Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Este es un espacio pensado para aquellos que han iniciado esa etapa distinta de la vida. Aquí encontrará información de interés, desde novedades (de legislación o de normas), artículos, notas y actividades recreativas o culturales que pueden realizar.


Pago a jubilados: aprueban un trámite

La Corte reglamentó la actuación de los jueces para validar los acuerdos

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Corte Suprema emitió ayer una acordada por la cual aprobó la implementación de los expedientes electrónicos con los que se tramitarán en la Justicia los acuerdos del programa de reparación histórica para los jubilados.

El plan dispuesto por la ley 27.260 prevé una mejora de haberes para un grupo de unos 2,4 millones de jubilados del sistema previsional nacional que gestiona la Anses. Como la aceptación voluntaria de los aumentos ofrecidos por el Gobierno supone la renuncia de los jubilados a reclamos judiciales, se estableció que debe existir un acuerdo entre las partes que sea homologado por un juez. Hasta ahora no se había avanzado en esa parte del trámite, por falta de reglamentación.

La norma emitida ayer y firmada por los cinco integrantes del tribunal supremo dispone el mecanismo por el que se asignarán los expedientes a los diferentes juzados y establece que las notificaciones se harán de manera electrónica. El momento de la puesta en marcha, sin embargo, dependerá de cuánto se demore en lograr que los sistemas infomáticos correspondientes “se encuentren operativos y funcionalmente aptos”, según un artículo de la acordada.

En la Anses, el director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, afirmó que el reglamentado ayer es “el primer expediente digital de la historia judicial argentina”. Y recordó que, para firmar los acuerdos, los jubilados deberán tener registrada su huella dactilar.

El plan de reparación contempla la ofertas de una mejora del ingreso mensual y, si se hizo antes una demanda judicial, también una oferta de pago del retroactivo. Para saber cuál es la oferta, se debe hacer la consulta en www.anses.gob.ar ingresando con una clave personal. Pero no todos los alcanzados por el plan tienen ya la información que necesitan: en el caso de quienes hicieron juicio, hasta ahora unos 90.000 jubilados pudieron conocer qué se les ofrece. Muchos, en cambio, aún deben esperar.

Fecha: 30/11/2016

Reparación Histórica: los jubilados podrán tramitar gratis el reajuste de haberes

“Es una solución para quienes les corresponde la Reparación, que no hicieron juicio y necesitan asesorarse”, expicó Basavilbaso. Cuánto cobrarán los abogados.

El Gobierno firmó un acuerdo con la Defensoría General de la Nación que les permitirá a los jubilados y pensionados tramitar en forma gratuita el reajuste de haberes por la ‘Reparación Histórica’.

El acuerdo estipula que la ANSeS se hará cargo de los honorarios y abonará al Ministerio Público de la Defensa un monto fijo de $ 1141 por abogado que trabaje en dicho proceso.

El convenio fue suscrito por el director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

Esta firma es una solución para aquellos adultos mayores a los que les corresponde la Reparación Histórica, que no hicieron juicio y necesitan asesorarse para poder elegir lo que más les conviene”, señaló Balsavilbaso.

También, remarcó que ya se había logrado un convenio con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y ahora, con este acuerdo, “habrá defensores públicos oficiales y coadyuvantes en todo el país dispuestos a brindar asesoramiento gratuito”.

La lista de los defensores será remitida próximamente a la ANSES y estará disponible para ser consultada.

En la web de ANSES sobre la Reparación Histórica se pueden consultar las direcciones de los Colegios de Abogados con convenio vigente con el organismo para que los beneficiarios puedan acercarse a consultar el listado de abogados disponibles.

Fuente: Diario El Cronista

Fecha: 09/11/2016

Jubilados: se podrá pedir la corrección de los nuevos haberes

Por falta de datos, algunos ingresos no se calculan según la ley

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Anses habilitará en los próximos días un mecanismo para que los jubilados puedan solicitar una corrección del monto del haber mensual que se les ofrece en el plan de reparación histórica. Esto es, claro está, para los casos en que se considere que la cuenta debería dar un número diferente y se puedan aportar datos para probarlo. Así lo dijo Gonzalo Estivariz, secretario Legal y Técnico del organismo previsional, al ser consultado por LA NACION.

La medida tratará de dar respuestas a situaciones en las cuales, ante la falta de datos informatizados para saber cómo se llegó a un determinado haber jubilatorio, la Anses dispuso hacer el recálculo del ingreso con un mecanismo (basado en una serie de coeficientes) diferente al establecido por la ley 27.260, de reparación histórica. Y, según abogados previsionalistas, eso produce diferencias. En la Anses admiten la situación (también dicen que en algunos casos resultan brechas a favor de los jubilados) y afirman que si se obtienen los datos que permitan aplicar la fórmula de la ley, así se hará.

En la Justicia, en tanto, se tramita un recurso de amparo -la causa es “Ramírez, Elsa Isabel c/ Anses” y recayó en el juzgado número 5 del fuero de la seguridad social- por el cual se reclama usar el mecanismo de cálculo de la ley en lugar de los coeficientes, lo cual aportaría, en ese caso en particular, un reajuste un 43% mayor que el ofrecido, según explicó el abogado Adrián Tróccoli, quien hizo la presentación.

¿Por qué se produce el conflicto? Al calcular los haberes se tienen en cuenta los salarios de los últimos diez años trabajados. Y una cuestión clave es cómo se actualizan los valores históricos. Si no se cuenta con los datos de todas esas remuneraciones, el recálculo que propone la nueva ley no resulta posible. Por eso se buscó la alternativa. El problema, según Tróccoli, es que “los coeficientes han demostrado provocar grandes diferencias que resultan violatorias del espíritu de la ley de reparación”.

El mecanismo previsto por la Anses habilitará a que el jubilado o quien lo representa suba a la web la información necesaria, tanto de los salarios como de los ajustes que eventualmente hayan recibido luego los ingresos jubilatorios por alguna orden judicial. Según Estivariz, se abrirá entonces una instancia de corrección, en caso de corresponder, para ajustar las cifras.

Para la abogada Elsa Rodríguez Romero, será esencial tanto que se permita informar los datos que la Anses dice no tener, como también que, antes de aceptar o rechazar la oferta de pago (el plan es de adhesión voluntaria), un jubilado pueda evaluar bien los números.

Hasta la semana pasada, habían aceptado su nuevo ingreso 135.347 personas. De ellas, 82.939 son jubilados que ya cobraron o están cobrando por primera vez su haber ajustado. Otros 24.351 casos son de quienes, por cumplir con determinados requisitos, pudieron adherir al sistema de “aceptación previa”, un mecanismo abreviado por el cual la Anses empezará a liquidar en noviembre el nuevo monto, sin necesidad de que antes se homologue el acuerdo en la Justicia. Y un tercer grupo de quienes aceptaron está integrado por 28.057 pasivos que dieron su aval pero que necesitan la homologación del acuerdo antes de cobrar.

En cuanto al nuevo mecanismo para revisar datos, Estivariz aclaró que valdrá tanto para quienes tienen un juicio y aún esperan saber cuánto les ofrecerá el plan (se había dicho que eso se informaría en septiembre, pero el plan viene retrasado para este grupo), como para quienes cobran su haber actualizado ya en estos meses, que son parte de quienes no hicieron demanda pero a quienes de todas formas se les incrementa el haber, con un reconocimiento de que en los últimos años se les pagó menos de lo debido.

En la Anses estiman que durante noviembre todos los alcanzados por el plan tendrán conocimiento de cuál es la oferta que se les hace, para decidir luego si firman el acuerdo de aceptación del nuevo haber mensual y, en el caso de quienes tienen juicio, también del retroactivo, es decir, de la suma acumulada por las diferencias entre el ingreso mensual que debió pagarse y el que efectivamente se pagó desde el Estado.

Para quienes tienen sentencia firme, ese retroactivo no tendrá limitaciones en cuanto a la cantidad de meses reconocidos, en tanto que a quienes tienen un litigio en trámite, se les reconocerá un retroactivo con un límite de 48 meses. En cualquiera de los dos casos, de todas formas, sí podría existir una diferencia (dependiendo de la fecha de jubilación) respecto de lo que se obtendría con una sentencia judicial. Esa diferencia posible se deriva del hecho de que el índice adoptado por el plan de reparación para actualizar los salarios usados al calcular la jubilación tuvo, durante un período, una evolución menor a la del índice con el cual se reestima el haber cuando hay una orden judicial.

Fecha: 25/10/2016

Beneficios para jubilados: Plan para la Casa Propia. Designación de Beneficiarios en la cuenta de jubilación

Noticias Breves: Beneficios para Jubilados y Pensionados

Inscripción para un plan de la ANSeS de Viviendas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que conduce Emilio Basavilbaso (foto), comenzó ayer el segundo proceso de inscripción para que las familias obtengan un subsidio del Estado nacional junto con el crédito hipotecario para comprar una vivienda Procrear Solución Casa Propia. En la primera instancia, se seleccionaron a 25.002 grupos familiares por un sistema de puntaje objetivo y transparente.

Cambio en la normativa de las cuentas de cobro de los jubilados

El Banco Central (BCRA) publicó la nueva normativa para las cuentas bancarias de beneficiarios de la Seguridad Social (jubilados y pensionados), la cual dispone que, para las cuentas vinculadas a la Seguridad Social (jubilaciones, pensiones y otro tipo de asignaciones) se podrá designar para el cobro de haberes a apoderados o representantes legales de los usuarios.

Fuente: Diario La Nación

Fecha:22/10/2016

Los jubilados tendrán descuentos del 30% en pasajes de avión

El Ministerio de Turismo y la Anses firmaron un convenio con Aerolíneas Argentinas y LATAM; será válido para viajar a 36 destinos del país

El Ministerio de Turismo y la Anses firmaron un convenio con Aerolíneas Argentinas y LATAM que permitirá a jubilados y pensionados comprar pasajes con descuentos de un 30 por ciento. El convenio será válido para viajar a 36 destinos del país.

Desde el 1° de octubre y hasta el 1° de diciembre todos los jubilados mayores de 60 años que residan en la Argentina podrán obtener el beneficio para volar desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre, informaron las compañías aéreas.”Esta es otra demostración de que trabajando en equipo se obtienen mejores resultados. En este caso, ampliando beneficios para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores”, dijo el director ejecutivo de la Anses,

Los beneficiarios podrán adquirir pasajes para dos personas, con siete días de anticipación, y por una estadía mínima de dos noches, a través del sitio web www.aerolineas.com.ar/anses.

Los jubilados que quieran inscribirse en el programa de beneficios deberán ingresar su número de documento en la página web para que la Anses valide sus datos.

Basavilbaso firmó el acuerdo junto al ministro de Turismo, Gustavo Santos, y a la presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini.

El ministro Santos subrayó que esta medida se inscribe en el marco de la decisión del Gobierno nacional de “poner en marcha la reparación histórica para los jubilados y pensionados de todo el país”. Y dijo que la iniciativa también “busca articular la oferta y la demanda y renovar el impulso a la actividad turística en todos los destinos nacionales”.

“Esta iniciativa busca desarrollar condiciones de competitividad para el mercado doméstico con un fuerte componente de turismo social que provea incentivos a aquellos sectores que no tienen acceso frecuente a los servicios turísticos. Así, plantea una estrategia de trabajo conjunto entre el sector público y el privado para articular la oferta y la demanda y potenciar la cadena de valor de la actividad en todos sus rubros”, sostuvo Latam.

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 20/10/2016

Reclaman al Gobierno una revisión integral de las pensiones por invalidez

Desde distintas fuerzas exigieron una auditoría ante las evidencias de un manejo discrecional en el otorgamiento de subsidios; pedirán informes a Desarrollo Social

Por: Gabriela Origlia

Para: Diario La Nación

En amplios sectores políticos, incluidos algunos socios de Pro en Cambiemos, hubo consenso ayer en que el sistema de pensiones no contributivas por invalidez debe revisarse de manera integral. Incluso reclamaron analizar cambios profundos para limitar al máximo la posibilidad de que se otorguen como parte de esquemas de clientelismo político.

La reacción se produjo después de que LA NACION revelara, sobre la base de datos oficiales, que en la Argentina se pagan 1.037.931 de estos subsidios, número equivalente al 6,9% de la población económicamente activa (PEA).

En el norte del país -donde también se registran las mayores tasas de pobreza- el porcentaje es significativamente más alto: en Santiago del Estero cobra estas pensiones el equivalente al 35% de la PEA; en Formosa, el 31,96%, y en Chaco, el 30,7%.

Consultada por este diario, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, prefirió no hacer comentarios. Desde su cartera indicaron -al enviar los datos- que hubo una revisión y que los trámites están avalados por los certificados firmados por un médico y una trabajadora social.

El diputado y jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, prepara un pedido de informes a Desarrollo Social, cartera que otorga las pensiones no contributivas, para que “profundice” la información.

“Sin que signifique generar alarma a nadie -dijo Negri a este diario-, habrá que hacer una revisión del esquema para analizar compatibilidades y restricciones. Hace mucho tiempo se realizó y quedaron muchas afuera; puede ser positivo establecer parámetros nuevos. Las cifras revelarían que hubo un manejo discrecional.”

Las pensiones de este tipo son incompatibles con el trabajo formal y, para acceder, el beneficiario debe demostrar el 76% o más de incapacidad laboral. Es alta la correlación entre el porcentaje de gente que recibe esta ayuda y la proporción de quienes, teniendo edad para trabajar, no lo hace ni busca empleo. El vínculo entre subsidios y retiro del mercado de trabajo está liderado por los distritos del NEA y el NOA.

El senador radical formoseño Luis Naidenoff Petcoff fue directo: “Se las usó desde el poder como una herramienta para suplir la incapacidad del Estado de generar condiciones para que hubiera empleo y oportunidades. Los ciudadanos no son responsables, muchos creyeron recibir una beca o una ayuda puntual y cuando tienen la chance de trabajar advierten que no lo pueden hacer. El Estado instrumentó un aparato de fraude”.

Cambio de parámetros

En Formosa se pagan 42.252 pensiones no contributivas por invalidez, número que equivale al 10,06% de su cantidad total de habitantes. Para el legislador hay que revisar la construcción jurídica actual; es un “sistema muy complejo, pero hay que abordarlo sin hipocresías porque hay quienes ni saben lo que les otorgaron, como pasó en un gobierno populista, clientelar y policíaco como es el de (Gildo) Insfrán”.

El diputado por la Coalición Cívica-ARI Fernando Sánchez está persuadido de que el sistema se envició y debe reverse para terminar con el fraude. “Las cifras hacen pensar que más que discrecionalidad hubo delito”, dijo. Entiende que, al igual que se hizo en la Anses y el PAMI, hay que auditar en profundidad.

Sostiene -punto en el que coinciden los otros consultados por LA NACION- que deberían establecerse escalones de discapacidad para que hubiera compatibilidad con la reinserción laboral. Admite que el modelo debe ser estudiado y, por ejemplo, se podría fijar un máximo de ingreso para determinada incapacidad.

La legisladora por Confianza Pública y directora del PAMI en los primeros años del kirchnerismo Graciela Ocaña describe: “En algunas provincias más que en otras hubo uso clientelar; la pensión corresponde, pero con controles y transparencia. Debe revisarse lo actuado, porque no puede abusarse como se hizo con las jubilaciones de ama de casa”.

Lamenta que mientras hay gente con discapacidad real que lleva años de trámites, otros se “abusen”. Subraya que “la avivada de unos la pagamos todos porque ese dinero es de nuestros impuestos y significa que recibimos menos en educación, salud y seguridad”.

Héctor Olivares, diputado nacional por La Rioja de Cambiemos, adelantó que pedirá informes sobre el sistema, con foco en el otorgamiento de los subsidios en el norte del país. En su provincia, el 4,65% la población total recibe el beneficio de 4000 pesos (13,6% de la PEA). “Hay visos de manejo clientelar”, describió.

Varios referentes de distintas provincias consultados por LA NACION prefirieron hablar sin dar sus nombres, aportar datos sobre supuestas organizaciones de profesionales que firmaban certificados y cobraban por la intermediación, y señalar que, en localidades chicas, “en vez de nombrar gente, se le daba una pensión”.

Alicia Kirchner había ordenado una auditoría

En 2012 el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, ordenó un relevamiento de pensionados por invalidez para conocer “la situación de salud, educativa y de participación social y comunitaria” de los beneficiarios. Lo instrumentó a través de los Centros de Referencias (CDR) distribuidos en las provincias. Ese año, el director del Hospital Nivel I de Candelaria (Misiones) verificó que en al menos 300 expedientes falsificaron su firma para iniciar el pedido de asignación de beneficio.

Tras la auditoría, Desarrollo Social suspendió el acuerdo con el municipio, que permitía administrar el otorgamiento de pensiones y que desembocó en un escándalo: el entonces intendente, Carlos Flores, entregó pensiones a parientes y amigos.

Las primeras irregularidades fueron detectadas por diario El Territorio de Misiones. La más emblemática fue la de Cornelio Flores, que además de ser hermano del intendente era empleado municipal y figuraba como beneficiario con su familia.

Reacciones del arco político

Con críticas, los dirigentes pidieron revisar los casos

Mario Negri

Diputado radical, jefe del interbloque Cambiemos

“Sin que signifique generar alarma a nadie, habrá que hacer una revisión del esquema para analizar compatibilidades y restricciones”

Graciela Ocaña

Legisladora porteña por Confianza Pública

“La avivada de unos la pagamos todos, porque ese dinero es de nuestros impuestos y significa que recibimos menos en educación, salud y seguridad”

Fernando Sánchez

Diputado CC-ARI

“Hay que revisar. Las cifras hacen pensar que más que discrecionalidad hubo delito. Debería haber, incluso, compatibilidad con la posibilidad de trabajar”

Luis Naidenoff

Senador nacional UCR

“Hay que hacer un sinceramiento sin hipocresía; el Estado nacional debe ser consciente de que mucha gente fue engañada. Hay responsabilidad política”

Fecha: 12/10/2016

El 6,9% de la población activa recibe una pension por invalidez

En Santiago del Estero, Formosa y Chaco esos subsidios llegan al 30%; sospechas de clientelismo

Por: Gabriela Origlia

Para: Diario La Nación

CÓRDOBA.- La frase se repite tanto en localidades del interior del país que hace dudar: “Es difícil conseguir quien quiera estar en blanco porque pierde el subsidio por invalidez”. Los números oficiales revelan que en la Argentina se pagan 1.037.931 pensiones no contributivas por invalidez, el equivalente al 2,58% de la población. Pero cuando el foco se posa sobre la Población Económicamente Activa (PEA), el número salta al 6,9%, según datos del Ministerio de Desarrollo Social.

Ese porcentaje, sin embargo, se dispara sustancialmente en provincias del norte, en las que también se registran elevados índices de pobreza. Santiago del Estero encabeza el ranking donde estas pensiones tienen mayor incidencia: la percibe el 35% de la población en condiciones de trabajar. Le sigue Formosa, donde el 31,96 % de los habitantes activos cobra el subsidio. Y en Chaco, ese porcentaje llega al 30,7%.

Los especialistas consultados por LA NACION coincidieron en que creció el número de esas pensiones en los últimos años y que esto responde a un esquema de clientelismo político. “Estos subsidios se usaron como asistencialismo político”, dijo Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

En Misiones, el 6,48% de la población global cobra una pensión no contributiva por invalidez (22,3% de la PEA); el 4,65% de los riojanos recibe el beneficio (13,6% de la PEA) y el 4,27% de los tucumanos (12,3% de la PEA).

Según los datos oficiales actualizados entregados a LA NACION por el Ministerio de Desarrollo Social -organismo ante el que se tramitan las pensiones-, el 4,1% de los habitantes de Salta recibe una (11,8% de la PEA) y el 3,17% de los jujeños (9,55% de la PEA).

Para obtener la pensión, la persona debe presentar un grado de discapacidad que disminuya su posibilidad laboral “en el 76% o más” (sea física o mental), además de no percibir -tampoco su cónyuge- ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no trabajar en relación de dependencia; no tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar; no tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o bien que no estén en condiciones de hacerlo.

“Estos números hacen pensar que hubo una guerra o una enfermedad masiva que dejaron estos niveles de incapacidad -dice a LA NACION el asesor previsional Eduardo Viera-. Por mi experiencia, puedo afirmar que muchas veces se las usa como herramientas de clientelismo político.” Estas pensiones equivalen al 70% de una jubilación mínima, 3962,7 pesos.

Los distritos con menos subsidios de este tipo son Tierra del Fuego (0,57% del total de habitantes; 1,1% de la PEA); la ciudad de Buenos Aires (0,78%; 0,78% de la PEA); Santa Cruz (1,14% y 6.7%); Santa Fe (1,2% y 3,1), y la provincia de Buenos Aires, con el 1,65% del global de población y el 4,1% de los económicamente activos.

Alba Rostan, integrante de la Junta Unida Metodista (una ONG de iglesias metodistas) de Castelli, Chaco, cuenta su preocupación por los jóvenes que reciben estas pensiones y que “no aceptan ni un contrato corto para no perderlas; es una pena porque se acaba la cultura del trabajo”.

Gerardo García, presidente del Centro Comercial de Cruz del Eje (norte de Córdoba), apunta: “No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina; esta zona es pobre, no hay mucho trabajo, muchos lo perdieron y (cuando aparece algo) no quieren inscribirse; es el comentario de todos los productores, que no pueden tener gente en negro por las aseguradoras; hasta para trabajo doméstico es un problema”, dijo. En la zona la mayoría son afectados por el mal de Chagas.

Impacto laboral

“Es una de las explicaciones de la baja tasa de demanda de empleo existente”, indica Jorge Colina, director de la consultora Idesa. Las tasas de inactividad laboral (personas en edad de trabajar que no buscan) de las provincias con más pensiones no contributivas son también las más altas del país. Santiago del Estero, 36%; Formosa, 43%, y Chaco, 45%.

“Hay una alta correlación entre el porcentaje que recibe estas pensiones y la proporción de quienes, teniendo edad para trabajar, no lo hace ni busca -agrega el economista a este diario-. En otras palabras, esto muestra la alta asociación entre subsidios y retiro del mercado de laboral.” Insiste en que hay que revisar todas las “incapacidades” y quitar (aunque sea progresivamente) las que sean espurias.

Un olivarero de Aimogasta, en La Rioja, definió ante LA NACION como “grosera” la situación. “Hay familias en que todos los miembros tienen una y para eso existe la complicidad de quienes dan fe de que están separados cuando no es así”, apuntó.

Pese a estas observaciones -repetidas entre las distintas fuentes consultadas por LA NACION-, desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguraron que este año “se estuvo revisando todo; cada caso está firmado por el médico y un asistente social”, y enfatizaron que “se trabajó mucho en la capacitación interna para estandarizar criterios de evaluación y se generaron instrumentos de revisión y de análisis. Se fortalecieron muchos los mecanismos de revisión de casos”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social no se pudieron dar datos concretos sobre la evolución en el tiempo de estas pensiones por invalidez para evaluar si hubo o no un crecimiento real de esos programas.

El ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, entiende que suele primar la discrecionalidad en estas pensiones. Ante este medio recordó que, durante su gestión, las cifras de Formosa ya aparecían “alocadas”. Está convencido de que el esquema, como se aplica, “desacomoda el propio concepto de discapacidad”, afectando a quienes realmente necesitan la ayuda.

“Termina convirtiéndose en un ingreso base para la familia y los que las reciben no puede hacer más que changas; se rompe la relación con el trabajo y se desordena todo, ya que la movilidad social tiene que ser estudio y trabajo, no una consolidación de la informalidad”, agregó.

Colina añadió que si, por ejemplo, el Plan Belgrano, diseñado para impulsar el NOA y el NEA, funciona, “mucha de esta gente quedará entrampada en la pensión, resignada a vivir con eso y manteniéndose en la pobreza”.

Claves para entender las pensiones

Cómo se tramitan, quiénes las reciben y cuánto cobran

Las pensiones no contributivas se tramitan ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Los beneficiarios son madres de siete o más hijos (se pagan 315.501 en el país); mayores de 70 años sin cobertura (9930); prelados, leyes especiales, premios Nobel, primera conscripción, familiares de desaparecidos, premio Olímpico (75.249), y por invalidez (1.037.931)

De las personas en edad de trabajar en las provincias que lideran el ranking cuentan con este subsidio el 35% de los santiagueños, el 31,96% de los formoseños y el 30,7% de los chaqueños

Para percibir una pensión no contributiva por invalidez la persona debe presentar “un grado de discapacidad que represente para su capacidad laboral una disminución del 76% o más”

No debe percibir, ni ella ni su cónyuge, ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva

No tiene que estar empleado en relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar

No debe tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo

Tiene que ser argentino nativo, argentino naturalizado con por lo menos 5 años de residencia o extranjero con por lo menos 20 años de residencia

La pensión equivale al 70% de la jubilación mínima ($ 5661). Es decir que quienes lo cobran reciben $ 3962

2,58%

Total país

Es el porcentaje de la población total del país que recibe una pensión por invalidez

Fecha: 10/10/2016