Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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La devolución del IVA a los jubilados hasta ahora tuvo muy bajo impacto

En los primeros ocho meses de aplicación se reintegraron $ 1000 millones, una cifra muy inferior a la meta de $ 22.000 millones anuales que se había fijado originalmente el Gobierno

Por: Gabriel Sued

Para: Diario La Nación

La devolución del IVA a jubilados y titulares de programas sociales, una de las principales políticas redistributivas del Gobierno, resultó hasta ahora un fracaso.

En ocho meses, el Estado devolvió, por mandato de la ley 27.253, 1002 millones de pesos, muy lejos de los 22.000 millones de pesos anuales que calculó el oficialismo cuando se aprobó la iniciativa, en junio del año pasado. La norma dispone el reintegro de 15 de los 21 puntos porcentuales del IVA, pero sólo en los pagos con tarjeta de débito, en comercios minoristas.

Entre julio de 2016 y febrero de 2017, la devolución mensual nunca llegó al 22 por ciento de beneficiarios potenciales. El récord fue diciembre, con 1.380.700 beneficiados, frente a un universo de 6.291.100 personas, entre jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas.

Son datos oficiales que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consignó en su último informe ante el Congreso, el miércoles pasado, ante una pregunta del diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador.

El equipo de LA NACION data había requerido la información a la AFIP el 6 de febrero, por medio de un pedido de acceso a la información pública, que no fue respondido.

Con menos detalles, el organismo recaudador reconoció los malos resultados el 21 de febrero, cuando lanzó un plan que facilita el acceso a dispositivos de pago electrónico y obliga a comercios, profesionales y monotributistas a aceptar tarjetas de débito, a partir de abril. El débil impacto de la ley responde en gran medida, sostuvieron entonces en la AFIP, a la baja adhesión a los medios electrónicos de pago.

La oposición afirma, en cambio, que la bancarización promovida por la AFIP no bastará para revertir el fracaso de la ley y que los resultados registrados hasta el momento confirman que la norma tenía un objetivo más recaudatorio que redistributivo.

“Es una muestra clara de que cuando una herramienta válida se aplica mal no tiene ningún impacto en la realidad”, dijo Lavagna a LA NACION. Coincidió con él, Axel Kicillof: “Durante el debate advertimos que por cómo estaba planteada la ley iba a ser un fracaso”.

La norma obligaba al Gobierno no sólo a desarrollar acciones para facilitar a los comercios el acceso a los dispositivos de pago electrónico, lo que se puso en marcha recién el mes pasado.

También le ordenaba, en su artículo 14, realizar campañas de educación y difusión para promover los pagos con tarjeta de débito, algo que no se cumplió. Una enorme mayoría de jubilados, se advirtió durante el debate de la ley, retira todo el haber de una vez y hace sus compras en efectivo.

Durante el debate legislativo, el oficialismo sostuvo que con la ley los titulares de la AUH accederían a dos beneficios y medio más por año. La cifra surgía de multiplicar los 300 pesos que como máximo cada beneficiario podía recuperar por mes. Para los jubilados significaría un “sueldo 14”, que se sumaba al aguinaldo. La oposición advirtió que las expectativas eran exageradas. Diego Bossio, ex jefe de la Anses, puntualizó que sólo el 23 por ciento de los comercios tenía Posnet.

La información de la Jefatura de Gabinete, que detalla cómo fue la devolución mes por mes, le dio la razón a la oposición. En julio de 2016, el primer mes desde la sanción de la ley, se reintegraron $ 96.800.000 a 665.100 personas. En agosto, la medida alcanzó a 1.162.600 beneficiarios, por un total de $ 132.400.000. Tras el récord de diciembre, con el reintegro de $ 176.200.000 a 1.380.700 personas, la cifra tuvo una leve caída en enero y un derrumbe en febrero, con 73.800.000 devueltos a 689.800 beneficiarios. Este último número representa menos del 11 por ciento del universo alcanzado por la ley.

Los resultados podrían haber sido peores de no ser por una cláusula transitoria, incluida a último momento en la ley, que aumentó el monto de los reintegros para los primeros tres meses después de sancionada la norma.

En julio bastaba hacer dos compras con tarjeta de débito para recibir los 300 pesos, lo que benefició a 372.900 personas; en agosto, cuatro compras con tarjeta de débito, beneficio aprovechado por 522.200 personas, y en septiembre, seis compras, opción usada por 372.900 beneficiarios.

“Advertimos que iba a ser un fracaso -insistió Kicillof- y dijimos que si era un éxito, iba a serlo a costa de dos cuestiones: la concentración del consumo en los comercios más grandes y, de cambiar los patrones de consumo de los sectores más vulnerables, sacándolos de los comercios de su barrio, donde hay prácticas como el fiado.”

Para Lavagna, “hay que buscar mecanismos para devolver directamente el IVA en compras como medicamentos y productos de la canasta básica”. El diputado sostuvo que las medidas anunciadas el mes pasado por la AFIP no están orientadas a que jubilados y titulares de la AUH accedan al beneficio. “Se apunta a recaudar más, no a que el beneficio llegue a los que más lo necesitan”, señaló.

Fecha: 27/03/2017

El plan de Repración Histórica bajo la lupa

Datos sobre el funcionamiento del plan de Reparación Histórica

Emilio Basavilbaso. Director ejecutivo de la ANSES

El funcionario está a cargo de la puesta en marcha del plan de reparación histórica

Según afirmó, hacia mediados de año la totalidad de los jubilados alcanzados tendrán su propuesta de pago

1,35 Millones

450.000 Aceptaciones

Son las personas que clickearon en la opción “Aceptar” tras haber leído la oferta oficial de pago

165.000 Acuerdos

Es el número de casos en los que jubilados y abogados pusieron su huella dactilar formalizando el acuerdo

8.000 Homologaciones

Son los acuerdos que pasaron ya por el trámite judicial, según datos de la Anses al viernes

894.668. Pagos anticipados

Son jubilados sin juicio previo que, por cumplir con ciertas condiciones, ya cobran el haber reajustado

600.000. A la espera

Son quienes esperan la propuesta de pago de la Anses que, en los últimos días, sumó unas 95.000

La reparación

El plan aprobado por la ley 27.260 contempla una actualización de haberes que tendrá alcance para unos dos millones de jubilados de la Anses. El propósito es adecuar los ingresos a lo dispuesto por la Corte Suprema en algunos fallos referidos a la movilidad y al cálculo inicial de haberes; las sentencias más significativas son las de los casos Badaro y Elliff

Las propuestas

El programa es de aceptación voluntaria y, al aceptar lo ofertado por el Gobierno, se renuncia a juicios presentes o futuros referidos al reajuste de haberes. El ingreso que, según el plan, le correspondería a cada jubilado se publica en la página web de la Anses, a la que debe ingresarse con clave de la seguridad social (se genera y puede habilitarse en el mismo sitio, respondiendo bien a preguntas sobre la situación laboral o previsional)

Jubilados sin litigio

En el caso de personas que no tenían una demanda judicial al 30 de mayo de 2016, se les ofrece una recomposición de su haber mensual a partir de la fecha en que manifiesten su acuerdo con la propuesta. Entre estos jubilados, muchos fueron incluidos en los procedimientos abreviados y en los últimos meses empezaron a cobrar el ingreso ajustado

Con juicio en trámite

Para quienes tienen un litigio iniciado antes de junio de 2016, la oferta incluye, además del reajuste del haber, el pago de un monto retroactivo (por la diferencia entre lo que cada mes se debió haber cobrado y lo que se cobró), pero hasta un límite de 48 meses. Este tope no afecta a quienes tengan un juicio desde hace menos de dos años (para los retroactivos se consideran hasta dos años antes del litigio más el período que éste demore en resolverse). Y sí significa una quita para quienes lleven más tiempo a la espera de la resolución de su causa. El plan contempla el pago del 50% del retroactivo tras la homologación del acuerdo y del otro 50% en doce cuotas trimestrales (3 años)

Con sentencia firme

En estos casos, y siempre en caso de aceptarse la propuesta, el monto del haber se actualizará tras la homologación del acuerdo, y entonces se abonará también la mitad del retroactivo (sin tope). El otro 50% se saldará en 12 cuotas trimestrales

Criterios para decidir

Entre otras cuestiones, el hecho de tener o no un juicio iniciado (más aún si ya hay sentencia) es un factor a tener en cuenta para aceptar o rechazar la oferta. Otro punto a considerar es informarse respecto de cuánto podría obtenerse si se espera el fallo. La edad y los aspectos más subjetivos también entran en juego

Trámites

Quienes dan su aceptación deben clickear tal opción en la página de Internet de la Anses y, además, suscribir un acuerdo. Este paso se hace con la huella dactilar en forma presencial en una oficina de la Anses o en alguna sucursal bancaria que disponga de un tótem o terminal de datos biométricos. El abogado, en caso de quienes no tienen juicio iniciado, puede elegirse libremente y los honorarios estarán a cargo del Estado

Plazos de cobro

Una vez hecho el acuerdo, éste se remite electrónicamente a la Anses, donde debe también firmarse y enviarse luego al Poder Judicial para su homologación. Una vez que ese paso está listo y el expediente vuelve a la Anses, lo más probable es que el haber reajustado se cobre dos meses después, dadas las fechas de liquidaciones de los ingresos. De todas formas se considerará el aumento a partir de la fecha de aceptación del acuerdo

Pago regular de juicios

Según la promesa de la Anses, no dejarán de pagarse sentencias por fuera de la reparación histórica. Para este año, con un presupuesto de $ 16.500 millones, el objetivo es llegar a 50.000 casos. En enero y febrero últimos se liquidaron 7500 casos, y el promedio de pago fue de $ 485.000 en el primer mes y de $ 505.000 en el segundo; en cuanto a marzo, aún no se publicó la lista de los beneficiarios

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 21/02/2017

La reparación a los jubilados se anticipó para algunos, pero se demora para otros

Unos 600.000 pasivos están a la espera de la oferta, que les llegaría hacia mitad de año; hay 8000 acuerdos homologados y la Anses pagaría más reajustes anticipados

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Algunos vieron rápidamente más dinero en sus bolsillos. Para otros, lo anunciado y lo dispuesto por ley el año pasado no se tradujo todavía en una mejora del ingreso mensual, y para cientos de miles aún no hay siquiera una propuesta oficial de recomposición del haber, para poder analizarla y evaluar si se la acepta o no.

El plan de reparación histórica, que alcanzará a unos 2 millones de jubilados, corre a diferentes velocidades. Hay 894.668 personas incluidas en los procedimientos de pago anticipado, que ya cobran la mejora. En los próximos dos meses se sumarán al menos otros 8000, que son quienes tienen hasta ahora su acuerdo firmado con la Anses y homologado por un juez, según dijo a LA NACION Gonzalo Estivariz, secretario Legal y Técnico del organismo previsional. Según agregó, algunos verán la mejora en sus haberes de abril, aunque la mayoría percibirá el reajuste en mayo.

Pero además, y según anticipó a este diario el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, se evalúa pagar en forma anticipada a un grupo de quienes esperan la homologación de su acuerdo. Desde el Poder Judicial, en tanto, los magistrados señalan que persisten dificultades para hacer dinámico el trámite de las homologaciones de acuerdos firmados entre jubilados y el Estado (que suponen la renuncia a acciones judiciales presentes o futuras), por falta de estructura y por fallas en el sistema informático. 

Además de analizar el anticipo de pagos, la Anses dispuso liberar a un grupo de jubilados de los que ya cobran una suba, de la obligación de firmar el acuerdo transaccional previsto en la ley, al menos por ahora.

Basavilbaso también sostuvo que días atrás se subieron a la web de la Anses las propuestas de pago para 95.000 casos que estaban pendientes. En total, dijo, hay hasta ahora 1,35 millones de jubilados que conocen cuánto se les ofrece. Y según estimó, sólo hacia mediados de año la totalidad de quienes están alcanzados por el plan tendrán su oferta correspondiente. Así, para unos 600.000 jubilados, entre ellos muchos que tienen juicios iniciados -en algunos casos, incluso con sentencia firme-, el plan se demora varios meses respecto de lo que se había previsto.

El programa de la ley 27.260 se propone poner en línea los haberes jubilatorios con los criterios dispuestos por la Corte Suprema, principalmente respecto de dos temas: la movilidad de los ingresos por el período de 2002 a 2006 (fallo Badaro) y el cálculo de los haberes iniciales con actualización de los salarios que forman parte de la fórmula (fallo Elliff). Se contempla no sólo a quienes iniciaron litigios, sino también a quienes no reclamaron pero se les pagó de forma incorrecta en los últimos años, según el plan admite.

El grupo de quienes cobran ya el aumento (sin haber firmado acuerdo) está integrado por quienes no habían hecho juicio y, además, cumplen con otras condiciones (una es que el ingreso ya reajustado no supera el equivalente a dos veces y medio el haber mínimo). Inicialmente se había dispuesto que estas personas tendrían seis meses para aceptar y firmar el acuerdo transaccional, y que de no hacerlo se caería el beneficio. Para quienes comenzaron a cobrar el reajuste en septiembre, el plazo vencería este mes.

Sin embargo, Basavilbaso afirmó que se decidió flexibilizar esa exigencia: según la resolución 17 del organismo, quienes sí quedan obligados a cumplir con tal trámite son los que recibieron una mejora superior a un haber mínimo. Ese ingreso básico fue de $ 5661 hasta febrero y, por tanto, están exentos del trámite quienes hayan recibido, en concepto de suba por la reparación histórica, una cifra inferior a esa. Y sí deberían hacerlo los que percibieron más.

Estivariz aclaró, sin embargo, que en todos los casos debería aceptarse la oferta (si así se lo decide) clickeando esa opción en la web, dentro de los 6 meses de recibido el nuevo haber. De todas maneras, en la Anses analizan prorrogar ese plazo.

Por estos días, la Anses está enviando unas 300.000 comunicaciones (vía mail, mensajes de texto, llamadas telefónicas o correo convencional) a jubilados que reciben el reajuste anticipado, pero que aún no indicaron si lo aceptan o lo rechazan. El rechazo debería consignarse en caso de que la persona prefiera continuar o iniciar un juicio, por considerar que así obtendría una mejor recomposición. Para hacer la opción hay que ingresar en la página http://www.anses.gob.ar con la clave personal de la seguridad social.

Por ahora, según la Anses, hay 450.000 aceptaciones y 165.000 acuerdos firmados que van siendo remitidos al Poder Judicial.

La firma del acuerdo

¿En qué consiste la firma del acuerdo? Un primer requisito es que se debe haber registrado previamente la huella dactilar, algo que hoy sólo puede hacerse en una oficina de la Anses, con turno previo. El acuerdo debe ser firmado por el jubilado y un abogado, utilizando la huella. Puede ser en una oficina de la Anses (con turno) o en alguna sucursal bancaria que disponga de un tótem o terminal que lea datos biométricos. Entre la firma del beneficiario y su abogado -cuyos honorarios estarán a cargo del Estado- no deben pasar más de 30 minutos.

Ese acuerdo, siempre por vía digital, llega luego a la Anses, donde debe ser suscripto por el director ejecutivo y un abogado. Y posteriormente es remitido a la Justicia para su homologación. Los expedientes deberían llegar a un juzgado o a otro según el domicilio de pago de haberes (o, en el caso de quienes tengan juicio, van al juzgado que lo está tramitando). En la ciudad de Buenos Aires, los acuerdos llegan a la Cámara Federal de la Seguridad Social y se distribuyen entre los diez juzgados de primera instancia.

Según varias fuentes judiciales consultadas por LA NACION, si bien ya hay homologaciones y las condiciones para hacer el trabajo en algo fueron mejorando, persisten dificultades para que los casos se tramiten de manera dinámica y rápida. “Hay fallas técnicas en el programa y errores en las presentaciones de la Anses”, señaló el juez Luis Herrero, de la sala II del fuero previsional.

La jueza Alicia Braghini, del juzgado 7 de primera instancia, explicó que, una vez llegado un acuerdo para su homologación, se notifica a las partes, que tienen tres días hábiles para rectificar eventualmente lo firmado (si no lo hacen, queda ratificado). En la práctica, y según dijo en coincidencia con otros jueces, existen problemas de capacidad de los juzgados (cantidad de personas, de computadoras, espacio físico) y dificultades con el sistema informático.

Tras un pedido hecho por la cámara, el mes pasado la Corte Suprema habilitó 39 nuevos cargos para la Capital Federal (30 en primera instancia y 9 en las salas de apelaciones) y otros 60 para juzgados del interior que trabajan en la reparación histórica, según consignó Néstor Fasciolo, juez camarista de la sala III. Pero, según advirtió, hay que tener en cuenta que se requiere adecuar desde los cableados hasta los espacios de trabajo. Por otra parte, esa cantidad de cargos es inferior a la que el fuero consideraba necesaria.

“El plan de reparación histórica es favorable y su objetivo es fantástico; nosotros tenemos continuamente reuniones con la Anses y con el área de informática de la Cámara [Federal de la Seguridad Social]”, sostuvo Braghini, respecto de la voluntad por tratar de solucionar las trabas. Lo cierto es que, mientras no llegan más recursos, el trabajo que llega se suma al que ya tienen los juzgados: el estudio de los juicios en trámite.

Por ahora no se logró una caída de la litigiosidad. Según Braghini, una de las razones es que, como ir a la justicia requiere pasar antes por una instancia administrativa (concretamente, hacer el pedido de reajuste en la Anses), hoy todavía llegan causas que dieron su puntapié inicial antes del anuncio de la reparación. Por otra parte, y según algunos abogados, hay jubilados que pueden decidir iniciar un reclamo tras rechazar la oferta del Gobierno, por considerar que obtendrían por ese camino un ingreso más alto. La posibilidad de que eso ocurra depende en buena medida de la fecha de la jubilación, porque si bien el plan sigue los criterios de la Corte para el cálculo y la movilidad del haber, no usa los mismos índices para las actualizaciones en juego.

¿Podrían los jueces no homologar un acuerdo por razones como la diferencia entre lo ofrecido en el plan y lo que podría conseguirse en un fallo? En el Poder Judicial no descartan evaluar tal posibilidad. “Podría haber un llamado a audiencia a las partes”, afirmó un juez.

Los expedientes que llevarían más tiempo son los de quienes tienen juicios; en tal caso, con el acuerdo se renuncia al reclamo hecho.

En estos casos (con juicio iniciado antes del 30 de mayo de 2016 y aún en trámite), un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar la propuesta oficial es que la reparación histórica contempla el pago de retroactivos (diferencia entre el haber que debió haberse cobrado y el que efectivamente se cobró), pero sólo hasta un tope de 48 meses, lo cual -dependiendo del tiempo que lleve el litigio- puede representar una quita. Si hay sentencia firme previa a junio de 2016, el retroactivo no tiene límite temporal.

La huella digital y los casos de excepción

El plan de reparación histórica trajo como novedad que se gestiona a través de expedientes digitales. Y la identidad de la persona que adhiere, de su abogado y de los representantes del Estado queda corroborada con el uso de la huella dactilar, que debe ser previamente registrada; muchos jubilados ya habían hecho ese trámite para el cobro regular de sus ingresos.

La excepción fue dispuesta para el caso de los jubilados que estén incapacitados para hacer ese registro de su huella. Entonces, quienes acepten el plan podrán suscribir el acuerdo con su firma manuscrita y el trámite deberá realizarse ante un escribano público. En forma previa debe gestionarse en la Anses el certificado de exención del llamado programa Mi Huella. Estas situaciones se dan, por ejemplo, con personas que están internadas en instituciones o residencias de adultos mayores o en hospitales.

Fecha: 20/03/2017

Cómo se reflejarán los aumentos a los jubilados

Quiénes deben realizar un trámite en la Anses para ratificar o acceder los beneficios de la reparación histórica

Los jubilados que ya están cobrando sus haberes reajustados según el plan de reparación histórica deberán, en función de la cifra de mejora obtenida, hacer un trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Quienes ya cobran el ajuste y éste les representó más de $ 5661 deberán tramitar el acuerdo para su posterior homologación por parte de un juez.

Para quienes el aumento fue inferior a esa cifra, aun no deben realizar el trámite pero pueden aceptar el acuerdo.

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Fuente: Diario La Nación

Fecha: 15/03/2017

 

 

 

Jubilaciones, en el eje del debate

El anuncio de la suba de haberes de marzo vino con una fuerte polémica por un cambio que se pretendió hacer; la historia y la situación del sistema de actualizaciones que quedará sujeto a una reforma

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

De qué manera garantizar que el ingreso cobrado por primera vez por quien se jubila no pierda con el tiempo su valor, es la cuestión de fondo que está detrás del debate que ganó protagonismo en los últimos días. El tema de la movilidad jubilatoria, de hecho, se ubicó en el eje de las noticias luego de que, el miércoles pasado, la Anses anunció la intención oficial -frustrada por la reacción política adversa tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo – de modificar la reglamentación que rige para aplicar la fórmula prevista por la ley 26417 para calcular qué porcentaje de recomposición deben recibir los ingresos.

Por la vigencia de esa norma, a partir de marzo de 2009 las prestaciones del sistema jubilatorio nacional que gestiona la Anses se actualizan en los meses de marzo y septiembre de cada año en función del resultado de una fórmula matemática que contempla la variación de los salarios y de los recursos impositivos que recibe el organismo previsional para hacer frente a los pagos.

La historia de la ley de movilidad demuestra cómo muchas jubilaciones fueron usadas como variable de ajuste durante varios de los años inflacionarios que siguieron a la grave crisis de inicios de este siglo. El debate y la aprobación de la norma llegaron tiempo después de que la Corte Suprema de Justicia les ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo poner en marcha un mecanismo de ajustes para los haberes

Esa sentencia fue dictada en 2006, pero meses después, ya en 2007 y sin ley alguna, los jueces declararon, en la resolución de la demanda del jubilado Adolfo Badaro, la inconstitucionalidad de la decisión política que habían tomado los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, de dejar congelados entre 2002 y 2006 los ingresos de cientos de miles de pasivos que cobraban más que el haber mínimo (en muchos casos, con haberes igualmente bajos). Y resolvieron que el Estado debía aplicar una actualización, en lo referido a ese período, equivalente a la variación de un índice de salarios.

En octubre de 2008 la ley de movilidad fue aprobada sin que se previera hacer correcciones hacia atrás. Y hubo en los años siguientes una cantidad récord de juicios contra el Estado. También aportó a la elevada litigiosidad otra cuestión sobre la que la Corte se expidió a favor de los jubilados. Ocurre que, cuando alguien se jubila, una de las variables que integran la fómula de cálculo del haber inicial es el promedio salarial de los últimos 120 meses en los que se hicieron aportes. Cuando los jueces resolvieron la demanda que el jubilado Alberto Elliff había presentado sobre punto, dijeron que los valores históricos de esos ingresos debían actualizarse debidamente, porque de lo contrario se subestima el haber.

A partir de la ley de movilidad, la actualización de salarios se hace aplicando los mismos porcentajes con los que suben las jubilaciones. Por eso, según advierte el abogado y consultor internacional en seguridad social, Alberto García Rapp, cualquier cambio en el índice como el planteado esta semana tendría impacto no sólo para los jubilados actuales, sino también para los del futuro. O, al menos para quienes están próximos a jubilarse (el Gobierno está planteando una reforma integral de la ley jubilatoria hacia 2019, con lo cual podría cambiar tanto el cálculo del haber inicial como la movilidad).

“Eso es algo que no habría que perder de vista”, dice García Rapp, quien señala que en la historia de nuestro país, el nivel de judicialidad del sistema previsional estuvo vinculado al desfase entre inflación y monto de las jubilaciones. De hecho, las grandes causas de los litigios tienen en su centro a la cuestión de la movilidad. La mayoría de los litigantes, de hecho, son quienes piden que a sus ingresos se les apliquen los criterios de las mencionadas causas de Badaro y Elliff. Además, el ajuste de los haberes según los lineamientos expuestos en esos dos fallos es el espíritu con el que surgió el plan de reparación histórica que puso en marcha la Anses y que promueve acuerdos entre jubilados y el Estado para intentar reducir la litigiosidad, logrando que se desista de causas en trámite o evitando que se inicien nuevas.

¿Cómo fue la relación entre inflación y aumentos de jubilaciones? En el momento de la puesta en marcha del sistema de la movilidad, las jubilaciones mínimas habían sido incrementadas en mayor medida que la variación de precios, pero para quienes ganaban algo más (por haber aportado más) la pérdida de poder adquisitivo (que sólo puede recuperarse vía acción judicial o, ahora, con el plan de reparación histórica) había llegado a ser de hasta el 40%. A partir de allí, de los 8 años con aplicación de la ley de movilidad, hubo 6 en los que los ajustes superaron al incremento promedio de los precios, si se sigue el índice de inflación de las consultoras privadas difundido por legisladores en el Congreso.

El año con mayor brecha positiva para los jubilados, si se tiene en cuenta la diferencia en puntos porcentuales, fue 2011, con un aumento de haberes de 37,06% (es el acumulado entre las subas de marzo y septiembre) y una inflación de 22,43%. El año previo, la diferencia había sido más modesta: las variables fueron de 26,5% y de 24,93% respectivamente. El hecho de que la movilidad le ganara a los precios en esos años es una consecuencia de que el índice no está directamente atado a la inflación “sino al promedio de salarios y a los recursos disponibles del Estado”, según afirma el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.

Claro que hubo también dos años en los que el saldo resultó negativo: 2014 y 2016. En el primer caso, las jubilaciones subieron en total un 30,47% contra un alza de precios promedio de 38,49%. Y el año pasado el alza de los ingresos fue de 31,68%, también muy por debajo de la inflación, estimada en el 40,71%.

La caída de poder adquisitivo en 2016 fue una de las cuestiones que hizo ver como más inoportuna la decisión del Gobierno de hacer en estos días una corrección en el cálculo. Más allá de la búsqueda de exactitud (y del efecto fiscal, ya que según surge de estimaciones oficiales el Estado se habría ahorrado $ 3000 millones), lo cierto es que la reformulación daba un resultado a la baja para la actualización de ingresos, en un contexto de caída del poder de compra. Finalmente, con la cuenta hecha tal como se venía haciendo antes, la suba de marzo será de 12,96% en lugar del 12,65% anunciado inicialmente por la Anses.

Para Tróccoli, la cuestión técnica vinculada a la malograda modificación “debe ser corregida”, pero no de la forma y en la oportunidad en que se quiso hacer. “Desde el cambio de Gobierno se han intentado regularizar políticas de Estado referidas a los jubilados con buenas intenciones, pero algunas medidas parecen olvidar que las jubilaciones son demasiado bajas para que sean la variable de ajuste”, dice el abogado.

El error que, según los funcionarios, se cometió hasta ahora en el cálculo, está referido a cómo se calcula la variación que tuvo la cantidad de recursos tributarios que recibe la Anses para pagar jubilaciones (en gran medida el sistema depende del IVA, Ganancias y otros impuestos). Esa variable se incluyó para que el compromiso de actualizar haberes esté vinculado, además de a los salarios, a los recursos. El problema, describe Tróccoli, es que como hay impuestos con base anual (su vencimiento es una vez al año y el cobro se concentra en una época, más allá del pago de anticipos), resulta imposible calcular variaciones semestrales “como ordena la ley de movilidad”. Lo que ordena hacer la reglamentación vigente, agrega en coincidencia con la explicación oficial, arroja un resultado que no refleja fielmente lo ocurrido con la variación de recursos.

¿Qué hacen otros países?

Una cuestión que saltó a la vista en estos días es la complejidad de la fórmula de actualización. La polinomia puede tener sus ventajas, sobre todo con alta inflación, pero en el mundo no es usual tener sistemas así.

“Las pensiones tienen casi siempre movilidad y el índice depende del objetivo o de la visión que tenga el país”, cuenta Rafael Rofman, líder del Programa para la Educación, la Salud, la Protección Social, el Trabajo y la Pobreza, América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Así, según describe el funcionario, existen tres ideas guías: la primera es la de asegurar que las personas mantengan su capacidad de consumo y, en este caso, el índice de precios al consumidor es la variable más utilizada. Es el caso de Francia o Italia

El segundo criterio es el que surge de entender que la jubilación es una sustitución del ingreso laboral; entonces, la lógica indica seguir la evolución de un índice salarial. Ejemplos de este tipo de movilidad son Dinamarca y Holanda.

El tercer criterio es el de los países que deciden compartir con los jubilados las mejoras en la productividad de sus economías. Eso es lo que hizo hasta hace un tiempo Suecia, según cita Rofman, al ajustar las pensiones según la variación del PBI por habitante. Y es lo que hacen Portugal y Grecia, aunque en estos casos incluyendo la variable en una fórmula que considera también lo que ocurre con los precios.

“Los países tratan de hacer algo simple y que genere expectativas claras”, resume Rofman, quien cree en la validez de poner el tema en debate. ¿Una meta? Que sea más simple y entendible para todos.

Fecha: 19/02/2017

El aumento de las jubilaciones será del 12,96% en marzo

El haber mínimo quedará en $ 6.394 y el máximo, en $ 46.849; cambios en Ganancias

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Atrás quedó la intención del Gobierno de aplicar cambios en la manera de calcular el porcentaje de movilidad de las jubilaciones y pensiones que están a cargo de la Anses. Y así, el aumento de los haberes a partir de marzo, que iba a ser del 12,65% según lo anunciado anteayer por la tarde, se transformó en una suba del 12,96%. En la edición de ayer, LA NACION había anticipado que ése iba a ser el nivel de incremento en el caso de que Mauricio Macri decidiera dar marcha atrás con la modificación prevista, lo que finalmente ocurrió. En la Anses afirmaron ayer que ya se ajustaron las liquidaciones de los haberes de marzo, por lo que se cobrará lo correspondiente.

A partir del mes próximo, entonces, el haber mensual mínimo pasará de $ 5661 a $ 6394 y el máximo se elevará de $ 41.474 a $ 46.849. Además de todas las jubilaciones, subirán en igual porcentaje las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, una prestación para personas de 65 años o más que no tienen la cantidad suficiente de aportes para jubilarse (o directamente no tienen aportes). Esta última prestación aumentará a $ 5.115.

La aplicación de un ajuste de las jubilaciones mayor al que había anunciado la Anses le significará al Estado un costo fiscal más alto. El ente había calculado que dicho costo sería de $ 119.218 millones. Con el nuevo ajuste, el gasto en las prestaciones aumentará en $ 122.140 millones. Parte del costo que el aumento de las prestaciones se compensará con otro de los efectos que tiene la ley de movilidad: la suba de los aportes de los autónomos, también del 12,96%, y del salario máximo para hacer el cálculo de los aportes a la jubilación (11% de la remuneración), la obra social (3%) y el PAMI (3%). La remuneración tope para calcular esos descuentos será de $ 72.288,75.

Desde este año, el mecanismo de movilidad impactará también en el impuesto a las ganancias que pagan los jubilados de mayores ingresos. Esto es porque la ley que en diciembre pasado modificó el esquema de ese tributo dispuso que lo paguen los pasivos que reciben un ingreso mayor a seis jubilaciones mínimas. Desde marzo, esa base será de $ 38.368.

Hay, de todas maneras, excepciones a esa regla: no alcanza a los jubilados que, por su patrimonio, estén alcanzados por el impuesto a los bienes personales (salvo que la obligación de pagar esa carga surja sólo de la tenencia de vivienda). Para quienes queden fuera de esa base imponible especial, se aplica el mismo mínimo no imponible que para asalariados ($ 23.185 mensuales netos si no hay deducciones por familia ni de nigún tipo).

Tal como lo dispone la ley, el porcentaje de movilidad también se aplicará al monto de la Asignación Universal por Hijo, que se elevará de $ 1.103 a $ 1.246. Ese será también el importe del beneficio que recibirán por sus hijos los monotributistas y los asalariados de menores ingresos. En el primer caso, cobrarán esa cifra los contribuyentes que están ubicados en las categorías A, B, C y D. Luego, los importes se reducen a $ 838 (categoría E), $ 504 (categoría F) y $ 258 (categorías G y H). En los escalones más altos sólo se cobra por hijo con discapacidad.

Respecto de los asalariados, el importe de la asignación familiar mensual por hijo también varía según rangos de ingresos. Será de $ 1246 si el hogar percibe no más de $ 19.344; de $ 838, si el ingreso es de entre esa cifra y $ 28.372; de $ 504 (ingresos mensuales de hasta $ 32.756) y de $ 258, cuando lo que percibe el hogar es de hasta $ 73.608. Para ingresos superiores no hay pagos por hijo, ya que esa cifra actúa como tope. El sistema también contempla un monto máximo individual (en caso de que un solo integrante de la familia perciba ingresos), que será de $ 36.804. Estos topes se incrementaron en igual porcentaje que la suba que hubo para este año del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (22,8%).

Además, se eleva la ayuda escolar anual a $ 1043 y las asignaciones por nacimiento ($ 1452), adopción ($ 8703) y por cónyuge ($ 299).

Fecha: 17/02/2017

El Gobierno ya anuló el cambio en las jubilaciones

A partir de marzo aumentarán las prestaciones y las pensiones 12,96%, tal como estaba previsto

El Gobierno dio marcha atrás hoy con los cambios en la manera de calcular los aumentos de jubilaciones, tras el fuerte rechazo de la oposición. Las modificaciones no habían llegado a ser publicadas en el Boletín Oficial por lo que los haberes, las pensiones y asignaciones familiares aumentarán 12,96% a partir de marzo, tal como estaba previsto originalmente.

Así, la jubilación mínima será de $ 6394,6 y la máxima llegará a $ 46.849, en vez de $6377 y 46.721, respectivamente. En tanto, el monto de Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá de $1.103 a $1.246 y también se elevará el valor de la Ayuda Escolar Anual a $1043 por hijo.

La controversia se había suscitado luego que el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso , informara que los haberes y las pensiones aumentaban a partir de marzo un 12,65% por la aplicación de la ley de movilidad, un porcentaje menor al estipulado ya que introdujeron modificaciones en las normativas reglamentarias respecto de cómo se venía calculando hasta ahora.

El cambio implicaba una merma del 0,3 por ciento en las jubilaciones respecto del cálculo que se aplicaba anteriormente. Con esa diferencia el Gobierno buscaba además un ahorro de $ 3.000 millones anuales.

Desde la Anses justificaron la medida entonces al asegurar que se buscaba un cálculo sea más exacto. Según Basavilbaso había una “pequeña sobreestimación” de los porcentajes y se sobrevaloraba la variación que tenía la recaudación de los recursos tributarios que se destinan al pago de jubilaciones.

“La resolución del aumento jubilatorio anunciada ayer se anuló y se liquidará como siempre”, dijo esta tarde el presidente Mauricio Macri durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El gasto total del Estado por la aplicación de la movilidad será de $122.140 millones, de los cuales $105.132 millones se destinan a jubilaciones y pensiones y $17.008 millones a las Asignaciones Familiares.

“Este gobierno después de años y años de reclamos de nuestro abuelos hizo una reparación histórica. Una sociedad que no respeta a sus abuelos, a su trabajo y su tradición es una sociedad difícil de transitar”, sotuvo el mandatario.

El jefe de Estado informó, además, que no tiene previsto ningún cambio en el Gabinete. “Estoy orgulloso de mi equipo. Mientras acierte mucho más de lo que se pueda equivocar, los seguiré apoyando”, agregó.

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 16/02/2017