Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Crecen las demandas de jubilados: hay 150 por día

Demoras y trabas que afectan a un sector vulnerable. Son por ajuste de haberes y aumentaron por primera vez en cuatro años. La inflación es una de las causas. Por la gran cantidad de expedientes, se alquiló un edificio para almacenarlos.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

En los Juzgados de la Seguridad Social están ingresando unas 150 nuevas demandas de jubilados con el reclamo de reajuste de los haberes. Durante 2014, en promedio, fueron 130 por día. También están más activos los jueces de primera instancia que aprobaron el año pasado 180 sentencias por día a favor de los jubilados. Y los de la Cámara de la Seguridad Social, quienes resolvieron 90 apelaciones por día de la ANSeS. El menor número de sentencias de segunda instancia se debe a que las tres Salas que deben resolver estos casos tienen tres jueces cada una que deben emitir su voto individual en cada causa por disposición del Código Procesal.

Las cifras de nuevas demandas son más bajas que las registradas entre 2009 y 2011 cuando hubo un aluvión –hasta 400 por día– tras los fallos de la Corte Suprema que fijaron la actualización de los haberes entre 2002 y 2006 (caso Badaro) y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial (caso Elliff, entre otros).

Para el juez de Cámara, Luis Herrero “desde el 2009 hasta 2014 hubo una disminución de las demandas por reajuste de haberes”. Ello se debió a que entró a regir el índice de actualización semestral y a que el fallo Badaro sólo se aplica a los jubilados que obtuvieron su beneficio antes de 2002. Ahora, según Herrero, el incremento de las demandas por reajustes en 2014 obedece a “la inflación elevada y a que la Corte Suprema haya reiterado en sus últimos fallos que los haberes deben conservar una razonable proporcionalidad con los salarios de actividad. Así, se avizora un incremento progresivo de la litigiosidad por el achatamiento de los actuales haberes –muy lejos de los de actividad– y por la inflación que corroe su poder adquisitivo”.

Así las cosas, en el Fuero de la Seguridad Social hay unas 300.000 demandas de jubilados sólo por reajuste de haberes. En la Cámara hay 10.000 causas por cada Sala. Los expedientes sorteados que esperan en el edificio de Lavalle 1.441 (alquilado para almacenar expedientes) por falta de espacio físico en las Salas, suman 68.000.
En el discurso del 1° de marzo en la Asamblea Legislativa, Cristina Kirchner dijo que “luego del pico de juicios generado por los fallos Badaro y Elliff”, la ANSeS estaba pagando más sentencias, pasando de 17.992 en 2011 a 42.268 en 2014”. Y destacó que “el año pasado hubo más sentencias resueltas que nuevos juicios ingresados en la ANSeS por primera vez en años”. Esto es así pero también porque la ANSeS apela la gran mayoría de las sentencias de primera sentencia, alargando las cosas. La Presidenta agregó: “Estamos dando respuesta a ajustes que, bueno es decirlo, tampoco provienen de nuestra gestión”.

Sin quitar la responsabilidad a los gobiernos anteriores, lo real es que el grueso de los reclamos fueron por culpa de la gestión K. El fallo Badaro reajustó los haberes entre enero de 2002 y diciembre de 2006 un 88,3%, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner otorgó un aumento general en las jubilaciones de entre el 10 y 21% para los que ganaban entonces más o menos $ 1.000 mensuales. Algo similar reparó el fallo Elliff.

De todos modos, no fueron los fallos los que generaron esos reclamos sino la decisión de Néstor Kirchner de semicongelar las jubilaciones que estaban por encima del haber mínimo. Y la de toda la gestión K que no ajusta, como ordenó la Corte, los sueldos para determinar los haberes de quienes se jubilan. A eso se agregan fallos contra la pesificación de las jubilaciones extranjeras, dispuesta por Cristina Kirchner.

En promedio, las sentencias que se están pagando rondan los $ 200.000 por jubilado, a lo que se agrega el reajuste del haber –ya sea jubilación o pensión– de acuerdo al monto que determina cada sentencia.

¿Cuánto dura un juicio de reajuste de un jubilado?, le preguntó Clarín a Graciela Stasevich, la abogada del caso Badaro. “Sin perjuicio de las particularidades de cada tribunal, podemos afirmar que la duración de un proceso es de más o menos 7 años, salvo algunos casos excepcionales en donde el ANSeS no apela”. Sólo los primeros dos años se tardan en obtener una sentencia de primera instancia.

Stasevich explicó que dado que el fallo Badaro abarca el período que va de enero 2002 a diciembre 2006, los jubilados que no iniciaron el reclamo ya son pocos. Ahora la mayoría demanda el recálculo del haber inicial, el recálculo de la PBU (Prestación Básica Universal) y la inconstitucionalidad de los topes de las jubilaciones vigentes desde 1994 en adelante. Aquí el argumento es que el jubilado pudo haber hecho antes de esa fecha aportes por encima de los topes que no son tenidos en cuenta al momento de obtener la jubilación. También hay demandas por el descuento del impuesto a las Ganancias, con fallos favorables apelados por la ANSeS, y recursos contrarios a la pesificación de las jubilaciones en moneda extranjera de jubilados de Italia y otros países que viven en la Argentina, también con sentencias favorables a los demandantes apeladas por la ANSeS o el Gobierno.

Miles de jubilados, a la espera de que decida la Corte

Un buen número de jubilados sigue esperando que la Corte Suprema extienda el fallo Badaro a todos los que les corresponde, hayan iniciado o no juicio contra la ANSeS, tal como lo viene reclamando la Defensoría del Pueblo desde 2008.

El fallo Badaro de la Corte Suprema estableció que entre enero de 2002 y diciembre de 2006 el reajuste de haberes debió haber sido del 88,3%, de acuerdo a la evolución de los salarios. Sin embargo, en ese período los aumentos generales que dio el Gobierno fueron del 11% y 21%. La diferencia implica ajustes en los haberes de entre el 55 y 69%.

En base a ese fallo, y para evitar que cada jubilado tuviese que hacer un juicio individual en relación a un reclamo sobre el que ya se expidió la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de “acción colectiva” para que todos los jubilados cobraran por igual, hubieran hecho o no un juicio. Pero como el pronunciamiento del Alto Tribunal se fue demorando, las demandas judiciales individuales fueron creciendo.

En dos oportunidades, y en relación a esta demanda de “acción colectiva”, la Corte Suprema le pidió a la ANSeS que le presentara un informe económico financiero. ANSeS respondió que no podría cumplir un fallo “colectivo”, aunque al mismo tiempo sostiene que cuenta con superávits. Hasta ahora la Corte no se pronunció.

La Corte revocó una cautelar que afectaba los recursos de la ANSeS

Anuló una medida de la Cámara de Seguridad Social que beneficiaba a un jubilado con un haber 13 veces mayor que el mínimo y que había percibido un crédito por $ 560.000

Por: Bernardo Vázquez

Para: Diario El Cronista

Luego de instarla varias veces a pagar a jubilados los juicios con sentencia, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la ANSeS al revocar una medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de la Seguridad Social. Si bien el fallo tiene fecha del 20 de agosto, trascendió ayer. Los ministros coincidieron con el dictamen de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, que el 28 de junio del año pasado había entendido que la resolución de los camaristas no era válida.
Con la firma de Elena Highton, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi y Carlos Fayt, el máximo tribunal decidió declarar procedente el recurso extraordinario presentado por la ANSeS y dejar sin efecto la medida cautelar dictada. En un fallo de apenas cinco carillas, al que no adhirieron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los otros ministros, la Corte respaldó al ente previsional al reconocer que “si bien es cierto que las resoluciones sobre medidas cautelares, sea que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten carácter de sentencias definitivas, cabe apartarse de tal regla en el presente caso, ya que la disposición tomada anticipa sustancialmente la solución de fondo sobre la base de apreciaciones genéricas, lo cual trasciende el interés de las partes”. Según el alto tribunal, el fallo de Cámara “establece un criterio de interpretación del régimen de la medida dispuesta que conduce a su desnaturalización”.
El expediente “Márquez, Alfredo Jorge c/ ANSeS” refiere al caso de un hombre que en 2010 recibía un haber jubilatorio que superaba en más de 13 veces al haber mínimo y que también había percibido un crédito previsional en concepto de reajuste por movilidad por más de $ 560.000. Pero en un nuevo reclamo judicial, por otro reajuste de haberes, solicitó una medida cautelar, rechazada en primera instancia pero aceptada por la Cámara, que aplicó lo resuelto por la Corte en el fallo “Badaro”.
Luego de recordar que la sentencia ya le había otorgado el monto de $ 560.000, el máximo tribunal del país añadió que “correspondía a los magistrados verificar cuidadosamente la concurrencia de los extremos de hecho exigidos para la procedencia de la medida, valorándolos con la prudencia que demanda un conflicto entre el derecho de defensa del organismo (ANSeS) y la necesidad expresada por el actor (Márquez)”.
El fallo de la Corte, en línea con la Procuración, supone un acuerdo de criterios que no se venía dando tan frecuentemente. Desde que Gils Carbó asumió en el cargo hace dos años, los cortocircuitos con los jueces fueron repetidos, más allá de que siempre desde ambas partes expresaron que la relación era cordial. Uno de los cruces se produjo cuando el máximo tribunal declaró ilegal una designación a dedo realizada por la Procuradora General, cuando se nombró a María Cordone Roselló como procuradora fiscal ante la Corte por considerar que no era fiscal ni tenía acuerdo del Senado de la Nación. Esta semana, por caso, la Corte se diferenció de la Procuración en una causa vinculada a la AFIP y en la que favoreció a estudios contables para que tributaran el impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría que regula la renta del trabajo personal.

En dos meses hubo más de 10.000 sentencias de reajustes para jubilados

La cifra se duplicó en dos años y refleja la magnitud de la litigiosidad contra la Anses; de todos modos, las apelaciones del organismo impiden que se acelere la resolución de los casos

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

En sólo los dos primeros meses del año con actividad judicial, febrero y marzo, se dictaron más de 10.000 sentencias -exactamente 10.348- de reajustes de haberes previsionales, más del doble que las que en el mismo bimestre se habían firmado dos años atrás. El dato, que refleja la magnitud de la lucha de los jubilados por sus derechos, se refiere a fallos de primera instancia, que en su gran mayoría son luego apelados principalmente por la parte demandada, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Las estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde se tramitan los reclamos de los jubilados, muestran que, si bien se registró una leve caída en la cantidad de nuevas demandas iniciadas este año, el número sigue siendo muy elevado: en febrero y marzo ingresaron 16.961 reclamos, una cifra inferior a las del mismo período de los cuatro años anteriores, pero que se ubica todavía muy por arriba respecto de las de períodos previos: entre 2003 y 2005 hubo entre 5000 y algo más de 6000 nuevos juicios, mientras que entre 2006 y 2008 fueron, en cada año y siempre en igual período bimestral, algo más de 10.000.

Fue a fines de 2006 cuando la Corte Suprema emitió su primer fallo en la causa Badaro, ordenando a los poderes Ejecutivo y Legislativo disponer un mecanismo de ajustes automáticos y periódicos para que los haberes mensuales dejaran de perder poder adquisitivo frente a la suba de precios. Sin ninguna respuesta desde el poder político, en agosto de 2007 y en el análisis de la misma causa, los jueces supremos determinaron que al jubilado demandante, a quien no le habían ajustado su ingreso por cobrar un monto superior al haber mínimo, se le debía otorgar una suba por el período de 2002 a 2006 equivalente a la evolución que había tenido un índice de salarios.

La ley de movilidad jubilatoria actual fue puesta en vigor en 2009. Si bien ese sistema permitió incrementos que compensaron desde entonces la inflación -más allá de lo bajo que pueda considerarse el nivel de ingresos-, lo cierto es que no se corrigieron los efectos que había dejado, en muchos casos, la falta de ajustes en los años previos. Eso hizo crecer la litigiosidad, que también tuvo entre sus causas la falta de una adecuada actualización de los salarios históricos usados en la fórmula de cálculo de los haberes iniciales.

El hecho de que muchas de las demandas judiciales sean para pedir la aplicación del fallo Badaro explica en parte la mayor celeridad con la que salen fallos de los juzgados de primera instancia referidos a reajustes. En 2008, entre febrero y marzo, se habían dictado 1689 sentencias; dos años después, se emitieron 3397, mientras que en 2011 fueron 4540, y en 2012, 9788. La cifra de este año muestra así un aumento de 5,8% respecto del año pasado y de 128% en comparación con 2011. Además, creció la participación que tienen las causas de reajustes de haberes, que en ese año representaban el 80% del total, y este año, el 86% (en total, los juzgados se expidieron sobre 12.047 expedientes, según la estadística del Poder Judicial).

Pero ese hecho no implica que los trámites aceleren sus tiempos de resolución, ya que luego llegan, generalmente, a la instancia de apelación: según fuentes judiciales, hay 25.000 expedientes para ser sorteados entre las tres salas que integran la cámara. En los dos últimos meses se les derivaron 8441 juicios, mientras que se acumulan unos 70.000 en trámite.

En una de las salas, la II, comienzan recién ahora a destrabarse los expedientes que habían quedado paralizados desde julio de 2011. En ese entonces, la Anses comenzó su estrategia de recusar en forma constante al juez Luis Herrero para que no pudiera firmar fallos; casi en forma inmediata, un tribunal de jueces de la propia cámara rechazó ese accionar del Gobierno, pero el organismo previsional recurrió a la Corte Suprema para sostener su postura. Mientras tanto, las causas que llegaban a esa sala se fueron acumulando sin que avanzaran los trámites.

Finalmente, en noviembre pasado la Corte Suprema rechazó lo pretendido por la Anses y habilitó a Herrero para seguir cumpliendo con su función de juzgar. Habían quedado congelados, hasta entonces, más de 10.000 expedientes que, una vez que ahora se den todos los pasos que implica regularizar la situación tras el rechazo a las recusaciones, deberán ser analizados para su resolución.

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