generó un sexto de las jubilaciones. Se prevé que en unos tres años el sistema perdería la sustentabilidad.

Además, la nación encarará un debate similar que busca captar la mayor esperanza de vida. Y se espera que Vidal, cercana al Presidente, coopere con el gobierno nacional.

En tanto, la legislatura bonaerense ya realizó una reforma en el mismo sentido, al elevar la edad jubilatoria de los empleados de la caja, en rojo, del Banco Provincia.

Gribaudo había dicho: “Seguramente este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable en la provincia de Buenos Aires que tenga que ver con esto que decíamos recién: con la edad, con los aportes y trabajar en regímenes que no sean distintos en todo el país”, dijo al diario La Capital de Mar del Plata.

Para la Provincia, una vez cerradas las paritarias, se puede iniciar el debate previsional.

Fecha: 24/01/2018

Jubilarse a los 70: ¿nueva polémica por un subsidio de $ 5.797?

Los que sigan trabajando con más de 65 pueden tramitar una pensión prevista originalmente para sectores más vulnerables. El Gobierno buscaría corregirlo.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

Caso 1. Si usted, mujer o varón, tiene 65 o más años de edad y los 30 años de aportes mínimos pero opta por seguir trabajando hasta los 70 años, como permite la nueva ley previsional aprobada a fines de diciembre pasado, puede solicitar y cobrar de la ANSeS el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es del 80% del haber mínimo (hoy equivale a 5.797 pesos); además del sueldo mensual.

Más adelante, cuando se jubila, deja de cobrar la PUAM y pasa a percibir la jubilación con un mayor número de años aportados, según el sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años. Cada año adicional de aportes, incrementa en 1,5% de ese sueldo promedio el haber jubilatorio.

Caso 2. También si usted, mujer o varón, tiene 65 o más años de edad y no reúne los 30 años de aportes mínimos para jubilarse, puede solicitar y cobrar de la ANSeS el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y seguir trabajando, percibiendo este beneficio y el sueldo.

Luego, cuando se jubila, ya con 30 o más años de aportes, deja de cobrar la PUAM y pasa a percibir la jubilación de acuerdo a la cantidad de años aportados y al sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.

Ambas situaciones fueron planteadas por Clarín ante la ANSeS, porque en el “Caso 1” se daría la “contradicción” de que personas con trabajo y posibilidad de jubilarse estarían cobrando en paralelo un subsidio (la PUAM) pensado originalmente para grupos más vulnerables (mayores de 65 sin jubilación ni pensión).

Mayores de 65: a quiénes les corresponde la pensión de $ 5.797,31

En la ANSeS confirmaron a este diario que el beneficio de la PUAM es de carácter “universal”. Y admitieron que en la nueva ley no incluyeron la “incompatibilidad” de acceder a la PUAM de quienes con 65 años o más ya tienen más de 30 años de aportes y pueden jubilarse. Y más: adelantaron que ahora estudian incluirla y hacer la salvedad en la reglamentación. Pero eso lleva a un fuerte riesgo judicial, porque implica alterar una ley a través de una resolución.

La PUAM fue aprobada en 2016 en la llamada ley 27.260 de Reparación Histórica, a iniciativa del actual Gobierno. Es una prestación de carácter vitalicio que otorga ANSES a las personas mayores de 65 años, que no cuentan con ningún otro beneficio de la Seguridad Social. No genera derecho a pensión (es decir, no se puede transferir), pero sí cuenta con la cobertura y los servicios de PAMI.

Quienes acceden a este beneficio pueden seguir trabajando hasta que hayan alcanzado los años de aportes o para completar los años requeridos de aportes, que les permitan acceder luego a una jubilación ordinaria. Una vez que la persona se jubila, deja de percibir la PUAM. El último dato oficial indica que hay unas 70.000 personas que están cobrando este beneficio.

Las dudas que genera el embargo a las cuentas sueldo

La ley 27.260 precisa que “el goce de la PUAM es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”, como sería el caso de los que, estando en condiciones de jubilarse después de los 65 años, siguen trabajando.

Como resumen, se pensó como un subsidio para los sectores más desprotegidos de los mayores de 65; los que nunca podrían jubilarse o los que seguían trabajando, pasada esa edad, para completar sus aportes y obtener una jubilación. Pero con la reforma previsional, se generó un nuevo grupo de potenciales beneficiarios que no estarían en una situación de vulnerabilidad.

En el sitio www.anses.gob.ar/puam/ el interesado puede saber si cuenta con los requisitos para acceder a ese beneficio, que son:

– Tener 65 años o más de edad.

– Contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en las bases de ANSES. En Mi ANSES, puede consultar las relaciones familiares registradas.

– Ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

– No contar con ninguna prestación otorgada por cualquier régimen de previsión, ni cobrar la Prestación por Desempleo. En el caso de percibir una prestación de las enunciadas y pretender percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor, deberá realizar la opción en forma fehaciente y solicitar, en caso de corresponder, la baja del beneficio incompatible.

– Mantener residencia en el país una vez solicitada la pensión.

– El beneficio es equivalente al 80% de una jubilación mínima, $ 5.797,31 y se actualiza 2 veces al año por la Ley de Movilidad. En marzo cobran por única vez el “bono compensador” de $ 375 y el beneficio aumenta el 5,7%.

Fecha: 22/01/2018

Vidal también impulsa cambios jubilatorios

El titular del IPS confirmó que se quiere armonizar el sistema con la ANSeS y elevar la edad de retiro

Por: Marcelo Veneranda

Para: Diario La Nación

Christian Gribaudo, titular del Instituto de Previsión Social bonaerense, confirmó que el gobierno de María Eugenia Vidal buscará este año una reforma que eleve la edad de jubilación de los empleados estatales, modifique el cálculo de aportes y salarios y, en definitiva, “armonice” el sistema provincial con el nacional.

A fines de 2017, mientras avanzaba la reforma previsional de la Casa Rosada que terminaría convirtiendo al Congreso en un campo de batalla, los funcionarios de Vidal negaron que la provincia pretendiera lo mismo. La inquietud de los gremios bonaerenses fue tal que lograron la promesa del jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai , y los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas , y de Economía, Hernán Lacunza .

Vidal optó entonces por encarar dos batallas más acotadas: eliminar las jubilaciones políticas de privilegio y modificar el régimen de los empleados del Banco Provincia. 

Pero anteayer, en una entrevista con el diario La Capital de Mar del Plata, Gribaudo ratificó la intención de encarar una reforma global: “Seguramente este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable, que tenga que ver con la edad, con los aportes y en regímenes que no sean distintos en todo el país”.

“Estamos trabajando para que ese debate también se produzca en la provincia con todos: con los sindicatos y con los actores políticos, en el marco de las legislaturas, no con decretos”, completó.

Con el inicio de clases en el horizonte y la paritaria docente ya caldeada por el decreto presidencial que afectó a Ctera, desde la gobernación buscaron poner paños fríos sobre los dichos del funcionario.

“No hay ningún proyecto enviado desde el Ejecutivo para discutir en la Legislatura”, indicaron. Algo que es cierto, pero que también deja abierta la puerta para lo importante: que el Ejecutivo efectivamente pretende discutir una reforma jubilatoria, como confirman los funcionarios lejos de los micrófonos.

Se entiende el rechazo de los gremios bonaerenses: hoy, un administrativo se jubila con 60 años y un docente o enfermero puede hacerlo a los 50, mientras que en la Anses la edad mínima es de 60 años para las mujeres y de 65 o 70 para los varones. El IPS calcula el haber jubilatorio sobre los tres mejores años consecutivos (o cinco, alternados), mientras que la Anses considera los últimos 10 años. Los jubilados provinciales perciben cerca del 70% o más del haber de un trabajador activo, contra el 50% promedio de los nacionales.

Fecha: 21/01/2018

 

Promulgan ley que modifica el Régimen Jubilatorio para empleados del Banco Provincia

Entre otros puntos, eleva la edad en forma escalonada desde los 57 a los 65 años

El Gobierno bonaerense promulgó hoy la ley que modifica el régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia y eleva la edad en forma escalonada desde los 57 a los 65 años.

La ley 15.008, sancionada en diciembre y publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense, establece que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad”.

La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará gradualmente con la siguiente escala: 61 años en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años en 2026 y 2027, y 65 años desde 2028.

Con estas modificaciones que fueron elaboradas por el Poder Ejecutivo, la gobernadora María Eugenia Vidal pretende reducir el déficit que tiene la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia, previsto para el año próximo en unos 6.000 millones de pesos.

Además, modifica la tasa de sustitución, es decir el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 por ciento, con lo que lo “iguala con el resto de los empleados bancarios”, según explicó en el recinto el diputado de Cambiemos Marcelo Daletto.

Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años de sueldo y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado en diciembre por el Congreso de la Nación para el resto de los jubilados.

Así los aumentos serán trimestrales en lugar de semestrales, y se calcularán con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal.

Fuente: El Cronista

Fecha: 17/01/2018

 

Algunas reflexiones sobre la Ley de Reforma Previsional

Por: María Martín Yañez y Fernado Payá (h)*

La ley 27.426 bajo el importante título de Reforma Previsional, limita su contenido a tres temas específicos, de los cuales dos corresponden al ámbito previsional y el tercero al laboral.

En primer lugar modifica el método de movilidad de la ley 24.241, aplicable no sólo a los beneficiarios de las prestaciones previsionales, sino también a los titulares de asignaciones familiares y de pensiones no contributivas, entre ellas la Pensión para el Adulto Mayor de reciente creación por la Ley de Reparación Histórica, para luego incluir una modificación por cierto encomiable, del Haber Mínimo Garantizado.

Respecto al cambio del régimen de movilidad, variaron los índices para determinar los incrementos que en tal concepto de aplicarán a los haberes, así como su frecuencia, que pasa de semestral a trimestral. El régimen de movilidad constituye uno de los aspectos claves para la eficacia de la cobertura previsional, por lo cual es imprescindible la aplicación de un régimen que los preserve. Como con buen criterio no se especifica método alguno para su ejecución, el legislador puede arbitrar distintos medios para ello, con el sólo límite de su razonabilidad que le impone el art. 28 de la Carta Magna, de que dicha garantía no pueda ser alterada por las leyes que reglamenten su ejercicio, lo cual podría suceder si la aplicación del nuevo método resultara en una disminución confiscatoria de los haberes de los interesados, que traería aparejada su inconstitucionalidad.

Para ello no basta la sola modificación del régimen o la inmediatez de su aplicación cuando ya se encontraban disponibles los datos para el ajuste de la movilidad conforme al régimen anterior, más beneficioso que el actual (que autorizaba un aumento del 12% contra el 5,7% del actual), puesto que no implica desconocer derechos adquiridos, sino que solo afecta derechos en expectativa, por más respetables y dignos de ser tenidos en cuenta que sean. Tal como lo ha determinado la Corte Suprema, si la disminución del monto de los haberes resulta confiscatoria, es decir sobrepasa el 15% del total, podrá ser tachada de inconstitucional, por contrariar principios fundamentales que hoy sustentan el régimen previsional, tales como la debida proporcionalidad que deben guardar con los haberes de actividad, y por afectar además el principio de progresividad o mejor dicho de no regresividad, que han sido adoptados por nuestro país mediante la firma de varios convenios internacionales cuyo contenido reviste jerarquía constitucional. 

Resumiendo, entendemos que la ley, en cuanto modifica el régimen de movilidad, puede y probablemente será tachada de inconstitucionalidad, en tanto produzca una disminución confiscatoria de los haberes, incrementando de tal manera la litigiosidad ya instalada.

El segundo tema previsional, de singular relevancia, consiste en el pago a los beneficiarios de la PBU que acrediten 30 o más años con aportes efectivos de un suplemento dinerario que complemente su haber hasta alcanzar el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, de manera que esa cobertura mínima tendrá, en forma permanente, una relación de proporcionalidad con el salario de los trabajadores en actividad. Respecto al régimen laboral, modifica no tan acertadamente, el art. 252 LCT, extendiendo la edad del trabajador en condiciones de jubilarse a los 70 años, y obligando al empleador a conservarlo en su puesto de trabajo cinco años más de los requeridos para obtener su beneficio. Se contradice así la norma general del art. 91 LCT, por el cual el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye cuando el trabajador se encuentra en condiciones de gozar de la jubilación conforme su edad y años de servicios. El nuevo texto del art. 253 de la LCT recepta las conclusiones del Plenario N´ 321 de CNTrab Couto de Capa, que resolvió que el trabajador jubilado que continuara prestando servicios luego de su retiro previsional, en caso de despido posterior solo puede reclamar indemnización por los nuevos servicios prestados, pues los anteriores quedan cancelados con la jubilación.

Finalmente vale señalar que la situación del actual régimen previsional requiere una profunda revisión, no sólo de medidas coyunturales que disminuyan el costo del financiamiento del sistema y devuelvan la coherencia a la normativa afectada por la brusca reforma de la ley 26.425, que una vez obtenido su objetivo de eliminar el régimen de capitalización y la consiguiente transferencia de fondos, se desentendió de la necesidad de adecuar la normativa restante de la ley 24.241, y que lo dote de una nueva estructura que permita conformar un sistema de prestaciones acorde con las necesidades de la comunidad social y de la cobertura a la que ésta aspira, proveyéndole además de una razonable financiamiento.

* Miembros de Thomson Reuters

Fecha: 16/01/2018

Qué jubilados cobran una mejora desde este mes

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Anses comenzó a pagar el miércoles último los haberes jubilatorios de enero, que incluyen mejoras para quienes, por lo dispuesto en la ley 27.426, quedaron cubiertos por la garantía de no cobrar menos del 82% del salario mínimo, vital y móvil. Este grupo de jubilados comenzó a cobrar el día 10 de este mes y el calendario se extiende hasta el martes 23.

-¿Cuántos y quiénes son los que reciben el aumento de haberes?

-Según datos del organismo previsional, son 1.328.707 casos. Se trata de quienes hasta diciembre percibieron un haber inferior a $7.790 (la jubilación mínima, de $7.246, o un ingreso de hasta un 7,5% más) y no obtuvieron su prestación mediante la adhesión a una moratoria. Según la ley, la garantía rige solamente para quienes acumularon al menos 30 años de aportes. Sin embargo, ahora se aclaró que quienes -sin haber recurrido a una moratoria- obtuvieron su derecho con menos años de contribuciones (por tratarse de un régimen particular o de pagos por invalidez o fallecimiento) están incluidos.

-¿De cuánto es la mejora?

-Este mes, y según lo dispuesto a mediados del año pasado, el salario mínimo subió de $8860 a $9500. Por eso, el ingreso jubilatorio garantizado es de $7.790. El incremento del haber para quienes cobran la mínima es de $544 o de 7,5%. Para quienes cobran algo más y están alcanzados por esta medida, ese monto y el porcentaje se reducen. En el promedio de todos los casos, el aumento es de $528.

-¿Qué pasará en marzo con los ingresos de estos jubilados?

-Quienes hasta ahora cobraban hasta $7.370, percibirán $7.790 entre marzo y mayo, igual que en enero y febrero. Quienes cobraban más de $7.370, sí recibirán algo más desde marzo. ¿Por qué? Porque el 5,7% (el ajuste por movilidad que se aplicará en el tercer mes del año) se calculará sobre el haber previo a que se aplique la garantía, es decir, sobre lo cobrado en diciembre. Y se pagará el monto que resulte más elevado, al compararse ese ingreso de diciembre más un 5,7% con el haber garantizado. Por ejemplo, para la jubilación mínima el nuevo índice de movilidad arroja para marzo un ingreso de $7659: entonces, se seguirán pagando los $7.790 de la garantía (que es un monto mayor). Pero para un haber de $7.500 a diciembre, el alza de 5,7% arroja $7.927,50, que es más que los $7.790 (entonces, se pagarán $7927,50).

-¿Qué pasará con los siguientes aumentos por movilidad?

-La nueva ley prevé dar reajustes en marzo, junio, septiembre y diciembre. En junio próximo, la garantía seguirá en $7.790. Suponiendo que el índice de movilidad sea de 6%, el haber mínimo (que sin la garantía será en marzo de $7.659), se iría a $8.118. Entonces, en todos los casos se recibiría el reajuste. En julio, el salario mínimo llegará a $10.000. Por tanto, el ingreso jubilatorio garantizado será de $8200 y, nuevamente, en ese mes deberá haber una suba para los alcanzados por la garantía legal.

Fecha: 16/01/2018