Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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La Corte Suprema declaró en otros once casos la inconstitucionalidad del cobro de Ganancias a jubilados

Son procesos que habían sido iniciados ante el máximo tribunal por personas que tienen una edad avanzada y padecen problemas de salud

En el acuerdo de este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en una serie de causas en las que se discutía la constitucionalidad del Impuesto a las Ganancias aplicado sobre el haber jubilatorio, sentenciándolas por remisión a lo ya resuelto, el 26 de marzo pasado, en el precedente FPA 7789/2015/CS1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1 – “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.

Se trata de una sentencia que contiene el voto de la mayoría, integrado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz.

Estos pleitos habían sido iniciados por personas jubiladas que, a la fecha, tienen una edad avanzada y/o padecen problemas de salud.

En el citado precedente “García, María Isabel”, el voto mayoritario declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (arts. 23, inc. c; 79, inc. c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430), al revisar la situación de una jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el caso debía resolverse sobre la base de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la actora, y teniendo en cuenta que la reforma constitucional de 1994 había garantizado “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23).

El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. Por ende, el legislador debe dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos sin que el sistema tributario pueda quedar apartado del resto del ordenamiento jurídico.

Consideró que la mera utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados no era suficiente al no tener en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación de notoria e injusta desventaja.

Concluyó en que el texto actual de la ley es insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional, motivo por el cual no puede retenerse ninguna suma por Impuesto a las Ganancias de los haberes jubilatorios de los demandantes hasta tanto el Congreso Nacional dicte una ley que revea la situación de las jubilaciones ante este impuesto, debiendo reintegrarse a los actores los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En su disidencia, el juez Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de las actoras. Tomó en cuenta la reforma de la ley 27.346 que introdujo modificaciones en el gravamen, contemplando una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.

Sostuvo que las jubilaciones son renta gravada (art. 79 de la ley de impuesto), y que el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles, y ponderar los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determinar, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.

Expresó allí que el cobro del gravamen a los jubilados no supone una doble imposición, ya que los aportes previsionales son deducibles del impuesto durante la actividad laboral, y que el gravamen no es violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional, puesto que la “integralidad” de la seguridad social que allí se garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.

Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: iProfesional

Fecha: 10/05/2019

Limitarán el acceso a la Prestación para Adultos Mayores (PUAM) según nivel de ingresos y patrimonio

Una nueva reglamentación pondrá más límites para acceder a una prestación mensual por edad

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

El Gobierno restringirá el acceso a una prestación prevista para quienes llegan a los 65 años de edad y no cumplen con el requisito de haber acumulado 30 años de aportes para acceder a la jubilación. A partir de ahora, para poder cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), habrá que cumplir con tres requisitos vinculados al nivel de ingresos (no se podrá haber percibido, en promedio, más de $53.828 mensuales en el año previo a solicitar el beneficio), el patrimonio y los consumos. De esta manera, si bien originalmente la prestación fue creada con un criterio de acceso casi irrestricto (no había más condición que tener 65 años cumplidos y no pedir la jubilación regular durante el tiempo de cobro de la PUAM) ahora se busca que solo alcance a una parte de la población, considerada vulnerable, estableciendo por tanto pautas de evaluación referidas al nivel socio económico.

La PUAM es una prestación equivalente al 80% del haber mínimo (en la actualidad equivale, concretamente, a $8.328 mensuales) que fue creada por ley en el año 2016. El presupuesto aprobado por el Congreso para este año ya había dispuesto una limitación para el acceso: a propuesta del Poder Ejecutivo se estableció que su cobro esincompatible con desarrollar una tarea laboral, ya sea bajo relación de dependencia o en forma autónoma (con la excepción de quienes están en el monotributo social). Antes, en 2018, ya se había limitado la prestación a quienes no tuvieran 30 años de aportes (un condicionamiento inicialmente no previsto).

Ahora, según la normativa reglamentaria de la Anses que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial según pudo conocer LA NACION por fuentes del Gobierno, podrán cobrar la PUAM quienes no hayan tenido, en el año previo al momento de pedir el beneficio, un ingreso bruto promedio mensual de $53.829 o más. Esa cifra tendrá una actualización anual en función de la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte); es, en rigor, el monto que está definido como tope del ingreso que un integrante de un hogar puede tener para que en esa familia se acceda a la asignación por hijo del sistema de la seguridad social.

Otra condición es que el patrimonio de la persona, declarado a los fines de determinar el impuesto a los bienes personales, no podrá superar en cuatro veces el monto anualizado del ingreso tope mencionado en el párrafo anterior. Eso significa que no se podrán tener bienes cuyo valor de declaración supere los $2.583.792. A la par de ese requisito, no se podrán tener vehículos automotores cuyo valor supere los $968.922, ni aviones de ningún tipo, ni embarcaciones que tengan 9 metros o más de eslora.

El tercer condicionamiento está definido por los consumos: los gastos de la persona no podrán superar en más de 30% el ingreso promedio de $53.829 por mes. Actualmente, en términos anualizados, eso equivale a $839.732,40. Y para verificar esta situación habrá cruces de datos con los consumos pagados con tarjetas de crédito y de débito.

Las nuevas disposiciones tienen que ver con que la ley del presupuesto nacional de este año, además de la restricción ya mencionada, estableció que la Anses debe realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales en cada caso, para definir si se otorga o no la prestación social.

Actualmente cobran la PUAM 119.439 personas. En esos beneficios, ya otorgados bajo la vigencia de otras reglas, no habrá modificaciones, según aclararon fuentes del Gobierno.

Fecha: 30/03/2019

 

Para no pagar Ganancias, los jubilados deberán litigar o esperar una ley

Fallo de la Corte: Tiene efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio y 2.000 casos análogos. Los restantes, por la vía legal.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

El fallo de la Corte Suprema tiene un efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio – María Isabel García- y sobre unos 2.000 casos análogos con sentencias favorables de segunda instancia –como los de la Cámara de Paraná y la Sala II de la Cámara de la Seguridad- apeladas por el Gobierno ante el Alto Tribunal.

Al resto de los jubilados y pensionados que tienen descuentos de Ganancias –300.000 entre nacionales y pensionados- les seguirán reteniendo el impuesto. Y aquellos que se encuentren en una situación similar al caso testigo, podrían iniciar un juicio reclamando el mismo tratamiento.

Esto se debe a que la mayoría de la Corte declaró la inconstitucionalidad de Ganancias en el caso García con el alcance indicado en el fallo. No tiene un carácter general o colectivo, lo que abre las puertas a una mayor litigiosidad. 

El fallo menciona que la jubilada tenía 79 años cuando inició el juicio en 2015, padecía problemas de salud y recibía descuentos de Ganancias del orden del 30% del haber.

En consecuencia, dice la sentencia de la Corte, a la hora del descuento de Ganancias se debe considerar la mayor vulnerabilidad del peticionante, “producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad” que “permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros”.

El fallo objeta el descuento de Ganancias ya que en los casos de envejecimiento, enfermedad o discapacidad  el jubilado debe “contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales”. 

Con esas consideraciones, el fallo señala que el Congreso debería modificar la actual ley de Ganancias, dando “un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”. No se fija ningún plazo para que el Parlamento considere el tema. 

Por esta razón, el abogado y especialista en previsión Guillermo Jáuregui le dijo a Clarín que aquellos “jubilados o pensionados que se consideren en similar situación que García, podrían promover la correspondiente acción judicial”. La litigiosidad es una de las vías de los jubilados para poder llegar al beneficio de no pagar Ganancias. En tanto “el Congreso debería modificar el art. 79, inc. c) de la ley contemplando a contribuyentes de mayor edad o enfermos o discapacitados, y en estos casos cuidando que la escala no supere cierto porcentaje o eximiéndolos”.

Además, a partir de 2017 se elevó el mínimo no imponible para los jubilados y pensionados a 6 haberes mínimos  -hoy en $62.462-, con ajustes trimestrales. “Este cambio puede hacer que la situación actual de García, en cuanto al porcentaje de la retención sea muy diferente. Cada jubilado debe analizar su situación impositiva antes de encarar una demanda por ese tema”.

El abogado Adrián Troccoli reconoce que “el fallo de Corte en principio fija que debe existir una situación de vulnerabilidad para poder estar eximido del pago de Ganancias. Sin embargo no exige en el caso particular pruebas fehacientes, y la doctrina seguramente se extienda a todas las sentencias provenientes de la Cámara de Paraná y de la Sala 2 de la Cámara de de la Seguridad Social”.

En consecuencia “quienes al día de hoy tributan ganancias, tienen dos caminos: esperar que el Congreso siga el pedido del Máximo Tribunal y modifique la Ley de Ganancias o iniciar una acción judicial. Sería ideal que el Parlamento resuelva la cuestión rápidamente para evitar el colapso de los Tribunales”. Y “de tratarse un proyecto de Ley la Corte no le exige que se exima del tributo a los jubilados, pero sí que les de una mayor protección a la actual”.

Fecha: 28/03/2019

La Corte exime a los jubilados del pago del impuesto a las ganancias

En un fallo que podría tener alto impacto económico para el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia decidió hoy que los jubilados están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias sobre sus haberes jubilatorios hasta tanto el Congresolegisle la exención en su favor. El maximo tribunal falló en favor de una demandante, aunque unos 300.000 jubilados tributan Ganancias.

El máximo tribunal declaró por mayoría -con los votos de Elena Highton , Juan Carlos Maqueda , Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti – la inconstitucionalidad de las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravan los haberes jubilatorios y de pensión. La decisión afecta a unas 400 causas que están tramitando en la Corte. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz , votó en disidencia: consideró que las normas de la ley Nº 20.628 que establecen que las jubilaciones y pensiones están alcanzadas por el impuesto son constitucionales “ya que no se había demostrado, en el caso concreto de la actora, su inconstitucionalidad por confiscatoriedad o irrazonabilidad”.

Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti consideraron que la demandante -María Isabel García- era vulnerable dado que tenía 79 años al iniciar la demanda, tenía problemas de salud y se le habían efectuado retenciones de entre el 29,33% y 31,94% en concepto de Ganancias.

La Corte recordó el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria y destacó que el caso de García debía resolverse “en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada”.

“No puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la Sra. García los montos retenidos desde la interposición del reclamo”, planteó el máximo tribunal.

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 26/03/2019

Cálculo del haber, ajustes, Ganancias: los jubilados y sus reclamos judiciales

La Corte Suprema dará el martes su palabra sobre el pago del tributo, con el antecedente de haber negado un amparo a un grupo de pasivos; cuáles son los argumentos de ambos lados y qué más se debate en la Justicia, donde hay 330.000 litigios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Será un nuevo capítulo en la extensa historia que protagonizan los jubilados y la Justicia. El martes próximo, la Corte Suprema se pronunciará en una demanda referida a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre un haber previsional. Por una disposición legal de hace décadas, los pasivos están alcanzados por el tributo. Y, actualmente, la imposición afecta a quienes cobran al menos $62.462 mensuales.

Así, el tribunal supremo emitirá su primera sentencia de 2019 con efectos sobre una parte de la población pasiva. En este primer semestre llegará también un pronunciamiento sobre otra causa, en la que se reclama que a todos los haberes en los que corresponda (y sin necesidad de juicios individuales) se les apliquen los reajustes derivados de lo resuelto en el fallo Badaro. En esa sentencia, de 2007, la Corte declaró inconstitucional el congelamiento de haberes que muchos jubilados sufrieron entre 2002 y 2006 (por una decisión política que resultó una de las claves para el logro del superávit fiscal en esa época) y ordenó otorgar, por ese lapso, una suba no inferior a la evolución de un índice salarial.

Claro que, después de más de 11 años de aquel fallo que favoreció a Adolfo Badaro, disponer la generalización de sus efectos sería ahora muchísimo más inofensivo para el fisco (y menos abarcativo para los pasivos) que si la resolución se hubiera tomado años atrás, algo a lo que el tribunal se negó. A esta altura, muchos de los afectados consiguieron sus propios fallos y ya cobran más, o adhirieron a la reparación histórica renunciando a litigar, o fallecieron.

Acudir a los tribunales para pedir justicia en los pagos se convirtió en una práctica demasiado habitual entre los jubilados, aunque ahora el número de causas iniciadas muestra una tendencia a la baja. En la década pasada, los juicios fueron principalmente alentados por los daños generados por la inflación -y no corregidos a tiempo por la vía administrativa- tanto en los ingresos de quienes ya estaban jubilados como en los haberes iniciales de quienes iban accediendo a su prestación.

Respecto de esto último, fue el fallo Elliff el que en 2009 marcó la cancha, al cuestionar la falta de actualización del valor de los salarios que intervienen en la fórmula de cálculo de los haberes. Este es un tema que fue logrando una corrección de manera progresiva, porque a partir de la existencia de un sistema de movilidad (2009), las remuneraciones se corrigen según los índices resultantes de esa fórmula. Ese mecanismo no fue cuestionado (lo que estuvo en discusión es la actualización de sueldos devengados en períodos anteriores).

El problema en cifras

Las estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social muestran que en 2011 se iniciaron 39.461 causas por reajustes de haberes. El número fue similar al año siguiente y cayó en forma bastante significativa en 2013. Luego, hubo un repunte hacia 2016, seguido por nuevas caídas. En 2018 hubo 18.057 demandas.

La razón de la caída es, en principio, el paso del tiempo, que hace que se reduzca y tienda a desaparecer el universo de jubilados sin litigar que pueden estar alcanzados por los criterios de alguno de los fallos citados (Badaro y Elliff). También influyó la reparación histórica (quienes aceptan la propuesta de pago hecha por el Estado renuncian a litigar). Y, según entiende el juez Luis Herrero, presidente de la mencionada cámara de apelaciones e integrante de la Sala II influyen, además, “el desaliento y la desesperanza” de los jubilados, que al litigar suelen esperar “siete años” para cobrar lo que les corresponde.

Con unos 330.000 juicios en trámite, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) afirman que cada mes llegan, en promedio, “entre 3100 y 3200 sentencias para su liquidación”. Según dice a LA NACION Alejo Maxit, secretario general del organismo, “se liquidan entre 3700 y 3900 expedientes por mes” y que, así, “los pagos le ganan a la generación de sentencias”, de las cuales un 15% no beneficia (el pronunciamiento judicial no genera una mejora del ingreso). Aun con esa dinámica, hay unas 100.000 sentencias firmes pendientes de pago: son 100.000 personas que esperan acceder a lo que ya se les dijo que les corresponde.

Según el funcionario, el plazo promedio para cobrar una sentencia, es hoy de 440 días corridos, con diferencias que dependen de la situación del jubilado (el orden se define según la edad, el monto del ingreso, la existencia o no de una enfermedad terminal y la antigüedad del fallo). El plan para este año es liquidar 40.000 casos, con $850.000 promedio por sentencia y un presupuesto de $34.538 millones. Este monto es un 41% mayor al de 2018, con lo cual no acompaña la inflación, de 47,6% el año pasado, según el Indec. Y el plazo de liquidaciones está muy lejos de los 120 días hábiles establecido por la ley de solidaridad previsional.

El debate por Ganancias

Si el martes hay un fallo favorable a quien demanda, la causa sobre Ganancias podría derivar en un nuevo aliento para ir a juicio. El último dato de la AFIP indica que en 2018 tributaron 297.000 pasivos. La palabra de la Corte, sin embargo, podría no ser un “puro sí” o un “puro no” a la carga fiscal, algo que, de hecho, ya ocurrió.

Desde 2017, los pasivos pagan el impuesto a partir de un ingreso más alto que el que define la obligación de tributar para los asalariados, con lo cual el nivel de imposición también es más leve para todos los niveles de ingresos gravados. La base, según la ley, equivale a seis haberes mínimos y cambia trimestralmente según la movilidad. Entre este mes y mayo están alcanzados quienes tienen un haber de al menos $62.462. En junio, la cifra subirá a $69.270. Los asalariados que no tienen cargas de familia ni aplican otras deducciones tributan este año a partir de un sueldo neto promedio de $38.301.

¿Cuánto pagan? En enero y febrero, por ejemplo, regía un haber máximo definido por las normativas de $68.200 (no quiere decir que no haya haberes más altos, porque sí exceden esas cifras, por ejemplo, muchos de los obtenidos por sentencia judicial). Para ese monto, el descuento mensual fue en ese bimestre de 2,6% del ingreso neto, considerando que para el cálculo del impuesto se agrega un monto proporcional del aguinaldo, tal como dispone la ley.

Lo cierto es que no es la primera vez que la Corte Suprema toma un expediente del tema Ganancias y jubilados. Hay un antecedente que está entre las razones por las que funcionarios del Gobierno confían en las chances de un aval a la imposición.

En 2014, en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ AFIP”, el máximo tribunal le negó un amparo a un grupo de jubilados que reclamaban no tributar, aunque no abrió juicio “sobre la legitimidad de la pretensión”; es decir, no hubo pronunciamiento de fondo. Lo resuelto no deja de ser significativo ni de dar una señal: lo que los jueces observaron, para no dar lugar a la suspensión del impuesto, fue que no se mostraron números para evaluar si el gravamen resultaba confiscatorio.

El caso que analiza la Corte es el de María Isabel García, quien tuvo una sentencia a su favor firmada por los jueces de la Cámara Federal de Paraná. Esa cámara dictó su primer fallo contra el impuesto en 2015, en la demanda de Jorge Antonio Cuesta. En ambos casos son jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y los juicios son contra la AFIP.

Es diferente la causa promovida por Leonardo Calderale, que también llegó a la Corte y que tuvo un fallo contrario a la imposición, dictado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social: en este caso se demandó a la Anses, que es agente de retención, como una empresa lo es con sus empleados. “Eso afecta el derecho del Estado a defenderse”, entiende la abogada Elsa Rodríguez Romero, quien también analiza que, en el supuesto de que la demandante ya no estuviera afectada por el impuesto (cuando se inició la demanda regía otro sistema de base imponible), el caso que analiza la Corte resultaría abstracto, a menos que se haya pedido la devolución de lo antes descontado. Los fallos de Paraná, en rigor, disponen el reintegro de lo retenido desde el inicio del juicio.

Entre los argumentos para pedir la inconstitucionalidad de aplicar el tributo está la afirmación de que una jubilación no es ganancia, sino un débito que la sociedad tiene con los mayores en función de lo aportado por ellos en la vida activa, y que se trata de un pago con carácter alimentario. “Es un beneficio de la seguridad social y otras prestaciones de este tipo, como la asignación familiar, están fuera del impuesto”, dice el tributarista Daniel Pérez, especializado en el tema.

Desde la AFIP, los argumentos de defensa al cobro del tributo expresados en diferentes causas se refieren, por un lado, a que es el Poder Legislativo el que define los tributos y sus alcances y que, salvo que se prueben daños confiscatorios, se trata de decisiones políticas que no deben ser revisadas por el Poder Judicial. Por otro lado, se refuta el argumento de que existe una doble imposición, al decir que los cobros del salario y la jubilación son en momentos diferentes, por distintos conceptos, y que cuando se hacen aportes previsionales durante la vida laboral, esos montos contribuidos quedan al margen del tributo (efectivamente, se restan del ingreso imponible).

“Si bien entre los aportes y el monto jubilatorio no hay una relación directamente proporcional, es ese esfuerzo contributivo el que la jurisprudencia admite como fundamento para reconocer mejores beneficios”, afirma Tróccoli, respecto de la justificación del vínculo entre la exclusión de los aportes del monto sujeto al impuesto en la vida activa y el posterior gravamen sobre las prestaciones pasivas. El abogado considera que el tema que se debe analizar es, en rigor, cuánto se paga de Ganancias, sobre todo tras distorsiones sufridas por el esquema en años anteriores.

Además de descontarse de los haberes mensuales, el tributo se resta de lo que se cobra en concepto de retroactivo al ganar un juicio. Según la Anses, eso es así porque la ley dispone la gravabilidad del ingreso jubilatorio y esos montos no hacen más que reconocer reajustes. Sin embargo, en la Justicia de segunda instancia se declara, en líneas generales, que son cobros libres del impuesto.

Otras causas en juego

La novedad más reciente de la Corte en materia previsional fue la del fallo referido a Lucio Blanco, de diciembre pasado. En esa causa, el Gobierno buscaba que la Justicia cambiara su criterio sobre el índice a usar para actualizar los salarios toda vez que, por una orden judicial, se tiene que recalcular un haber de inicio. La fórmula para calcular jubilaciones incluye el promedio de las últimas 120 remuneraciones cobradas antes del retiro.

Lo decidido por los jueces no cambió las cosas; antes ya se disponía el uso del ratificado Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), y el Gobierno no logró que se adoptara la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que en la mayoría de los casos define un reajuste menor. Ahora, la Anses va recibiendo las notificaciones de sentencias por causas similares (la Corte tenía 11.000 expedientes). Resuelto el tema, se destraba la emisión de sentencias y se dejan de apelar las de instancia inferior a la Corte. Esa celeridad podría chocar luego con la restricciones presupuestarias y derivar en una mayor acumulación de sentencias a la espera de liquidación.

El tribunal supremo tiene otras cuestiones pendientes de resolver

Una se refiere a la ley de movilidad previsional vigente desde 2018: las salas I y III de la Cámara de la Seguridad Social cuestionaron que la fórmula nueva se haya usado para calcular la recomposición correspondiente a marzo del año pasado. Según los jueces, hubo una aplicación retroactiva de la ley (algo indebido), cuando en ese período debió haberse usado la fórmula antes vigente, que fijaba subas semestrales y que, en la práctica, definía un alza de alrededor de 14,5% para el mes que es eje de la controversia, en lugar de las subas de 5,71% y 5,69% de marzo y junio.

Un segundo tema se refiere a la causa de Gabriel Hartmann, un jubilado para el cual los jueces de la Sala II determinaron que la Anses debe garantizar una jubilación que equivalga a no menos de 70% del promedio de sus últimos 120 salarios.

Otras cuestiones que en los últimos años tuvieron sentencias de la Corte están referidas a las rentas vitalicias provenientes del sistema de capitalización, eliminado hace diez años. Los rentistas (que son una parte de quienes se habían jubilado o pensionado en el sistema que gestionaban las administradoras de fondos) no fueron amparados por la reforma legal de 2008, a tal punto que se ven obligados a litigar para que se les reconozcan, según lo ya dispuesto por el tribunal supremo, las garantías del haber mínimo y la movilidad.

Fecha: 26/03/2019

La Justicia rechazó una medida cautelar de un jubilado que pedía que no le retuvieran Ganancias

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

A pocos días de la fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia tiene previsto pronunciarse respecto del descuento del impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios (eso ocurrirá el martes próximo, según lo anunciado), la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inadmisible una medida cautelar que había solicitado un pasivo para que se le deje de aplicar esa carga fiscal a sus ingresos mensuales.

Según el fallo judicial, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) y dictado el último día de febrero por la Sala V de esa cámara, no pudo comprobarse la existencia de los daños por confiscatoriedad a los cuales aludió el demandante, el abogado Jorge Vanossi, quien hizo el reclamo contra la AFIP, por considerar que el impuesto es “claramente inconstitucional” y que se aplica sobre un ingreso (la jubilación) que tiene “carácter alimentario”. En primera instancia ya se había dado una respuesta negativa a la pretensión.

Según los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany, lo que debería probarse es una violación al derecho de propiedad, lo cual en la práctica equivaldría al hecho de que el impuesto, en función de su monto, se torne confiscatorio. En ese sentido, el escrito judicial remite a algo ya expresado por la Corte Suprema, en cuanto a que la decisión sobre las políticas impositivas es algo que le corresponde al Poder Legislativo, mientras que a los jueces sí les toca como tarea declarar si el sistema tributario “repugna o no a los principios y garantías” de la Constitución Nacional”.

Y se sostiene, en el escrito, que lo pretendido en el reclamo implica “un complejo análisis constitucional y normativo a los fines de discernir si, tal como indica el accionante, se verifica un supuesto de doble imposición o un supuesto de confiscatoriedad”. Y se agrega que, para dar una definición respecto de esas cuestiones, hace falta “una etapa posterior con mayor amplitud y prueba”. En particular sobre el supuesto de “doble imposición”, se señala la necesidad de un debate sobre la naturaleza del haber jubilatorio.

En 2014, en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ AFIP”, la Corte Suprema le negó un amparo a un grupo de jubilados que pedían el cese del descuento de Ganancias, porque se consideró que no se había probado que el cobro del tributo fuera confiscatorio.

El martes próximo, el tribunal supremo dará a conocer su posición sobre el cobro de Ganancias a los jubilados, tras analizar una demanda tratada antes por la Cámara Federal de Paraná, que declaró la inconstitucionalidad de la imposición. En igual sentido se expresó, en la ciudad de Buenos Aires, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Más allá de sostener que es algo ajeno al Poder Judicial considerar “la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público” (la frase está expresada en el reciente fallo de la causa Vanossi, encomillada y atribuida a la Corte), en el escrito se hacen también consideraciones respecto de la confiscatoriedad que implicaría el cobro del tributo al jubilado.

Según los jueces, en el caso analizado el reclamante “no explica con qué parámetros y sobre qué base imponible (o sobre qué importes mínimos) debería ser actualmente calculado ese impuesto [Ganancias] para que no resultara confiscatorio. Esto, se afirma, porque “debe demostrarse que existe una violación al derecho de propiedad”.

Las jubilaciones están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, según una disposición legal de hace varias décadas. Desde 2017, el ingreso previsional mínimo a partir del cual se tributa es bastante más elevado que el que define la gravabilidad de los salarios en el caso de los trabajadores activos. La base imponible, desde entonces, equivale a seis haberes jubilatorios mínimos y se actualiza en forma trimestral en función del índice de movilidad. Este mes, por caso, los haberes que están alcanzados son los de al menos $62.462, mientras que en junio esa cifra subirá (a la par de una recomposición de los ingresos) a $69.270.

Fecha: 23/03/2019

Reparación histórica: benefició a más de 740.000 jubilados, pero bajó muy poco la cantidad de juicios

Son los que tienen el acuerdo homologado con la Justicia. Mejoraron sus haberes y cobraron retractivos. Pero menos del 6% tenía acciones contra el Estado.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

A dos años y medio de su lanzamiento, 745.559 jubilados y pensionados que aceptaron el Programa de Reparación Histórica (RH) completaron el trámite de homologación en la Justicia. De ese total, 704.244 son jubilados y pensionados que no hicieron juicio y 41.315 tenían juicio iniciado y desistieron de continuarlo de acuerdo a las condiciones del Programa.

Se estima que hay otras 110.000 aceptaciones más, de las cuales unas 40.000 están demoradas porque, según la Justicia, fueron enviadas por ANSeS para su homologación, pero con errores. Se espera que esta “impasse” se solucione rápidamente y ANSeS pueda enviar las siguientes 70.000 aceptaciones. El organismo previsional no informó si hay más aceptaciones del Programa en vista.

De esos números se desprende que el programa logró la aceptación de menos de la mitad de los potenciales beneficiados, pero no logró reducir sustancialmente el stock de juicios que se estima en 300.000 expedientes, a pesar que se pagan entre 30.000 y 35.000 sentencias por año. De acuerdo al Programa, el jubilado debe desistir de iniciar un juicio o debe renunciar a continuar con el juicio iniciado.

No obstante, hay una reducción del número de demandas nuevas –del 45%– por los que aceptaron no iniciar nuevos juicios en el marco de la Reparación Histórica, por el paso del tiempo (fallecimientos) y porque la movilidad vigente desde 2009, aprobada por el Congreso, eliminó una altísima fuente de litigiosidad.

En cambio, está pendiente que la Corte se pronuncie sobre la modificación de la ley de movilidad sancionada fines de 2017 porque fue aplicada en forma retroactiva, lo que sería inconstitucional según un fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social. Y hay más litigiosidad por diferencias en la liquidación de los pagos de sentencias.

Cuando se lanzó la RH en 2016, por el lapso de 3 años, desde el Gobierno se estimó que comprendía a 2,3 millones de personas: 250.000 tenían juicio en curso, 50.000 contaban con sentencia firme y 2 millones cobraban menos de lo que les correspondía. El Programa se financiaría inicialmente con los ingresos del Sinceramiento Fiscal (blanqueo).  Esas demandas potenciales se deben fundamentalmente a que, a pesar de la alta inflación, durante el Gobierno de Eduardo Duhalde no hubo aumentos en las jubilaciones y durante el de Néstor Kirchner hubo aumentos en los haberes mínimos, pero al resto le otorgaron incrementos del 11% y 21%, según los montos jubilatorios. Para ese segmento de jubilados, el aumento entre 2002 y 2006 debía ser del 88,6%, como luego fijó la Corte en el caso Badaro.

Además, no se ajustaron los salarios que se toman como referencia para el cálculo de los haberes iniciales que luego la Corte modificó. Eso llevó a un fuerte incremento de la litigiosidad y en los fallos Badaro, Elliff y Bianco la Corte les dio la razón a los jubilados. Pero no se extendieron esos fallos a todos los jubilados, como reclamó entonces el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y eso volvió a incrementar el número de juicios. En las próximas semanas, con 11 años de demora, la Corte Suprema tratará esa demanda del ex Defensor.

Según declaraciones de funcionarios de la ANSeS, la RH logró mejorar en $ 6.000 el haber promedio de los jubilados y jubilados adheridos, pero no hay cifras sobre el monto de las retroactividades.

Por el Programa, las retroactividades se calculan, para quienes tienen sentencia firme, con el índice RIPTE (salarios formales), inferior al que determinó la Corte Suprema en los casos Elliff y Bianco. Para los que están en juicio, se liquidan con ese mismo índice pero con hasta 48 meses de retroactividad y para los que no hicieron juicio desde la fecha de ingreso al Programa.

Por esa razón, y pese a que el Programa benefició a más de 700.000 jubilados y pensionados que no habían demandado al Estado, la abogada previsionalista Andrea Falcone le dijo a Clarín que la oferta de ANSeS contiene “grandes quitas, condiciona la mejora de los haberes a renunciar a derechos, mejora que luego quedó anulada con el cambio de la ley de movilidad a fines de 2017”. Y agregó: “Corresponde darle al jubilado lo confirmado por la Corte Suprema, sin quitas ni hacerlo pasar por abogados, oficinas de la ANSeS y Tribunales”.

Un reciente Estudio de ASAP (Evolución y Financiamiento de la Previsión Social en Argentina) señala como tema “controvertido” del Programa este último punto. Así dice que “no se puede evitar que una persona acepte el acuerdo, pero luego plantee un nuevo reclamo razonado en las diferencias respecto de la aplicación de los índices salariales establecidos por la Corte Suprema y los que efectivamente termina aplicando la ANSeS”. Hubo varios fallos judiciales que se pronunciaron en considerar los reajustes de RH como anticipo o a cuenta de los que determine la sentencia definitiva.

Fecha: 18/03/2019

Reparación Historica: Más de 40.000 reajustes de jubilaciones están frenados en la Justicia

Por errores formales, no se procesan los expedientes para liquidar las sentencias con reajuste

Más de 40.000 reajustes de jubilaciones del programa de Reparación Histórica fueron devueltos por la Justicia a la ANSeS por contener errores que imposibilitan- dicen-  su homologación por los distintos juzgados de la Seguridad Social. Y hasta tanto no se solucionen esos errores, en ANSeS dicen que no puede enviar otros 70.000 expedientes para su ratificación por la Justicia.

Estando postegadas por el momento, el reajuste de esos más de 110.000 jubilados y pensionados que no cobran aún los haberes en los términos de la Reparación Histórica.

Según la Justicia, los pedidos de homologación son enviados por vía digital por ANSeS a la Dirección de Tecnología (DGT) de la Justicia. Pero de allí no fueron reenviados a los Juzgados porque contienen errores, como que no están firmados por la autoridad de ANSeS que corresponde, hay matriculas erróneas de los letrados que intervienen o esos letrados no figuran en los listados de ANSeS, falta el número de CUIL de los jubilados, los textos de los convenios tienen errores, falta el número de CUIL en las liquidaciones.

Todos esas falencias hace que no se cumpla con los requisitos exigidos por la Acordada  de la Corte Suprema, y no pueden ser homologados, dicen en la Justicia.

Por esa Acordada, “una vez que ANSES reciba la notificación de la homologación del Acuerdo, por parte del juzgado, procederá a la registración de la novedad en sus bases de datos y a la liquidación correspondiente”. En esos más de 40.000 casos, el expediente ni siquiera fue enviado al Juzgado.

En la ANSeS respondieron a la Cámara de la Seguridad Social. Dicen que “habiendo logrado desarrollar satisfactoriamente el primer expediente electrónico judicial en la historia del País, lo cual nos ha permitido asignar más de 700 mil acuerdos de Reparación Histórica en apenas 2 años, es natural que haya inconvenientes, dada la indefectible coordinación que se requiere entre todos los responsables. Y hemos solucionado todos los obstáculos, sin que se haya frenado el proceso de envío, hasta ahora”.

En consecuencia, y dado que “las dificultades actualmente existentes para la asignación de los acuerdos, obedecen a las validaciones implementadas por el Poder Judicial y que tienen por objeto controlar cuestiones formales”, esos expedientes – proponen– “podrían ser subsanados luego de ser asignados a cada juzgado”. Y concluyen: “nos encontramos a disposición para imprimirle la mayor velocidad a la solución de las dificultades existentes”.

Por la ley de Reparación Histórica, los jubilados y pensionados que aceptan el ofrecimiento de la ANSeS deben desistir si iniciaron un juicio o desistir de recurrir a la Justicia en relación al reajuste en cuestión. Por esa razón, los acuerdos no pueden implementarse hasta tanto la Justicia de la Seguridad Social los valide. Y si ni están homologados, el expediente queda congelado y no se efectiviza los reajustes que ya tienen la aceptación del jubilado o pensionado.

Fuente: Diario Clarín

Fecha: 15/03/2019

Emilio Basavilbaso “Las propias mujeres pedirán igualar la edad de jubilación con los hombres

El director Ejecutivo de la ANSeS y su visión sobre un tema puntual en el contexto de los reclamos de igualdad de género. El futuro del sistema previsional. 

Por: Gustavo Bazán

Para: Diario Clarín

Este 8 de marzo se volvieron a expresar los reclamos de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cree que en algún momento se legislará que todas las personas se jubilen a la misma edad?

– Creo que la igualación en la edad jubilatoria la van a terminar pidiendo las propias mujeres, no va a ser una imposición. Hay algunas ideas y sectores solicitando esa igualdad, pero yo creo que eso va a ir creciendo como un reclamo directamente de las mujeres. La opcionalidad lo demuestra. Hoy las mujeres se pueden jubilar a partir de los 60 pero si quieren pueden estirar su vida laboral hasta los 70, como los varones. Y la realidad nos indica que la edad promedio a la que se jubilan las mujeres está entre los 63 y los 64. Por eso el uso de la opción de elegir jubilarse hasta los 70 se dará naturalmente. Me parece legítimo pedir que obligaciones y derechos sean más parecidos a los de los hombres. Desde ya, me gustaría que tuvieran iguales derechos y obligaciones en todos los ámbitos.

La expectativa de vida creció y la parte de la vida de las personas como jubilados se estira. ¿Eso obligará a cambios más profundos en el sistema previsional?

– Vivimos más porque tenemos mejor calidad de vida. La posibilidad que le dimos a los trabajadores de jubilarse, si quieren, a los 70 años, va en esa línea. Los trabajos son menos físico dependiente. Va a ser una opción natural que la gente elija trabajar más. Hoy tenemos jubilados de 66 o 67 años que quieren seguir trabajando porque les conviene y les hace bien

¿Cómo se imagina el sistema previsional después de la reforma que debería empezar a debatirse en 2020?

– No tenemos una reforma planteada. Acá estamos acostumbrados a la inmediatez y en un sistema previsional hay que ser gradualistas y cuidadosos con la intensidad de los cambios. Hoy hay siete millones de beneficiarios que cobran jubilaciones o pensiones. Para cambiar la base tiene que pasar el tiempo. Además, estamos conformes con los cambios logrados en la reforma de 2017, porque están avalados por el Congreso.

Pero hay una comisión específica para estudiar el tema y un compromiso volcado en el acuerdo con el FMI.

– La verdad es que estamos conformes con los cambios que se hicieron hasta ahora. En concreto, las tres grandes reformas que hizo este Gobierno le dieron sustentabilidad al sistema. Esto es, la fórmula de ajuste de las jubilaciones, la pensión universal para el adulto mayor y la edad opcional, que les dio la posibilidad a los trabajadores hombres de jubilarse a los 70 años y a la mujer a los 65 años de edad. Esos tres factores ya nos están dando resultados.

¿No hay nada más para discutir?, hasta el senador Miguel Pichetto dice que es un tema prioritario para el próximo mandato presidencial.

– Siempre se pueden encarar modificaciones, tan solo por hablar de cuestiones demográficas. Pero es un tema de aproximaciones sucesivas. No creo en la gran reforma total que se aplique de un día para el otro. No funciona acá ni en el mundo. La realidad es que el sistema administra precios y cantidades. Con el cambio de fórmula de ajuste de las jubilaciones mejoramos la cuestión del precio. Es una fórmula transparente y nos puede anticipar los aumentos que vienen. Es un gran logro para el Gobierno y para los jubilados. Respecto a la cantidad estamos aplicando racionalidad, porque ahora hay un análisis socio económico de ingresos de las personas, y no es lo mismo si uno aportó o no aportó. El que aportó cobra más. Es una cuestión de justicia.

El Gobierno insiste en que debe bajar el costo laboral y la presión fiscal. En ambos casos son medidas que impactarían sobre los ingresos de la ANSeS. ¿Cómo van a manejar eso?

– La realidad es que el sistema previsional puede financiarse con otros ingresos o impuestos. Tienen que estar los aportes y contribuciones y algo más. Estamos trabajando en que la mejor forma de hacer sustentable el sistema es que el empleo esté en blanco y registrado. Si conseguimos que el empleo no registrado se blanquee vamos a financiar el sistema y que el trabajador esté cubierto con todos sus derechos.

Pero lo que se ve es que el trabajo en blanco no crece. Y que la baja de aportes no se traduce en más empleo registrado.

– La estrategia para aumentar el trabajo registrado es que no sea tan caro tenerlo en blanco. Por otra parte lo que tenemos que hacer es mostrar las ventajas de la seguridad social y pagar las jubilaciones que corresponden. La reparación histórica subió la jubilación promedio en unos 6.000 pesos. Eso el trabajador lo ve y piensa que vale la pena aportar. Hay que sostenerlo en el tiempo, porque así se gana en credibilidad. Días atrás di una charla en la UBA y pregunté quién pensaba que el dinero de los aportes iba a estar cuando se jubile. Nadie, me respondieron. Tenemos un problema de confianza y credibilidad. Si la gente ve que cobra lo que corresponde, va a confiar y va a procurar trabajar en blanco.

Insisto. ¿Se pueden bajar impuestos sin afectar la sustentabilidad del sistema previsional?

– Sí. Obviamente, eso no sucede en un mal año económico. Pero hasta 2017 estaba ocurriendo. En la normalidad se regenera el círculo virtuoso del empleo formal. En recesión es difícil, pero no tiene que ver con bajar o no los aportes.

¿Considera que hay un desbalance en cuanto a la orientación del gasto social, a favor de los adultos y en perjuicio de los niños, que es justamente el segmento demográfico que más sufre las condiciones de pobreza e indigencia?

– La inflación pega más en los niños. En la medición del INDEC dice que cuatro de cada diez niños son pobres. Es una tasa muy superior a la de pobreza en los adultos mayores. El anuncio del adelanto de aumento de la Asignación universal por hijo que hizo el presidente Macri la semana pasada se aplica a los niños. Eso lo tenemos que tener presente en cada decisión que tomamos. Hay que priorizar a los niños, porque es una obviedad. Si conseguimos que los niños de hoy tengan la prestación alimentaria garantizada, serán mejores adultos.

Pero igual sigue siendo difícil modificar las partidas presupuestarias, porque hay una cuestión de, podría decirse, derechos adquiridos. ¿Es así?

– Cualquier cambio en este sentido es atribución del Congreso. Prefiero no hablar de resignar prestaciones ya entregadas y otorgadas y sí hablar hacia adelante, corregir lo que se pueda. No creo en los péndulos. Un país serio tienen que tomar sus decisiones y no borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Hay que ser coherentes porque sino la sociedad no confiará nunca más en el sistema.

¿Por qué suele decirse que el sistema previsional está técnicamente quebrado, concepto que se instaló sobre todo por la incorporación de millones de beneficiarios sin aportes?

– No es así. El sistema contributivo está en línea entre los que aportan y los que cobran. Es sustentable y no tiene déficit. Lo que sí es deficitario por la parte de los que se jubilaron sin aportes. En su momento el Estado decidió darles protección a los que habían quedado fuera de la AFJP, sobre todo las mujeres cuando se les terminó la etapa laboral activa. El problema fue que la ley no previó cómo se iban a pagar esos beneficios. Dio derechos pero no dijo cómo se pagaban. Lo que sucedió es que los trabajadores activos tuvieron que pagar con sus aportes esa jubilación. La ley de reparación histórica no toma ni un peso del fisco. Se financió con el blanqueo de capitales y ahora con las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

A la ANSeS siempre se le piden fondos para varios fines, más allá de los establecidos por ley. ¿Los créditos ANSeS son parte de esa caracterización?

– No. En absoluto. Nosotros pusimos la ANSeS para beneficiar a la gente y no para financiar la política. No pagamos fútbol, no damos créditos Procrear a tasas negativas, por ejemplo. Lo que buscamos es que la ANSeS quede saneado y preparado hacia el futuro. En 2015 recibimos un organismo con la mayor cantidad de juicios contra el Estado. Dimos confiabilidad pagando lo que hay que pagar. Bajo 43 por ciento la litigiosidad de los jubilados. Estamos apuntando a terminar todos los juicios. No nos olvidemos que la ANSeS pasó por todos los escenarios. Se había privatizado y re estatizado casi sin debate. La gente se perdió, no sabía qué iba a pasar con sus aportes. Hay que ser consistentes y perseverantes con la política pública.

¿Los créditos ANSeS son o no parte de las prestaciones a las que está obligado el organismo?

No estamos obligados, pero creemos que es necesario llevar alivio a los que peor la están pasando. La gente usa los créditos para mejorar la vivienda, por ejemplo. Ayudamos a que los beneficiarios de prestaciones o planes sociales puedan estar un poco mejor. Es virtuoso, porque además se los incluye financieramente. Cualquier persona necesita del crédito. Adelantar ingresos mediante créditos está bien, es plata que dinamiza la economía porque va directo al consumo.

Estos créditos tuvieron su pico pocos meses antes de las elecciones de 2017. Están listos a relanzarlos. ¿Cómo van a ser?

Estamos trabajando para potenciar el programa. La realidad es que el anticipo de aumento de la AUH nos da la posibilidad de prestar más dinero. El adelanto de AUH permite prestar más porque se modifica la relación entre el ingreso del beneficiario y el monto que se le puede prestar. Aún no sabemos cuál va a ser el monto máximo a prestar, que hoy para un jubilado es de 80.000 pesos. Pero sí es cierto que queremos potencia estos créditos. No desfinanciamos a la ANSeS porque son tasas positivas, que igual son mucho más bajas que las que podrían conseguir los beneficiarios fuera del sistema financiero

¿La ANSeS sigue apelando las sentencias en contra?

No apelamos más ante la Corte Suprema, que demás ya definió los índices de ajuste. Ahora ningún demandante debe esperar nueve años para cobrar. La mayoría de los demandantes adhirió a la ley de reparación histórica y los que no adhirieron están cobrando los juicios, con un tope anual definido en el Presupuesto. En dos años cerramos más de un millón de juicios, la mayoría de jubilados que desistieron de la demanda.

¿Cuantos juicios hay?

Es un blanco móvil, porque se siguen iniciando, aunque a un ritmo mucho menor y el stock ya están bajando.

Fecha: 11/03/2019

El Gobierno busca reformar las jubilación temprana de ciertas actividades

El Gobierno está recabando información sobre los esquemas especiales, en el marco de una futura reforma integral del sistema de seguridad social

El plan del Gobierno nacional de avanzar en una profunda reforma previsional, que comenzará por el estudio de los regímenes diferenciales de unas diversas actividades como las transporte, la industria o los servicios que prevén jubilaciones a los 55 años o menos, con 25 ó 30 años de aporte, que con la antigua legislación previsional (Ley 18.037) fueron encuadradas como trabajos riesgosos o de envejecimiento prematuro.

Con la sanción de Ley 24.241 que elevó la edad al requisito actual, se disponía que el Poder Ejecutivo revisase estos regímenes especiales. Los pocos avances que se dieron es este aspecto fueron objetados por los tribunales de la Seguridad Social, por lo que la mayoría de aquellos no fueron modificados. El sistema de capitalización morigeraría la incidencia de estos beneficios toda vez que una más prolongada expectativa de vida (al retirarse anticipadamente) disminuyese los haberes y desincentivara los retiros tempranos.

Por ello no se avanzó en la corrección de estos mecanismos de jubilación temprana. La reposición de un solo sistema público de reparto, género que estas diferencias de edad jubilatoria con el régimen general afectase la sustentabilidad del sistema.  En algunos casos con 52 años de edad exigida, la diferencia de 13 años para adquirir el derecho jubilatorio genera una inequidad manifiesta.

La Ley 27.260 de Reparación Histórica definía en su articulado la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional para la revisión y elaboración de una propuesta de revisión de todo el sistema jubilatorio. La propuesta debería elaborarse dentro de los tres años de sanción de la ley que se cumplen en junio de este año.

Por ello actualmente, una está comisión de expertos presidida por la secretaría de Seguridad Social revisa los regímenes diferenciales analizando los datos sobre los esquemas de jubilación anticipada y contribuciones patronales de medio centenar de actividades como las sector aeronáutico, marítimo, ferroviario, taxista, tranviario y portuario.

El Consejo curso notas en las que solicitaba a distintos gremios y cámaras empresarias en solicita se le informe sobre el alcance de las mismas. Especificando; “las tareas y puestos de trabajo incluidos en el régimen diferencial”, “condiciones y medio ambiente en que se desarrolla cada puesto”, “organización del trabajo”, “regímenes horarios”, “cantidad de trabajadores en actividades diferenciales”, y “factores de riesgo para la salud”, entre otros items. Lo que está generando una reacción defensiva en varios gremios que temen un recorte de este beneficio para sus trabajadores.

A su vez, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que debe revisarse ” la generosidad de las jubilaciones”, incluidos los retiros tempranos en un documento que analiza “el futuro del ahorro” a nivel mundial. Allí, los técnicos recomiendan a la Argentina “reformas adicionales”, tales como la disminución de la “tasa de beneficio” en relación a los salarios.

Las sugerencias van en línea con el compromiso asumido en octubre por el Gobierno de reducir en 2019 el gasto en pensiones del 4,5% al 4,2% del PBI, por lo que el rubro debería insumir un total de $1.634.000 millones.

La otra presión que enfrenta el Gobierno es la influencia de Brasil, en donde el presidente Jair Bolsonaro impulsó una reforma que eleva la edad jubilatoria y los años de aporte. Si bien el régimen previsional brasilero es aún mucho menos exigente que el argentino para alcanzar el beneficio jubilatorio.

En un año electoral, la administración del presidente Macri parece sin margen para implementar semejantes cambios, pero también busca al menos enviar señales del reordenamiento fiscal que prevé hacer en 2020 de uno de los gastos más sensibles que abarca a 5,7 millones de jubilados y pensionados.

Después de todo, la revisión del régimen previsional estuvo siempre en su agenda. En junio del año pasado, advirtió que todos los argentinos debían trabajar “la misma cantidad de horas y de años”, y pidió terminar con los “privilegios”.

Fuente: Jubipen.com

Fecha: 06/03/2019