Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Jubilaciones: el aumento de marzo será de monto fijo, pero estudian sumar un porcentaje adicional

El Gobierno terminará de definir en los próximos días como será el incremento de las jubilaciones en marzo, al estar suspendida la fórmula de movilidad

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Las jubilaciones y pensiones del sistema previsional que gestiona la Anses tendrán en marzo un incremento de suma fija, aunque en el Gobierno ahora estudian la posibilidad de que también haya una parte de la recomposición definida como un porcentaje. De esta manera, habría una combinación de ambas modalidades (una cantidad determinada de pesos más un índice porcentual, todo definido de manera discrecional), que se aplicaría al menos a un conjunto de casos con el objetivo de morigerar el menor incremento que les llegaría a quienes cobran haberes “medios bajos y medios”, en comparación con los que se ubican más abajo en la pirámide de ingresos. De todas formas, al otorgarse mayor aumento a un grupo de beneficiarios, no se evitaría el efecto de un achatamiento de la pirámide de ingresos.

Desde el Gobierno, tres fuentes de diferentes dependencias le dijeron a LA NACION que todavía no está definido cuál es el monto total de recursos que se asignarán a la recomposición de los haberes previsionales.

Días atrás, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que la fórmula aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri era “impagable”. Y agregó: “No voy a congelar las jubilaciones, pero pusieron una fórmula de imposible cumplimiento”, en relación al gasto que iba a representar cumplir este año con la modalidad de actualizaciones que quedó suspendida por un artículo de la ley de emergencia.

Esa misma normativa, votada por el Congreso a fines de 2019, le da al Poder Ejecutivo la facultad de aumentar trimestralmente y de manera discrecional los haberes durante los 180 días de la suspensión. Es una medida que fue leída de manera favorable a los intereses de inversores y acreedores del Estado, al interpretarse como una señal de que se busca aliviar el nivel de suba del gasto público.

Funcionarios del Gobierno sí señalan ahora que, seguramente, el haber mínimo tendrá un aumento superior al que habría correspondido en caso de haber continuado la fórmula de movilidad. De no estar suspendido ese mecanismo, en marzo debería haber una suba de 11,6% para la totalidad de los jubilados y pensionados, lo cual llevaría el ingreso mínimo a $15.700 y el máximo, a $115.020.

Para los ingresos más bajos, eso habría significado una suba de $1632. Por lo dicho ahora por funcionarios del Gobierno, la cifra será superior para esos casos (y, muy probablemente, también para quienes ganan algo más) y eso ayudará a compensar la pérdida de los últimos dos años, un efecto que no ocurrirá, sin embargo, para quienes perciben ingresos medios y medios altos.

En 2019, por la fórmula de la ley 27.426, ahora suspendida, las prestaciones previsionales tuvieron una suba nominal acumulada de 51,1%. Como la inflación del año fue de 53,8%, según informó el Indec, hubo entonces una caída del poder de compra de los haberes de 2%. En 2018, el primer año de la aplicación de la fórmula de movilidad reformada, la brecha entre la trepada de los precios y la recomposición de las jubilaciones había sido mucho más amplia, y la pérdida del valor adquisitivo había llegado a 13%. Eso afectó a la totalidad de las prestaciones, aunque ahora las recomposiciones se otorgarían de manera diferenciada.

Para este año, si la inflación tendiera a la baja, se esperaba una evolución positiva de los haberes en términos reales, porque el cálculo previsto por la ley aprobada a fines de 2017 preveía ajustes según la inflación (y en menor medida, también en función de la variación de salarios) de seis meses atrás. Las proyecciones de inflación más recientes para este trimestre, de todas formas, indican que los precios subirían en un nivel no muy lejano al 11,6% que estaba previsto para marzo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, sobre la base de consultas a más de 60 centros de estudios económicos, indica que el índice sería de 10,7% entre el primero y el tercer mes de este año.

En los despachos oficiales saben que la decisión de dar incrementos de manera segmentada, tras quedar suspendida la vigencia de una ley que disponía recomposiciones para todos por igual, provocaría reclamos judiciales por parte de quienes se vean afectados. Sobre todo, porque la estrategia se da en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Y porque, en la década pasada, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la política que rigió entre 2002 y 2006, cuando solamente se aumentaban las jubilaciones más bajas, al tiempo que las demás iban acumulando caídas de poder de compra (fue una de las claves por las cuales el gobierno de Néstor Kirchner llegó al superávit fiscal).

Luego del fallo Badaro, referido a ese tema, se produjo un número récord de reclamos judiciales contra el Estado por parte de jubilados, muchos de los cuales también fueron afectados, en esos años, por el mal cálculo del haber inicial (una cuestión en la cual también el tribunal les dio la razón a los pasivos).

Aquellas medidas de segmentación del universo de jubilados para otorgar recomposiciones más las moratorias habían llevado a un fuerte achatamiento de la pirámide de ingresos. En los últimos años, por el menor otorgamiento de ese tipo de prestaciones (y su reemplazo por la PUAM, otro beneficio no contributivo), por el pago de sentencias y por el plan de reparación histórica, ese efecto tuvo una reversión. Hoy, el cuadro de jubilados según monto de ingresos indica que el 49% recibe la mínima; son alrededor de 2,8 millones de personas.

Fecha: 18/01/2020

El aumento a los jubilados será en promedio de 11,56% en marzo, pero no para todos

El Gobierno definió que se usará la misma masa de dinero, pero les dará más a los que ganan menos. Analizan la forma de aplicarlo.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

El aumento de las jubilaciones y pensiones a partir de marzo será, en promedio, del 11,56%, tal como surge de la suspendida fórmula de movilidad. Pero ese porcentaje no se aplicará en forma similar a todos los beneficiarios sino en forma diferenciada, a través de una suma fija y/o porcentaje diferenciado, de lo que resultará un mayor valor para los que cobran haberes más bajos y una proporción menor para los que ganan más.

Así adelantaron a Clarín los funcionarios que están diseñando el aumento de marzo quienes, por los todavía altos porcentajes de inflación, admitieron que no hay margen político para achicar el gasto total en jubilaciones y pensiones respecto de la suspendida fórmula de movilidad que, punta a punta, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, llevó a una pérdida del 19,5% a todos los jubilados y pensionados con relación a la inflación.

Radiografía de las jubilaciones y pensiones

Para el diseño del próximo aumento, la decisión es que no habrá exclusiones porque todos los jubilados y pensionados recibirán algún aumento, pero, acortando la distancia entre los haberes más bajos y los más altos (achatamiento de la pirámide previsional), con mejoras al sector de ingresos bajos en detrimento del resto.

El aumento en jubilaciones y pensiones del régimen general (no incluye a los regímenes especiales, como docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos, servicio exterior, jueces y magistrados y Luz y Fuerza), pensiones no contributivas y PUAM (pensión universal al adulto mayor) abarca a 7.300.000 personas.

El 11,56% sobre la masa de haberes actual son 18.000 millones de pesos mensuales.

Mientras hasta diciembre pasado el aumento se aplicaba en forma porcentual sobre los haberes en curso, ahora ese volumen se distribuirá en forma diferenciada por rango de haberes.

Esa distribución podrá ser una suma fija o un porcentaje diferenciado o una combinación de ambos. Los funcionarios están haciendo simulaciones con distintas alternativas para la toma de decisión del Presidente.

De acuerdo a los rangos de haberes se estima que 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,56% o más, recortando la pérdida sufrida en estos 4 años en sus jubilaciones, y los restantes 2.800.000 profundizarían el retroceso de sus ingresos.

Solo a modo de ejemplo, si los 18.000 millones de pesos se distribuyeran como una suma fija entre los 7,3 millones de beneficiarios, resultaría un incremento de $ 2.465 por persona. En este caso, para los que ganan el haber mínimo, de $ 14.068 representaría un incremento del 17,5%. Para los que perciben $ 20.000, un 12,3%.

La línea de corte del 11,56% serían los $ 21.323. Por encima de ese valor el aumento sería inferior al promedio. Así, con $ 25.000, la suba sería del 9,9%; con $ 40.000, del 6,2% y seguiría descendiendo hasta representar apenas el 2,4% para los que cobran el haber máximo de $ $103.064.

Los funcionarios explicaron que el aumento tiene que estar definido antes del 10 de febrero para que la ANSeS pueda realizar los ajustes internos y el envío de los fondos a los bancos pagadores.

A pesar de que la pérdida real de las prestaciones abarcó a todos los jubilados y pensionados, los funcionarios defendieron el achatamiento de la pirámide de haberes y se mostraron confiados en sortear la eventual litigiosidad por parte de quienes cobren menos del 11,56%.

Hay que recordar que en el fallo Badaro, la Corte Suprema cuestionó el achatamiento de la pirámide previsional que se produjo entre enero de 2002 y diciembre de 2006 con el fundamento de que pone “en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes, quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”.

No obstante, los funcionarios sostienen que cuentan con el “paraguas” de la “emergencia previsional” y que los aumentos diferenciados por decreto solo se aplicarán en dos oportunidades a diferencia del caso Badaro que abarcó un período de 5 años, porque ya para el segundo semestre está previsto que rija una nueva fórmula de movilidad.

Fecha: 18/01/2020

 

Ideas para una reforma jubilatoria integral con foco en los sectores más débiles

Por: Daniel Marcú*

Para: Diario La Nación

En este artículo se describen sintéticamente las ideas rectoras que nos pueden conducir gradualmente a un nuevo régimen jubilatorio, que no solo sea sustentable en el largo plazo, sino también ampliamente aceptado por la sociedad como el mejor posible, dadas las circunstancias propias de nuestro país.

Con estas ideas se intenta emprender un nuevo camino que termine con los “parches” habituales y brinde solución definitiva a los dos desafíos hoy más acuciantes: resolver la situación de pobreza de los jubilados más postergados y encontrar un mecanismo de movilidad que proteja el poder adquisitivo sin alterar el equilibrio fiscal.

Estas ideas se alinean con la tesis sostenida por el Gobierno de concentrar la mayor parte de los recursos previsionales en los haberes más bajos . Hoy, bajo el amparo de la ley “de solidaridad social”, ya lo está haciendo “desordenadamente” (se pagan dos bonos de hasta $ 5000 para haberes menores a $ 19.068) y luego, probablemente, habrá aumentos de suma fija, con consecuencias jurídicas desconocidas. El esquema aquí propuesto brinda el marco legal, técnico y actuarial para llevar adelante una reasignación de recursos que ya está sucediendo en los hechos.

Este esquema propone un cambio gradual de sistema y, en el mientras tanto, ir dando respuesta a las demandas inmediatas de la población con jubilaciones mínimas. En particular, se propone modificar radicalmente el criterio para establecer el haber mínimo y se aportan herramientas para modificar el actual mecanismo perverso de movilidad por otro más creíble, realista y libre de distorsiones temporales.

No es posible idear un nuevo régimen jubilatorio sin un diagnóstico claro de las causas que explican el deterioro y la falta de sustentabilidad financiera del sistema actual. En nuestra opinión, la principal causa es exógena al sistema previsional: el deficiente funcionamiento de nuestro mercado de trabajo que se manifiesta en la informalidad, el desempleo, el subempleo, la precariedad y las trayectorias laborales incompletas. Esta problemática afecta al 75% de la población en edad de jubilarse.

Para que esta propuesta sea exitosa es necesario que nuestro país retome la senda del crecimiento económico y mejore el funcionamiento del mercado de trabajo.

Adicionalmente, el nuevo esquema debe cumplir con el marco de referencia que establece el artículo 12 de la Ley 27.260 (es decir, debe ser “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”) y también con otras restricciones jurídicas, económicas y sociales (respeto de los derechos adquiridos, carga contributiva razonable, etcétera).

A continuación, una enumeración de los puntos claves de la propuesta para una reforma previsional.

  • Modificar el sistema previsional es un proceso que va a demandar varios años; por ello se describe un Modelo Previsional Futuro al que se desea llegar en un plazo tentativo de 5 a 10 años y un Modelo Transicional, que traza el camino para alcanzar progresivamente el objetivo deseado.
  • El Modelo Previsional Futuro consistiría en un régimen de reparto solidario integrado por dos componentes: un pilar básico y un pilar suplementario
  • El pilar básico, que funcionaría a modo de jubilación mínima, garantizaría un haber uniforme equivalente al costo de una canasta de consumo específica para adultos mayores (confeccionada por expertos y calculada mensualmente por el Indec). Se estima que esta canasta, que incluiría múltiples rubros (vivienda, alimentos, medicamentos, vestimenta, servicios, etcétera), orillaría hoy los $30.000/35.000, valor que podría adecuarse a las distintas regiones de nuestro país.
  • El valor se reajustará cada vez que la canasta se encarezca en un cierto porcentaje (3/5%).Se va generando así un “Índice de Precios para Adultos Mayores” que reemplazaría los deficientes mecanismos de movilidad aplicados hasta ahora. Así, se lograría que la respuesta a la pérdida de poder adquisitivo sea casi inmediata (con una distancia de un mes, a diferencia de los 6 meses actuales).
  • El pilar suplementario sería un haber adicional al básico, solo para quienes tengan el derecho a un “plus”, cuya cuantía para cada beneficiario surgiría -de manera similar al modelo aplicado en Suecia- de una fórmula muy sencilla, sustentada actuarialmente en su historia contributiva y su expectativa de vida.
  • La historia contributiva de cada aportante al nuevo régimen incluiría sus aportes personales y otros conceptos novedosos, que apuntarían a combatir la informalidad en las relaciones de consumo y en el ámbito laboral.
  • El Modelo Transicional buscaría, a lo largo de un plazo tentativo de 5 a 10 años, cerrar progresivamente la brecha entre la actual jubilación mínima y el haber que correspondería a la canasta de consumo específica.
  • Cerrar esta brecha significaría, tomando por ejemplo un plazo de 10 años, que el haber mínimo mensual actual se estaría recomponiendo -además de hacerlo por la movilidad vinculada con la inflación- a razón de unos $1600/$2000 por año.
  • Para los jubilados actuales de más de 80 años de edad podría acelerarse el proceso para que alcancen en menos tiempo (2 o 3 años) el 100% del haber del pilar básico.
  • Los jubilados actuales que perciben haberes que superan el costo de la canasta de consumo no verían vulnerados sus derechos adquiridos, aunque para el excedente de ese monto podría aplicarse un mecanismo de movilidad diferente (por ejemplo, basado en el incremento de la recaudación previsional, neto de la detracción previa para reconocer el ajuste al haber mínimo).
  • Los activos a los que les falten más de 10 años para jubilarse entrarían directamente al nuevo sistema. Y aquellos a los que les falten menos de 10 años podrían optar entre el régimen actual o el nuevo.
  • Seguiría existiendo una edad mínima para acceder al haber del pilar básico (hoy, 65 años los hombres y 60 las mujeres). Pero el haber del pilar suplementario iría en función directa de la edad que elija el afiliado para jubilarse (hasta los 70 años). Así, el monto de este suplemento crecería exponencialmente cuanto más tarde se acceda.

Sustentabilidad fiscal

La sustentabilidad fiscal del nuevo sistema es crítica para garantizar la credibilidad interna y externa (del FMI y de otros acreedores).

Medir los impactos fiscales a largo plazo del régimen propuesto es una tarea de extrema complejidad, pero en función del salario promedio de la economía, las alícuotas existentes de aportes y contribuciones, los ingresos tributarios derivados al régimen previsional (incluyendo el 70% del nuevo impuesto a los billetes y a divisas extranjeras) y la relación actual entre aportantes y beneficiarios, es posible ir incrementando gradualmente el haber mínimo actual, para llegar a valores que lo duplican y aun más. Si a esto le agregamos alguna normalización en el mercado laboral y un mecanismo dual de movilidad (variación de precios de la canasta de jubilados para la mínima y variación neta de la recaudación para los excedentes), nos acercamos a un modelo global que cerraría financieramente.

El diseño “fino” del nuevo régimen requiere de numerosas definiciones: condiciones para acceder al haber derivado de la canasta, edades mínimas de jubilación, plazo de la transición, mecanismos que amplíen la base de contribuyentes, cambios en el régimen de autónomos y monotributistas, etcétera, etcétera.

Un régimen previsional que busca brindar un haber digno a todos los jubilados no solamente es un gran aporte a la paz social, sino también un gran alivio económico para muchas familias que hoy ayudan como pueden a sus padres. Adicionalmente, estos mayores haberes se destinarán casi íntegramente al consumo, con sus consecuentes efectos reactivadores y en la recaudación impositiva.

El autor es actuario, economista y experto en temas previsionales

Fecha: 02/01/2020

Los regímenes especiales de jubilaciones abarcan a unas 7700 personas

El Gobierno prepara un proyecto para modificarlos; en su mayoría provienen del Poder Judicial

Por: Maia Jastreblansky. Con la colaboración de Romina Colman

Para: Diario La Nación

En la Argentina hay 7060 beneficiarios del régimen jubilatorio del Poder Judicial y unos 700 diplomáticos que perciben haberes por el sistema especial previsional del Servicio Exterior de la Nación, según datos oficiales que obtuvo LA NACION. Ambos regímenes establecen requisitos, aportes y beneficios diferenciales respecto del sistema previsional general del país, que cuenta con alrededor de 7,3 millones de jubilados y pensionados.

Son los dos esquemas jubilatorios a los que el presidente Alberto Fernández aludió como “de privilegio” y que el Gobierno anunció que pretende eliminar o modificar durante las sesiones extraordinarias de enero. Siempre según fuentes oficiales, esos regímenes tendrían haberes brutos (sin los descuentos) promedio de entre $200.000 y $300.000. Los representantes de esos sectores aseguran que el número es sensiblemente inferior.

A los regímenes especiales de judiciales y del cuerpo diplomático se suma un grupo de ex-legisladores y ex-funcionarios nacionales que se ampararon en leyes que en su momento beneficiaron a la política y que hoy están derogadas. Dado que al momento de su anulación estas personas cumplían con los viejos requisitos, lograron ingresar en una ventana legal y tramitar una jubilación especial por haber pasado por el cargo. La Anses no pudo precisar la cantidad de beneficiarios encuadrados en esta situación.

Según pudo conocer LN Data a partir de sucesivos pedidos de información pública a la ANSeS -y cuya última respuesta fue remitida en mayo de 2019-, entre quienes obtuvieron su jubilación por “ley especial para el Poder Legislativo” figuran casos como los de los ex-ministros del menemismo Domingo Cavallo y Carlos Corach; el exministro del Interior de Fernando de la Rúa Federico Storani, y exfuncionarios del kirchnerismo como Oscar Parrilli y Alberto Iribarne. Son todos exfuncionarios del Poder Ejecutivo que tuvieron también un paso por el Congreso y se jubilaron con ese retiro especial. De acuerdo con esos datos oficiales, todos percibieron a mayo de 2018 haberes brutos (sin los descuentos) de entre $120.000 y $170.000, aunque todos los mencionados en diálogo con lanacion aseguraron recibir en mano un monto de $100.000 o menos. Quienes continuaron ejerciendo cargos hicieron los trámites, pero renunciaron temporalmente a la jubilación.

Desde el Círculo de Legisladores explicaron a LA NACION que a 2002 (cuando la ley que los beneficiaba fue derogada) algunos diputados, senadores o secretarios parlamentarios habían cumplido con los requisitos de 50 años de edad, 25 años de aportes y un mandato completo y lograron el beneficio a posteriori, con 60 años cumplidos.

Actualmente, la jubilación mínima del régimen general es de $14.068 y la máxima, de $103.061. Solo unas 50.000 personas en la Argentina cobran por encima de esa cifra. A partir del congelamiento de los haberes jubilatorios por 180 días que fijó la ley de emergencia que impulsó Fernández, las jubilaciones especiales vinculadas a los cargos públicos suscitaron debates.

El Presidente dijo que pidió ampliar las sesiones extraordinarias “para tratar un proyecto termine con las jubilaciones de privilegio”. Durante el último fin de semana, Fernández conversó informalmente con especialistas y representantes de esos sectores sobre la posibilidad de acotar parcialmente los beneficios, en lugar de eliminar completamente los regímenes. Incluso dialogó sobre la alternativa de incrementar los aportes, en lugar de cambiar la tasa de sustitución. “Te vas a poner a toda la familia judicial en contra”, le advirtió uno de sus interlocutores por teléfono.

Hay numerosos antecedentes. En la década del 70 se promulgó un paquete de leyes que benefició a los tres poderes del Estado con lo que se conoció como “jubilaciones de privilegio”. Sin requisitos de edad y con apenas el juramento en el cargo podían acceder a jubilaciones muy beneficiosas. Estos regímenes excepcionales fueron derogados en los 90. En 1994 se dictó la ley 24.018, que fijó nuevos regímenes especiales, más acotados, para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, senadores, diputados, ministros, secretarios y subsecretarios, entre otros cargos. Seguidamente, el artículo 168 de la ley 24.241 derogó parcialmente los regímenes especiales. Pero el decreto que reglamentó esta última ley fue llevado a la Justicia y fue declarado inconstitucional. En 2001, en tanto, el fallo “Gaibisso, César” de la Corte Suprema defendió la irreductibilidad de los salarios de los jueces y les reconoció esta garantía también a los magistrados jubilados. En 2002, con los ecos de la crisis económica e institucional, el Congreso sancionó la ley 25.668, que volvió a derogar explícitamente y de forma completa las leyes de regímenes especiales. Sin embargo, el decreto 2322/02 de Eduardo Duhalde observó parcialmente esa norma y dejó sin efecto la derogación de los beneficios para el Servicio Exterior y el Poder Judicial.

Así, los regímenes especiales que quedaron efectivamente derogados en 2002 fueron los del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es por eso que hoy siguen en pie los sistemas específicos para judiciales y diplomáticos. También siguen vigentes las asignaciones vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación y de los jueces de la Corte Suprema. Según señalaron fuentes oficiales a este medio, hay 5510 jubilados del Poder Judicial de la Nación, “con un haber bruto medio de más de $200.000” y 1550 beneficiarios de los poderes judiciales provinciales transferidos. Los judiciales aportan un punto más, el 12%, y tienen una movilidad del 82%. Los embajadores y funcionarios del Servicio Exterior tienen una movilidad del 85%. Según fuentes oficiales, ese régimen “tienen un haber promedio de más de $300.000”. Representantes de ese sector aseguran que esa cifra no supera los $170.000.

El proyecto de Fernández debería estar culminado en los próximos días. La actividad legislativa se reanuda el 22 de enero.

Fecha: 02/01/2020

Cómo actualizar las jubilaciones: la vuelta a escena de un debate recurrente

La inflación futura estimada, la inflación pasada, los salarios y las ganancias de productividad de la economía son algunas variables que pueden integrar una fórmula de movilidad; qué puede ser viable en una Argentina con alta inflación, problemas fiscales y falta de crecimiento y de creación de empleos

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Recalculando. Una vez más. La manera de actualizar el valor de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales a cargo del Estado nacional vuelve a ocupar el centro de la escena. En una Argentina caracterizada por una alta inflación, problemas fiscales y falta de crecimiento y de creación de empleos formales, a la pregunta que enmarca el tema y que es la referida a cuál es la mejor manera de dar movilidad a los ingresos, se suma la de cuál es la distancia entre lo ideal y lo viable. Pero antes aún de definir qué variables incorporar a una fórmula de cálculo, una consigna básica es poner en claro cuál es la meta, el destino que se le ingresará al GPS.

El punto de partida quedó ahora ubicado al costado del camino: por los próximos 180 días, el gobierno de Alberto Fernández decidió adoptar una cuestionada estrategia que hasta hace pocos días parecía que había quedado en el pasado. La ley 27.541 dispone suspender la aplicación de la fórmula de movilidad y, de esa manera, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo es la regla vigente (podría serlo durante más tiempo que el ya establecido, si se tiene en cuenta que darle permanencia a las medidas temporales vinculadas con las emergencias es una constante en la historia reciente de la Argentina).

La política de la discrecionalidad para recomponer haberes en tiempos de inflación se aplicó entre 2002 y 2006: sin esquema legal de movilidad, los expresidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner (el segundo, durante bastante más tiempo que el primero) recurrieron al congelamiento de cientos de miles de haberes. Fue una de las herramientas para ir logrando el equilibrio fiscal. El resultado de corto plazo fue alcanzado, pero no mucho tiempo después los jubilados terminaron reclamando en la Justicia, que les dio la razón y fue ordenando, sentencia a sentencia, incrementar los ingresos de los afectados. No solo eso dispuso la Corte Suprema, sino que también (y, en rigor, como primera medida) le pidó en 2006 a los poderes Ejecutivo y Legislativo la aprobación de un sistema de ajustes periódicos y automáticos para todos los pagos jubilatorios, algo que tardó unos años, a partir de entonces, en hacerse realidad.

Por estos días, la única certeza es que por un tiempo no regirá ningún esquema como el exigido más de una década atrás por la Corte, aun cuando se sabe ya que, por la fórmula que rigió desde 2018, en marzo correspondía una recomposición de 11,6%.

El nuevo marco legal deja dos instrucciones para los gobernantes: dice que deberán darse aumentos por decreto trimestralmente y que habrá que darles prioridad a quienes perciben ingresos más bajos.

El plazo de la suspensión de la movilidad de los ingresos no coincide con el período que durará la emergencia previsional, declarada por la misma ley hasta el 31 de diciembre de 2020. Esa emergencia convalidada por el Congreso es la herramienta que, llegado el caso de demandas en la Justicia contra lo que surja de los reajustes por decreto, se usará como argumento de defensa del Estado.

Durante el período sin vigencia de la fórmula, deberá elaborarse la propuesta por una nueva, que tendrá que ser votada por el Congreso.

¿Qué destino ingresar al GPS? ¿Cuál es el objetivo de un esquema de actualizaciones? “La movilidad es una parte esencial del sistema previsional y ha estado sujeta a revisión prácticamente en todos los países, porque los regímenes tienen que balancear dos objetivos: mantener la suficiencia de las prestaciones y ser sostenibles financieramente”, describe Fabio Bertranou, experto en seguridad social y director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur.

Pero esos objetivos, ¿son de la movilidad o del sistema previsional en conjunto? Llevada esta cuestión a un plano general: ¿cuán válido es rediscutir la movilidad, si al mismo tiempo no se revisa cuál es la política de cálculo de los haberes iniciales y otros desafíos, como la del financiamiento de los pagos?

Frente a un grupo de legisladores nacionales, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó días atrás que el propósito del Gobierno es achatar la pirámide de ingresos jubilatorios, porque se considera que es elevada la brecha entre los que menos y los que más ganan. Esa distancia no se generó por la movilidad, que dio iguales subas para todos, sino por el diseño del sistema y por algunas medidas tomadas en los últimos años.

Más allá de cuál sea la brecha, es un dato cierto que el haber mínimo, hoy de $14.068, resulta muy bajo frente a las necesidades de ingresos. En octubre pasado, el valor de la canasta de consumo para adultos mayores que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aire se ubicó en $37.815. Ese es el costo para una persona; como se incluyen gastos fijos (los de la vivienda, por ejemplo), se entiende que si se trata de un hogar con dos personas el monto necesario para cada una sería menor, pero igual seguiría habiendo un rezago importante del haber básico y de los que lo superan pero no por mucho. Uno de los desafíos es ver si realmente el sistema estaría en condiciones de pagar más y, en todo caso, cómo podría obtener los recursos.

Respecto de la pirámide de ingresos, de las 6,9 millones de jubilaciones y pensiones hoy en curso de pago, 4,4 millones son haberes mínimos (el número de quienes dependen solo de un haber mínimo es menor, porque hay quienes perciben dos beneficios). Y de esos 4,4 millones, el 72% fue otorgado por las moratorias, que les permitieron ingresar al sistema a quienes no tenían aportes o sí los tenían, pero no en cantidad suficiente para obtener una jubilación por la vía regular. El otro mecanismo por el que se dieron las actuales prestaciones está vinculado con la cantidad de años de aportes y, en el caso de quienes fueron asalariados, con el nivel de ingresos obtenidos en actividad.

La meta de achatar la pirámide se cumpliría dejando a algunos al margen de los aumentos. O dando subas para todos, pero que sean menos significativas en términos porcentuales para los de ingresos medios y altos. El escenario más probable es que estos grupos pierdan frente a la inflación.

“Los debates de fondo sobre política previsional suelen ser sobre las condiciones para obtener los beneficios (edad, años de aportes, por ejemplo) y el nivel de esos beneficios, más que sobre la movilidad”, apunta Rafael Rofman, líder del Programa para la Educación, la Salud, la Protección Social, el Trabajo y la Pobreza para América Latina y el Caribe, del Banco Mundial. Y agrega: “Una vez definidos esos beneficios, la movilidad está para asegurar que sus valores no se deterioren con el tiempo”. En algunos casos, a esa meta de mantener la capacidad de consumo se agrega la de darles participación a los pasivos de las eventuales mejoras en la productividad de la economía.

Si los objetivos son mantener el poder adquisitivo, garantizar la capacidad de pago por parte del Estado y, eventualmente, hacer que los jubilados participen del crecimiento recibiendo más ingresos, ¿cuáles son las variables que deberían formar parte de una fórmula de movilidad? La inflación pasada, la inflación esperada, la variación de la recaudación de recursos, la evolución de los salarios de los trabajadores y la marcha de la actividad económica son los elementos que surgen de las respuestas dadas a LA NACION por economistas y expertos en temas previsionales.

Según considera Eduardo Levy Yeyati, economista y director del centro de investigaciones Cepe de la Universidad Torcuato Di Tella, hay dos criterios que deberían usarse en forma combinada si se busca preservar el poder adquisitivo y, a la vez, dar sostenibilidad al sistema. Esos dos criterios son la inflación y la variación de la recaudación de recursos.

Para pagar las prestaciones, la Anses usa lo que proviene de aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores y, también, parte de la recaudación de algunos impuestos generales, según lo definido por ley.

La fórmula de movilidad que rigió entre 2009 y 2017 tenía como principales componentes a las variaciones de los salarios y de la recaudación de los recursos impositivos que financiaban pagos previsionales (esa fuente de ingresos de la Anses tiene hoy una composición diferente a la de entonces, porque hubo cambios en el destino de algunos tributos).

“Aquella fórmula fue de emergencia, porque no había índice de inflación oficial [por la intervención política que sufrió el Indec entre 2007 y 2015]; es para olvidar”, evalúa Oscar Cetrángolo, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet. Hubo algo que caracterizó a ese sistema durante toda su vigencia y es que nunca se hizo pública la totalidad de los datos necesarios para poder hacer el cálculo de los aumentos.

Cetrángolo entiende que no es conveniente analizar una reforma del esquema de la movilidad en forma aislada, en lugar de analizar todo el sistema previsional. Y explica: “Debería definirse primero qué nivel de prestaciones es sustentable y, a partir de ahí, ajustar por variación de salarios; hay sistemas en el mundo que combinan salarios con precios, por si los primeros se retrasan”.

La fórmula aprobada en el convulsionado diciembre de 2017 a propuesta del gobierno de Mauricio Macri incluyó, justamente, una combinación de las variaciones de sueldos y precios. Los porcentajes de las subas, en los últimos dos años, surgieron del resultado de sumar el 70% de la inflación y el 30% de la suba nominal de salarios de un trimestre. El nudo estuvo en la distancia de 6 meses entre el período del cual se observaban los datos y el momento de dar la recomposición: con un escenario de inflación que en 2018 y en gran parte de este año tuvo tendencia al alza, se produjeron caídas en el poder adquisitivo, de 13% el año pasado y de 2,5% (estimado) en este 2019.

Números en desequilibrio

Ahora que el 11,6% que tocaba dar en marzo iba a representar (al menos, según las proyecciones) una mejora de los ingresos reales en función de la inflación del primer trimestre, la fórmula queda suspendida. Más allá del discurso sobre la redistribución de recursos, la razón está en la situación fiscal y en la necesidad de un ajuste: con una inflación a la baja, el incremento del gasto indexado iba a ser superior al ritmo del alza de los precios, lo cual agravaba la situación de las cuentas públicas y generaba mayor tensión inflacionaria, según la lectura hecha por los funcionarios.

La movilidad no solo corría para los haberes jubilatorios a cargo de la Anses, sino también para las prestaciones no contributivas por vejez, discapacidad u otras situaciones personales (son algo más de 1,4 millones), la Asignación Universal por Hijo (la cobran 3,9 millones de chicos) y los pagos por hijos a asalariados y monotributistas (unos 3,7 millones). En total, son conceptos que este año y según la proyección hecha por la gestión anterior de la Anses, se llevan más del 60% del gasto primario nacional (sin contar obligaciones de la deuda).

“La redistribución de la que habla el Gobierno (aumentarles más a unos jubilados que a otros) no tiene que ver con la solidaridad, como el nombre de la ley, sino con una imposición -dice Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires-. Eso no es viable en nuestro esquema, basado en la proporcionalidad; en todo caso habría que revisar todo el sistema y no la movilidad”.

Semino no ve viable que, a futuro y más allá de los próximos 180 días, se disponga un mecanismo de reajustes diferenciados según niveles ingresos (algo que podría encontrar un argumento en el hecho de que la inflación afecta más a quienes menos cobran, aunque en el caso de las jubilaciones en la Argentina el promedio general de ingresos es más bien bajo). Según comenta, algunos países desarrollados han avanzado en el pago de complementos segmentando por grupos, pero en función del mayor grado de dependencia para las actividades vitales, que afecta a quienes tienen edades más avanzadas.

Mientras tanto, en la Argentina se está desindexando el “contrato” más importante que tiene el Estado. Y no pocos advierten que, más allá de los problemas que se generarían en los bolsillos y de las repercusiones que habría en la Justicia, para que el plan sea efectivo desde el punto de vista macroeconómico debería haber un plan antiinflacionario con otras estrategias.

“En el mundo, las jubilaciones tienen indexación, pero la inflación es muy baja; acá tenemos un problema fiscal y cuando no hay financiamiento, el ajuste se hace bajando el gasto”, apunta Marina Dal Poggetto, de la consultora Eco Go.

La economista considera que en nuestro país podría pensarse en mirar la inflación hacia adelante, y no hacia atrás, para definir la movilidad. Eso implicaría ajustar los valores tomando como parámetro la suba de precios esperada y, en todo caso, luego ajustar los números con el índice de inflación real. Esa sería, sostiene Dal Poggetto, una forma de desindexar, después de que se fijó un mecanismo de ajustes que “resultó una trampa”, por el ya mencionado rezago de 6 meses. Cuando se discutió esa segunda fórmula, las estimaciones hablaban de inflación a la baja, de crecimiento y de repunte del empleo. La realidad fue muy diferente.

A los problemas coyunturales y al prolongado estancamiento de la economía se suman los desafíos que, para financiar las prestaciones, presentan temas más estructurales. Entre ellos, la alta incidencia del trabajo no registrado y la existencia de sistemas como el del monotributo o el servicio doméstico, con aportes reducidos.

En el escenario en el que se mueve la Argentina “es difícil esperar que el sistema previsional tenga un buen desempeño”, advierte Bertranou. En definitiva, dice, el régimen previsional está “estrechamente vinculado a cómo funcionan la economía, el empleo y las finanzas públicas”. Y agrega que, en este estado de cosas, debería fijarse como meta de corto plazo “mantener un piso de seguridad económica para prevenir la pobreza en la vejez”.

Que el país termine recurrentemente acudiendo a auxilios de corto plazo y a medidas de emergencia tiene una de sus consecuencias en la llegada de los jubilados a la Justicia, para reclamar por sus derechos.

Ocurrió, por caso, ya en los años 90, luego de que el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo lograra la ley de “Solidaridad Previsional”. La actual ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva no es muy novedosa, en este tema, ni en su contenido ni en su nombre. Bajo el concepto de lo “solidario”, también aquella vez se había dispuesto tocar la movilidad jubilatoria, entre otros puntos. “Hubo declaraciones de inconstitucionalidad de esa ley, cuando se probaron los daños económicos para quienes reclamaron”, recuerda el abogado previsional Adrián Tróccoli.

¿Qué podría anticipar aquello de lo que podría pasar? Según Tróccoli, habrá que esperar y ver qué decisiones se tomarán por decreto. Lo que entonces ocurra definirá los reclamos judiciales. Cuando en 2007 la Corte Suprema dictó el fallo que favoreció a Adolfo Badaro, quien había tenido su haber congelado entre 2002 y 2006, ya se había dado una pérdida de poder adquisitivo de alrededor de 40%. La recuperación fue tardía para el jubilado, mientras que el Estado comenzó a sumar, a partir de ese fallo emblemático, más y más reclamos que terminaron en costosas sentencias a pagar.

Esos desfases son parte de los efectos de decisiones cortoplacistas, que tienen su raíz en los problemas de la economía argentina, que van más allá del sistema previsional.

2002-2008

Con la caída de la convertibilidad y el regreso de la inflación a la Argentina, hubo durante varios años solo subas selectivas

Los fallos badaro

A partir de 2002 y por varios años, solo quienes cobraban el haber mínimo recibieron recomposiciones frente a la inflación; en 2006 la Corte Suprema ordenó aprobar un sistema de movilidad para todos; en 2007, todavía sin ley (aunque ese año sí se comenzó a incluir a todos en las recomposiciones), el tribunal dispuso cuánto aumentarle al jubilado de la demanda analizada, Adolfo Badaro, que hasta 2006 no había recibido nada. Luego hubo récord de juicios.

2009-2019

En 2008 el Congreso aprobó una fórmula para dar ajustes periódicos, que rigió desde 2009 y se modificó en 2017

Las dos fórmulas

El primer mecanismo de cálculo, vigente entre 2009 y 2017, estaba basado, entre otras variables, en la evolución de la recaudación de los impuestos que se derivaban a la Anses y de los salarios; sus resultados fueron volátiles. La fórmula aprobada dos años atrás en medio de un fuertes protestas sociales, tenía como variable principal a la inflación y, en menor medida, a los salarios. Los datos considerados tenían un rezago de seis meses y eso llevaba a agravar la situación fiscal en 2020.

2019-2020

Apenas asumido, el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para suspender la movilidad

La suspensión

Con inflación tendiente al alza, la fórmula de 2017 provocaba una caída del poder adquisitivo; con precios moderando su nivel de subas, llegaba la recuperación para los bolsillos pero, a la vez, también una complicación para las cuentas públicas y más tensiones inflacionarias. Así lo evaluaron funcionarios del nuevo gobierno, que decidió la suspensión de la fórmula legal y el regreso, por 180 días, a una política de subas discrecionales, decretadas y de montos fijos.

Fecha: 02/01/2020

10 claves para entender la movilidad jubilatoria

La Ley de Solidaridad Social paralizó el cálculo que determinaba cómo debían ser los aumentos y los jubilados deberán esperar a que el Gobierno haga los anuncios en marzo.

Por: Daniela Rodriguez

Para: Diario Perfil

Con la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva los más afectados fueron los jubilados, pese al bono que se anunció para los que perciben el haber mínimo en dos pagos. La medida suspendió el régimen de movilidad jubilatoria, que establece los aumentos, que ya había sido modificada en la gestión de Mauricio Macri. Ahora los beneficiaros deberán esperar la nueva fórmula que el Gobierno prometió elaborar en estos 180 días.

Según explicaron a PERFIL Eugenio Semino, el defensor de la Tercera Edad, y las abogadas previsionalistas Andrea Falcone y Silvia Arce, la movilidad suspendida “ya generó efectos al próximo semestre” por lo que el Estado debe pagarles a los jubilados lo correspondiente a la ley, caso contrario, podrían acumularse nuevas demandas.

A continuación las 10 claves para entender la movilidad jubilatoria:

1. Qué es la movilidad jubilatoria: Es la ley que rige cómo deben establecerse los mecanismos de aumentos de los haberes jubilatorios, un derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que, además, establece que los cambios no pueden perjudicar a los jubilados. Según la abogada Falcone, “históricamente la movilidad fue deficiente y por eso se dieron los juicios de reajuste de haberes”.

2. Cómo nació: La fórmula de actualización de los haberes o movilidad jubilatoria se estableció por la Ley 26.417 en el año 2008 como un mecanismo de actualización automática de los haberes jubilatorios. El caso más emblemático fue el de Adolfo Badaro, un conductor de buques que se jubiló en el año 1983 y, entre el periodo 2002 y 2006, se vio perjudicado por la Ley de Solidaridad Previsional que había quedado desactualizada, por la crisis del fin de la convertibilidad y una serie de aumentos que sólo se otorgaron a los haberes mínimos. “En 2007 sale el fallo Barado que establece que no se puede dejar a los jubilados sin movilidad y le otorga aumentos conforme a cómo subieron los salarios”, explicó Falcone.

3. Reforma de la gestión de Mauricio Macri: En 2017 el expresidente modificó el cálculo: 70% inflación más el 30% variación salarial pero, según explicó Semino, “empezó a generar conflicto por el factor empalme: hubo un reclamo que se había aplicado retroactivamente y en ese periodo habían perdido entre 6 y 7 puntos de reajuste que les correspondía”. Por otro lado, “el problema de ese régimen es el nivel de inflación que tenemos”, explicó Arce. Incluso el propio ministro de Economía Martín Guzmán defendió la suspensión al reconocer que “el esquema actual imposibilita la desinflación”.

4. Qué implica la medida de Alberto Fernández: La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva incluyó la suspensión del régimen por 180 días, en los que elaborará otro sistema, según prometió el Gobierno, y en ese “periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en mayor vulnerabilidad”, detallaron.

5. Qué va a pasar los 180 días: “No sabemos”, respondió Arce y agregó: “Lo único que dicen es que van a dar en marzo una suma fija para todos, pero hasta ahora no tenemos nada. No sabemos si va a ser una suma fija para todos o si va a ser escalonada”. En concreto, el conflicto radica en la arbitrariedad que tendrá el Ejecutivo para determinar los aumentos, que es el principal objetivo que buscar evitar la ley de movilidad jubilatoria.

6. ¿Es un congelamiento?: El Presidente aclaró que la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva “lo único que cambió fue el cálculo de actualización” de los haberes del sistema jubilatorio y que “no hay congelamiento”, ya que impondrá nuevos aumentos en los próximos meses. En ese punto Arce ratificó los dichos del mandatario pero aclaró: “No existe congelamiento porque va a haber aumento pero no sabemos cuánto”.

7. Bono: Antes de la aprobación de la ley, el Gobierno anunció un bono para los jubilados que cobran la mínima y para los que cobran hasta 19.068 de 5000 pesos en diciembre y otro del mismo valor en enero. “Es extraordinario para pasar las fiestas”, cuestionó una de las abogadas previsionales.

8. Cómo será el aumento en marzo: En marzo deberían pagar la movilidad correspondiente a julio, agosto y septiembre del 2019, que sería de un 28%, sin embargo, el Gobierno adelantó que el aumento será una suma fija “para todos”.

9. Posibles demandas: Si bien la movilidad fue suspendida, Semino aclaró que “ya se generaron efectos al próximo semestre y es lo que vamos a plantear judicialmente, porque no se pueden suspender los efectos”, explicó y agregó: “Vamos a plantear la inconstitucionalidad antes de la feria judicial o en los primeros días de febrero”.

10. ¿Cuál es el tiempo que hay que esperar para la demanda?: Según explicó Falcone, “la inconstitucionalidad o no (de la ley) va a depender del aumento que dé Alberto Fernández para marzo. Si da una suma fija igual para todos y es menos del 11,5 que les corresponde, eso va a ser inconstitucional. Hay que esperar hasta el anuncio”.

Fuente: Diario Perfil

Fecha:30/11/2019

Por el ajuste en jubilaciones, el gobierno ahorraría al menos US$ 1.500 millones

El “recorte oculto” en Ley de Emergencia por el cambio en la movilidad previsional aportaría entre 0,5 y 1% del PBI.

Por: Jairo Straccia

Para: Diario Perfil

“Si el concepto de ajuste es volver a poner orden en las cuentas públicas, lo estamos haciendo. (…) A diferencia de otros ajustes, este no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están: los que exportan, los que producen petróleo o metales, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales”.

La respuesta del presidente Alberto Fernández, el jueves por la noche en el programa La Rosca, en TN, es cierta solo en parte, porque está incompleta. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que aprobó el Congreso hace una semana acomodó el escenario fiscal de cara a 2020. Consultoras privadas estiman que sin cambios el país hubiera tenido un déficit fiscal primario de 2 a 3% del PBI, pero ahora se asoma a la posibilidad de tener equilibrio entre lo que recauda y lo que gasta o hasta un leve superávit de las cuentas públicas.

Para conseguirlo, incluyó un fuerte aumento de impuestos sobre los sectores que el primer mandatario detalla, que según un promedio de los cálculos redundaría en una mayor recaudación por cerca de un 2% de toda la riqueza que genera el país en un año (el PBI), es decir, cerca de unos US$ 6 mil millones.

Composición del universo de jubilaciones y pensiones.

Pero lo que no detalla Fernández y que se pierde en los debates con eslóganes es que también la suspensión de la movilidad jubilatoria prevista hasta que en junio se legisle otra diferente implica un aporte adicional a la holgura fiscal, en este caso con un ahorro en el gasto público de entre 0,5 y 1 punto del producto, según quién haga el cálculo. Es decir, entre US$ 1.500 y US$ 3 mil millones de dólares tomando siempre como referencia un PBI del orden de los US$ 300 mil millones al año, en números redondos.

Por lo que han declarado desde el Poder Ejecutivo y viendo las medidas tomadas hasta ahora, como el bono de $ 5 mil pesos que se empezó a pagar ayer y se repetirá en enero, es posible que el ajuste jubilatorio no recaiga en los pasivos que ganan la mínima, pero sí, en cambio, en un número no menor de los que ganan no sólo haberes de privilegio sino entre 19 mil y 38 mil pesos, el importe en el que hoy se ubica la “canasta del jubilado” que mide la Defensoría de la Tercera Edad que comanda Eugenio Semino. Lo que ellos dejen de mejorar sus ingresos según lo que hubieran cobrado con la fórmula ahora suspendida, será la contracara del menor gasto del Estado, y contribuirán, como los sojeros, también al ajuste fiscal.

Números. Se trata, con todo, de un cálculo que hasta ahora ha quedado perdido no solo por los acalorados debates sino también porque el Gobierno no ha especificado el impacto fiscal de la medida y también por la complejidad de su estimación.

Calcular cuánto será el ahorro para el Estado y por ende la pérdida de poder adquisitivo para un grupo de jubilados implica una serie de supuestos que incluyen qué aumentos discrecionales dará el Gobierno en el primer trimestre, cómo evolucionará la inflación en 2020 y cómo será la nueva ecuación de actualización de los haberes que paga la Anses.

Si se impone la idea hoy dominante en el Gobierno de aplicarles la fórmula suspendida en marzo a los que ganan la mínima y luego extender ese pago como suma fija en el resto de la pirámide previsional, el estudio Eco Go, que lidera Marina Dal Poggetto, ubica el ajuste por jubilaciones entre el 0,5 y 0,7% del PBI. Un informe de la consultora Elypsis que comanda Eduardo Levy Yeyati situó en cerca del 1% el ahorro por esta vía.

En tanto que el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social que integran, entre otros, los especialistas en finanzas públicas Diego Fernández, Nadia Chalin y Ana Quevedo, calcula que en un escenario de aumentos discrecionales hay un menor gasto en línea con el 0,5%, del PBI, y detalla quién sufrirá el mayor ajuste en la pirámide jubilatoria que, como marca el discurso oficial, se busca “achatar”.

Según datos de la Anses, los que pondrán el hombro en este caso serán unos 3 millones de jubilados que cobran más de la mínima y que si se “achata la pirámide” resignarían poder de compra para que el Estado ahorre. Un ejemplo: “En el caso de un jubilado que percibe dos haberes mínimos ($ 28.136), el deterioro se aproxima al 6,7% entre diciembre de 2020 y diciembre de este año, y a 8,5% en el promedio anual”, detalla el Geres. Se trata de un sector que perdió, recuerda el informe, un 15% en los últimos dos años. Un punto a favor de lo que marca Fernández: el trabajo remarca que el universo de los que cobran la mínima, otros 3 millones de jubilados pero también más de 4 millones de beneficiarios de la AUH, conseguirían, gracias a los bonos de diciembre y enero, a posibles pagos discrecionales y a una estimación de una nueva fórmula, ganarle a la inflación por casi un 3%.

La decisión de modificar la fórmula jubilatoria, que hubiera implicado un incremento de más del 52% para los haberes jubilatorios, y por ende para buena parte del gasto del Estado, era una medida que anticipaban los economistas de todas las líneas políticas. Se trata de una “desindexación” del gasto vinculado a la inflación pasada, necesaria, según explicó el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, para estabilizar la economía.

Fuente: Diario Perfil

Fecha: 29/12/2019

Hoy se paga el bono de $5.000 para jubilados: quiénes lo van a cobrar

Es para todo jubilado y pensionado cuyo haber mensual llegue hasta $19.067, ya que se fijó un “piso garantizado”

El bono de $5000 anunciado por el Gobierno para jubilados y pensionados estaba previsto para el lunes 30 de diciembre, pero fue adelantado al día de hoy, viernes 27. No alcanza a todos los jubilados, sino a quienes cobran la mínima o no superan los $ 19.068 de haber mensual. Esto es porque la iniciativa oficial fijó un “piso garantizado” en ese nivel hasta el cual todos los beneficiarios recibirán el plus de fin de año. El mismo día también se pagará un plus de $2.000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Esta mañana el pago se oficializó en el Boletín Oficial. El decreto reglamentario firmado por el presidente Alberto Fernández estableció el pago de dos bonos de $5.000 para jubilados y pensionados, uno en diciembre y otro en enero, más un plus para beneficiarios de la AUH como compensación ante la interrupción de la actualización automática de los haberes.

El esquema abarca a alrededor de 4,5 millones de jubilados y pensionados, más 2,2 millones de padres de niños que perciben la AUH. El pago del bono en enero se hará junto con el de los haberes. Son pagos por única vez.

Hoy cobrarán el bono todos los jubilados y pensionados que tengan haberes mensuales por $ 14.068 brutos -la mínima- o menos. También quienes cobren entre esa cifra y $19.068 mensuales, las jubilaciones más bajas, aunque en ese caso será por montos menores. Esto es para evitar que algunos beneficiarios salgan perjudicados por cobrar apenas por encima de la mínima.

Por dar un ejemplo, un jubilado que cobra la mínima recibirá el bono entero el día de hoy. Mientras tanto, otro que cobrara habitualmente unos $1.000 por encima de la mínima, $15.068 brutos, percibirá un bono de $ 4.000. Quienes ganan $ 16.068, $ 3.000. Así, hasta garantizar el piso de $ 19.068 en diciembre.

De esta manera, el esquema deja afuera a unos 3 millones de jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del piso garantizado que no tendrán acceso a un plus en diciembre y enero.

Fuente: Infobae

Fecha: 27/12/2019

Jubilaciones: hoy entra en vigor el congelamiento de la actualización previsional

Por: Jaime Rosemberg

Para: Diario La Nación

Con la promulgación y publicación de la ley de emergencia, aprobada por el Senado en la madrugada del sábado, entrará en vigencia este lunes el congelamiento por 180 días del sistema de actualización automática de las jubilaciones superiores a la mínima, tiempo en el que quedarán suspendidas la ley de movilidad que actualizaba de manera automática los haberes previsionales.

Dispuesto a morigerar las repercusiones negativas de la medida, el presidente Alberto Fernández se reunirá hoy en Casa Rosada con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y miembros de su equipo económico, con quienes se propone acelerar la sanción de dos nuevas leyes que “garanticen la igualdad” y establezcan el fin (o al menos limitaciones) de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y el cuerpo diplomático.

El viernes, cuando el proyecto de emergencia era debatido por la Cámara alta luego de ser aprobado por Diputados, Fernández defendió a través de las redes sociales la suspensión de la ley de movilidad y recordó que habrá dos aumentos de $5000 para los jubilados que perciben la asignación mínima en diciembre y enero como compensación para ese sector.

También anticipó lo que el sábado publicó el Boletín Oficial: habrá extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero, con la intención de debatir sendos proyectos para modificar “la Ley de Jubilaciones y Retiros para Magistrados y funcionarios del Poder Judicial” y “la ley que establece el Régimen jubilatorio específico para el Personal del Servicio Exterior de la Nación”.

La movida fue, en buena medida, una respuesta del Gobierno a la repercusión negativa que causó la exclusión de los denominados “regímenes especiales” (Poder Ejecutivo, jueces, diplomáticos y legisladores) de la suspensión de los ajustes en los haberes jubilatorios por seis meses. “Durante los próximos 180 días, fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones”, escribió el propio Fernández cuando la maratón legislativa en la Cámara baja se había resuelto como lo esperaba la Casa Rosada y el proyecto comenzaba a ser abordado por los senadores.

“El Poder Judicial y el cuerpo diplomático tienen las jubilaciones más altas de la Argentina, con una diferencia con la mínima altísima, y por eso queremos que se discutan”, afirmó ayer el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

El funcionario también fijó límites para la revisión: “Hay que ver cuántos son [los expresidentes] que las perciben (…) Es un monto muy inferior a lo que cobra un juez de la Corte Suprema: cuatro o cinco veces más que un presidente”. agregó Cafiero.

Premura

Fernández hablo ayer por teléfono con Massa y quedaron en encontrarse este lunes en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. Mientras tanto, señalaron cerca suyo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la vicejefe de gabinete, Cecilia Todesca, ya trabajan junto al Ministerio de Trabajo y Anses para diseñar los proyectos de modificación. La idea, coinciden en distintos despachos, es evitar una eventual “catarata de juicios” de quienes se sienten damnificados por las futuras normas.

“Se están analizando todas las variables, y que todo tenga legitimidad para evitar una ola de juicios”, coincidieron a LA NACION fuentes legislativas y del Gobierno. Los secretarios de juzgado, por ejemplo, que “no son jueces” y por lo tanto podrían no ser incluídos en el eventual recorte, son parte de esta revisión “de laboratorio”, en la que se está trabajando por estas horas.

La premura del Gobierno por la promulgación de la ley no reparó entre días hábiles y fines de semana. La idea original era promulgar el megaproyecto de emergencia el sábado, pero la duración de la sesión en el Senado lo impidió. Ayer, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, abrió su despacho en la planta baja de la Casa Rosada para dejar definida la publicación en el Boletín Oicial de la norma, considerada “fundamental” por el Presidente.

Fecha: 23/12/2019

Jubilaciones: ajuste y achatamiento de la pirámide, la apuesta oficial que alentará la judicialidad

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

En el sistema previsional general que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) – el más abarcativo de los regímenes que conviven en la Argentina -, hay 5,7 millones de jubilados y cada mes se ponen al pago 6,9 millones de prestaciones, según datos del último Boletín de la Seguridad Social publicado por la secretaría del área. La diferencia de cifras se da porque hay quienes tienen más de un ingreso; por ejemplo, una jubilación derivada de su vida laboral y una pensión por fallecimiento del cónyuge.

De las personas que cobran prestaciones previsionales, casi la mitad recibe un haber mínimo, que desde este mes es de $14.068 y que este año, al igual que el resto de los ingresos del sistema, tuvo una suba nominal acumulada de 51,1% por la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley 27.426, de 2017. El resto cobra jubilaciones o pensiones mayores que, por ley, tienen un tope que hoy es de $103.064.

En los últimos años, la proporción de quienes están en la parte más baja de la pirámide tendió a reducirse. Entre los motivos para que esto ocurriera está el hecho de que, a medida que avanzó el tiempo y por las limitaciones de los planes, se fueron dando cada vez menos beneficios por moratorias. Según los datos oficiales de la fuente ya mencionada, de las casi 4,4 millones de prestaciones que son jubilaciones o pensiones mínimas, 72% fueron otorgadas por esos planes para quienes no tenían aportes o sí los tenían, pero no en cantidad suficiente.

Otra razón para esa tendencia al estiramiento de la pirámide fue la aplicación del plan de reparación histórica, que hizo que a un grupo de jubilados que cobraba el ingreso más bajo se les reconoció y se les otorgó un haber superior; fueron 540.000 casos, según el informe emitido en su momento por el gobierno anterior.

La reparación histórica, dispuesta por la ley 27.260 se propuso compensar a los pasivos por el mal cálculo del haber inicial y por la falta o insuficiencia de actualizaciones de los ingresos, dos problemas que ocurrieron, principalmente y en los casos considerados en la reparación, entre 2002 y 2006, es decir, en las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Entonces y pese a la inflación, un grupo de haberes quedó congelado y perdió hasta 40% de poder adquisitivo, algo declarado inconstitucional por la Corte Suprema en la causa Badaro. Los jueces determinaron entonces que debía haber movilidad para todos.

El plan del Gobierno de Alberto Fernández, al suspender la movilidad por 180 días, es otorgar aumentos de manera discrecional, por decreto y con sumas fijas en lugar de porcentajes. Una consecuencia previsible, de la cual los funcionarios son conscientes, es que haya juicios por parte de quienes se vean afectados, ya sea por quedar al margen de toda recomposición, o por recibir una, pero inferior a la percibida por otros jubilados. El escenario más probable es que se les haga perder poder adquisitivo a muchos pasivos, justo cuando se esperaba que comenzaran a mejorar los ingresos reales.

Mientras que en 2018 hubo una pérdida de poder adquisitivo de 13% y mientras que este año cerraría con una caída de 2,5% también en términos de valor real (corregido por inflación), en marzo, según ya se sabía, los jubilados debían recibir un 11,6%. Ese aumento no se otorgará, pese a que se trata de una compensación que, por cómo es la dinámica del sistema, corresponde a la inflación de un período ya pasado al momento de aprobarse el megaproyecto de ley. La discusión por el carácter retroactivo con el que se aplica la medida propuesta por el Poder Ejecutivo y que afecta derechos de los ciudadanos, es uno de los temas que muy probablemente se llevarán a la Justicia, como también ocurrió con la ley de 2017. Desde el Gobierno sostienen que la declaración por ley de la “emergencia previsional” otorga un paraguas para tomar las medidas que se están proyectando y para defenderlas en la Justicia, llegado el momento.

En línea con lo expresado en la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo el miércoles en el Congreso que la meta es achicar la brecha entre los haberes más bajos y los más altos. Eso se lograría dando subas de montos fijos (para que sean más significativas cuanto más bajo sea el haber). Con esa política se iría a un nuevo achatamiento de la pirámide de ingresos, con un efecto de caída de poder adquisitivo para, al menos, un grupo.

En el universo de prestaciones previsionales, hay 3,3 millones obtenidas con la totalidad de los aportes hechos y otras 3,6 millones que requirieron de una moratoria. Las moratorias se habilitaron hacia mediados de la década pasada y consistieron en la posibilidad de declararle a la AFIP una deuda por aportes no hechos en ciertos períodos predefinidos, para obtener un plan de pagos con un fuerte subsidio implícito y con descuento de las cuotas del haber mensual. Es una política que permitió elevar a más de 90% la proporción de adultos mayores con ingreso, pero que no previó las fuentes de financiamiento ni discriminó, en los primeros años, a la población eventualmente beneficiaria (ingresaron personas de poder adquisitivo alto o que ya tenían prestaciones).

De todas formas, es cierto que en el financiamiento del sistema general (e incluso desde antes de las moratorias) los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores no son la única fuente de recursos. Los pagos dependen también y en buena medida, de impuestos generales.

El objetivo revelado por Moroni de achatar la pirámide será, tal como se anticipa, una razón para la judicialidad. Quienes cobran más obtuvieron su prestación dentro de un sistema legal y en función de los aportes que habían hecho. Hasta ahora se les garantizaba una movilidad igual a la del resto de los jubilados. El plan oficial suma un agravante al carácter discrecional que lleva en su ADN: la aplicación de la movilidad se suspende en un mes para el cual ya estaba definido el porcentaje, porque se trata de compensar un daño ya producido por la inflación. Después de la aprobación de la ley de fines de 2017, jueces de primera y de segunda instancia, en la causa promovida por el abogado previsionalista Miguel Ángel Fernández Pastor ya cuestionaron que la nueva fórmula se haya aplicado ya desde marzo de 2018, en lugar de esperar a un momento posterior; ello porque el período que se estaba compensando había transcurrido durante la vigencia de la fórmula anterior.

Hay un hecho más que podría alentar la litigiosidad: la intención inicial del Gobierno fue incluir en la suspensión de las actualizaciones a todos los regímenes especiales, como los de docentes, exmagistrados del Poder Judicial, científicos y excombatientes de Malvinas. Finalmente, esos grupos y otros más seguirán con movilidad, lo que genera una situación de trato desigual para quienes están en el sistema general, los únicos que dependerán de la discrecionalidad política con respecto a lo que ocurrirá con sus haberes.

Fecha: 23/12/2019