Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Vidal quiere extender la edad jubilatoria de los empleados del Banco Provincia, a los 65 años

Se prevé una reforma gradual; la idea es sumar un año de trabajo, a partir de 2020, para terminar de sumar 5 años de aportes en 2027; tiene que conseguir aval de la Legislatura

Acorde a la propuesta de Mauricio Macri de modificar el régimen previsional, María Eugenia Vidal giró a la Legislatura un proyecto de ley para elevar la edad jubilatoria de los empleados del Banco Provincia.

De acuerdo al texto para reformar la caja previsional del Banco, los empleados de esa entidad deberán esperar cinco años para jubilarse: accederán a los 65 años con 35 de servicios.

La caja del Banco Provincia tiene un déficit de 5 mil millones de pesos anuales, que año tras año es cubierto por la Provincia a través de la toma de deuda.

El sistema previsional del Bapro tiene unos 16 mil pasivos que cobran haberes entre 40 mil y 150 mil pesos. Y se financia con los aportes de unos 8 mil trabajadores.

El proyecto plantea un aumento en la edad para acceder a la jubilación, que hoy va los 57 a los 60 años y que pasará a los 65. “Tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. La aplicación de la nueva edad mínima se realizará gradualmente con la siguiente escala: sesenta y un (61) años de edad en los años 2020 y 2021, sesenta y dos (62) años de edad en los años 2022 y 2023, sesenta y tres (63) años de edad en los años 2024 y 2025, sesenta y cuatro (64) años de edad en los años 2026 y 2027, sesenta y cinco (65) años de edad a partir del año 2028”, dice la iniciativa que lleva la firma de la gobernadora Vidal.

Además incluiría la “revisión” de las jubilaciones que están en la cima de la pirámide.

En tanto, el ministro de Economía, Hernán Lacunza informó que “no está en agenda” reformar el régimen jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS).

Ayer varios representantes de los gremios estatales se reunieron con funcionarios del gabinete provincial para despejar dudas. Estuvieron Carlos Quintana (UPCN); Jorge Baldovino (AERI); Pedro Fernández (APOC), y Miguel Zubieta (Salud Pública), entre otros.

Tras la reunión los sectores más opositores a Vidal convocaron para mañana una concentración en la sede del IPS “en defensa de las cajas jubilatorias de los bonaerenses”, explicaron desde ATE y la CTA Autónoma de la Provincia.

Junto al régimen previsional del Banco Provincia Vidal buscará modificar las jubilaciones de privilegio de los ex gobernadores, ex ministro de la Corte y ex legisladores, con un proyecto de ley que enviará hoy al Senado.

Fuente: Diario La Nación

Fuente: 14/12/2017

Puntos clave de la reforma previsional que busca aprobar el Gobierno

El ajuste pasa a ser trimestral. Cuáles son los cambios en la fórmula de movilidad y la edad jubilatoria.

El Gobierno buscará esta tarde convertir en ley la Reforma Previsional, en medio de un clima complejo y de marchas sociales y sindicales en los alrededores del Congreso. Estos son los principales puntos del polémico proyecto.

Nueva fórmula de movilidad

Cambia la fórmula de movilidad que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH.

En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, que se utiliza actualmente; se utilizará otro conformado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 30% restante por la variación del RIPTE, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales..

Además, en lugar del aumento semestral, se aplicará una actualización por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%.

 Esto lleva a que en el inicio del cambio de fórmula, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. Para 2018 se calcula un “ahorro” para el Estado de casi $ 100.000 millones.
Un aumento menos en marzo
Con la fórmula actual, por ejemplo, a un salario de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de sólo 570 pesos.

La quita de $ 630 sobre $ 1.200 (52,5%) es el punto de partida para lo que los abogados constitucionalistas califican como “aplicación retroactiva” que, en su opinión, daría lugar a muchos juicios de “inconstitucionalidad”.

El 82% móvil

La garantía del 82% móvil se aplicará a quienes al momento de la jubilación hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Actualmente esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, la Anses ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía.

Quedan excluidos los que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la PBU ( Prestación Básica Universal). De aquí se infiere que quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento del trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU. También los que se jubilaron con más de 65 años, compensando años de aportes.

Jubilación voluntaria

Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos.

Las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años.

Fuente: Diario El Cronista

Fecha: 14/12/2017

Reforma previsional: cuánto ganan y cuánto pierden los jubilados

Según cálculos oficiales, el ajuste de haberes será parcial en marzo por el empalme de fórmulas, pero se completará en junio para equiparar el esquema de actualización vigente

Un documento elaborado por la Procuración del Tesoro concluyó que con la aplicación de la nueva fórmula, que implica una actualización de los haberes trimestral en lugar de semestral, “se producirá un desdoblamiento del pago, y su postergación inicial” en el primer ajuste correspondiente a marzo de 2018, pero que con las actualizaciones trimestrales subsiguientes “los beneficios del cambio tendrían toda su extensión, asegurando la progresividad, movilidad y sustitutividad”.

El paper elaborado por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, refirió que “lo que se está cambiando es simplemente su modo cálculo, que no es un derecho, sino nada más que un método, que el Congreso de la Nación tiene la potestad de modificar”.

Saravia Frías argumentó que “el jubilado recibirá en marzo de 2018 un incremento y deberá esperar un trimestre para obtener una compensación mayor que finalice el empalme por cambio de sistema. Se desdobla el pago, y se posterga una parte”, en lo que definió como “una limitación temporal que no ataca la sustancia del derecho al haber jubilatorio”.

Con la fórmula hoy vigente, en marzo de 2018 se debería otorgar un aumento cercano a 12% (actualización semestral de julio-diciembre). Pero de aplicarse el cambio en el cálculo según la iniciativa oficial, el aumento sería de 5,7%, menos de la mitad y acotado al trimestre julio-septiembre.

En la actualidad el haber mínimo es de 7.246 pesos. En el primer caso, el aumento sería de unos 870 pesos, a 8.116 pesos. Pero con el nuevo esquema, sería de $413, a 7.659 pesos. El empalme para equiparar el ingreso con la fórmula anterior se produciría recién con la actualización trimestral de junio de 2018.

Para el Gobierno, el nuevo cálculo impone “una limitación temporal que no ataca la sustancia del derecho al haber”

La Procuración del Tesoro reconoce que la fórmula propuesta retrasa tres meses parte del ajuste, pero que el mismo se dará en junio, lo que significa que “en el mediano plazo, este cambio protege el valor real de los haberes mejor que la fórmula actual”, esquema muy volátil ya que “los haberes reales siempre caían cuando la inflación subía, como ocurrió en 2010, 2014 y 2016”.

A modo de ejemplo, el documento oficial prevé que con una inflación de 16,6% en 2018, como estiman las consultoras económicas según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), “la suba trimestral tendría como resultado que los haberes no caigan tanto como antes. Además, con el crecimiento de los salarios reales, los haberes irían creciendo en el tiempo”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió esta mañana el cambio de la fórmula jubilatoria y aseguró que “lejos estamos de un escenario en el cual hay una pérdida para los jubilados, sino todo lo contrario”.

“Los jubilados este año están afortunadamente mejorando sus haberes reales casi 3%, mientras que el próximo lo harán casi un 5%, porque sus haberes aumentarán un 22%, cuando el sector privado, no nosotros, estima que habrá una inflación del 16%”, argumentó el funcionario en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Mitre.

El nivel de las prestaciones previsionales mínimas según la propuesta de movilidad fijada en el dictamen del Senado implica que en marzo el ajuste de los haberes será menor al que sería si se diese el ajuste por la inflación de todo el semestre, dado que solo se hará por la inflación de julio a septiembre de 2017.

Pero en junio se recuperaría esa diferencia, ya que el incremento de los haberes ajustaría por la inflación de octubre a diciembre de 2017, por cuanto la recuperación del nivel de ingreso se concretaría antes del ajuste de septiembre, “que sería el que estaría vigente si no hubiese cambio en la fórmula, la inflación del semestre julio-diciembre de 2017”, apuntó el análisis de la Procuración.

Recuperación del Poder Adquisitivo en 2018 y 2019

Para los expertos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los haberes, hasta el nivel máximo que habían alcanzado en septiembre de 2015, demandará casi dos años más, en base a la nueva fórmula de actualización.

Luego de un pico histórico al cierre del gobierno de Cristina Kirchner, los ingresos de los jubilados sufrieron un deterioro en términos reales después de la fuerte devaluación del peso, con la eliminación del control de cambios, y la elevada inflación de 2016, en torno a 40%, con incidencia de la suba de tarifas, con alto impacto en la carestía de la canasta de consumo de las familias.

“La discusión parlamentaria derivó en una modificación sobre la propuesta inicial” del Gobierno, señaló el IARAF. “En lugar de captar en su totalidad la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), se consensuó la incorporación del índice de salarios promedio de los trabajadores estables (RIPTE) con una ponderación del 30%, sumado a la evolución del índice de IPC con el restante 70%. De esta manera, las estimaciones resultantes reflejan un crecimiento en poder de compra correspondiente al 1,5% en diciembre de 2018 con respecto a una base en noviembre de 2017”.

En el oficialismo confían en que en el mediano plazo el cambio de fórmula protegerá mejor el valor real de los haberes

El análisis del IARAF apuntó que “seguidamente, el avance estimado a diciembre de 2019 equivale a un 4,6% en relación al haber real percibido por los beneficiarios en noviembre de 2017; equiparando el mismo poder de compra que reflejaron los haberes en septiembre de 2015”, el pico histórico de poder de compra de los haberes previsionales.

La necesidad del Gobierno de modificar la modalidad de cálculo de la suba de jubilaciones responde al problema de déficit estructural en el sistema de seguridad social. Para el IARAF, “el cambio de metodología es crucial para enfrentar el problema de déficit que presenta el sistema previsional argentino, dado que bajo el actual régimen, el otorgamiento de aumentos no se condice con la disponibilidad de recursos previsionales para su financiamiento”.

El IARAF prevé que de sancionarse la propuesta oficial se otorgaría un margen fiscal de $72.000 millones, equivalente a 0,6% del PIB, con respecto a la ley de movilidad hoy vigente, “originado por un crecimiento del rubro Prestaciones Sociales levemente superior a la evolución del nivel inflacionario, en oposición a un crecimiento por encima del IPC, tal como se verifica en un escenario de reducción de la inflación”, aunque dicho ahorro “no sería producto de un ajuste nominal en las Prestaciones Sociales, sino que surge de un crecimiento en línea con el comportamiento de los precios de la economía”.

Ajuste en el marco de la Reforma Tributaria

En ese sentido, los expertos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV (Universidad nacional de Avellaneda) detectaron que “en el próximo año se proyecta incrementar el volumen de erogaciones de índole social como relación del PIB, en el orden del 0,2%. Así, las prestaciones sociales pasarán de representar el 58,9% de los gastos primarios en 2017 a un 62,8% en el año venidero”.

“Semejante ‘peso’ de la seguridad social sobre el erario público sigue encendiendo las luces de alarma de la actual administración y redunda en la principal variable de ajuste a la hora de idear alternativas para dar cumplimiento a la meta fiscal para 2018. En ese marco, la racionalización por medio del sistema de seguridad social se piensa como el principal instrumento para amortiguar el rojo fiscal producto de la reducción en la recaudación futura, en el marco de la baja propuesta en la presión tributaria”, puntualizó el reporte de la UNDAV.

Para la casa de estudios, la modificación de la fórmula de ajuste de ingresos de la seguridad social “es el primer paso de una modificación más amplia, que buscará minimizar la dependencia del sistema argentino respecto de las rentas generales” para pasar a depender en mayor medida de las contribuciones aportadas por beneficios futuros.

Cabe recordar que la reforma tributaria que impulsa la administración de Macri propone que el Impuesto a las Ganancias se coparticipe con las provincias en su totalidad, cuando actualmente se detrae un 20% de forma anual para el financiamiento de ANSeS. “El detrimento de esta medida para la seguridad social es de alrededor de $130.000 millones para el año 2018, lo cual representa más de un punto del PIB”, evaluó la UNDAV.

Con el nuevo cálculo, la recuperación del nivel de ingreso de jubilaciones se concretaría antes del ajuste de septiembre

Como compensación, se propone asignar a la ANSeS la totalidad de recaudación por créditos y débitos. “Hasta el momento, la transferencia de fondos por impuesto al cheque era de un 70%, por lo cual, el año próximo se suman recursos por $60.5000 millones” para el ente previsional, según el informe.

La UNDAV determinó que “el efecto neto de ambas medidas sigue siendo deficitario para la administración de la seguridad social, ya que obtiene recursos por aproximadamente la mitad de lo que dejará de percibir en relación al corriente año”, que pone en marco “la modificación en el cálculo de fórmula de ajuste de prestaciones, de reciente media sanción”.

Fuente: Infobae

Fecha: 13/12/2017

 

Reforma previsional: el Gobierno busca sancionar la ley mañana

Las intenciones del Ejecutivo fueron confirmadas  tanto en el interbloque oficialista en Diputados como en la Casa Rosada

Por: Noelia Barral

Para: Diario El Cronista

Tras el escandaloso debate en comisiones ayer, el interbloque Cambiemos y el Ministerio del Interior comenzaron esta mañana un operativo de pinzas para intentar sesionar mañana mismo en la Cámara de Diputados y convertir en ley el cambio a la baja en el cálculo de los haberes jubilatorios y las asignaciones sociales.

Los gobernadores peronistas que ayudaron al oficialismo a conseguir el dictamen recibieron llamadas de la Casa Rosada para garantizar los votos de sus diputados en el recinto.

La decisión de acelerar el debate incluye también a la reforma tributaria, que tuvo dictamen ayer.

Las intenciones del Gobierno fueron confirmadas a El Cronista tanto en el interbloque oficialista en Diputados como en la Casa Rosada. Para efectivizar la convocatoria a sesión, el oficialismo esperaba a asegurarse la participación y los votos de los diputados que integran el interbloque Argentina Federal, que responde a Pablo Kosiner, y que se referencia en los gobernadores peronistas.

El operativo incluía esta mañana intentos para traer a la Ciudad de Buenos Aires a diputados que se encuentran de viaje en el exterior y en el interior del país.

Una vez que tenga certezas sobre estos puntos, Cambiemos fijará el horario de la sesión.

Ayer, Cambiemos logró el dictamen de mayoría para la reforma previsional acompañado por cinco diputados de Argentina Federal: el tucumano José Orellana, el misionero Jorge Franco, los cordobeses Paulo Cassineiro y Martín Llaryora, y el chaqueño Juan Mosqueda. Además de Norma Abdala, diputada que responde al mandatario santiagueño, Gerardo Zamora.

Fecha: 13/12/2017

 

Entre Ríos busca subir la edad jubilatoria para achicar su déficit previsional

Es una de las provincias que requiere menor edad jubilatoria y necesidad de aportes. Se trata de una de las cajas no transferidas a Nación y que asiste ANSeS

Tras el pacto fiscal, que incluye eliminar las jubilaciones de privilegio, y dado el déficit de las cajas de jubilación provinciales, varios gobernadores encaran reformas previsionales.

Arrancó la provincia de Buenos Aires presentando proyectos de ley para eliminar las jubilaciones especiales para el gobernador, vicegobernador, ministros y legisladores. Ahora la provincia de Entre Ríos evalúa modificar su régimen previsional para bajar el rojo que acumula por la baja edad de retiro y el régimen de pensiones. Tras ellas, podría seguir la provincia de Tierra del Fuego, hoy en emergencia previsional.

Para el resto de las provincias, no está claro cuáles son los sistemas de privilegio, pero la nación espera que, en el marco de la comisión para realizar una reforma previsional integral, se modifiquen los regímenes previsionales del país.

“Vemos que hay trabajadores que hacen más esfuerzos que otros. Hay 134 regímenes especiales y diferenciales. Y existen regímenes municipales y provinciales que son deficitarios y piden a ANSeS salvatajes. Se está armando la comisión previsional de sustentabilidad, que tiene participación de los regímenes provinciales”, explicaron en el ministerio de Trabajo.

Entre Ríos busca reformar un sistema que tiene una de las edades más bajas del país para acceder a la jubilación (45 años) y con menor densidad de aportes (20 años).

La edad jubilatoria es de 57 y 62 años y para los docentes entrerrianos, 52 y 54 años, con 25 años de aportes (pero con 3 años de aportes adicionales bajan uno de edad para jubilarse). En tanto, los trabajadores vinculados al trato con pacientes con capacidades especiales acceden a la jubilación a los 45 años y con 20 años de aportes.

“El debate estará focalizado en encontrar el equilibrio entre la necesidad de prolongar la vida de los aportantes y las condiciones de trabajo para fortalecer la protección de las contingencias de vejez, invalidez y muerte”, dijo Daniel Elías, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, a El Cronista. “Las prestaciones por muerte necesitan un proceso de revisión total, pues no sólo las nuevas condiciones familiares imponen una nueva legislación, los nuevos regímenes de convivencia requieren una nueva legislación previsional”, agregó. Hoy el régimen pide 5 años de convivencia y sólo un año si incluye hijos.

Y explicó que “también es necesario una nueva legislación que vincule a los sistemas jubilatorios para los trabajadores que prestan servicio en más de un régimen y que finalmente se jubilan en una caja, el llamado régimen de reciprocidad”.

Se espera que antes de presentar la reforma, el gobernador Gustavo Bordet buscará consenso entre los diferentes sectores de la provincia. Porque los cambios podrían incluir que la edad jubilatoria se vaya equiparando a la nacional. Que los docentes puedan seguir por debajo del régimen general, pero que éste tenga un piso de 55 años. Y que todas las personas cuenten con 30 años de aportes como mínimo. En tanto, se podría incorporar una pensión provisoria y una vitalicia para quienes alcancen 15 años de convivencia o 20 años de aportes.

Para Elías, la reforma es consecuencia de que el pacto fiscal quita la doble sanción por la falta de armonización de las 13 cajas provinciales no transferidas cuando ANSeS financia sus déficit. “Es un compromiso para que cada gobierno provincial en ejercicio de sus facultades plenas, pero también bajo la responsabilidad de garantizar la sustentabilidad de los sistemas jubilatorios, examine de manera colectiva convocando a todos los actores de la previsión social provincial para imaginar la mejor legislación sin que signifique un retroceso en los derechos y permita un sistema sustentable a mediano y largo plazo”, indicó.

Fuente: Diario El Cronista

Fecha: 05/12/2017

El desafío de un esquema sostenible en el tiempo

Los cambios en la estructura poblacional, un factor de peso

La esperanza de vida de una persona que nace hoy en la Argentina es de 76,8 años, una cifra que supera en más de cuatro años a la expectativa que había para los nacidos a principios de los 90, y casi dos años menos que la que habrá para quienes lleguen al mundo entre 2025 y 2030. Esos números están en la última revisión de proyecciones demográficas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. La situación demográfica y los cambios en cuanto a cómo se compone la población de un país según rangos de edad, es un factor bajo la lupa de quienes diseñan los sistemas jubilatorios.

Un informe reciente del Centro de Investigación de la Seguridad Social de la UBA, elaborado por Raúl Herrera, Héctor Gueler y Emilio Colunga, se propuso analizar, en base a las proyecciones de Naciones Unidas, por cuánto tiempo el Estado deberá pagar las jubilaciones a mujeres y varones, según sus expectativas de vida a la edad en que pueden retirarse. En el caso de los hombres, la expectativa de vida a los 65 años era de 13,6 años entre 1990 y 1995; es de 15,5 años entre 2015 y 2020, y será de 18 años entre 2040 y 2045. A su vez, el tiempo esperable de sobrevida de una mujer de 60 años era de 21,4 años en los 90; es de 24,3 años ahora y será de 26,5 años en la primera mitad de los años 2040.

Así, se concluye que progresivamente crecerá el período de tiempo en que se cobrará la prestación, en relación a cada año aportado. Los autores del informe señalan que ese tipo de datos son “indicativos de la influencia de la evolución demográfica en los sistemas de seguridad social”, y apuntan que estos sistemas deberían tender a un “equilibrio” entre el esfuerzo contributivo hecho en la vida laboral y el nivel de prestaciones que cobrarán tras el retiro.

Por su estructura poblacional, la Argentina está hoy en una etapa de “bono demográfico”. Es un período en el que, según definió el informe del Banco Mundial Los años no vienen solos, de 2015, se ofrece una oportunidad para tomar previsiones (hacer crecer la tasa de ahorro interno y ganar productividad, por caso) antes de que lleguen con más fuerza los efectos del envejecimiento poblacional, que irá demandando cada vez más recursos para las coberturas de las jubilaciones y de la salud.

Junto con las proyecciones de mayor expectativa de vida -lo cual es una buena noticia para las personas-, los números de Naciones Unidas indican una caída de la tasa de natalidad en las próximas décadas.

Con todo ello y según el informe del Banco Mundial, mientras que en 2015 había 6 personas en edad activa por cada adulto de 65 años o más, en 2050 esa relación se ubicará en 3 a 1 y, en 2011, en 2 a 1. Esos datos revelan parte del desafío de darle un financiamiento sostenible a un sistema que ofrezca ingresos consistentes con un determinado nivel de vida, si también se busca mejorar la situación social de un país que tiene a tres de cada diez de sus habitantes en la pobreza. Hoy los pagos se sostienen tanto con aportes y contribuciones de trabajadores y empresas como con impuestos de rentas generales. En ambas fuentes de financiamiento habrá cambios por la reforma tributaria y por el acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias.

Según Rafael Rofman, economista del Banco Mundial, “el desafío del sistema y la atención de los especialistas no debería estar en qué recursos específicos se asignan para financiarlo, sino en cuánto y cómo gasta el sistema” para cumplir con un doble objetivo: el bienestar de los adultos mayores y la sostenibilidad de los pagos en el mediano y largo plazo.

Fuente: Diario La Nación

Fecha: 29/11/2017

Jubilaciones de hoy y del futuro: el debate por la reforma recién empieza

El proyecto previsional que se discute por estos días es, según el Gobierno, para una ley sólo de “transición”, porque después llegará la hora de una modificación integral; cómo quedó la iniciativa oficial y qué temas entrarán luego en observación

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Un nuevo régimen de movilidad de haberes basado en la evolución de los precios y de los salarios, una garantía de ingreso mínimo para algunos jubilados y un cambio a la ley de contrato de trabajo para que, quienes no quieran retirarse de su puesto laboral al cumplir la edad jubilatoria, puedan seguir allí por varios años más.

Esos son los tres temas incluidos en el proyecto de reforma previsional que se debate por estos días en el Congreso. También hay aspectos de la reforma tributaria en estudio que afectan al régimen previsional, porque los cambios acordados entre la Nación y las provincias implican, entre otras cuestiones, una modificación a las fuentes de financiamiento que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar las jubilaciones del sistema nacional (que, dicho sea de paso, convive con varios regímenes provinciales y profesionales).

Hay una aclaración significativa en la que insiste el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , respecto de lo que hoy se debate. El proyecto previsional, avisa, es de transición y, por tanto, lo que se disponga no llegará necesariamente para quedarse. El propio Gobierno se comprometió, desde la letra de una iniciativa que el Congreso convirtió en ley el año pasado, a elevar una propuesta para un cambio integral del sistema. Esa iniciativa abarcará los temas contemplados ahora (a futuro podría ratificarse o cambiarse lo que en breve dispondrá una ley) e incluirá aspectos que aún no están en la discusión.

La ley 27.260, que dispone que debe conformarse un Consejo de Sustentabilidad Previsional que funcionará el ámbito de la cartera laboral, pone las bases del sistema: dice que deberá ser “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”.

Entre los grandes ejes de la discusión estarán la forma en que se determina cuánto se cobra de jubilación o pensión; la modalidad de actualización periódica; la edad de retiro; el requisito de una cierta cantidad de aportes, y la forma en que se financian los pagos. En el contexto, factores como el envejecimiento progresivo de la población, la estructura del mercado laboral (hoy, con una informalidad cercana al 50% cuando se considera al conjunto de asalariados y cuentapropistas), la situación fiscal, las expectativas económicas y los objetivos y demandas sociales en cuanto a una reducción de la pobreza y de las desigualdades, irán marcando la cancha.

Especialmente puesta en la mira del Gobierno está la cuestión fiscal presente y futura. Las prestaciones previsionales representan más del 40% del presupuesto nacional. Y las obligaciones de pago se acrecentaron en los últimos tiempos por hechos como el otorgamiento de prestaciones por moratorias a quienes no tenían aportes o los tenían en forma insuficiente, y la implementación del plan de reparación histórica para dar respuesta a las malas liquidaciones de haberes hechas durante años. Vinculado con esto último está la amplia deuda pendiente por sentencias judiciales favorables a jubilados que demandaron al Estado, y que no aceptan las propuestas de pago del plan de reparación (en muchos casos, porque los montos ofrecidos están por debajo de lo que se obtendría con un fallo, dados los índices de actualización que ordenan los jueces).

¿Cómo están hoy los grandes ejes del sistema? ¿Que podría cambiar en lo inmediato y de qué manera se plantearía el debate de fondo?

EL CÁLCULO, ¿CUÁNTO COBRA QUIEN SE JUBILA?

“Es un tema que debería ponerse en discusión”, señala el abogado Jorge García Rapp, asesor en temas previsionales, quien estudió el tema del 82% móvil (el tan citado objetivo de un haber jubilatorio vinculado en esa proporción al salario activo de cada persona), para concluir que “no existe fundamentación actuarial, financiera o jurídica” que sostenga que esa deba ser la promesa del sistema.

Con la fórmula de cálculo actual, agrega, la tasa de sustitución (que indica qué proporción del salario activo representa el primer haber que se cobra) puede llegar a ser de entre 80 y 85% cuando se trata de salarios bajos (en rigor, salarios cercanos al mínimo, con lo cual son en la práctica pocas las jubilaciones con ese nivel de reemplazo), para ir cayendo hasta llegar a alrededor de 40% en el caso de quienes perciben remuneraciones altas. Es una tasa de sustitución medida sobre el promedio de los salarios de los últimos 120 meses trabajados.

Este promedio es la base para calcular el haber inicial (para eso, al valor histórico de esas remuneraciones se lo actualiza siguiendo un índice de salarios). ¿Qué se hace luego? Se calcula el 1,5% de ese promedio y, al resultado, se lo multiplica por el número de años con aportes. Esto implica que, con 30 años contribuidos, se obtiene una cifra equivalente al 45% de aquel promedio salarial. Y con 35 años, un 52,5%. Por ejemplo, si el promedio salarial de los 10 años resulta de $ 30.000, se llegará, con 30 años de aportes, a $ 13.500. A eso se suma un monto de igual cuantía para todos, la prestación básica universal (PBU), que se ajusta por movilidad y que hoy es de $ 3.423,60. Así, con un haber de $ 16.923, la tasa de sustitución sería en este caso de 56,4%.

La explicación al hecho de que a menor salario haya una mayor tasa de reemplazo de ingresos, está en esa prestación de igual monto para todos. También influye que, para las remuneraciones más elevadas rige un tope móvil, hoy de $ 81.918, para calcular el aporte personal con destino al financiamiento de la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que para todos los salarios superiores a ese monto, el descuento jubilatorio siempre es de $ 9011, el 11% de ese salario tope. La reforma tributaria prevé eliminar en forma progresiva esa limitación para el cálculo, lo cual implicaría que, al final del camino, con un sueldo bruto de $ 100.000, por ejemplo, se pase a aportar $ 11.000. Una disposición así llevaría a liberar topes vigentes en las jubilaciones.

Un tema presente en los debates es la posibilidad de promover formas de ahorro voluntario (seguros de retiro, por ejemplo) para mejorar las prestaciones futuras. Hoy, prácticamente no existen incentivos impositivos.

La cuestión de fondo es la posibilidad que tendrá a futuro el sistema de financiar las prestaciones que se comprometa a pagar, sobre todo cuando crecerá el número de personas pasivas en relación con las activas. Esta relación no sólo es importante por los aportes y contribuciones del sistema laboral, que financian una parte de los pagos, sino también por su incidencia en la fuerza y la capacidad productiva del país, cuya magnitud determina cuántos recursos puede obtener el Estado por los impuestos.

El proyecto que se analiza hoy busca garantizar que ningún haber al que se haya accedido habiendo hecho los aportes correspondientes sea inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Si la nueva ley empieza a regir en enero próximo, desde ese mes deberá pagarse entonces un plus, para que nadie cobre menos de $ 7790, que es el equivalente al 82% de $ 9500, el salario mínimo que regirá apenas comience 2018. Actualmente y hasta febrero, el haber mínimo es de $ 7246. El complemento sería entonces de hasta $ 544 y su aplicación estaría limitada, según la iniciativa, a quienes hayan hecho 30 años de aportes.

Un tema a analizar dentro del capítulo de las prestaciones que ofrecerá a futuro el sistema, es el que incluye a autónomos y monotributistas. Hoy, gran parte de quienes están en el primero de estos grupos puede acceder sólo el haber mínimo, igual que los del segundo grupo y pese a que éstos aportan mucho menos y reciben, más allá de si el valor es considerado bajo, una prestación subsidiada.

LA ACTUALIZACIÓN, ¿CÓMO DAR MOVILIDAD?

Es la cuestión central del proyecto actual. Desde 2009 rige un sistema de movilidad que establece dos subas por año, en marzo y septiembre, según una fórmula que contempla, entre sus variables, la evolución de los salarios y de la recaudación de los recursos tributarios que van a la Anses.

Si se consideran los índices de precios estimados por consultoras privadas hasta 2015 (cuando el Indec no tenía credibilidad) y los datos oficiales posteriores, puede estimarse que los haberes subieron en la práctica un 20% más, en los últimos 9 años, respecto de lo que se habrían incrementado si sólo se hubiera considerado la inflación. Seguir sólo la evolución del índice de precios minoristas fue la intención del Gobierno, que quedó reflejada en el texto enviado al Congreso. La negociación con la oposición llevó a un cambio en la fórmula, que finalmente combinará la evolución de los precios y de los salarios. Se prevé dar actualizaciones trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Cómo sería la cuenta? Se sumarían el 70% de la inflación trimestral y el 30% de la variación del índice de la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Para la suba de marzo se consideraría el tercer trimestre del año previo (para el ajuste de junio, el cuarto trimestre también del año anterior, y para los aumentos de septiembre y diciembre, los trimestres que van de enero a marzo y de abril a junio del año en que se aplican las alzas, respectivamente).

De esta manera, como entre julio y septiembre pasados la inflación fue del 5,1% (el 70% es 3,57%) y la suba del Ripte fue de 7,1% (el 30% es 2,13%), puede estimarse que la recomposición sería de 5,7 por ciento.

Ese índice es mayor que el que habría resultado de considerar sólo la inflación (de 5,1%). Pero mientras que el pacto firmado entre la Nación y las provincias dice que las jubilaciones deberán subir más que la inflación, la fórmula consensuada no garantiza que a futuro se cumpla tal objetivo. En otros períodos, el alza de salarios podría ser inferior al de los precios. Y un punto que hay quienes ponen en debate es si debería existir un índice de inflación referido a los jubilados.

Por lo pronto, la aplicación de la nueva movilidad entraría en juego con la garantía del 82% del salario mínimo. Según el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien reciba en enero una mejora para que su haber no sea inferior a $ 7790 (el haber garantizado) no percibiría el ajuste en marzo. Salvo que la aplicación del índice de movilidad (tomando como base el ingreso que cobra ahora) implique llegar a un haber mayor al de la garantía del 82%. Entonces sí se daría la movilidad. “Se considerará la mejor de las dos opciones”, dice el funcionario.

Para el economista y profesor de la UBA Oscar Cetrángolo, la propuesta va en la dirección correcta, porque no se justifica mantener un ajuste de haberes basado en la recaudación. “Los cambios en los sistemas jubilatorios deben evaluarse por su impacto en el mediano plazo”, dice, y agrega que una meta debe ser mantener la tasa de reemplazo con el ingreso activo.

Según recuerda la abogada Elsa Romero, la consideración de que las jubilaciones deben guardar una proporción “razonable” con los salarios es algo dicho por la Corte Suprema en sus sentencias. De hecho, tratar de evitar que un nuevo sistema provoque litigiosidad, es algo que influyó para que el Gobierno aceptara no insistir en su propuesta original.

Para Tróccoli, como primera medida antes de la entrada en vigor de una nueva fórmula de movilidad, debería compensarse la pérdida de poder adquisitivo de 2016, cuando la inflación superó el 40% y la suba de haberes fue de 31,7%. Ese desfase tiene una compensación parcial este año, en el que los ingresos de los pasivos suben un 28% contra una inflación que se ubicaría en 22 o 23%.

EDAD Y APORTES, ¿HASTA CUÁNDO TRABAJAR?

El proyecto oficial prevé que las empresas sólo puedan intimar a sus empleados a tramitar la jubilación y retirarse cuando éstos tengan 70 años. Así, no se modifica la edad mínima para acceder a la jubilación (60 años para las mujeres y 65 años para los varones) pero se promueve que haya un retiro más tardío, lo cual aliviaría las obligaciones de pago del sistema.

Hoy no es obligatorio retirarse apenas se alcanza la edad, pero en el caso de los asalariados, el empleador puede intimar a su empleado a iniciar el trámite para la jubilación. Y a partir de entonces, la empresa está obligada a mantenerlo en la dotación (o a indemnizarlo si lo despide) hasta que obtenga la prestación y hasta un año como máximo. Ahora, la posibilidad de permanencia tras llegar a la edad de retiro se extendería por 10 años para las mujeres y por 5 para los varones. “Esto puede tener un impacto positivo a nivel social y macroeconómico”, señala Rafael Rofman, economista del Banco Mundial, quien explica que estos trabajadores suelen ser de alta productividad. “Este tipo de flexibilidad es común en otros países y permite que el sistema previsional responda mejor a las necesidades específicas de cada trabajador”, agrega.

Un eje de análisis es el impacto que esa prolongación de la vida activa podría tener en un mercado laboral que no logra absorber a quienes se incorporan año tras año. Fue un punto planteado por los sindicalistas en las negociaciones. Y será tema de debate si en la reforma integral se busca modificar la edad jubilatoria, lo cual podría implicar una unificación del requisito para mujeres y varones. Las proyecciones demográficas marcan que, además de jubilarse más temprano, las mujeres tienen, en promedio, más sobrevida que los hombres.

En cuanto a los aportes, el sistema marca un mínimo de 30 años como requisito. Pero desde octubre de 2016 se otorga la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con la única condición de tener 65 años, sin necesidad de aportes. La prestación equivale al 80% del haber mínimo (el monto actual es de $ 5.797) y es percibida por unas 20.000 personas.

Hacia adelante, deberá decidirse si seguirá ese esquema. Y, según Basavilbaso, se debatirá también sobre posibles prestaciones proporcionales, en función del número de aportes realizados. Un tema más para una discusión que recién comienza.

Fecha: 26/11/2017