Jubilaciones y Pensiones en Argentina

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Cristina anunciaría un aumento a jubilados a días de las PASO

Se espera que lo haga esta semana. Es la segunda suba anual que prevé la movilidad y regirá en septiembre. Rondaría el 15% e incluye a 6,3 millones de personas. Polémica por el impacto electoral.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

Esta semana, Cristina Kirchner anunciaría el aumento de las jubilaciones y pensiones, que fija la ley de movilidad y que se cobrará a partir de septiembre. El porcentaje exacto dependerá de los datos del INDEC, del Ministerio de Trabajo y de la ANSeS sobre la evolución de los salarios y el número de beneficiarios del sistema, que se difunden la próxima semana, pero que ya fueron adelantados a la Casa Rosada. El año pasado, el anuncio oficial se hizo el 31 de julio. Se estima que el incremento rondaría entre el 13% y el 15%.

El anuncio sería a sólo días de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) nacionales en las que comenzará a dirimirse su sucesión. Por eso, algunos opositores y constitucionalistas advierten que la Presidenta debería omitir este tipo de actos, ya que rige la veda. En 2011, Cristina había anunciado una suba similar para jubilados a menos de dos semanas de que ella misma peleara por su reelección.

De confirmarse el porcentaje de suba en torno al 15%, el haber mínimo previsional –que cobra más de la mitad de los jubilados y pensionados–, pasará de los $ 3.821 actuales a entre $ 4.300 y $ 4.400. Y las pensiones no contributivas de $ 2.675 a entre $ 3.000 y $ 3.100 mensuales. En tanto, como en marzo las jubilaciones aumentaron el 18,26%, la suba acumulada de los últimos 12 meses superará el 33%, en línea con los aumentos de las paritarias logrados por la mayoría de los gremios, y muy superior al reciente ajuste del salario mínimo (28,5% en dos cuotas).

El impacto electoral del anuncio es claro: caería justo días antes de las PASO nacionales. Y el reajuste beneficia a más de 6,3 millones de jubilados y pensionados, y a 1,5 millón de pensiones no contributivas y ex veteranos de Malvinas. El argumento oficial para dar este tipo de noticias, aun con la veda ya vigente, es que se trata de anuncios previstos por ley; en este caso, el de la movilidad jubilatoria. De todos modos, incluso con este aumento, la jubilación mínima y las pensiones no contributivas están lejos de cubrir la canasta básica de los adultos-mayores que elabora la Defensoría de la Tercera Edad y que a mayo pasado era de $ 7.608. Por la inflación, a septiembre esa canasta debe rondar los $ 8.200.

“Por estar sometidos al infraconsumo, las distintas organizaciones de jubilados nacionales vienen reclamando un aumento de emergencia de $ 4.000, extensivo a toda las categorías de forma tal de evitar que se siga achatando la pirámide y llevar las mínimas a un valor de equivalencia con los gastos de la canasta”, le dijo a Clarín el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien agregó que pasado mañana habrá un encuentro con jubilados y los candidatos de los partidos para reclamar “también el 82% móvil y la normalización de los actualmente intervenidos ANSeS y PAMI”. El tema de los haberes previsionales forma parte de la campaña.

De acuerdo a la fórmula de la ley de movilidad aprobada en 2008, las jubilaciones y pensiones tienen dos ajustes al año, en marzo y en septiembre, en base a lo que pasó en los semestres calendarios (enero-junio y julio-diciembre) con índices que combinan el aumento salarial (del INDEC y el Ministerio de Trabajo, denominado Ripte), la de la recaudación tributaria semestral por beneficiario con destino a la ANSeS y los ingresos totales anuales de la Seguridad Social.

La suba de las jubilaciones ajusta también en el mismo porcentaje el haber máximo previsional (hoy de $ 27.998,69), el tope salarial sobre el que se hacen los aportes jubilatorios y de salud (hoy de $ 43.202,17) y los aportes de los autónomos.

En tanto, las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo, recién tendrán esta movilidad a partir de marzo de 2016, de acuerdo a la ley sancionada días pasados.

Futuro incierto: ¿se jubilarán quienes trabajan hoy?

Cerca de los efectos del envejecimiento poblacional, la Argentina tiene mucho que cambiar hoy para poder pagar prestaciones mañana

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

A sus 35 años, Eugenio Caldararo dice que espera no necesitar en el futuro de una jubilación para poder vivir; la expectativa de este profesional es contar para entonces con ahorros suficientes conseguidos durante su vida laboral. En una mirada sobre la sociedad, cree que lo ideal será un sistema que ofrezca una cobertura básica para todos.

La idea de que al llegar a la edad del retiro laboral no los esperará, como fruto de sus aportes, un ingreso mensual apto para mantener su nivel de vida está en el pensamiento de muchos trabajadores actuales.

En un país en el que es difícil pensarse en el corto plazo, con gobernantes que siembran temor al decir que si llegan otros no se respetarían derechos sociales, existen razones de fondo que sostienen la preocupación de los trabajadores.

Mientras que hoy hay seis personas en edad activa por cada adulto de 65 años o más, en 2050 habrá tres y en 2100, sólo dos. Y esas dos personas tendrán que sostener, con parte de los recursos generados por su trabajo, a una que -buena noticia, sin dudas- vivirá muy probablemente más años que los jubilados actuales. En ese escenario, la alta informalidad, además de ser un problema en sí mismo, frena las posibles y necesarias mejoras de productividad.

La distribución por rangos de edad que muestra hoy la población ubica al país en una etapa de “ventana” o “bono demográfico”. Con una participación del 10% de las personas mayores de 65 años sobre el total de habitantes -un índice que se duplicará hacia 2050-; una tasa de fecundidad en caída -la participación de los menores de 15 años no variará de aquí a 2100-, y la expectativa de vida en alza -hoy es de 75 años y será de 85 al final del siglo-, la Argentina está en la etapa previa a la signada por los costos asociados al envejecimiento poblacional.

El “bono”, que implica una condición demográfica favorable para crecer, terminará hacia 2035. Entonces se agravarán los problemas para financiar a los pasivos. Esto plantea, según un informe del Banco Mundial, un desafío urgente.

¿No falta mucho para eso? Hay al menos dos razones por las cuales la respuesta es no. Una es que a partir de entonces comenzarán a llegar a su edad de retiro quienes están hoy en sus 30 o sus 40 y tantos (como regla general, la edad para jubilarse es ahora de 60 años para las mujeres y de 65 para los varones) o, visto de otra manera, los nacidos entre 1970 y 1980 serán los adultos mayores de 2040 a 2060; la otra razón es que, si se pretende un sistema sostenible, lo que hay que hacer hay que hacerlo ya.

Y lo que se necesita, según coinciden los expertos, es un crecimiento significativo de los niveles de ahorro e inversión, un alza de la productividad y una reducción de la informalidad.

 

De alguna forma, el desafío es trasladar a la sociedad una idea que muchos tienen en lo personal. “Hoy la demografía plantea un desafío que se resume en la pregunta ¿qué debería hacer la Argentina para hacerse rica antes de hacerse vieja?”, dice el economista José María Fanelli, profesor de la Universidad de San Andrés.

El informe del Banco Mundial titulado Los años no vienen solos proyecta que, de mantenerse el statu quo, el gasto para cubrir las prestaciones jubilatorias, de salud y de educación pasará del 20 al 26,6% del PBI entre 2010 y 2050. ¿Qué hacer? Rafael Rofman, el especialista líder en Protección Social del mencionado organismo y uno de los autores del estudio, describe las salidas posibles con advertencias sobre sus efectos: “Cobrar más impuestos ayudaría en lo fiscal, pero hay límites porque se puede afectar la economía; limitar el aumento del gasto con la suba de la edad jubilatoria o la reducción de beneficios tendría un impacto negativo sobre el bienestar de la población y eso no es deseable; lograr un crecimiento sostenido para un mayor PBI per cápita permitiría que, aunque sean menos los que producen, haya más para repartir”.

El último punto supone el desafío de mejoras en la productividad, que entre otros factores depende de la educación y la inversión. El camino implica evitar la dependencia, ocurrida en los últimos años, de lo externo o coyuntural, como la variación de precios de las commodities.

¿Qué reparte hoy el sistema previsional? En los últimos años se elevó la tasa de cobertura y así, casi el 95% de la población mayor cobra un haber, según la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En 2014, la seguridad social insumió $ 425.980 millones, un 38% de las erogaciones del Estado nacional -que hoy tiene un fuerte déficit-, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El índice demuestra la magnitud del desafío de prever los ingresos para los pasivos y, a la vez, sostener las otras funciones del Estado.

Además de que su financiamiento no se previó para el largo plazo, un problema del índice de cobertura previsional es que se logró, según recuerda Rofman, con moratorias para quienes no hicieron aportes o los hicieron en cantidad insuficiente. Y al ser una medida con efecto temporal (sólo sirve a personas de hasta cierta edad, dado el período por el que se pueden declarar deudas) no soluciona el problema de una sociedad en la cual, si se considera a asalariados y cuentapropistas, el 46% de los trabajadores (según datos de la OIT) o el 49% (de acuerdo con la encuesta de deuda social de la Universidad Católica Argentina) no hace aportes.

Esa enorme deficiencia -vinculada a la precariedad laboral y que demuestra que de no haber cambios, la cobertura volverá a caer- desafía la necesidad de una mayor productividad, es decir, de elevar el valor de los bienes y servicios surgidos del trabajo de cada uno para así recaudar más, ya sea por aportes y contribuciones o por impuestos generales, las dos fuentes de recursos de las que dependen las jubilaciones. “En Taiwán hubo un alza de la productividad entre generaciones de 5 veces; acá, en los próximos 30 años podría crecer entre 50 y 60%”, advierte Fanelli. Un estudio del Ieral muestra que entre 2011 y 2014, con el empleo estancado en la actividad privada, la productividad se redujo a razón de 0,9% por año.

Y mientras que la tasa de inversión en el país no llega a 20% del PBI, Fanelli señala que países que atravesaron mejor su transición demográfica llegaron a más de 30%. “Esta es una etapa en que se necesita ahorrar mucho y hoy eso no ocurre”, dice. Y advierte sobre la necesidad de que los recursos vayan a inversión. “Porque se puede ahorrar y que eso no vaya a lo productivo; a nuestro país le pasa que tiene medio PBI en el exterior, y por eso, a los desafíos pendientes hay que agregar el de garantizar la seguridad jurídica”, agrega.

Producir más, trabajar más

Así como las edades de ingreso y egreso del mercado laboral influyen para determinar la necesidad de recursos, poder contar con más trabajadores mejoraría la ecuación. “Entre las medidas posibles para abordar el desafío de la sostenibilidad están el aumento de las tasas de actividad (porcentaje de personas que trabajan o buscan hacerlo, sobre la población total) y de empleo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes”, dice Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social de Cippec, quien agrega que también podría promoverse un alza de la población en edad de trabajar por flujos inmigratorios.

Actualmente, la participación de los jóvenes de entre 25 y 29 años no sólo es más baja aquí que en un grupo de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania o España, sino que, además, la tasa cayó de 79,8 a 77,5% entre 2004 y 2014, según un informe basado en datos del Indec y de la OIT hecho por los economistas del Ieral Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Laura Caullo.

En cuanto a la participación de las mujeres en el trabajo, la tasa, de 37,1%, es baja en relación con países como Estados Unidos (44,6%) o Brasil (44,1 por ciento).

¿Y qué pasa con los cambios en el propio sistema jubilatorio?

Una reforma “clásica”, fuente de protestas en varias latitudes, es la suba de la edad jubilatoria. Para Rofman, lo ideal es ser flexibles y lograr el efecto positivo (para las cuentas de un país) derivado de una salida más tardía de la actividad laboral, pero sin imposiciones. “Si se obliga hay efectos negativos; quien por ahí iba a retrasar un poco su retiro, ante la incertidumbre se va en cuanto puede, y el efecto puede ser inverso al buscado”, define. La recomendación es que existan incentivos para que las personas trabajen más tiempo, elevando el nivel de las prestaciones cuanto más años con aportes se logren sumar.

“Deberemos repensar la jubilación como un ingreso universal para los adultos mayores, financiado con recursos fiscales y complementado con sistemas de ahorro privado”, dice el economista Eduardo Levy Yeyati, director de la consultora Elypsis, en línea con lo que muchos trabajadores actuales creen para su futuro.

Promover el ahorro de quienes tienen cierto nivel de ingresos aliviaría el efecto fiscal. Dicho sea de paso, la solución al problema de doble índole (económica y fiscal) que trae el envejecimiento no se resuelve en la antinomia “capitalización o reparto”. “El tema es qué decide hacer la sociedad para pagar; en Chile el Estado se pudo correr de una parte, pero se hizo cargo del resto”, describe Rofman.

Fruto no de una estrategia, sino de la eliminación del sistema de capitalización, la Anses tiene un fondo de garantía cuyas inversiones valen algo más que el pago anual de las prestaciones. Pero la sostenibilidad del sistema no depende de eso, sino del flujo de ingresos y del número de pasivos con los que se está y se estará obligado. El uso de ese fondo está previsto para un déficit temporal, pero su composición hace dudar de la efectividad: “En su mayoría es deuda pública, que podría netearse de modo de reducir el coeficiente de endeudamiento -opina Levy Yeyati-. El resto de los activos podría integrarse al Tesoro, tal vez en el marco de un fondo anticíclico que aísle el gasto social de vaivenes fiscales”.

A sus 45 años, Lucas Nemesio, empresario bodeguero, admite que no piensa en su jubilación. “Creo que es como una caja de Pandora que abriremos en su momento”, dice.

Entretanto, los expertos insisten en que los datos avisan… Y a un país, la sorpresa no se le debería permitir.

Jubilación Anticipada: Fallo de Cámara contra ANSeS

La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inaplicable la resolución 884/06 de la ANSES en el caso de una mujer que percibía una pensión graciable que buscaba obtener una jubilación anticipada. El Tribunal señaló que el decreto se contradice con la Ley 25.994 que introduce la prestación.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó la sentencia que en los autos “Villamayor Celina c/ ANSES s/ Prestaciones Varias” rechazó el pedido de una mujer de acogerse al beneficio de la jubilación anticipada por aplicación de la resolución 886/06 de la ANSES , que establece la exigencia de cancelar la deuda previsional para poder acceder a la jubilación.

Los magistrados Néstor Fasciolo y Martín Laclau se adhirieron al criterio de su colega Juan Poclava Lafuente, quien relató en su voto que el beneficio que establece la ley 25.994, que introduce en el sistema previsional argentino la prestación denominada “jubilación anticipada”, fue “con vigencia transitoria por el plazo de dos años – prorrogada por igual término por el decreto N° 1451/06, que establece: ‘todos los trabajadores a partir del 1° de enero de 2004, que tengan la edad requerida para acceder a la Prestación Básica Universal de la ley 24.241 y que se encuentren inscriptos en la moratoria por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias, podrán solicitar y acceder a las prestaciones provisionales a las que tengan derecho’ (art. 6°, ley citada), señalándose que su percepción ‘se encuentra sujeta al estricto cumplimiento del pago de las cuotas de la deuda reconocida'”.

Los camaristas relataron que por el Decreto 1451/06 se facultó a ANSES a “establecer los mecanismos necesarios para priorizar el acceso al beneficio previsional, dentro del marco establecido en el art. 6° de la ley 25.994 y en los arts. 8 y 9 de la ley N° 24.476, modificados por los arts. 3 y 4 del decreto 1454/05 respectivamente, de aquellas personas que no se encuentren percibiendo cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales o municipales”. Esa norma fue la que motivó el dictado de la Resolución N° 884/06, que en el caso fue declarada inaplicable por contradecir la Ley que introdujo la prestación de jubilación anticipada.

La resolución, en su parte pertinente, establece que los trabajadores inscriptos en la moratoria de la ley 25.865 en el marco del art. 6 de la ley 25.994 y los trabajadores que tengan la edad requerida para acceder a la PBU que se inscriban en el régimen de regularización “cuando se encuentren percibiendo cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil, militar o policial, ya sean nacional, provinciales o municipales, sólo adquirirán derecho al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda reconocida”, y ello “sin perjuicio de las incompatibilidades entre beneficios previsionales vigentes”.

Según la Cámara Federal, “resulta claro que media contradicción entre los términos de la ley 25.994 en su art. 6° y su norma reglamentaria, la resolución 884/06, que impuso mediante su art. 4° una condición suspensiva que limita la percepción de los beneficios otorgados a los casos en que se cancelare totalmente la deuda reconocida, requisito éste no previsto en aquélla”.

En esos términos, los integrantes de la Sala invocaron los principios según los cuales “ no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como este la contempló, ya que les está vedado el juicio sobre el mero acierto o convivencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades “, y que “el carácter excepcional de una norma no dispensa del adecuado cumplimiento de los recaudos en términos claros ya que el necesario respeto a la voluntad del legislador obsta a que se los amplíe sin riesgo de invadir la competencia específica de aquél”, decidieron declarar inaplicable la resolución del organismo previsional.

Por otra parte, “cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la misma ley que se encuentra inserto, de modo tal que llega a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional, o su aplicación torna ilusorios derechos por éstos consagrados, puede el juzgador apartarse de tal precepto y omitir su aplicación a efectos de asegurar la primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar la justicia que está consagrado a administrar”, concluyeron los magistrados.

Los jubilados podrán viajar en tren con descuento

.El gobierno nacional promueve el plan para quienes posean la tarjeta Argenta, que se financia con fondos de la Anses

Los jubilados que formen parte del programa de préstamos para los jubilados y pensionadosdel Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), financiado con recursos de la Anses, podrán acceder a descuentos del gobierno nacional para viajar en tren entre distintas ciudades que tienen acceso a través del ferrocarril Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Chascomús, La Pampa y Rufino.

Al presentar la tarjeta Argenta en las boleterías exclusivas, obtendrán un descuento del 40% en los pasajes de los trenes 0km de larga distancia. Además, podrán pagarlos en cuotas, según informó el Ministerio del Interior y Transporte, Florencio Randazzo luego de una conferencia de prensa de la presidenta Cristina Kirchner en la que promocionó beneficios para jubilados cuando faltan meses para las elecciones. Randazzo es uno de los precandidatos del oficialismo.

“Muchos jubilados seguramente viajaron en los antiguos ferrocarriles, y ahora podrán experimentar estos nuevos trenes 0 km que cuentan con la última tecnología en seguridad y confort”, señaló el funcionario en un comunicado emitido después del discurso de la mandataria.

Fuente: Diario La Nación

Crecen las demandas de jubilados: hay 150 por día

Demoras y trabas que afectan a un sector vulnerable. Son por ajuste de haberes y aumentaron por primera vez en cuatro años. La inflación es una de las causas. Por la gran cantidad de expedientes, se alquiló un edificio para almacenarlos.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

En los Juzgados de la Seguridad Social están ingresando unas 150 nuevas demandas de jubilados con el reclamo de reajuste de los haberes. Durante 2014, en promedio, fueron 130 por día. También están más activos los jueces de primera instancia que aprobaron el año pasado 180 sentencias por día a favor de los jubilados. Y los de la Cámara de la Seguridad Social, quienes resolvieron 90 apelaciones por día de la ANSeS. El menor número de sentencias de segunda instancia se debe a que las tres Salas que deben resolver estos casos tienen tres jueces cada una que deben emitir su voto individual en cada causa por disposición del Código Procesal.

Las cifras de nuevas demandas son más bajas que las registradas entre 2009 y 2011 cuando hubo un aluvión –hasta 400 por día– tras los fallos de la Corte Suprema que fijaron la actualización de los haberes entre 2002 y 2006 (caso Badaro) y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial (caso Elliff, entre otros).

Para el juez de Cámara, Luis Herrero “desde el 2009 hasta 2014 hubo una disminución de las demandas por reajuste de haberes”. Ello se debió a que entró a regir el índice de actualización semestral y a que el fallo Badaro sólo se aplica a los jubilados que obtuvieron su beneficio antes de 2002. Ahora, según Herrero, el incremento de las demandas por reajustes en 2014 obedece a “la inflación elevada y a que la Corte Suprema haya reiterado en sus últimos fallos que los haberes deben conservar una razonable proporcionalidad con los salarios de actividad. Así, se avizora un incremento progresivo de la litigiosidad por el achatamiento de los actuales haberes –muy lejos de los de actividad– y por la inflación que corroe su poder adquisitivo”.

Así las cosas, en el Fuero de la Seguridad Social hay unas 300.000 demandas de jubilados sólo por reajuste de haberes. En la Cámara hay 10.000 causas por cada Sala. Los expedientes sorteados que esperan en el edificio de Lavalle 1.441 (alquilado para almacenar expedientes) por falta de espacio físico en las Salas, suman 68.000.
En el discurso del 1° de marzo en la Asamblea Legislativa, Cristina Kirchner dijo que “luego del pico de juicios generado por los fallos Badaro y Elliff”, la ANSeS estaba pagando más sentencias, pasando de 17.992 en 2011 a 42.268 en 2014”. Y destacó que “el año pasado hubo más sentencias resueltas que nuevos juicios ingresados en la ANSeS por primera vez en años”. Esto es así pero también porque la ANSeS apela la gran mayoría de las sentencias de primera sentencia, alargando las cosas. La Presidenta agregó: “Estamos dando respuesta a ajustes que, bueno es decirlo, tampoco provienen de nuestra gestión”.

Sin quitar la responsabilidad a los gobiernos anteriores, lo real es que el grueso de los reclamos fueron por culpa de la gestión K. El fallo Badaro reajustó los haberes entre enero de 2002 y diciembre de 2006 un 88,3%, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner otorgó un aumento general en las jubilaciones de entre el 10 y 21% para los que ganaban entonces más o menos $ 1.000 mensuales. Algo similar reparó el fallo Elliff.

De todos modos, no fueron los fallos los que generaron esos reclamos sino la decisión de Néstor Kirchner de semicongelar las jubilaciones que estaban por encima del haber mínimo. Y la de toda la gestión K que no ajusta, como ordenó la Corte, los sueldos para determinar los haberes de quienes se jubilan. A eso se agregan fallos contra la pesificación de las jubilaciones extranjeras, dispuesta por Cristina Kirchner.

En promedio, las sentencias que se están pagando rondan los $ 200.000 por jubilado, a lo que se agrega el reajuste del haber –ya sea jubilación o pensión– de acuerdo al monto que determina cada sentencia.

¿Cuánto dura un juicio de reajuste de un jubilado?, le preguntó Clarín a Graciela Stasevich, la abogada del caso Badaro. “Sin perjuicio de las particularidades de cada tribunal, podemos afirmar que la duración de un proceso es de más o menos 7 años, salvo algunos casos excepcionales en donde el ANSeS no apela”. Sólo los primeros dos años se tardan en obtener una sentencia de primera instancia.

Stasevich explicó que dado que el fallo Badaro abarca el período que va de enero 2002 a diciembre 2006, los jubilados que no iniciaron el reclamo ya son pocos. Ahora la mayoría demanda el recálculo del haber inicial, el recálculo de la PBU (Prestación Básica Universal) y la inconstitucionalidad de los topes de las jubilaciones vigentes desde 1994 en adelante. Aquí el argumento es que el jubilado pudo haber hecho antes de esa fecha aportes por encima de los topes que no son tenidos en cuenta al momento de obtener la jubilación. También hay demandas por el descuento del impuesto a las Ganancias, con fallos favorables apelados por la ANSeS, y recursos contrarios a la pesificación de las jubilaciones en moneda extranjera de jubilados de Italia y otros países que viven en la Argentina, también con sentencias favorables a los demandantes apeladas por la ANSeS o el Gobierno.

Miles de jubilados, a la espera de que decida la Corte

Un buen número de jubilados sigue esperando que la Corte Suprema extienda el fallo Badaro a todos los que les corresponde, hayan iniciado o no juicio contra la ANSeS, tal como lo viene reclamando la Defensoría del Pueblo desde 2008.

El fallo Badaro de la Corte Suprema estableció que entre enero de 2002 y diciembre de 2006 el reajuste de haberes debió haber sido del 88,3%, de acuerdo a la evolución de los salarios. Sin embargo, en ese período los aumentos generales que dio el Gobierno fueron del 11% y 21%. La diferencia implica ajustes en los haberes de entre el 55 y 69%.

En base a ese fallo, y para evitar que cada jubilado tuviese que hacer un juicio individual en relación a un reclamo sobre el que ya se expidió la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de “acción colectiva” para que todos los jubilados cobraran por igual, hubieran hecho o no un juicio. Pero como el pronunciamiento del Alto Tribunal se fue demorando, las demandas judiciales individuales fueron creciendo.

En dos oportunidades, y en relación a esta demanda de “acción colectiva”, la Corte Suprema le pidió a la ANSeS que le presentara un informe económico financiero. ANSeS respondió que no podría cumplir un fallo “colectivo”, aunque al mismo tiempo sostiene que cuenta con superávits. Hasta ahora la Corte no se pronunció.

Jubilados: la Corte le respondió a Cristina

La Justicia recordó la falta de ajustes en los haberes

Por; Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Con un informe de tres páginas elaborado por la titular de la Secretaría Judicial N° 2, Mónica Zito, la Corte Suprema le respondió a la presidenta Cristina Kirchner por sus dichos respecto del índice de movilidad previsional. En el discurso que dio en el Congreso el domingo pasado, la mandataria pretendió comparar -usando un tono desafiante- el índice fijado por la ley 26.417, de 2009, con un criterio de actualización que los jueces fijaron en 2007, pero no con ánimo de legislar, sino frente a la total falta de respuestas por parte del Gobierno para subsanar la pérdida de poder adquisitivo que habían sufrido miles de jubilados.

Durante varios años y pese a la inflación, sólo se recompuso el haber mínimo. Eso provocó que el alza de precios dejara una caída del valor real de los haberes que, en muchos casos, llegó al 40%.

El escrito del Poder Judicial recuerda que la sentencia conocida como “Badaro 1″, de 2006, consideró que, con esa política, no se cumplían garantías constitucionales; por eso, se ordenó aprobar un sistema de movilidad. Y agrega que “transcurrido un plazo razonable” (un año y medio), como esa ley no había llegado, la Corte dispuso, en la misma causa de Badaro, que los ingresos recibieran, por el período de 2002 a 2006, un ajuste según la variación que había tenido un índice oficial de salarios.

Ese fallo garantizó una suba, por los años mencionados, de 88,5%, mientras que a quienes cobraban más de $ 1000, el Gobierno sólo les había dado un 11 por ciento. “La Corte no eligió ese indicador porque fuera el que permitía un aumento mayor ni porque lo considerara más representativo (…) . Fue sólo la respuesta al reclamo planteado en la causa”, dice el escrito judicial. Además, se marca un error en las cifras dadas, ya que entre 2009 y 2014 la movilidad fue de 368% y no de 454% como marcó el discurso (el índice Badaro dio 291%, según la Presidenta).

Pero la comparación no tiene sentido, porque la Corte no se propuso legislar, sino dar la respuesta que los jubilados afectados por aquella falta de ajustes, aún no tuvieron, al día de hoy, por parte del Gobierno (quienes quieren obtener los reajustes deben recurrir a la Justicia).

Las jubilaciones suben 18,26% desde marzo

La mínima será de $ 3821,73 como consecuencia de un ajuste anual casi igual a la inflación privada; elevan los aportes de autónomos

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

Los haberes de todos los jubilados y pensionados que dependen de la Anses recibirán en marzo, y por aplicación de la ley de movilidad previsional, una recomposición de 18,26%. Según lo anunciado ayer por el gobierno nacional, el ingreso mínimo será de $ 3821.73, y el máximo, de $ 27.998,69 (en bruto).

En el último año (en la comparación entre los meses de marzo) el ajuste acumulado llega a 38,6%: curiosamente, es un porcentaje que casi no difiere del índice de inflación calculado para 2014 por consultoras privadas y difundido en el Congreso por legisladores de la oposición.

El aumento alcanzará a 6.092.384 jubilados y pensionados, y a 1.543.781 titulares de pensiones no contributivas y ex combatientes de Malvinas. En total, según informó la Anses, son 7.636.165 personas. El porcentaje de la suba, según dispone la ley, surge de una fórmula que combina la evolución de los salarios y la de recursos tributarios que recibe el sistema jubilatorio. Ambos conceptos crecen por efecto de la inflación.

“Hay algunos datos [de la fórmula] que no se conocen y eso no nos permite hacer el cálculo”, comentó ayer Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, respecto del índice. Ese organismo calculó que una canasta de bienes y servicios para un jubilado tuvo en noviembre (último dato) un costo de $ 6720,37, tras haber subido 18,36% en el semestre previo. “Si se trata de un matrimonio, la cifra se multiplica por 1,20 o 1,30, ya que están los costos fijos como los de vivienda”, afirmó Semino, que sostuvo que el haber mínimo sigue por debajo del precio de esos consumos básicos.

Según la normativa vigente desde 2009, los haberes se ajustan en marzo y en septiembre de cada año.

La presidenta Cristina Kirchner hizo ayer el anuncio por cadena nacional. “Cuando asumió el presidente Néstor Kirchner [en mayo de 2003] los jubilados cobraban 150 pesos por mes y hoy ese haber creció el 2550 por ciento, es decir, 25 veces.” Pero eso es incorrecto. En julio de 2002, un decreto de Eduardo Duhalde dispuso un haber mínimo garantizado de $ 200, y los boletines estadísticos del Ministerio de Trabajo señalan que ése era el monto en 2003. La diferencia con el ingreso básico actual es de 1810% (sin descontar la inflación), bastante por debajo de lo dicho por la Presidenta; además, hay que tener en cuenta que entre 2003 y 2007 se acható la pirámide de ingresos porque únicamente se le daba mejoras al haber mínimo, con lo cual muchos de quienes antes cobraban algo más que el básico quedaron comprendidos en ese grupo (y no llegaron a recibir ese nivel de incremento acumulado).

La mejora para los jubilados tendrá un impacto fiscal de $ 123.953 millones, según informó la Anses. De esta manera, las erogaciones del sistema previstas para 2015 ascienden ahora a $ 500.229 millones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Eso se financia con el incremento de la recaudación de aportes y contribuciones y de impuestos generales que, en parte, se destinan a pagar los haberes. Parte de la suba futura de esos recursos llegará porque, junto con las jubilaciones, en marzo aumentarán en igual proporción los aportes de los autónomos del régimen general (no los de quienes están en el monotributo) y también se ajustará el tope salarial para calcular el descuento previsional.

Para los autónomos de la categoría más baja, por caso, la contribución mensual pasará de 599,49 a 708,95 pesos, y en la categoría que le sigue, de 839,28 a 992,53 pesos.

El salario máximo para aportar subirá de 36.531,50 a 43.202,15 pesos. Así, para las remuneraciones superiores a la primera cifra, el descuento será de 11%, mientras que para los salarios que superen el segundo monto el aporte será de $ 4752,24.

EL DÉFICIT FISCAL CRECIÓ 70% DURANTE 2014

  • El déficit fiscal del año pasado alcanzó los $ 109.720 millones, según anunció el Ministerio de Economía. Esto significa que el agujero fiscal registrado en 2014 fue 70% más grande que en 2013, mientras que el gasto total (que subió 42,5%) volvió a crecer por encima de los ingresos (44,8 por ciento).
  • De acuerdo con un informe de Iaraf, descontados los aportes del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el resultado fiscal negativo pasaría de un 2,4% a representar 5% del PBI. “Esto demuestra la importancia relativa de esos recursos para aliviar el deterioro”, afirmó Iaraf.
  • Según el economista Nadin Argañaraz, de Ieral, el gasto se desaceleró en diciembre y quedó -como pasó en 2013- por debajo de los ingresos. “Hubo un alza de los recursos tributarios y un adelantamiento del gasto durante el año pasado”, dijo.
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