Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Este es un espacio pensado para aquellos que han iniciado esa etapa distinta de la vida. Aquí encontrará información de interés, desde novedades (de legislación o de normas), artículos, notas y actividades recreativas o culturales que pueden realizar.


Día del Jubilado: Por qué se celebra el 20 de Septiembre

El 20 de Septiembre de 1904, se sancionó la Ley 4349 de Jubilación, correspondiente a funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado Nacional, que reconoció por primera vez el beneficio previsional para los empleados públicos de la Nación.

Desde ese día, todos los 20 de septiembre, se conmemora el día del trabajador pasivo en la Argentina.

La creación de las primeras cajas de jubilación (en 1904, la de los empleados de la administración pública, y en 1905, la de los ferroviarios) implicó que otros sectores de trabajadores comenzaran a demandar y obtener también sus fondos previsionales.

Uno de los objetivos que tiene el Estado es el de alcanzar el mayor nivel posible de bienestar en la sociedad, para lo cual es central garantizar un nivel de protección social que tienda a la universalidad y la cobertura de necesidades y contingencias socialmente reconocidas como la educación, la salud ,la seguridad, la vejez, la maternidad, la discapacidad y el desempleo, entre otros.

En este contexto, la Seguridad Social entendida como el conjunto de instituciones que tienen como objetivo la protección de las personas frente a las mencionadas circunstancias, asume un rol vital.

Fecha: 21/09/2016

Aumento Jubilaciones Septiembre 2016 – Resolución ANSeS 298/2016

Resolución ANSeS 28/2016

Publicado en el B.O. : 05/09/2016

Resumen:

Los coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 31 de agosto de 2016 o que continúen en actividad a partir del 1° de septiembre de 2016, de conformidad con los valores consignados en el ANEXO que integra la presente resolución.

La actualización de las remuneraciones prevista en los artículos precedentes se practicará multiplicando las mismas por el coeficiente que corresponda al año y al mes en que se devengaron (Artículo 3º).

El valor de la movilidad correspondiente al mes de Septiembre de 2016 es de CATORCE CON DIECISÉIS CENTÉSIMOS POR CIENTO (14,16%), el cual se aplicará al haber mensual total de cada una de ellas, que se devengue o hubiese correspondido devengar al mes de Agosto de 2016.

El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de Septiembre de 2016, será de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 5.661,16).

El haber máximo vigente a partir del mes de Septiembre de 2016 será de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 41.474,69).

Las bases imponibles mínima y máxima, quedan establecidas en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS ($ 1.969,12) y PESOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 63.995,73) respectivamente, a partir del período devengado Septiembre de 2016.

La Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del mes de Septiembre de 2016, en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.674,54).

Descargar Resolución

La Anses, nuevamente habilitada a usar su fondo de garantía

La Justicia suspendió la limitación que tenía el organismo para asignar recursos

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Justicia suspendió la limitación que tenía la Anses para asignar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al pago de las recomposiciones de haberes según el plan de reparación histórica. Así, el organismo quedó habilitado para hacer uso de esos fondos, aunque la cuestión judicial no está aún definitivamente resuelta.

El 24 de agosto pasado, el juez Juan Fantini, del fuero de la Seguridad Social, había dictado una medida cautelar a instancias de un amparo presentado por el jubilado y ex funcionario de la Anses, Miguel Ángel Fernández Pastor. La resolución judicial le ordenó a la Anses abstenerse de usar los recursos del FGS por un plazo de tres meses, o hasta tanto se resolviera la cuestión judicial de fondo. Una semana después, el organismo previsional presentó su apelación. Y hoy, el juez Fernando Strasser aceptó ese recurso “con efecto suspensivo”.

La ley 27.260, que aprobó el programa de reparación histórica, dispuso que para los pagos se tomarán recursos del FGS provenientes de sus utilidades líquidas y, de ser necesario, también de la venta de activos. La normativa también previó que el Tesoro remita fondos para hacer frente a los pagos.

La recomposición de haberes según este plan oficial comenzó este mismo mes, con el pago a un grupo de 264.000 jubilados que cumplen con los siguientes requisitos: no hicieron juicio, son mayores de 80 años y reciben un aumento que no significa más de $ 1000 mensuales; además, el haber ya reajustado (en estos casos) no supera el equivalente a dos haberes mínimos, es decir, $ 11.322.

Fecha: 12/09/2016

 

Las claves para poder decidir si aceptar o no el plan oficial de pago de deudas a los jubilados

La edad y el hecho de tener o no un juicio en trámite o una sentencia son algunas de las variables a considerar, además de las cuestiones subjetivas; en septiembre se dará a conocer la propuesta para cada persona

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

¿Decirle que sí o que no al aumento de la jubilación que propondrá desde el mes que viene el Gobierno? La edad, el hecho de tener o no una sentencia firme o un juicio en trámite, y la diferencia entre lo que se podría obtener por vía judicial y lo que se ofrecerá son algunos factores que influirán a la hora de evaluar la respuesta, según señalan abogados previsionales consultados por LA NACION. Se suman, claro, aspectos individuales como la situación socioeconómica y también las cuestiones subjetivas.

Tal como lo dispone la ley 27.260, el plan de reparación histórica para jubilados y pensionados será de adhesión voluntaria. La Anses hará propuestas para incrementar los haberes y, en algunos casos, para compensar las diferencias entre lo que debió haberse cobrado y lo que efectivamente se cobró en los últimos años. Esas propuestas se conocerán desde septiembre, en tanto que desde fines de julio es posible consultar en http://www.anses.gob.ar, ingresando con una clave personal, si alguien está incluido o no. En algunos casos y por dificultades del organismo para acceder a datos, se informa que aún no está clara la situación y que deberá esperarse hasta el 15 del mes próximo.

LOS ALCANZADOS

Los incluidos son los jubilados de la Anses a quienes se les está pagando (en muchos casos desde el momento en que obtuvieron su prestación) por debajo de lo que correspondería en función de lo dispuesto por la Corte Suprema en cuatro de sus fallos. Los principales son dos: el de la causa Badaro, en el cual los jueces ordenaron una recomposición de haberes para el período 2002 a 2006 según la evolución de un índice salarial, y el de la causa Elliff, referido al recálculo del primer haber.

EL RECÁLCULO

Para determinar cuánto cobra una persona al jubilarse, una de las variables que integra la fórmula es el promedio de los salarios de los últimos 120 meses trabajados. La forma en que se actualizaron los valores históricos de esos ingresos es determinante para saber si la jubilación estuvo bien calculada o fue subestimada. En la causa Elliff, la Corte dispuso actualizar las remuneraciones según un índice salarial, y optó por uno llamado Isbic. En el plan oficial se usará el criterio de actualizar según la variación de los ingresos, pero el índice elegido para un período que va de 1995 a 2008 (el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables o Ripte) tuvo a partir de inicios de 2003 aproximadamente, una evolución más modesta que el utilizado por los jueces. Y esa es una razón por la cual, para quienes se jubilaron desde ese año y según explica el abogado Adrián Tróccoli, la oferta será inferior a lo que determinaría un fallo judicial.

PLAZOS Y PRIORIDADES

El programa se implementará en forma gradual. Para el pago se establecerán prioridades, y el decreto reglamentario establece cuáles son los casos de mayor urgencia: los de quienes tengan más de 80 años o sufran enfermedades graves, y los de quienes tengan un ingreso que, ya reajustado, no supere en más de dos veces y media el haber mínimo (eso da $ 14.152,50 para los montos de septiembre). También se priorizará a quienes tengan una recomposición que represente no más de 30% del ingreso básico (que no supere $ 1698).

LOS ACUERDOS

La aceptación del plan se formalizará con la firma de un acuerdo transaccional entre el beneficiario y la Anses, que la Justicia deberá homologar. Para el trámite es necesario haber registrado la huella digital. El pacto implica que el jubilado renuncia a futuros juicios para reclamar por esos reajustes.

PRIMER PASO

Los primeros beneficiarios cobrarán ya su haber reajustado en septiembre y sin firmar acuerdo previo, aunque luego podrían rechazar su nuevo ingreso. Esto favorecerá a personas que cumplen con los siguientes requisitos: tienen más de 80 años, el aumento que surge del plan será de no más de $ 1000 y el haber reajustado no superará el equivalente a dos haberes mínimos ($ 11.322).

JUBILADOS CON SENTENCIA FIRME AL 30 DE MAYO DE ESTE AÑO

En estos casos, la propuesta implica el pago del haber recalculado (según los índices de actualización decididos por la Anses, según ya se explicó) y del retroactivo (diferencias por lo cobrado de menos en períodos pasados), que se abonará un 50% en forma inmediata y otro 50% en doce cuotas trimestrales (tres años) ajustables por el índice de movilidad.

Un aspecto fundamental para estas personas es saber qué ocurrirá con el pago habitual de sentencias (por fuera de este programa de reparación), porque el plan de reparación prevé, además de quitas (dadas por la fórmula de cálculo), una financiación para el pago que debe hacer la Anses que no existe en el trámite regular. En el Gobierno afirman que las liquidaciones seguirán su curso: para este año hay presupuestados $ 12.500 millones y para el próximo, habrá que ver qué dice la ley de presupuesto nacional. Tróccoli recuerda que “si el Estado no cumple con la sentencia en 120 días, se puede iniciar la ejecución y cobrar por vía de embargo”.

Un factor a tener en cuenta es que, con la reparación, en ningún caso se pagará un haber superior al máximo del sistema (desde septiembre será de $ 41.474), algo que sí se logra con los fallos. Y hay que considerar que una sentencia puede disponer la aplicación de otros ajustes, no contemplados en este plan.

Según el consultor Jorge García Rapp, para quienes obtuvieron su beneficio bajo la ley 24.241 (que rige desde julio de 1994), la propuesta no es conveniente, y cita dos argumentos: uno es que en este grupo hay muchas personas menores de 80 años (no tendrán prioridad) y otro es que los índices usados por el plan para la actualización de salarios en el recálculo del haber inicial, no son los mismos que usa la Justicia (según lo ya explicado). Para quienes se jubilaron con leyes anteriores, los índices usados no difieren. Sí habrá, en cualquier caso, una brecha en el retroactivo, porque la fecha de partida para el cálculo no es la misma en la Justicia que en la reparación por ley (la diferencia no sería amplia, porque se trata de meses).

CASOS CON JUICIO EN TRÁMITE AL 30 DE MAYO DE ESTE AÑO

La ley prevé, además del reajuste del haber, la percepción del retroactivo pero con un límite de 48 meses. El cobro será 50% en forma inmediata y 50% en doce cuotas trimestrales.

En estos casos hay cuestiones a tener en cuenta que son las mismas que para quienes tienen ya sentencia firme, como el tema del tope al haber y el hecho de que en algunos casos el fallo que esperan podría aportarles una mejora más significativa, dado el índice de actualización que ahora usan los jueces. Pero como factor a favor del plan, hay que tener en cuenta que los juicios demoran muchos años.

Una variable importante es justamente cuánto tiempo lleva la demanda en trámite: por un lado porque cuanto más cerca esté de emitirse un fallo, menor diferencia habrá entre los tiempos de espera, y por otra parte, por el tope en los retroactivos. Ese tope no afecta a quienes tienen un juicio desde hace menos de dos años (se consideran hasta dos años antes del litigio y el período que éste demore en resolverse). Para quienes están en un juicio más largo, la disposición sí afecta: “Si un juicio tarda seis años y hay una retroactividad de ocho años en juego (contando los dos previos), la nueva ley prevé pagar el 50%”, ejemplifica el abogado Guillermo Jáuregui.

Para García Rapp, para quienes se retiraron con la ley actual, sería por lo general muy poco conveniente para quienes lleven muchos años litigando, y medianamente conveniente si llevan pocos años en juicio.

CASOS SIN JUICIO

En esta situación está la gran mayoría de los incluidos en el plan. Se reajustará el haber y no habrá pago de retroactivos. Como se trata de quienes optaron por no hacer juicio, el recálculo de haberes beneficia en cualquier caso.

LAS RENUNCIAS

Una cuestión a considerar es a qué se renuncia al aceptar el plan, y en esto será fundamental cómo queden finalmente redactados los acuerdos. En función de lo que dice la ley (al disponer que el acuerdo “tendrá efecto de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso judicial”) si en una demanda se pide un reajuste según fallos como el de Badaro o el de Elliff, pero también se incluyen otros reclamos, se renunciaría a esos otros pedidos, lo cual podría significar una baja importante del haber posible.

EL FINANCIAMIENTO

La principal fuente de recursos prevista por la ley está en las utilidades y en la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (que se integró con los recursos que antes estaban en las cuentas individuales del eliminado sistema jubilatorio de capitalización). El miércoles pasado, un juez dictó una medida cautelar que impide provisionalmente el uso del fondo. En la Anses ratificaron inmediatamente el plan, con la expectativa de revertir el fallo. La ley prevé, además, que podrán destinarse a los pagos recursos del Tesoro nacional.

Postal de un conflicto histórico

Unos 400.000 juicios de jubilados están en trámite

2, 4 millones

Es el número de jubilados alcanzado por el plan, según la Anses. Sin embargo no se sabe cuántos darán su aval a la propuesta oficial

45 % de recomposición

Según el Gobierno esa será la suba promedio; sin embargo será muy variable y por lo general, será inferior a lo que podría dar la Justicia

2459 sentencias

Son los juicios pagados por la Anses en agosto; el organismo promete que, más allá del plan, seguirá con esa dinámica de liquidaciones

14,16 % movilidad

En septiembre, los jubilados recibirán la suba correspondiente por la ley de ajustes automáticos; compensarán en parte la inflación

Fecha: 28/08/2016

Jubilados: ratifican el plan pese a un fallo

A pocos días de instrumentarse el plan oficial por el que se busca incrementar los haberes mensuales de unos 2,4 millones de jubilados por la aplicación de fallos de la Corte Suprema, una orden de un juez de primera instancia le impedirá a la Anses tomar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema (FGS) para hacer frente a los pagos. La restricción regirá por tres meses o hasta que se resuelva judicalmente la cuestión de fondo, según plantea el escrito.

En el organismo previsional señalaron que apelarán el fallo en cuanto sea notificado (hasta anoche no había sucedido) y que el hecho no frenará la implementación del llamado Programa de Reparación Histórica, que fue dispuesto por la ley 27.260. Así lo afirmó a LA NACION el secretario Legal y Técnico de la Anses, Gonzalo Estivariz. Según lo previsto, desde septiembre los jubilados y pensionados incluidos en el plan recibirán información sobre cuál es la propuesta concreta que les hace el Gobierno para saldar la deuda. Eso incluirá una actualización de los ingresos mensuales y, en el caso de personas que hayan iniciado juicio, también el cobro de retroactividades. Pero además, recientemente se anunció que un grupo de algo más de 264.000 pasivos recibirán directamente sus haberes ya actualizados en septiembre. Estivariz también ratificó que esa medida sigue en pie.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Juan Fantini, quien dio una respuesta parcial a un recurso de amparo interpuesto por el abogado Miguel Ángel Fernández Pastor (ex funcionario de la Anses), con el que pretendía la anulación de todo el plan de pagos por considerarlo inconstitucional.

La ley previó el uso del FGS como fuente de recursos; las otras son los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales y el Tesoro.

Fuente: Diario La Nacíon

Fecha: 24/08/2016

La edad para jubilarse: otra perspectiva

Por: Héctor Zajac

Para: Diario Clarín

El gobierno esgrime el envejecimiento poblacional como una causa de su intención de llevar la edad de retiro por encima de 65 años. Trabajadores que sufren mayores cargas sociales -y menores salarios- para sostener un sistema de reparto con una proporción creciente de pasivos, por la caída de la natalidad.

La crítica que alude al desempleo juvenil por el tapón que aquellos que se jubilaban, y ahora no, crearían en el mercado laboral, expresa una visión “malthusiana” por pensar la economía como un ámbito de plazas fijas y deriva en la legitimación de un discurso anti-inmigratorio que hace agua si se advierte que la única solución estructural a la falta de activos naturales es la inmigración. El mundo desarrollado debate hoy sobre los beneficios de pagar menos jubilaciones y redirigir recursos hacia desocupados fomentando generación de empleo juvenil, atendiendo al vínculo entre calidad de salud pública, ausentismo y productividad laboral por edades. Imposible extrapolar tal debate al mundo en desarrollo, con baja o inexistente contención social, y Estados que “barren bajo la alfombra” a los excluidos, las ventajas de una eventual incremento etario en el retiro, nada desdeñables en términos del ahorro generado que permitirían, por caso, incrementar obra pública, ocultan ominosas implicancias.

La esperanza de vida al nacer es la edad promedio a la que se espera que llegue una persona, y se construye en función de la mortalidad de un país para toda la pirámide al momento en que se realiza el cálculo. Argentina, con 76 años, está 7 años atrasada respecto a los países más avanzados de la UE, donde sus ciudadanos envejecen en buenas condiciones de salud física y mental. No es nuestro caso, dónde además, el promedio es menos representativo que en el viejo continente con provincias que apenas llegan a los 70 años y otras por encima de los 79, producto de la enorme desigualdad regional en el acceso a la salud y educación.

En este contexto, aumentar la edad de retiro de un modo geográficamente indiscriminado expresa no solo una mirada de país desde su metrópolis, un error en lo económico, sino un horror irreparable en lo humano por propugnar la creación de una nueva cohorte de NINIS ( no pueden trabajar, ni jubilarse), mucho más vulnerables, por edad y en una cultura que descuida a sus mayores. Tampoco es adecuado estimular la permanencia voluntaria asumiendo que la pobreza en el interior no solo genera una baja productividad laboral en edad tardía, sino que obligaría a quienes más merecen el descanso a subordinar deseo a necesidad. Finalmente, las diferencias en edades de jubilación según gremios, no son el resultado de consideraciones técnicas, objetivas y extemporáneas, sino de conquistas históricas de derechos de los trabajadores, las que celosamente preservan las naciones que aplicaron la medida con éxito.

Héctor Zajac es geógrafo (UBA)

Fecha: 16/08/2016

Con subas extras a 264.000 jubilados, arranca el plan de reparación oficial

El alza de los haberes por la ley de movilidad será de 14,16% desde septiembre; el mínimo llegará a $ 5661; un grupo de mayores de 80 años cobrará por encima de ese porcentaje

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Con los pagos de las jubilaciones correspondientes al mes de septiembre, la Anses aplicará una mejora a los haberes de 264.436 pasivos, que será adicional a la recomposición que llegará por la ley de movilidad. La medida implica el anticipo -sólo para ese grupo de personas-, del llamado plan de reparación histórica, que fue establecido, a propuesta del Poder Ejecutivo, por la ley 27.260.

Así lo anunció ayer el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, en el mismo acto en el que afirmó que la suba por movilidad para todas las jubilaciones y pensiones será en septiembre de 14,16 por ciento. Ese porcentaje surge de la fórmula de la ley -vigente desde 2009-, que se basa en la variación de la recaudación de los recursos tributarios que financian las jubilaciones, y en la evolución de los salarios de los trabajadores.

El reajuste por movilidad llevará el haber mínimo de 4958 a 5661 pesos, en tanto que el ingreso máximo se elevará de 36.330 a 41.474 pesos. Según informó el organismo previsional, la prestación media del sistema quedará en 9287 pesos.

Quienes están incluidos en el incremento adicional a esa recomposición son jubilados (ya identificados por la Anses) que cumplen con las siguientes condiciones: son mayores de 80 años, no tienen juicio contra el Estado por sus haberes, y el ingreso mensual resultante de aplicar las mejoras previstas en el plan oficial no supera el haber mínimo multiplicado por dos (o sea, no cobrarán más de $ 11.322). Además, el reajuste no superará los $ 1000 (será, en concreto, de hasta $ 300 en 78.005 casos; de $ 301 a $ 600 en otros 72.103; de $ 601 a $ 900 para 58.158 pasivos, y de más de $ 900 para 55.770 personas).

El plan de reparación histórica supone el recálculo de las jubilaciones para ponerlas en línea con lo dicho en los últimos años por la Corte Suprema en algunos de sus fallos referidos a las jubilaciones. Las recomposiciones previstas por la Anses, de todas formas, no significarían para algunos casos que se obtenga lo mismo que se conseguiría con una sentencia judicial (sino menos, dado que se aplican índices de actualización diferentes). Por eso, el plan prevé que el Estado haga sus propuestas de pago y obtenga la adhesión voluntaria (o no) de los posibles beneficiarios, que firmarán un acuerdo que se homologará en la Justicia.

¿Qué pasará con ese paso en estos casos en que la Anses decidió incrementar los ingresos en forma inmediata? Según aclararon a LA NACION fuentes del organismo, la decisión se tomó bajo el amparo de uno de los artículos del decreto reglamentario de la ley, que faculta a disponer “procedimientos abreviados” para quienes requieran una solución con mayor urgencia. El mismo artículo dispone que esas razones de urgencia se definen por la edad (ser mayor de 80 años) y el monto del ingreso.

Los jubilados que queden alcanzados por la medida de un aumento adicional inmediato, serán informados en los próximos días. No tendrán que hacer ningún trámite previo al cobro, pero a partir del mes próximo podrán entrar a la Web de la Anses para ejercer el derecho de aceptar o no el convenio. En caso de no aceptar -por querer ir a un juicio, por ejemplo- el aumento se dará de baja.

Para los jubilados no incluidos en esta disposición especial, la situación no tendrá cambios: quienes ya consultaron y recibieron por respuesta que sí están incluidos en la reparación, deben esperar al 1° de septiembre para conocer la propuesta del Gobierno. Y en algunos casos -ya notificados también- deberá esperarse un poco más, porque todavía se está tratando de identificar si correspondería el reajuste o no.

Asignaciones familiares

Los anuncios de ayer también incluyeron las mejoras en los ingresos para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema de la seguridad social. En este último caso y según lo previsto por las normativas, también se elevan los montos mínimos y máximos que definen las bandas de ingresos por las cuales se cobran diferentes montos de asignación mensual. Sin embargo, no se modifica el ingreso tope familiar para percibir el beneficio, que se mantiene en $ 60.000 mensuales.

Todos los ajustes se calculan según el índice de movilidad; es decir, todo se incrementa en un 14,16%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados y quienes perciben asignaciones, si se tiene en cuenta que, según el índice de inflación que difunde el Congreso, entre marzo y julio pasados hubo un aumento acumulado de los precios al consumidor del 20 por ciento.

La asignación por hijo y la que cobran las embarazadas pasará de 966 a 1103 pesos. Eso abarca a 3.922.156 niños de 2,1 millones de familias y a 77.203 mujeres embarazadas. Ese monto es también el que les corresponde a los asalariados o jubilados con ingresos de hasta $ 17.124. La prestación baja a $ 649 (ingresos de entre 17.124 y 25.116 pesos); $ 390 (ingresos de 25.116 a 28.997 pesos) y $ 199 (si la familia percibe entre 28.997 y 60.000 pesos mensuales). También se ajustan las asignaciones por nacimiento, adopción, matrimonio, cónyuge y la ayuda escolar anual.

Según se informó, la suba de las asignaciones implica una erogación anual extra de $ 13.586 millones.

Fecha: 13/08/2016