Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Crece la pelea entre la Nación y las provincias por las cajas de jubilación

Trece distritos aún no las transfirieron al sistema nacional; mientras, el Gobierno los financia, pero pone condiciones y congela los fondos para 2018

Por: Gabriela Origlia

Para: Diario La Nación

Aunque no precisó cuál es la propuesta de reforma previsional, el presidente Mauricio Macri planteó que el régimen actual “esconde varias inequidades y no es sustentable”. Pero, mientras se analizan modificaciones en el esquema, sigue la pulseada por el financiamiento de las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, que, para seguir recibiendo fondos de ésta, deben “armonizar” sus diferentes características para que coincidan con las del sistema nacional.

Para el año próximo, la Administración de la Seguridad Social (Anses) congeló en $ 14.000 millones los fondos con ese fin, ni siquiera contempló el impacto inflacionario. Los cálculos provinciales más moderados establecen un déficit de $ 22.000 millones. “Como todavía no se pagó lo de este año, ni siquiera vale la pena entrar a pelear por el que viene”, graficó a LA NACION el ministro de Economía de una provincia norteña.

La actualización del monto y que los giros se automaticen integran el sexto punto de la agenda que los gobernadores de la oposición presentarán al presidente Mauricio Macri en la reunión del próximo jueves 9.

Esta semana hubo una nueva reunión entre ministros de Economía provinciales y funcionarios nacionales, pero la discusión está trabada. La Anses viene reclamando, para seguir pagando lo correspondiente a este año, el padrón de los beneficiarios provinciales hasta diciembre de 1999 y la historia laboral de los jubilados posteriores a 2000.No pasaron sus cajas de jubilación a la Nación Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El acuerdo para el financiamiento se incluyó en la ley de reparación histórica para lograr el voto de los senadores y, en las regulaciones posteriores, se estableció que la Nación desde este año destinaría a las cajas no transferidas igual monto que el que debería destinar para administrar ellas el déficit. Además, penalizaría a los distritos que no avanzaran en el proceso de armonización, con una quita del 20% por cada condición que no se cumpliera.

Los regímenes provinciales en general prevén edades de retiro más bajas que el nacional (60 años para mujeres y 65 los hombres) y cuentan con regímenes especiales como a los que apuntó Macri en su presentación de reformas. En ese punto, sin embargo, hay más a nivel nacional que provincial; los más comunes son los que alcanzan a fuerzas de seguridad, docentes, jueces, construcción y Luz y Fuerza. Por ejemplo, para los déficits de Buenos Aires y Córdoba el mayor peso es el que aportan las cajas propias de los bancos provinciales y la de la policía bonaerense.

Fuentes consultadas admitieron que, en medio del tironeo por la financiación, el debate por las reformas a instrumentar por las provincias quedó en un segundo plano. Por ejemplo, respecto de la edad, la Nación exige que al menos el 80% de los aportantes al sistema cumpla con las fijadas por la Anses.

Expertos previsionales entienden que ese debate resulta insuficiente si no se corrigen los regímenes especiales. “Son tantos que, al final, los 60 y 65 años los terminan cumpliendo sólo los que quedan afuera. Hay que ir al fondo de la cuestión”, señaló un especialista. El caso más complicado es el de Santa Cruz, donde un trabajador provincial se jubila a los 50 años con el último salario y el 82% móvil.

Las otras exigencias de reforma por parte de la Nación son que las provincias apliquen las mismas alícuotas para aportes y contribuciones que a nivel nacional; que se use el esquema nacional para determinar las prestaciones por invalidez y que los beneficiarios de pensiones derivadas sean los mismos que para la Anses.

También reclama que, al momento del retiro, el cálculo del haber inicial se haga sobre la base del promedio de las últimas 120 remuneraciones y que la actualización de beneficios siga índices que garanticen “consistencia” entre ese aumento y el de los ingresos por aportes y contribuciones.

Córdoba, La Pampa (que interpuso una demanda judicial) y Formosa cumplen ya con cuatro de las seis condiciones exigidas; Misiones instrumentó dos y el resto, una. Desde el Consejo Federal de Previsión Social, su presidente, Daniel Elías, dijo a LA NACIÓN que las exigencias son las mismas que las del kirchnerismo: “Discutimos sobre bases viejas cuando al aprobar la reparación se fijó que había que discutir un nuevo régimen”.

La idea de Cambiemos es que, como máximo, en 2019 haya un régimen previsional igual en todo el país. El decreto 894/16 establece que a partir de 2021 no se asistirá financieramente a las provincias que no hayan armonizado sus sistemas.

Los puntos de una negociación sensible

Para el año que viene, la Anses tiene previsto enviar $ 14.000 millones para financiar las cajas provinciales no transferidas a la Nación. Se calcula que el déficit total de ellas asciende a $ 22.000 millones.

Los regímenes provinciales en general prevén edades de retiro más bajas que el nacional, que es de 60 años para mujeres y de 65 años para los hombres.

No pasaron sus cajas a la Nación Chaco, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Otras exigencia es que las provincias apliquen las mismas alícuotas para aportes y contribuciones que a nivel nacional.

Fecha: 08/11/2017

Afirman que la reforma jubilatoria es “crucial” para volver viable el plan de Macri

El 43% del gasto público se destina a jubilaciones. El déficit de la Anses supera el de los demás organismos

El presidente Macri presentó este lunes en el CCK un plan basado entre ejes ante un auditorio con 170 asistentes entre los que se destacaron ministros, gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas. Los ejes fueron la responsabilidad fiscal, la baja de la inflación y el institucional.

Respecto del primero, el presidente apuntó a la evasión fiscal como “la peor distorsión” del sistema y una reforma tributaria que simplifique el sistema, saque impuestos “que ningún país tiene” y sea más equitativo. En este sentido se detuvo en las jubilaciones, el concepto que se lleva casi la mitad del gasto público previo al pago de intereses de deuda.

Respecto del gasto previsional, que representa el 42,6% del total de las erogaciones del Estado Nacional y triplica el gasto el salarios de la Administración Pública Nacional, Macri aseguró que en los próximos días llamará a la Comisión para la Reforma Previsional prevista en la Ley de Reparación Histórica para tener una “conversación adulta y honesta” sobre el sistema de jubilaciones y pensiones.

“El sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio”, destacó Macri a la vez que remarcó que el sistema seguirá siendo “universal, solidario, público y de reparto”, pero también “integral, sustentable y justo”.

En este momento, el déficit de la Anses es el principal problema de las cuentas públicas al representar un rojo equivalente a casi el 4% del PBI. Por eso, para los técnicos es crucial que se revea la fórmula de actualización de las jubilaciones para atajar su suba y que se amplíe el fondeo con impuestos para cerrar la brecha presupuestaria. Si se resolviera el agujero fiscal de la Anses, el Gobierno de Macri incluso tendría margen para no necesitar avanzar con ajustes en otras áreas como la biblioteca del Congreso.

Hasta el momento, el Gobierno dejó saber que buscará cambiar la fórmula de actualización para que las jubilaciones y pensiones evolucionen en línea con la inflación y no por encima como venía sucediendo hasta ahora y también una suba voluntaria de la edad jubilatoria a 63 y 67 años para mujeres y varones respectivamente. A mediados de febrero, el Gobierno intentó avanzar en este sentido por decreto en línea con las recomendaciones del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional y generó una crisis política interna.

Esta vez, Macri buscará avanzar en el Congreso con esta modificación que le permitirá ahorrar $100.000 millones, al congelar las jubilaciones en términos reales y dejarlas evolucionar solo en función de la inflación. Actualmente, la fórmula contempla los ingresos tributarios de la Anses y la evolución de los salarios.

Esta forma de actualización generó, como explicó el director de Economía y Regiones, Diego Giacomini, que desde 2008 las jubilaciones crecieran 950% frente a 760% de inflación (IPC Congreso) cuando el PBI per cápita no tuvo aumentos, es decir un crecimiento real del 24% sin correlato con la capacidad económica del país, incluso si en 2016 lo que se observó fue una evolución del 31,7% contra una inflación del 41%, es decir una pérdida del 6,6%.

“Más de 55% del crecimiento del gasto público durante la administración anterior es explicado por jubilaciones. Y hoy en día más del 50% del déficit es explicado por el déficit previsional.  Si el año pasado con el aumento de tarifas se bajó el déficit 1,5 puntos del PBI, con jubilaciones y pensiones subió 1,8 puntos. Ergo no hay reducción del déficit, por eso hay que hacer algo con la fórmula de actualización, con la edad jubilatoria y también con los planes sociales y la obra pública”, aseguró Giacomini.

En 2017, las jubilaciones crecieron 28% contra una inflación proyectada en 22%, lo que implicó una mejora de 3,2%; que no llega a revertir la caída del año anterior. Hasta aquí el foco estuvo puesto desde la perspectiva de los jubilados, pero desde las cuentas públicas el desbalance es creciente. En 2015 el gasto en jubilaciones representaba 9,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y en 2017 trepó al 10,2%, ya que en materia de gasto primario las erogaciones por jubilaciones pasaron del 37,5% en 2017 al 42,6% en 2017.

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Es que la actual fórmula de actualización es procíclica: cuando hay recesión deja a las jubilaciones muy por debajo de la inflación como sucedió en 2016 y en períodos de expansión, permite un ajuste que le gana a la evolución de los precios. Por lo tanto, en este año de crecimiento, cambiar la fórmula haría que las jubilaciones no crezcan por encima de la inflación y recuperen la capacidad adquisitiva perdida en 2016 -y parcialmente recuperada en 2017-, sino que las congela en términos de capacidad adquisitiva y, de esta forma, estimaciones oficiales, prevén que se podrán ahorrar $100.000 millones en 2018.

Con la fórmula actual, la Ley de Presupuesto prevé que las jubilaciones crezcan 22,1%. Frente a una inflación del 16% proyectada por los privados, implica un aumento del 5,3% en términos reales. Y de verificarse el crecimiento económico pronosticado por el oficialismo (3,5%), en 2018 las jubilaciones pasarían del actual 10,2% al 11,9%, lo cual no es sustentable ya que se lo está financiando con deuda.

De esta forma, el gasto en jubilaciones rompería por segundo año consecutivo la estrategia del ministro Nicolás Dujovne de licuar gastos en la medida en que crece el PBI. Además, esto significaría que todo lo que el Tesoro no gaste en subsidios por el aumento de tarifas, se iría al pago de jubilaciones y chocaría con el objetivo de bajar el déficit fiscal. Por el contrario, de congelar en términos reales el gasto, el plan de ordenamiento de las cuentas públicas con gradualmente volvería imponerse.

No en vano, al referirse a las jubilaciones Macri remarcó que su gestión comenzó recomponiendo con la Reparación Histórica “el haber a más de un millón de jubilados” y otorgando la Pensión Universal al Adulto Mayor: “Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestros jubilados”, aseguró el presidente para luego dar a entender que este nivel es satisfactorio y que ahora es el momento de “ceder en algo para que gane el conjunto”.

Fuente: La Politica Online

Fecha: 02/11/2017

El Gobierno propone cambiar el régimen de movilidad jubilatoria

Busca que los haberes se ajusten por inflación; con el esquema actual, lo esperable es que los aumentos superen el alza de los precios

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo ayer que el Gobierno propondrá una reforma del sistema de movilidad previsional, para que los haberes jubilatorios se actualicen según el índice de inflación. Esto le permitiría al Estado ahorrar varios millones de pesos en los próximos años respecto del gasto que supondría mantener el sistema actual. Dar subas según la inflación reemplazaría la fórmula hoy vigente, que, entre otras variables, contempla la evolución de la recaudación de los impuestos que se destinan -en parte- a financiar las prestaciones jubilatorias y la de los salarios. Además, la idea del Gobierno es que la actualización deje de ser semestral y pase a ser trimestral.

Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, ése sería uno de los cambios que se propondrían en “la transición” que, según afirmó el presidente Mauricio Macri, habrá hasta que una comisión especial haga una propuesta para una reforma integral del sistema jubilatorio por ley. “Sabemos que el sistema esconde inequidades y que no es sustentable”, definió el mandatario.

El cambio amplio ya está planteado en la ley 27.260, aprobada a mediados de 2016, que otorga un plazo de tres años (desde ese momento) para concretar la iniciativa. Como tratará todos los aspectos del régimen, esa comisión podría proponer otro cambio en la movilidad de los haberes.

El régimen que está vigente desde 2009 prevé dos recomposiciones al año: una en marzo y otra en septiembre. Desde que se aplica, y si se considera hasta 2016, el índice de inflación estimado por consultoras privadas resultó por lo general favorable a los jubilados, en el sentido de que les permitió tener un aumento superior al alza de precios. Tal cosa ocurrió en siete de los nueve años de vigencia, en tanto que hubo sólo dos períodos en que fue al revés: en 2014 y en 2016, con una actividad económica en caída (lo cual impactó en la recaudación) y con salarios reales también a la baja, la recomposición que recibieron los jubilados no logró que pudieran mantener el poder adquisitivo.

El año pasado, con una inflación algo superior al 40%, los haberes subieron un 31,7%, sumadas las alzas de marzo y septiembre. Para este año, en cambio, el incremento será del 28%, con una inflación que se ubicaría entre el 22 y el 23%.

Y si para el año próximo y los períodos siguientes se prevé un crecimiento económico -algo que impactaría en la recaudación- y una mejora real de los salarios, lo esperable es que el esquema actual otorgue aumentos superiores a la inflación, una variable que, a la vez, se estima que irá a la baja. Por eso, se considera que el Gobierno se propone derivar menos recursos a las actualizaciones.

Un dato no menor es que la movilidad no sólo se aplica para los jubilados y pensionados de la Anses. El índice también se utiliza para actualizar los valores de las asignaciones por hijo (del sistema universal y del sistema de la seguridad social), las pensiones no contributivas, los aportes y límites de facturación en el esquema del monotributo y los pagos mensuales de los autónomos.

Además, el índice se usa para actualizar el valor nominal de las remuneraciones que forman parte de la fórmula de cálculo del haber cuando alguien se jubila, según recordó el abogado Adrián Tróccoli. “No es momento de dejar de dar una mejora a las jubilaciones, con los valores que tienen”, cuestionó.

“Si observamos que los sueldos suben luego de la inflación [por los tiempos de las paritarias] es mejor dar movilidad por inflación, porque llega antes -analizó Elsa Romero, también abogada especializada en jubilaciones-. Sin embargo, si los sueldos aumentan más que la inflación porque hay mayor productividad, el alza por inflación será inferior a la suba de los sueldos. Y la Corte Suprema ya ha dicho en forma muy contundente que la movilidad debe seguir a los sueldos”.

Fecha: 31/10/2017

Debate en la Justicia

En segunda instancia, se avaló un acuerdo de reparación histórica de la Anses con un jubilado que tenía una sentencia firme

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Jueces del fuero de la seguridad social revirtieron días atrás una sentencia de primera instancia y decidieron avalar un acuerdo firmado entre la Anses y un jubilado en el marco de la reparación histórica. En el primer fallo, se había rechazado ese pacto porque existía previamente una sentencia firme que le ordenaba al Estado un reajuste del haber del demandante.

La decisión de los jueces Luis Herrero y Nora Dorado, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, se refiere al expediente del jubilado Ramón Farías, para quien la aplicación del plan de reparación histórica le significa cobrar un haber mayor que el surgido de la sentencia del juicio. En mayo pasado, la jueza Elvira Muleiro, titular del Juzgado N° 5 de la Seguridad Social, se había negado a homologar el acuerdo que, en el marco de la ley 27.260, habían firmado Farías y la Anses.

Los camaristas, sin embargo, avalaron la postura de las partes y señalaron que, “de común acuerdo” se modificaron “los términos de la cosa juzgada”. Recordaron que la ley habilita acuerdos en los casos en los que hay juicio iniciado, “con o sin sentencia firme”. Además, cuestionaron la decisión de primera instancia por haber provocado “un retraso de más de cuatro meses” en la definición del incidente y, por tanto, en los tiempos de espera del jubilado para cobrar su nuevo haber. “No se avizora el motivo que indujo a la sentenciante a apartarse -sin el menor atisbo de lógica y razonabilidad- de expresas normas legales de forma y fondo, que reglamentan este acuerdo libre de voluntades”, dice la sentencia de la Sala II.

Fecha: 02/10/2017

Cómo está y cómo seguirá el plan de reparación histórica para los jubilados

Hasta ahora cobran un aumento algo más de 1,1 millones de personas, mientras que otras 305.000 esperan una propuesta; nuevo plazo para un trámite

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Por el plan de reparación histórica, son por ahora 1.113.443 los jubilados y pensionados del sistema gestionado por la Anses que cobran sus haberes incrementados según los criterios establecidos por la ley 27.260. Dentro del universo de personas que aún no tienen su ingreso reajustado (pero que están incluidos en el plan, según se les informó), hay 305.846 que no recibieron todavía una propuesta, es decir, no se les dijo de cuánto sería su ingreso mensual y, eventualmente, cuánto cobrarían en concepto de retroactivo, siempre en caso de dar su acuerdo. A continuación, una guía para conocer cómo está el plan y qué trámites deben hacer los jubilados, según cuál sea su situación.

-Si se cobra el aumento sin haber hecho ningún trámite previo, ¿qué pasos hay que seguir?

-La gran mayoría de quienes están percibiendo su ingreso reajustado no hicieron un trámite previo, sino que fueron incluidos en los procedimientos de pago anticipado que dispuso la Anses, tras considerar cuestiones como la edad y los montos implicados en las subas. Como la ley establece que la reparación es un plan de acuerdos entre partes, sí se prevé una gestión posterior. Días atrás, la Anses emitió la resolución 185, en la que se establece que hay plazo hasta el 28 de febrero de 2018 para dar los siguientes pasos, según explicaron en el organismo: 

Si la suba fue menor al 30% del haber mínimo, se deberá aceptar la propuesta (o rechazarla, en caso de así decidirlo) en la página de la Anses (http://www.anses.gob.ar, tras ingresar con la clave de la seguridad social).

Si la suba del haber superó el 30% del haber jubilatorio mínimo, además de hacer esa aceptación en la web, deberá suscribirse el acuerdo con la Anses, que luego será enviado a la Justicia para su homologación.

-¿Cómo sigue el trámite tras aceptarse la oferta en la web?

-Lo siguiente es válido tanto para los casos enunciados en la última parte de la respuesta anterior, como para quienes tienen una propuesta de aumento y necesitan firmar antes un acuerdo para poder cobrarlo (por no estar contemplados en los procedimientos de pago anticipado). Tras la aceptación en la web, el acuerdo se firma con la huella dactilar (salvo casos excepcionales), en una sucursal bancaria que tenga lector de datos biométricos y habilite el trámite, o en una oficina de la Anses (con turno asignado). Deben firmar el jubilado y un abogado que él designe, ambos en la misma terminal y sin que pasen más de 30 minutos entre uno y otro. El pago de los honorarios de este profesional está a cargo del Estado. Luego, el acuerdo es firmado por las autoridades de la Anses y remitido en forma electrónica a la Justicia para su homologación, el último paso antes de que se comience a cobrar el haber reajustado (en los casos en que no hay pago anticipado, claro está).

-¿Cuántas propuestas se aceptaron y cuántas se rechazaron?

-Según la Anses, hay 745.607 aceptaciones y 57.939 rechazos. Y se suscribieron hasta ahora 249.380 acuerdos, de los cuales 156.073 fueron homologados por un juez. El Gobierno estimó que serán, en total, unos 2 millones los jubilados alcanzados por el programa.

-¿Por qué alguien rechazaría la propuesta de aumento?

-El plan prevé la firma de acuerdos, que implican renunciar a la vía judicial para reclamar por un reajuste del haber. Así, si hay un litigio en trámite, ya no seguirá. Y si no se había iniciado demanda, ya no se la podrá iniciar. La causa de un rechazo puede ser el considerar que se obtendría un beneficio mayor en un juicio. Y esto puede ocurrir, según el caso, porque los índices de actualización con los que se hacen los cálculos son diferentes en el plan de reparación histórica respecto de los que ordenan utilizar los fallos judiciales (esta cuestión de los índices fue llevada a la Justicia y la decisión está en manos de la Corte Suprema). Otro factor a considerar para decidir es el tiempo de cobro.

-¿Cómo se puede conocer la oferta de incremento del haber?

-Se ingresa en la página de la Anses con la clave de la seguridad social. El uso de esta clave de identificación permite ver datos particulares (no sólo los del plan de reparación sino también otros; por ejemplo, el detalle de la liquidación mensual de los haberes). La clave puede generarse y habilitarse en la propia página.

-¿Y si aún no hay propuesta?

-Hay quienes aún no tienen una propuesta. Según la Anses, son 305.846 casos “complejos”. Los funcionarios dicen estimar que podrán dar respuesta “a todos antes de fin de año”.

-¿Cuánto tiempo pasa entre el acuerdo y el reajuste del haber y el cobro del retroactivo?

-No hay un plazo establecido para que los jueces homologuen, una vez que la Anses envía los acuerdos para su consideración. Los tiempos varían según el juzgado. En su inicio, además, el sistema tuvo problemas en la parte informática. En el organismo previsional señalan que la demora promedio entre la firma del acuerdo y el cobro es de unos tres meses. Y para algunos casos se dispuso anticipar -mientras se está a la espera de la homologación- el reajuste del haber mensual, dejando para después el cobro del retroactivo, es decir, de las diferencias entre el nuevo y el viejo haber, que se hayan acumulado desde el momento a partir del cual se reconoce el derecho a cobrar un ingreso más alto, hasta que el cobro se hace efectivo.

-¿Siempre se cobra retroactivo?

-No necesariamente. Hay dos cuestiones: por un lado, el posible retroactivo acumulado por el tiempo previo a la reparación histórica. En este punto, a quienes no habían hecho juicio (pero se les reconoce que en los últimos años se les estaba pagando menos de lo que correspondía) se les actualiza el ingreso mensual, pero no hay pago por períodos previos. A quienes estaban en juicio y no tenían sentencia firme, la ley les reconoce el derecho a cobrar en cuotas un retroactivo, hasta un máximo de 48 meses; dependiendo del tiempo que lleve el trámite judicial, eso puede representar una quita, porque ganar el litigio da derecho a cobrar lo acumulado por las diferencias entre lo que debió haberse cobrado y lo que se cobró cada mes, desde dos años antes de la demanda. Por último, para quienes tienen sentencia firme, el reconocimiento del retroactivo (con pago en cuotas también) es sin límite temporal. La otra cuestión por la que puede acumularse una deuda del Estado con el jubilado es el tiempo que transcurra entre la aceptación de la propuesta de la reparación y el pago efectivo del haber incrementado.

-¿Se puede pedir una reconsideración del monto ofrecido, si se considera que no está bien calculado según la ley 27.260 ?

-La forma de hacerlo es presentar el pedido de reconsideración personalmente en una oficina de la Anses, donde dicen que “próximamente” esa posibilidad estará disponible en la web. Según fuentes del organismo, se presentaron pocos pedidos. Y señalan también que se habilitó un aplicativo para cargar datos de un juicio que, eventualmente, no aparezcan en la página de la Anses.

Fecha: 01/10/2017

 

Jubilados: la Justicia avaló que se hagan acuerdos de pago con la Anses en casos con sentencia firme previa

Un fallo de segunda instancia revocó la decisión de una jueza, que había considerado que no correspondía homologar un pacto hecho en el marco de la reparación histórica, porque existía ya una orden judicial pendiente de ser cumplida

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Jueces del fuero de la seguridad social revirtieron una sentencia judicial de primera instancia y avalaron un acuerdo firmado entre la Anses y un jubilado por el plan de Reparación Histórica. En el primer fallo, se había rechazado homologar ese pacto porque la persona en cuestión tenía ya una sentencia firme que le ordenaba al Estado hacer un reajuste de del haber mensual.

La decisión de los jueces Luis Herrero y Nora Dorado, de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, está referida al expediente del jubilado Ramón Farías, para quien la aplicación del plan de reparación histórica le significa cobrar un haber aun mayor que el que surgía de la sentencia del juicio que, por otra parte, lleva años firme sin que sea liquidada. En mayo pasado, la jueza Elvira Muleiro, titular del juzgado N°5 de la Seguridad Social, se había negado a homologar el acuerdo que, en el marco de la ley 27.260, habían firmado Farías y la Anses.

El argumento de aquella decisión fue que el jubilado ya tenía una sentencia firme y estaba a la espera de que el Estado se hiciera cargo del pago por la vía tradicional, es decir, por fuera de las normas de la reparación. Según la jueza (que dictó otros fallos en igual sentido), el acuerdo pretendido no recaía sobre “un objeto dudoso o litigioso” ni existían “concesiones recíprocas de los contratantes”. Las frases se refieren a la manera en que el Código Civil define qué es un acuerdo transaccional. 

Los jueces camaristas, sin embargo, avalaron la postura de las partes y señalaron que, “de común acuerdo” se modificaron “los términos de la cosa juzgada”. Y recuerdan que la ley de Reparación Histórica menciona expresamente que podrán celebrarse acuerdos en los casos en que hay juicio iniciado, “con o sin sentencia firme”, y también en los que no hubiera juicio. Además, se cuestiona la decisión de primera instancia por haber provocado “un retraso de más de cuatro meses en la definición de este incidente” y, por tanto, también en los tiempos de espera del jubilado para cobrar lo que le corresponde.

De hecho, la normativa sobre el plan lanzado por el Gobierno para saldar deudas con los jubilados diferenció el tipo de oferta que se haría según su situación con respecto a la Justicia. Quienes no habían iniciado demanda, reciben una recomposición de sus haberes mensuales pero no un pago retroactivo; a quienes tenían un juicio en trámite se les reconoce un monto por períodos anteriores, pero hasta un límite de 48 meses. Y, finalmente, a quienes tenían un fallo firme se les reconoce un retroactivo sin límite de tiempo.

“No se avizora el motivo que indujo a la sentenciante [la jueza Muleiro] a apartarse -sin el menor atisbo de lógica y razonabilidad- de expresas normas legales de forma y fondo, que reglamentan este acuerdo libre de voluntades”, señala la sentencia de la sala II.

“Este fallo termina con la discusión sobre cuál sería la obligación de un juez: si aceptar la reparación historia o hacer valer la sentencia firme”, afirmó el abogado previsionalista Federico Despoulis Netri, quien agregó que en este caso en particular, la reparación histórica genera un beneficio mayor en el monto del ingreso que la sentencia de primera instancia.

Fecha: 27/09/2017

La estafa de la jubilación pública

Por: Diego Giacomini

Para: Diario El Cronista

De acuerdo con trascendidos, el Proyecto Presupuesto 2018 gasta 59% del gasto primario en Anses y PAMI, lo que representa un aumento de 12 p.p. contra 2016 (47%). La seguridad social se lleva cada vez más. Sin embargo, el sistema de previsión y seguridad social no es previsor, ni brinda seguridad a nadie. No sorprende. Hayek decía: “La palabra social vacía de contenido cualquier palabra a la que se le aplique, aunque nada anormal haya sucedido”.

La jubilación estatal tiene 4 problemas: i) está expuesto a las presiones políticas (caja política); ii) es una estafa intergeneracional; iii) es un fraude a los aportantes y beneficiarios y, iv) atenta contra la inversión, productividad, crecimiento, creación de empleo y el poder adquisitivo del salario. El sistema jubilatorio de reparto debería desaparecer. Voy a explicar por qué.

La jubilación estatal de reparto nació como una estafa de la corporación política. Bismarck (1889) creó el sistema fijando la edad de jubilación en 70 años cuando la esperanza de vida era de 35 años (hombres) y 38 años (mujeres), lo cual brindó una cuantiosa caja a la política alemana. En Argentina, las cajas jubilatorias financiaron cualquier cosa menos jubilaciones. De hecho, en 2016 el FGS del Anses gastó $ 158.085 millones financiando Procrear, préstamos a beneficiarios del SIPA, préstamos a Provincias y déficit fiscal, lo cual equivale casi al 30% de las jubilaciones ($ 572.659 MM) y es un +47% superior al pago de Asignaciones familiares y AUH ($ 107.628 MM).

El sistema de reparto es una transferencia intergeneracional injusta e ineficiente que hipoteca el futuro. En este sistema, los participantes iniciales convencen a los posteriores para que les transfieran fondos (a ellos) a cambio de una promesa de transferencias mayores provenientes de una (supuesta) cantidad superior de participantes futuros. Sin embargo, esto es una estafa intergeneracional, ya que el sistema no se adapta a los cambios demográficos signados por una esperanza de vida en aumento. La cantidad de personas mayores de 60 se triplicará durante los próximos 25 años. Paralelamente, la tasa de fertilidad bajará. Así, el número de beneficiarios (jubilados) aumenta sostenidamente en relación con la cantidad de financiadores (trabajadores), con lo cual el sistema funciona cada vez peor hasta colapsar.

 Este sistema hipoteca el futuro de los niños actuales y de los que todavía no han nacido. El gasto en seguridad social aumenta en detrimento del gasto en educación y salud. En otras palabras, se gasta cada vez más en los ancianos (pasado) y menos en los jóvenes y niños (futuro); es decir se desinvierte en capital humano atentando contra el crecimiento y el futuro. El gasto de Nación en nuestros abuelos (10% del PBI sumando jubilaciones y pensiones -9,1%, y PAMI -0,9%) casi duplicó las erogaciones en educación (5,6%) y salud (6%) de las tres esferas en 2016. Paralelamente, el gasto global en Ciencia (0,3%), Vivienda y Urbanismo (1,2%) y Agua potable y cloacas (0,6%) es prácticamente inexistente al lado del gasto en jubilaciones y pensiones (9,1%).

El sistema jubilatorio de reparto es una estafa, tanto para los aportantes como para sus beneficiarios. Asumamos que un hombre ahorra a lo largo de toda su vida laboral (20 a 65 años) lo que actualmente le descuentan mensualmente en concepto de Aportes Personales (11%). Utilizando el salario promedio privado registrado ($ 22.859) en dólares y capitalizándolo a una tasa del 5% anual, el trabajador llegaría a sus 65 años con un ahorro de u$s 317.000. Según la expectativa de vida masculina (73 años) en Argentina, cobraría u$s 4002 mensuales hasta fallecer. Si viviera hasta los 80 años percibiría u$s 2.00 y hasta los 85 u$s 2086, su jubilación sería menor.

Sin embargo, la anterior cuenta es incompleta, porque faltan las Contribuciones Patronales (10,17%) de los empleadores. Adicionando este flujo y capitalizándolo también al 5% anual (u$s 608.000), la jubilación masculina treparía hasta u$s 7696; u$s 4807 y u$s 4012 por mes si el hombre viviera hasta los 73; 80 u 85 años; respectivamente. Hoy en día la jubilación promedio asciende a u$s 595. No hay mucho más que agregar.

En 1980/2016 el PBI per cápita anual de Argentina (+0,9%) creció muy por debajo de la región (+1,9%); Alianza del Pacífico (+2,3%) y Chile (+3,0%). En este marco, Argentina necesita crecer fuertemente para recuperar el terreno perdido. Y el sistema jubilatorio estatal es un grave obstáculo para crecer, ya que atenta contra el ahorro, la inversión y la formación de capital, obstaculizando la productividad, la creación de puestos de trabajo y la mejora del salario. Argentina tiene una tasa ahorro/PBI (14%) muy inferior al promedio de la región (22%), lo cual la lleva a invertir y, en consecuencia, crecer mucho menos que la región.

Detrás de este este déficit de ahorro y falta de inversión está el desahorro público y el déficit previsional. En 2016 el déficit de Anses ascendió a 2,6% del PBI, lo cual empujó el déficit fiscal global a 7,1% del PBI. El déficit previsional tiene inexorable tendencia alcista y ascenderá a 3% del PBI en 2017. En este marco, el déficit fiscal global ascenderá a +7,6% del PBI en 2017.

En pocas palabras, el sistema jubilatorio de reparto será cada vez más deficitario, convirtiéndose en obstáculo cada vez más grande contra la inversión, el empleo, los salarios y el crecimiento en el largo plazo. Ergo, la jubilación estatal está hipotecando el futuro de nuestros niños y de los que no nacieron. ¿No vamos a hacer nada?

Fecha: 07/09/2017