Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

Archivo para noviembre, 2017

El desafío de un esquema sostenible en el tiempo

Los cambios en la estructura poblacional, un factor de peso

La esperanza de vida de una persona que nace hoy en la Argentina es de 76,8 años, una cifra que supera en más de cuatro años a la expectativa que había para los nacidos a principios de los 90, y casi dos años menos que la que habrá para quienes lleguen al mundo entre 2025 y 2030. Esos números están en la última revisión de proyecciones demográficas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. La situación demográfica y los cambios en cuanto a cómo se compone la población de un país según rangos de edad, es un factor bajo la lupa de quienes diseñan los sistemas jubilatorios.

Un informe reciente del Centro de Investigación de la Seguridad Social de la UBA, elaborado por Raúl Herrera, Héctor Gueler y Emilio Colunga, se propuso analizar, en base a las proyecciones de Naciones Unidas, por cuánto tiempo el Estado deberá pagar las jubilaciones a mujeres y varones, según sus expectativas de vida a la edad en que pueden retirarse. En el caso de los hombres, la expectativa de vida a los 65 años era de 13,6 años entre 1990 y 1995; es de 15,5 años entre 2015 y 2020, y será de 18 años entre 2040 y 2045. A su vez, el tiempo esperable de sobrevida de una mujer de 60 años era de 21,4 años en los 90; es de 24,3 años ahora y será de 26,5 años en la primera mitad de los años 2040.

Así, se concluye que progresivamente crecerá el período de tiempo en que se cobrará la prestación, en relación a cada año aportado. Los autores del informe señalan que ese tipo de datos son “indicativos de la influencia de la evolución demográfica en los sistemas de seguridad social”, y apuntan que estos sistemas deberían tender a un “equilibrio” entre el esfuerzo contributivo hecho en la vida laboral y el nivel de prestaciones que cobrarán tras el retiro.

Por su estructura poblacional, la Argentina está hoy en una etapa de “bono demográfico”. Es un período en el que, según definió el informe del Banco Mundial Los años no vienen solos, de 2015, se ofrece una oportunidad para tomar previsiones (hacer crecer la tasa de ahorro interno y ganar productividad, por caso) antes de que lleguen con más fuerza los efectos del envejecimiento poblacional, que irá demandando cada vez más recursos para las coberturas de las jubilaciones y de la salud.

Junto con las proyecciones de mayor expectativa de vida -lo cual es una buena noticia para las personas-, los números de Naciones Unidas indican una caída de la tasa de natalidad en las próximas décadas.

Con todo ello y según el informe del Banco Mundial, mientras que en 2015 había 6 personas en edad activa por cada adulto de 65 años o más, en 2050 esa relación se ubicará en 3 a 1 y, en 2011, en 2 a 1. Esos datos revelan parte del desafío de darle un financiamiento sostenible a un sistema que ofrezca ingresos consistentes con un determinado nivel de vida, si también se busca mejorar la situación social de un país que tiene a tres de cada diez de sus habitantes en la pobreza. Hoy los pagos se sostienen tanto con aportes y contribuciones de trabajadores y empresas como con impuestos de rentas generales. En ambas fuentes de financiamiento habrá cambios por la reforma tributaria y por el acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias.

Según Rafael Rofman, economista del Banco Mundial, “el desafío del sistema y la atención de los especialistas no debería estar en qué recursos específicos se asignan para financiarlo, sino en cuánto y cómo gasta el sistema” para cumplir con un doble objetivo: el bienestar de los adultos mayores y la sostenibilidad de los pagos en el mediano y largo plazo.

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 29/11/2017

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Jubilaciones de hoy y del futuro: el debate por la reforma recién empieza

El proyecto previsional que se discute por estos días es, según el Gobierno, para una ley sólo de “transición”, porque después llegará la hora de una modificación integral; cómo quedó la iniciativa oficial y qué temas entrarán luego en observación

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Un nuevo régimen de movilidad de haberes basado en la evolución de los precios y de los salarios, una garantía de ingreso mínimo para algunos jubilados y un cambio a la ley de contrato de trabajo para que, quienes no quieran retirarse de su puesto laboral al cumplir la edad jubilatoria, puedan seguir allí por varios años más.

Esos son los tres temas incluidos en el proyecto de reforma previsional que se debate por estos días en el Congreso. También hay aspectos de la reforma tributaria en estudio que afectan al régimen previsional, porque los cambios acordados entre la Nación y las provincias implican, entre otras cuestiones, una modificación a las fuentes de financiamiento que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar las jubilaciones del sistema nacional (que, dicho sea de paso, convive con varios regímenes provinciales y profesionales).

Hay una aclaración significativa en la que insiste el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , respecto de lo que hoy se debate. El proyecto previsional, avisa, es de transición y, por tanto, lo que se disponga no llegará necesariamente para quedarse. El propio Gobierno se comprometió, desde la letra de una iniciativa que el Congreso convirtió en ley el año pasado, a elevar una propuesta para un cambio integral del sistema. Esa iniciativa abarcará los temas contemplados ahora (a futuro podría ratificarse o cambiarse lo que en breve dispondrá una ley) e incluirá aspectos que aún no están en la discusión.

La ley 27.260, que dispone que debe conformarse un Consejo de Sustentabilidad Previsional que funcionará el ámbito de la cartera laboral, pone las bases del sistema: dice que deberá ser “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”.

Entre los grandes ejes de la discusión estarán la forma en que se determina cuánto se cobra de jubilación o pensión; la modalidad de actualización periódica; la edad de retiro; el requisito de una cierta cantidad de aportes, y la forma en que se financian los pagos. En el contexto, factores como el envejecimiento progresivo de la población, la estructura del mercado laboral (hoy, con una informalidad cercana al 50% cuando se considera al conjunto de asalariados y cuentapropistas), la situación fiscal, las expectativas económicas y los objetivos y demandas sociales en cuanto a una reducción de la pobreza y de las desigualdades, irán marcando la cancha.

Especialmente puesta en la mira del Gobierno está la cuestión fiscal presente y futura. Las prestaciones previsionales representan más del 40% del presupuesto nacional. Y las obligaciones de pago se acrecentaron en los últimos tiempos por hechos como el otorgamiento de prestaciones por moratorias a quienes no tenían aportes o los tenían en forma insuficiente, y la implementación del plan de reparación histórica para dar respuesta a las malas liquidaciones de haberes hechas durante años. Vinculado con esto último está la amplia deuda pendiente por sentencias judiciales favorables a jubilados que demandaron al Estado, y que no aceptan las propuestas de pago del plan de reparación (en muchos casos, porque los montos ofrecidos están por debajo de lo que se obtendría con un fallo, dados los índices de actualización que ordenan los jueces).

¿Cómo están hoy los grandes ejes del sistema? ¿Que podría cambiar en lo inmediato y de qué manera se plantearía el debate de fondo?

EL CÁLCULO, ¿CUÁNTO COBRA QUIEN SE JUBILA?

“Es un tema que debería ponerse en discusión”, señala el abogado Jorge García Rapp, asesor en temas previsionales, quien estudió el tema del 82% móvil (el tan citado objetivo de un haber jubilatorio vinculado en esa proporción al salario activo de cada persona), para concluir que “no existe fundamentación actuarial, financiera o jurídica” que sostenga que esa deba ser la promesa del sistema.

Con la fórmula de cálculo actual, agrega, la tasa de sustitución (que indica qué proporción del salario activo representa el primer haber que se cobra) puede llegar a ser de entre 80 y 85% cuando se trata de salarios bajos (en rigor, salarios cercanos al mínimo, con lo cual son en la práctica pocas las jubilaciones con ese nivel de reemplazo), para ir cayendo hasta llegar a alrededor de 40% en el caso de quienes perciben remuneraciones altas. Es una tasa de sustitución medida sobre el promedio de los salarios de los últimos 120 meses trabajados.

Este promedio es la base para calcular el haber inicial (para eso, al valor histórico de esas remuneraciones se lo actualiza siguiendo un índice de salarios). ¿Qué se hace luego? Se calcula el 1,5% de ese promedio y, al resultado, se lo multiplica por el número de años con aportes. Esto implica que, con 30 años contribuidos, se obtiene una cifra equivalente al 45% de aquel promedio salarial. Y con 35 años, un 52,5%. Por ejemplo, si el promedio salarial de los 10 años resulta de $ 30.000, se llegará, con 30 años de aportes, a $ 13.500. A eso se suma un monto de igual cuantía para todos, la prestación básica universal (PBU), que se ajusta por movilidad y que hoy es de $ 3.423,60. Así, con un haber de $ 16.923, la tasa de sustitución sería en este caso de 56,4%.

La explicación al hecho de que a menor salario haya una mayor tasa de reemplazo de ingresos, está en esa prestación de igual monto para todos. También influye que, para las remuneraciones más elevadas rige un tope móvil, hoy de $ 81.918, para calcular el aporte personal con destino al financiamiento de la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que para todos los salarios superiores a ese monto, el descuento jubilatorio siempre es de $ 9011, el 11% de ese salario tope. La reforma tributaria prevé eliminar en forma progresiva esa limitación para el cálculo, lo cual implicaría que, al final del camino, con un sueldo bruto de $ 100.000, por ejemplo, se pase a aportar $ 11.000. Una disposición así llevaría a liberar topes vigentes en las jubilaciones.

Un tema presente en los debates es la posibilidad de promover formas de ahorro voluntario (seguros de retiro, por ejemplo) para mejorar las prestaciones futuras. Hoy, prácticamente no existen incentivos impositivos.

La cuestión de fondo es la posibilidad que tendrá a futuro el sistema de financiar las prestaciones que se comprometa a pagar, sobre todo cuando crecerá el número de personas pasivas en relación con las activas. Esta relación no sólo es importante por los aportes y contribuciones del sistema laboral, que financian una parte de los pagos, sino también por su incidencia en la fuerza y la capacidad productiva del país, cuya magnitud determina cuántos recursos puede obtener el Estado por los impuestos.

El proyecto que se analiza hoy busca garantizar que ningún haber al que se haya accedido habiendo hecho los aportes correspondientes sea inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Si la nueva ley empieza a regir en enero próximo, desde ese mes deberá pagarse entonces un plus, para que nadie cobre menos de $ 7790, que es el equivalente al 82% de $ 9500, el salario mínimo que regirá apenas comience 2018. Actualmente y hasta febrero, el haber mínimo es de $ 7246. El complemento sería entonces de hasta $ 544 y su aplicación estaría limitada, según la iniciativa, a quienes hayan hecho 30 años de aportes.

Un tema a analizar dentro del capítulo de las prestaciones que ofrecerá a futuro el sistema, es el que incluye a autónomos y monotributistas. Hoy, gran parte de quienes están en el primero de estos grupos puede acceder sólo el haber mínimo, igual que los del segundo grupo y pese a que éstos aportan mucho menos y reciben, más allá de si el valor es considerado bajo, una prestación subsidiada.

LA ACTUALIZACIÓN, ¿CÓMO DAR MOVILIDAD?

Es la cuestión central del proyecto actual. Desde 2009 rige un sistema de movilidad que establece dos subas por año, en marzo y septiembre, según una fórmula que contempla, entre sus variables, la evolución de los salarios y de la recaudación de los recursos tributarios que van a la Anses.

Si se consideran los índices de precios estimados por consultoras privadas hasta 2015 (cuando el Indec no tenía credibilidad) y los datos oficiales posteriores, puede estimarse que los haberes subieron en la práctica un 20% más, en los últimos 9 años, respecto de lo que se habrían incrementado si sólo se hubiera considerado la inflación. Seguir sólo la evolución del índice de precios minoristas fue la intención del Gobierno, que quedó reflejada en el texto enviado al Congreso. La negociación con la oposición llevó a un cambio en la fórmula, que finalmente combinará la evolución de los precios y de los salarios. Se prevé dar actualizaciones trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Cómo sería la cuenta? Se sumarían el 70% de la inflación trimestral y el 30% de la variación del índice de la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Para la suba de marzo se consideraría el tercer trimestre del año previo (para el ajuste de junio, el cuarto trimestre también del año anterior, y para los aumentos de septiembre y diciembre, los trimestres que van de enero a marzo y de abril a junio del año en que se aplican las alzas, respectivamente).

De esta manera, como entre julio y septiembre pasados la inflación fue del 5,1% (el 70% es 3,57%) y la suba del Ripte fue de 7,1% (el 30% es 2,13%), puede estimarse que la recomposición sería de 5,7 por ciento.

Ese índice es mayor que el que habría resultado de considerar sólo la inflación (de 5,1%). Pero mientras que el pacto firmado entre la Nación y las provincias dice que las jubilaciones deberán subir más que la inflación, la fórmula consensuada no garantiza que a futuro se cumpla tal objetivo. En otros períodos, el alza de salarios podría ser inferior al de los precios. Y un punto que hay quienes ponen en debate es si debería existir un índice de inflación referido a los jubilados.

Por lo pronto, la aplicación de la nueva movilidad entraría en juego con la garantía del 82% del salario mínimo. Según el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien reciba en enero una mejora para que su haber no sea inferior a $ 7790 (el haber garantizado) no percibiría el ajuste en marzo. Salvo que la aplicación del índice de movilidad (tomando como base el ingreso que cobra ahora) implique llegar a un haber mayor al de la garantía del 82%. Entonces sí se daría la movilidad. “Se considerará la mejor de las dos opciones”, dice el funcionario.

Para el economista y profesor de la UBA Oscar Cetrángolo, la propuesta va en la dirección correcta, porque no se justifica mantener un ajuste de haberes basado en la recaudación. “Los cambios en los sistemas jubilatorios deben evaluarse por su impacto en el mediano plazo”, dice, y agrega que una meta debe ser mantener la tasa de reemplazo con el ingreso activo.

Según recuerda la abogada Elsa Romero, la consideración de que las jubilaciones deben guardar una proporción “razonable” con los salarios es algo dicho por la Corte Suprema en sus sentencias. De hecho, tratar de evitar que un nuevo sistema provoque litigiosidad, es algo que influyó para que el Gobierno aceptara no insistir en su propuesta original.

Para Tróccoli, como primera medida antes de la entrada en vigor de una nueva fórmula de movilidad, debería compensarse la pérdida de poder adquisitivo de 2016, cuando la inflación superó el 40% y la suba de haberes fue de 31,7%. Ese desfase tiene una compensación parcial este año, en el que los ingresos de los pasivos suben un 28% contra una inflación que se ubicaría en 22 o 23%.

EDAD Y APORTES, ¿HASTA CUÁNDO TRABAJAR?

El proyecto oficial prevé que las empresas sólo puedan intimar a sus empleados a tramitar la jubilación y retirarse cuando éstos tengan 70 años. Así, no se modifica la edad mínima para acceder a la jubilación (60 años para las mujeres y 65 años para los varones) pero se promueve que haya un retiro más tardío, lo cual aliviaría las obligaciones de pago del sistema.

Hoy no es obligatorio retirarse apenas se alcanza la edad, pero en el caso de los asalariados, el empleador puede intimar a su empleado a iniciar el trámite para la jubilación. Y a partir de entonces, la empresa está obligada a mantenerlo en la dotación (o a indemnizarlo si lo despide) hasta que obtenga la prestación y hasta un año como máximo. Ahora, la posibilidad de permanencia tras llegar a la edad de retiro se extendería por 10 años para las mujeres y por 5 para los varones. “Esto puede tener un impacto positivo a nivel social y macroeconómico”, señala Rafael Rofman, economista del Banco Mundial, quien explica que estos trabajadores suelen ser de alta productividad. “Este tipo de flexibilidad es común en otros países y permite que el sistema previsional responda mejor a las necesidades específicas de cada trabajador”, agrega.

Un eje de análisis es el impacto que esa prolongación de la vida activa podría tener en un mercado laboral que no logra absorber a quienes se incorporan año tras año. Fue un punto planteado por los sindicalistas en las negociaciones. Y será tema de debate si en la reforma integral se busca modificar la edad jubilatoria, lo cual podría implicar una unificación del requisito para mujeres y varones. Las proyecciones demográficas marcan que, además de jubilarse más temprano, las mujeres tienen, en promedio, más sobrevida que los hombres.

En cuanto a los aportes, el sistema marca un mínimo de 30 años como requisito. Pero desde octubre de 2016 se otorga la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con la única condición de tener 65 años, sin necesidad de aportes. La prestación equivale al 80% del haber mínimo (el monto actual es de $ 5.797) y es percibida por unas 20.000 personas.

Hacia adelante, deberá decidirse si seguirá ese esquema. Y, según Basavilbaso, se debatirá también sobre posibles prestaciones proporcionales, en función del número de aportes realizados. Un tema más para una discusión que recién comienza.

Fecha: 26/11/2017

 

Planes de retiro: pensar en el mañana

La próxima reforma previsional podría implicar que este beneficio otorgado por algunas organizaciones deba modificarse. Las nuevas generaciones lo ven como un plan de ahorro a largo plazo.

Por: Deborah de Urieta

Para: Diario El Cronista

Ya sea porque es una zanahoria para atraer o retener talento, una herramienta para renovar de forma ordenada los niveles ejecutivos, una ayuda para cubrir las deficiencias del sistema previsional -especialmente para los empleados de niveles salariales medios y altos- o por todo esto junto, el interés en los planes de retiro por parte de las compañías crece “día a día”, aseguran los especialistas. De todas formas, se divisa un 2018 repleto de reformas, entre ellas, la previsional y tributaria, por lo que es probable que lo que se veía hasta ahora sufra modificaciones.

¿Por qué ofrecen planes de retiro? “Para brindarles a nuestros colaboradores la posibilidad de acceder a un ingreso monetario adicional al momento de retirarse de la compañía”, responde Silvina Bodereau, gerente de Recursos Humanos de BCS. “Lo pensamos como una herramienta de retención a largo plazo”, añade Melina Cao, directora de RR.HH. de Unilever.

Gonzalo Rocha, senior manager HR Total Rewards de ESPN, añade otros dos factores que impulsaron a la compañía a implementar estas políticas: el “gran” déficit previsional que existe y fomentar el ahorro entre sus colaboradores. Su beneficio, al que llamaron Save for tomorrow, no es una herramienta atada al retiro, sino que los participantes pueden hacerse de su dinero antes (el 30% a los tres años de antigüedad y el 100% a partir de los 10).

Según Diego Deza, director del Área de Retiro de Willis Towers Watson, este tipo de beneficios cumplen varios objetivos. Por un lado, cubren las deficiencias -tal como menciona Rocha- del sistema de Seguridad Social, en especial, para los niveles salariales medios y altos, y sirven para atraer y retener personal clave, a través de una Propuesta de Valor a los Empleados diferencial. Además, ayudan a renovar, de forma ordenada, los niveles ejecutivos. “El retiro anticipado es uno de los temas más importantes que las empresas intentan resolver a través de la implementación de planes de retiro”, asegura el directivo.

“El crecimiento es notorio y sostenido”, afirma Ana María Weisz, directora de Wealth de Mercer para la Argentina, a la hora de hablar sobre la oferta de los planes de retiro a nivel local. Y aclara: “Si bien en conciencia previsional aún nuestra calificación es baja, las sucesivas reformas han puesto el tema sobre el tapete. Pero, además, la iniciativa de los pioneros genera seguidores; así es como se construye una tendencia de mercado”.

Por otra parte, la ejecutiva asegura que actualmente es “difícil” que las compañías no tengan en sus agendas, al menos, un incentivo al ahorro. “Y, cuando no hay presupuesto, se brinda educación previsional”, asegura. A la hora de hablar sobre las opciones más ofrecidas en la Argentina, Deza menciona los planes de ahorro con fines previsionales. Es decir, planes en los que tanto el empleado como el empleador aportan a un vehículo de financiación. Y, al momento del retiro, fallecimiento, desvinculación o invalidez del empleado en cuestión, ya cuenta con un fondo que le permite mejorar el ingreso de la jubilación oficial.

En esto coincide Weisz cuando menciona que en la Argentina las compañías ofrecen “planes de ahorro en los que se incentiva el esfuerzo del empleado otorgando un beneficio denominado matching, que en general es del 100%”. En otras palabras, por cada peso que aporta el empleado, el empleador contribuye con otro. “El aporte promedio del mercado es 3,5% hasta el salario máximo sujeto a aportes y 7,5% del excedente con un matching del 100%”, detalla la directora.

¿Cuánto puede costarle este tipo de beneficios a una compañía? “Puede rondar entre un 3 o 4 por ciento de la nómina, por lo que, en este contexto, podría ser conveniente otorgar un incremento salarial de unos pocos puntos menos para poder financiar la creación de un plan que permanecerá en el tiempo”, responde el director de Willis Towers Watson.

A nivel global, según Deza, la tendencia es la misma. Aunque agrega: “Tal vez, la diferencia tiene que ver con los instrumentos de inversión”. En la Argentina, la mayor parte de los planes usan estructuras fiduciarias, fideicomiso de administración o Fondos Comunes de Inversión (FCI), que se ofrecen dos o tres portafolios de inversión entre los que el participante debe elegir.

Mientras que, a nivel global, se usan los fondos “life cycles”, en donde la composición por clase de activo es variable año a año, para que el empleado no deba hacer análisis individualmente. Sino que, “según el tiempo al retiro del empleado, se selecciona un fondo que automáticamente hace el rebalanceo, haciéndose más conservador a medida que se acerca el momento del uso del fondo”, dice Deza.

De todas formas, el director de Willis Towers Watson pronostica que esta tendencia ya está llegando a países vecinos, por lo que es probable que se vea en la Argentina. “Hacia 2020, y apostando al éxito del programa económico, me anticipo a decir que subiremos en prevalencias empatando o superando al primer país de la región, que es Brasil”, añade Weisz.

Una radiografía

A la hora de mencionar los sectores que con mayor frecuencia otorgan planes de retiro, Weisz menciona a las industrias del petróleo, los laboratorios y las financieras, aunque aclara que en casi todos los rubros se detectan firmas que brindan estos beneficios. “Los sectores donde más difusión tienen los planes son: Petróleo, Químico y Consumo Masivo”, añade Deza, y remarca que, en sectores como los laboratorios, el agropecuario y financiero, también se ven con frecuencia.

Además, según un estudio de Willis Towers Watson, el 29% de las firmas encuestadas ofrece planes para todo el personal, y el resto lo destinan solo a directores, gerentes y talento clave. Y aclaran: “Esta población, en general, coincide con la de los excedentarios”, es decir, aquellos que ganan igual o más que el máximo salario sujeto a aportes. Así, la elegibilidad no constituye una discriminación, sino que compensa la seguridad social en donde falta, explica Weisz. “La práctica más habitual es ofrecer estos programas a las poblaciones gerenciales. No obstante, hay industrias donde se ofrece a todos los empleados, como por ejemplo en el sector financiero”, detalla.

En cuanto a la recepción por parte los colaboradores, la edad no es determinante. Según afirma Mabel Ruis, directora de Recursos Humanos de HSBC Argentina y América latina: “Ciertos estudios, en los que nos hemos basado para diseñar el plan que ofrecemos, demuestran que el 40% de las personas próximas a retirarse aún no comenzaron a ahorrar, y muchos de los que empezaron a hacerlo se arrepienten de no haber comenzado antes”.

Algo similar comenta Rocha cuando dice: “Veo población de todas las edades inscripta”, que van desde millennials a personas por encima de 50 años. Aunque, a diferencia de Ruis, observa que los colaboradores prontos a jubilarse “son los primeros en ponerse las pilas”.

En cambio, en las entrevistas laborales, Bodereau observa: “La Generación X, en su mayoría, son quienes consultan si los ofrecemos y los alcances generales del programa, mientras que la Generación Y lo considera positivo, porque también es una herramienta de ahorro”. A esto, Cao le añade que, si bien no es la principal preocupación de la Generación X, es un tema que comienza a inquietarlos, y aclara: “Hoy, el 80% de los adheridos al programa son de esa generación”.

Año nuevo, planes nuevos

Algunas de las novedades que se incorporaron en los últimos tiempos, de acuerdo a Deza, son los FCI. Además, la adquisición de los derechos sobre los aportes de la empresa, en caso de una desvinculación anticipada, se está acortando: antes era al quinto año de antigüedad y ahora, al tercero. ¿El motivo? El beneficio se vuelve más atractivo.

Como explica Weisz: “No podrían perseguirse objetivos de retención si solo se liberaran los fondos a la edad de retiro. Ningún joven o persona de mediana edad vería esto como un mecanismo de retención si su horizonte fuese los 60 o 65 años”. Y señala: “El vesting comienza cada vez más temprano, incluso desde el primer año”. Sumado a que el vesting al 100% por retiro anticipado se contempla unos cinco años antes de la edad normal de retiro.

Un ejemplo es HSBC. “La última modificación la hicimos este año, ajustando el tiempo de vesting (traspaso de saldos de la cuenta especial a la individual) al aniversario de ingreso al plan, alineando los tiempos con los diferimientos de la compensación de largo plazo en general y destinando los fondos a inversiones en dólares en vez de en pesos”, explican en la entidad.

En cuanto a las últimas novedades, estas “han ido y venido”, dice Weisz, de la mano del cepo al dólar y de su posterior liberación. La ejecutiva de Mercer se detiene en el contexto actual y advierte: “Debemos estar muy atentos a la reforma previsional y tributaria. Si debiéramos aportar para nuestra jubilación sin topes de ninguna naturaleza, y con ello desapareciera la jubilación máxima, algunas revisiones de costos y proyecciones podrían tener lugar”.

La ejecutiva agrega otra cuestión: “Si la renta financiera de los vehículos de financiación posibles quedara alcanzada, tal como parece, por el impuesto a las Ganancias, tendremos que revisar los resultados proyectados, así como la conveniencia de continuar o cambiar de vehículo”. Y concluye: “Si la reforma viniese acompañada de un incentivo fiscal para vehículos de ahorro para el retiro, un análisis de rentabilidad de estos mismos será perentorio”.

En este mismo sentido, Deza resalta que, si bien los FCI se eligen para tomar una ventaja impositiva sobre el rendimiento de las personas físicas, “habrá que ver si esto se mantiene con la reforma impositiva”.

Para cerrar, Rocha recomienda “fuertemente” los planes, aunque aclara: “Si tuvieras un esquema diferente, con reglas que no se cambian, con la seguridad de que tus fondos van a inversiones rentables, quizás mi consejo sería diferente”.

Fecha: 24/11/2017

Los haberes subirán un 5,7% en marzo, según el nuevo cálculo

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Con los cambios acordados ayer en la fórmula de movilidad previsional, se prevé que los jubilados y pensionados tendrán en marzo próximo una recomposición de sus haberes del 5,7 por ciento. Es un índice superior al 5,1% que arrojaba como resultado la cuenta contemplada en el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, en la que sólo se tenía en cuenta la inflación. En la nueva fórmula se contempla una combinación de la evolución de los precios y de los salarios, estos últimos, según el índice de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). Entre julio y septiembre pasados (el período de referencia para la suba de marzo), esa variable creció un 7,1%, es decir, dos puntos por arriba de la inflación.

Según el proyecto consensuado, se considerará el 70% de la inflación trimestral y se sumará el 30% de la evolución del citado índice salarial. Al menos para este período, eso arroja más que la inflación, una garantía que se previó en el pacto fiscal que firmaron la Nación y las provincias (nada asegura, sin embargo, que en otros períodos ocurra lo mismo).

Una de las cuestiones que tuvieron peso para que el oficialismo aceptara la propuesta de modificación hecha por la oposición es la judicial. Según recordó, en diálogo con LA NACION, la abogada Elsa Romero, cuando la Corte se refirió al tema de la movilidad, sostuvo que los haberes deben guardar una razonable proporción con los salarios. Por eso, la visión de no pocos profesionales especializados en la materia es que si la variación de los ingresos jubilatorios se fuera alejando demasiado de la suba de los salarios, entonces comenzaría una nueva ola de judicialidad.

El cambio en la movilidad también incluyó eliminar el punto que establecía que en cada mes de junio se agregaría a la inflación un plus por el crecimiento del PBI. El aporte para los haberes era demasiado escaso.

La iniciativa conservó sus otros puntos principales prácticamente sin modificaciones. Uno de ellos es que los haberes de quienes hayan accedido a la jubilación habiendo hecho 30 años de aportes no podrán ser inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Según confirmó a LA NACION el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, si el proyecto es aprobado por el Congreso antes de fin de año, en enero ya debería comenzar a pagarse ese plus, porque el haber mínimo está en $ 7246 y en ese mes el sueldo básico pasará a ser de $ 9500. Así, en los casos que corresponda debería pagarse lo necesario para llegar a $ 7790, cifra que equivale al 82% de los $ 9500.

La reglamentación deberá en este sentido aclarar varios puntos: entre ellos, qué trato se les dará a quienes tienen haberes “con garantía” cuando se aplique la movilidad de marzo y qué pasa con las personas que accedieron a beneficios sin que se hicieran 30 años de aportes, pero no por una moratoria; por caso, una pensión por muerte de un trabajador, para la cual se cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley.

Fecha: 24/11/2017

El recorte a las jubilaciones duplicará lo que se pagó por la Reparación Histórica

Así se desprende de los datos que entregó el Gobierno al Congreso

Por: Gabriel Sued

Para: Diario La Nación

El monto que el Gobierno aspira a restarles a las jubilaciones en 2018 con la reforma previsional es casi el doble de todo lo que se invirtió hasta ahora en la Reparación Histórica desde su implementación, hace casi un año y medio.

El total destinado a ese programa entre julio de 2016 y octubre de 2017, en concepto de retroactivos e incremento de haberes, suma 36.531 millones de pesos, según información confirmada a LA NACION por la Anses, mientras que el Gobierno pretende ahorrarse entre 60.000 y 70.000 millones de pesos con el cambio del índice de movilidad.

Pese a que la fórmula de movilidad propuesta por el Gobierno contempla un pago extra según la evolución del PBI, la Casa Rosada reconoce que los incrementos del año que viene estarán por debajo de lo que determina la ley actual. Es porque el índice ya no estará atado al incremento de salarios y de la recaudación de la Anses, sino a la variación de precios al consumidor, tal como recomendó el FMI.

El resultado final dependerá de la inflación de 2018. Si se cumpliera la meta de ahorro proyectado en jubilaciones para el año que viene, la cifra equivaldría además a los recursos previstos para la Reparación Histórica en el presupuesto 2018. Son 69.773 millones de pesos. Para ejecutar esos fondos, sin embargo, el programa debería llegar a alrededor de 2 millones de beneficiarios, un número muy superior al actual.

La cifra vigente fue brindada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último informe ante el Congreso, el 1º de noviembre. Son 1.154.393 haberes reajustados, sobre un total de 6.500.000 jubilados y pensionados. Esos datos confirman que, transcurridos 16 meses, el programa dista de alcanzar los resultados prometidos: empezó a cobrar menos de la mitad del universo estimado durante el debate de la ley y el porcentaje promedio de aumentos quedó por debajo de lo calculado.

Los actuales beneficiarios representan el 48 por ciento de la meta de 2.400.000 personas que el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, se propuso alcanzar en julio de 2018, justo dos años después de la promulgación de la ley. En sus últimos informes al Congreso, Peña readecuó las metas: los potenciales beneficiarios ahora son 2 millones. Además, indicó que ya se hicieron más de 1.300.000 propuestas, por lo que el número de beneficiarios podría incrementarse en breve. El programa vence en 2019.

El porcentaje promedio de aumento de los que recibieron el beneficio es del 33,5 por ciento, pese a que el Gobierno sostuvo que sería de un 35, 40 o 50 por ciento, según el grupo al que perteneciera el jubilado: sin causa en trámite, con juicio iniciado o con sentencia firme, respectivamente. En septiembre, el haber promedio de los que recibieron el beneficio pasó de 11.131 a 14.860 pesos. El porcentaje promedio, no obstante, viene subiendo: hace 6 meses no alcanzaba el 25 por ciento.

“De parte del oficialismo hubo una sobreestimación de los efectos que tendría el programa y de parte de la oposición, una subestimación”, dijo a LA NACION Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. “El que lo cobra, aunque tenga un aumento del 20 por ciento, está contento, pero la cantidad de beneficiarios se frenó porque no se tuvieron en cuenta las dificultades operativas: muchos de los expedientes deben revisarse a mano”, agregó. Para el experto en derecho previsional Christian D’Alessandro, asesor de la diputada massista Mirtha Tundis, no es esperable que el Gobierno alcance la meta de 2 millones de haberes reajustados. “En los últimos 6 meses la cifra de beneficiarios creció muy poco. Además, la mayoría tuvo aumentos por montos pequeños, de menos de 1000 pesos”, cuestionó. Los últimos datos oficiales proporcionan un panorama más positivo. Dos tercios de los beneficiarios tuvieron una recomposición equivalente a entre un haber mínimo y un haber mínimo y medio, de acuerdo con el momento en que le dieron el alta al reajuste. Hoy, la jubilación mínima es de 7246,64 pesos.

Sólo el 1,4 por ciento de los reajustes por Reparación Histórica fue igual o menor que un haber mínimo. “Unas 400.000 personas salieron de la jubilación mínima gracias a la reparación”, destacó Semino. El defensor de la Tercera Edad advirtió que si desde el año que viene se ajustan los haberes por inflación “el jubilado no va a poder recuperar los 10 puntos que perdió en 2016, ya que la inflación en la canasta del jubilado tiene más impacto que a nivel general”.

Fecha: 23/11/2017

Jubilaciones: en nueve años, con la fórmula vigente, el poder adquisitivo mejoró el 19%

El Gobierno presentó nueva fórmula para actualizar jubilaciones, en base a la inflación y la evolución del PBI. Sin embargo, implicaría que haberes crecerían menos

Por: María Iglesia

Para: Diario El Cronista

Desde 2009, año en el que se puso en vigencia la actual fórmula para calcular la variación de las jubilaciones y se establecieron por ley los factores para actualizarlas, el poder adquisitivo de los haberes mejoró un 19%. El bolsillo de los jubilados hoy tiene posibilidades de comprar un 19% más bienes y servicios que nueve años atrás.

El dato reviste de suma importancia ya que, con la fórmula que el Gobierno presenta al Congreso para calcular las jubilaciones desde el año próximo, los haberes estarían más en línea con la inflación y, por ende, no hubieran visto una mejora en el poder adquisitivo del mismo modo que en los últimos períodos.

La fórmula de movilidad previsional que puso el Gobierno de Mauricio Macri sobre la mesa de discusión contempla cuatro actualizaciones trimestrales, en vez de dos semestrales, tal como es actualmente. La principal variable de ajuste que contempla es la inflación y, luego de intensas discusiones con los gobernadores, el oficialismo cedió y aceptó incorporar también la variación del PBI, para que la mejora sea mayor a la inflación. Lo que los mandatarios provinciales no sabían, ya que no se conocía la letra chica del proyecto, era cuánto más iba a ser ese empujón en los haberes. Muchos se quedaron con sabor a poco cuando conocieron que ese incremento implicaba unos $ 20 más en la mayoría de los casos, cuando traducían que lo que se agregaba era un 5% del crecimiento de la economía en un semestre. Es decir, con una expansión del PBI del 3%, implica un 0,15 % adicional a la inflación del trimestre en cuestión. Además, al tomar la variación del IPC con un rezago de un semestre (para la actualización de marzo de 2018 tomaría los precios de entre junio y septiembre de 2017), los haberes también irían por detrás de los precios.

* Síntesis de inflación de las provincias. / ** EstimadoElaboración propia en base a ANSeS y DEP / El Cronista - P. Fisicaro

Daniel Schteingart, coordinador del área de precios y salarios del Instituto Estadístico de los trabajadores de la UMET, estimó que con la fórmula de movilidad previsional los haberes tuvieron una mejora en el poder adquisitivo del 19% desde 2009. Y, por lo tanto, de haber mediado la actualización en base a la inflación, solamente, el poder de compra de los salarios sería un 19% menor.

De hecho, si se toman en cuenta las variaciones de las jubilaciones en cada período y se la compara con la inflación, de los últimos nueve años, únicamente en dos la variación de los precios superó a los haberes. En cambio, en siete años los haberes mejoraron su poder de compra, lo que se traduce en que desde que está en vigencia la ley de movilidad jubilatoria tuvieran un poder adquisitivo 19% mayor.

La fórmula vigente tiene en cuenta dos variables para actualizar las jubilaciones: las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y, por otro lado, el índice general de salarios determinado por el Indec o la variación del RIPTE índice basado en la Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables.

Diferentes analistas y economistas coinciden en que el cálculo en base a la inflación, aún con el agregado de la variación del PBI, implica menos recursos para el Estado. “El Gobierno podría reducir el gasto previsional en aproximadamente $ 85.000 millones”, reconocen desde la consultora ACM.

De hecho, fue también una recomendación del FMI. “Indexar las jubilaciones a la inflación concretada desde 2019 reduciría el déficit actuarial por alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI”, explicaban en el Artículo IV del año pasado.

Fecha: 21/11/2017

 

Crece la pelea entre la Nación y las provincias por las cajas de jubilación

Trece distritos aún no las transfirieron al sistema nacional; mientras, el Gobierno los financia, pero pone condiciones y congela los fondos para 2018

Por: Gabriela Origlia

Para: Diario La Nación

Aunque no precisó cuál es la propuesta de reforma previsional, el presidente Mauricio Macri planteó que el régimen actual “esconde varias inequidades y no es sustentable”. Pero, mientras se analizan modificaciones en el esquema, sigue la pulseada por el financiamiento de las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, que, para seguir recibiendo fondos de ésta, deben “armonizar” sus diferentes características para que coincidan con las del sistema nacional.

Para el año próximo, la Administración de la Seguridad Social (Anses) congeló en $ 14.000 millones los fondos con ese fin, ni siquiera contempló el impacto inflacionario. Los cálculos provinciales más moderados establecen un déficit de $ 22.000 millones. “Como todavía no se pagó lo de este año, ni siquiera vale la pena entrar a pelear por el que viene”, graficó a LA NACION el ministro de Economía de una provincia norteña.

La actualización del monto y que los giros se automaticen integran el sexto punto de la agenda que los gobernadores de la oposición presentarán al presidente Mauricio Macri en la reunión del próximo jueves 9.

Esta semana hubo una nueva reunión entre ministros de Economía provinciales y funcionarios nacionales, pero la discusión está trabada. La Anses viene reclamando, para seguir pagando lo correspondiente a este año, el padrón de los beneficiarios provinciales hasta diciembre de 1999 y la historia laboral de los jubilados posteriores a 2000.No pasaron sus cajas de jubilación a la Nación Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El acuerdo para el financiamiento se incluyó en la ley de reparación histórica para lograr el voto de los senadores y, en las regulaciones posteriores, se estableció que la Nación desde este año destinaría a las cajas no transferidas igual monto que el que debería destinar para administrar ellas el déficit. Además, penalizaría a los distritos que no avanzaran en el proceso de armonización, con una quita del 20% por cada condición que no se cumpliera.

Los regímenes provinciales en general prevén edades de retiro más bajas que el nacional (60 años para mujeres y 65 los hombres) y cuentan con regímenes especiales como a los que apuntó Macri en su presentación de reformas. En ese punto, sin embargo, hay más a nivel nacional que provincial; los más comunes son los que alcanzan a fuerzas de seguridad, docentes, jueces, construcción y Luz y Fuerza. Por ejemplo, para los déficits de Buenos Aires y Córdoba el mayor peso es el que aportan las cajas propias de los bancos provinciales y la de la policía bonaerense.

Fuentes consultadas admitieron que, en medio del tironeo por la financiación, el debate por las reformas a instrumentar por las provincias quedó en un segundo plano. Por ejemplo, respecto de la edad, la Nación exige que al menos el 80% de los aportantes al sistema cumpla con las fijadas por la Anses.

Expertos previsionales entienden que ese debate resulta insuficiente si no se corrigen los regímenes especiales. “Son tantos que, al final, los 60 y 65 años los terminan cumpliendo sólo los que quedan afuera. Hay que ir al fondo de la cuestión”, señaló un especialista. El caso más complicado es el de Santa Cruz, donde un trabajador provincial se jubila a los 50 años con el último salario y el 82% móvil.

Las otras exigencias de reforma por parte de la Nación son que las provincias apliquen las mismas alícuotas para aportes y contribuciones que a nivel nacional; que se use el esquema nacional para determinar las prestaciones por invalidez y que los beneficiarios de pensiones derivadas sean los mismos que para la Anses.

También reclama que, al momento del retiro, el cálculo del haber inicial se haga sobre la base del promedio de las últimas 120 remuneraciones y que la actualización de beneficios siga índices que garanticen “consistencia” entre ese aumento y el de los ingresos por aportes y contribuciones.

Córdoba, La Pampa (que interpuso una demanda judicial) y Formosa cumplen ya con cuatro de las seis condiciones exigidas; Misiones instrumentó dos y el resto, una. Desde el Consejo Federal de Previsión Social, su presidente, Daniel Elías, dijo a LA NACIÓN que las exigencias son las mismas que las del kirchnerismo: “Discutimos sobre bases viejas cuando al aprobar la reparación se fijó que había que discutir un nuevo régimen”.

La idea de Cambiemos es que, como máximo, en 2019 haya un régimen previsional igual en todo el país. El decreto 894/16 establece que a partir de 2021 no se asistirá financieramente a las provincias que no hayan armonizado sus sistemas.

Los puntos de una negociación sensible

Para el año que viene, la Anses tiene previsto enviar $ 14.000 millones para financiar las cajas provinciales no transferidas a la Nación. Se calcula que el déficit total de ellas asciende a $ 22.000 millones.

Los regímenes provinciales en general prevén edades de retiro más bajas que el nacional, que es de 60 años para mujeres y de 65 años para los hombres.

No pasaron sus cajas a la Nación Chaco, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Otras exigencia es que las provincias apliquen las mismas alícuotas para aportes y contribuciones que a nivel nacional.

Fecha: 08/11/2017