Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

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Este es un espacio pensado para aquellos que han iniciado esa etapa distinta de la vida. Aquí encontrará información de interés, desde novedades (de legislación o de normas), artículos, notas y actividades recreativas o culturales que pueden realizar.


Para la mayoría de los jubilados la suba implica apenas 9 pesos más por día

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

Para 4.584.262 jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas el ajuste de los haberes que se efectivizarán en marzo representa un incremento de entre 7 y 9 pesos por día.

Le siguen otros 1.063.260 jubilados y pensionados que recibirán entre 9 y 20 por día, de acuerdo a las cifras difundidas por la Presidencia de la Nación.

En total en este segmento de aumentos está casi el 77% de los 7.360.957 jubilados y pensionados alcanzados por el ajuste del 11,31%.

Según el Gobierno, el 53% de los 5.907.860 en marzo pasarán a cobrar la nueva mínima de $ 2.757. Son $ 280 más que los $ 2.477 que perciben actualmente. Eso da $ 9,33 por día.

En tanto, 1.453.097 de beneficiarios de pensiones no contributivas el haber sube de $ 1.734 a $ 1.939: son $ 205 mensuales o $ 6.83 por día.

En todos estos casos es evidente que el ajuste jubilatorio es más que exiguo para hacer frente a los aumentos de los precios que se produjeron entre el anterior incremento jubilatorio — septiembre de 2013 — y marzo de 2014 cuando se va a percibir en marzo próximo.

En esos 6 meses, la inflación podría superar el 25%: es más del doble del aumento de los haberes.

Desde 2009, el incremento de los haberes depende de una formulada, aprobada en la ley de movilidad, que combina varias variables, como el índice de salarios, recaudación tributaria, recursos que van a la Seguridad Social y evolución del padrón de beneficiarios del sistema previsional.

Sin embargo, el Gobierno no da a conocer la evolución de todas esas variables para que quede claro cómo llega al 11,31%. Tampoco los dio a conocer para los ajustes anteriores.

En esta oportunidad hasta ayer no se habían publicado los datos del indice de salarios del INDEC del segundo semestre del año pasado (se difundirán hoy). Y otro dato clave, como el de los salarios en blanco (conocido por las siglas RIPTE) que difunde el Ministerio de Trabajo las cifras llegan a agosto de 2013. Por esa razón, las consultoras que analizan esos números tampoco pudieron verificar si el 11,31% responde plenamente a la fórmula de la movilidad.

De todas maneras, la fórmula de movilidad se calcula por semestres y se aplica tres meses después, en marzo o septiembre de cada año. En épocas de nula o baja inflación, el impacto de este desfase es mínimo. Pero cuando se acelera la inflación, las cosas cambian y los aumentos salariales o de jubilaciones quedan licuados ya cuando llega el momento del primer cobro. Y luego hay que esperar otros 6 meses con el mismo haber hasta percibir el siguiente aumento, que queda nuevamente más que licuado por la inflación.

En otras palabras, la inflación está corriendo a una velocidad creciente, mientras los haberes se ajustan a un ritmo prefijado más acorde a épocas de baja o nula inflación.  

Por dudas sobre el cálculo del aumento jubilatorio de septiembre de 2012, el Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, en aquel momento solicitó a la ANSeS que informara cómo el organismo había calculado la formula. Entonces se sospechaba que había una diferencia de 3 puntos según cálculos de consultoras privadas. La ANSeS no contestó ese requerimiento. Las actuaciones fueron elevadas a la Comisión Bicameral de control de la ANSeS. Hasta hoy ese organismo no se expidió.

Desde marzo, la jubilación mínima subirá un 11,31%: será de $ 2.757

Es el ajuste semestral que fija la ley. Lo anunció la Presidenta. Las pensiones no contributivas sumarán $ 1.939.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer por cadena nacional que a partir de marzo las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 11,31%.

También percibirán el mismo aumento los beneficiarios de pensiones no contributivas. En total son 7.360.957 personas.

Este aumento llevará la actual jubilación mínima – que percibe más de la mitad de los jubilados, unas 3 millones de personas-– de 2.477 a 2.757 pesos mensuales.

En tanto, para 1,4 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas el haber sube de $ 1.734 a 1.939 mensuales.

La Presidenta también anunció un incremento de la ayuda escolar anual (Ver La ayuda …) Para el 71% de los jubilados que cobra el haber mínimo o un poco más, el aumento promedio es de $ 300 por mes. Y para los beneficiarios de pensiones no contributivas se reduce a $ 200 mensuales.

Son montos más que exiguos para reponer lo perdido por la inflación de septiembre en adelante, en especial en alimentos que en mayor proporción consumen los jubilados y pensionados de haberes bajos. Y con este bajo ingreso, y en un año con proyecciones de mayor inflación, el jubilado deberá esperar hasta septiembre para percibir el próximo aumento.

La suba de los haberes surge de la ley de “movilidad jubilatoria” que se viene aplicando desde 2009 y que se efectiviza dos veces por año. Se calcula en base a una formula que toma cuenta, por semestre, la evolución de los salarios, los ingresos fiscales totales y la variación en la cantidad de beneficiarios del sistema previsional.

En septiembre pasado, en base a la evolución de esas variables entre enero y junio, el aumento fue del 14,41%. Ahora, según los indices de julio a diciembre, el incremento es del 11,31% que se cobrará en marzo. Así el acumulado anual de 2013 es del 27,3%.

Este incremento es inferior a la inflación que rondó entre el 28 y 32%, según las mediciones alternativas. Aún así, mayor es la diferencia en la segunda mitad de 2013 porque el 11,31% no repone la inflación de julio a diciembre del año pasado que rondó el 15%. Y menos si se agrega la suba de los precios de enero, febrero y parte de marzo, antes que se efectivice el pago de los nuevos montos jubilatorios.

Se estima que en enero la inflación fue de más del 4% % y en febrero podría ser de un porcentaje superior. Solo en estos dos meses el poder de compra de la mejora del 11,31% podría quedar más que anulada.

Se proyecta que entre octubre pasado y marzo de este año la inflación podría rondar entre el 23 y 25%, más del doble del aumento anunciado.

Esto pasa porque la aceleración de la inflación, que se procesa mes a mes, altera la efectividad de la movilidad jubilatoria que se calcula por semestre y se cobra con un desfase de otros casi tres meses.

En noviembre pasado, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos calculó que la canasta del jubilado costaba 4.885 pesos por mes.

Ahora, esa misma canasta en marzo podría superar los $ 5.500, el doble del nuevo haber mínimo.

En el caso de un matrimonio, ambos jubilados, el costo de la canasta rondaría los 6.800 pesos mensuales. Así incluso dos jubilaciones mínimas -de ambos cónyuges- no cubriría el costo de esa canasta.

Las jubilaciones aumentarán 11,31% en marzo y el haber mínimo será de $2757

El ajuste será de $280 pesos para la categoría más baja; la recomposición es 3,1 puntos inferior a la entregada en septiembre pasado

Por: Diario La Nación

La presidenta Cristina Kirchner anunció que a partir de marzo las jubilaciones aumentarán 11,31%, de acuerdo al esquema de la ley de movilidad jubilatoria. De este modo, el haber mínimo pasará a $2757, unos 280 pesos más respecto al último ajuste de septiembre pasado.

La medida beneficiará a 7.360.957 adultos mayores. De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la jubilación media se ubicará en $4808.

El incremento anunciado hoy es 3,1 puntos inferior al otorgado en septiembre pasado, cuando había sido de 14,31%. En marzo del 2013 la suba fue del 15,18%.

La fórmula de movilidad jubilatoria está vinculada al nivel de recaudación tributaria de la AFIP y al crecimiento económico del país.

Jubilados: negó la Corte un amparo contra el pago de Ganancias

Los jueces avalaron los descuentos, pero resta analizar si existe

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

La Corte Suprema de Justicia les negó un recurso de amparo a jubilados que presentaron una demanda contra el descuento del Impuesto a las Ganancias a sus haberes mensuales.

Lo hizo al revocar una sentencia de segunda instancia que sí habilitaba ese recurso, y que además, había declarado la inconstitucional del artículo de la ley que dispone que los haberes previsionales quedan afectados, al igual que los salarios de los trabajadores activos, por la carga fiscal.

Sin embargo, el breve texto del fallo de los jueces supremos también indica que comparte todos los fundamentos del dictamen de la Procuración General, que en uno de sus párrafos señala que no se abre juicio “sobre la legitimidad de la pretensión” de los jubilados demandantes, “la cual podrá ser discutida y atendida”.

La sentencia fue dictada en diciembre pasado en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ AFIP” y fue difundida ayer por el portal especializado Diario Judicial. Los magistrados avalaron la opinión de la Procuración, dictada en octubre de 2011.

En ese texto se considera que una evaluación del sistema tributario del país no es una materia que le corresponda al Poder Judicial, aunque se admite que el fondo de la cuestión del juicio bajo análisis puede ser discutida con posterioridad. Y advierte que, en el caso en particular, no se presentaron números concretos para evaluar si el gravamen resulta confiscatorio para los jubilados.

Al revocar la decisión de la Cámara Federal de Corrientes, los jueces Carlos Fayt, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay etendieron que no es viable la suspensión del cobro del tributo, al menos en la causa analizada.

“El análisis de un nuevo caso no podría tomar a éste como antecedente porque, según el dictamen, aquí no se presentó la documentación para probar cuáles fueron los daños”, interpretó el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.

“Ellos [por los demandantes] dirigieron sus embates contra las retenciones mensualmente realizadas sobre sus cobros, sin haber indicado cuál es el monto del impuesto que en definitiva y anualmente deben abonar, ni el total de sus emolumentos, sin mencionar la posible existencia de otras rentas o ingresos”, señala el escrito de la procuradora. Y agrega que, sin esa información, no es posible “ingresar en el estudio de los efectos confiscatorios denunciados”.

Según Tróccoli, es justamente la existencia o no de una confiscación -lo que depende de cuál es el porcentaje que representa el impuesto sobre los haberes mensuales-, algo que será una cuestión de análisis en el tratamiento judicial de este tema, que el abogado considera que está todavía abierto.

Alcance del impuesto

Los jubilados están alcanzados por el Impuesto a las Ganancia s bajo el mismo régimen que los asalariados. Están obligados a tributar, por lo tanto, a partir de los mismos ingresos que los empleados activos.

Y quedaron también, en 2013, bajo la disposición del Poder Ejecutivo que deja al margen del tributo a quienes entre enero y agosto de ese año no cobraron más de $ 15.000 mensuales dentro del mencionado período.

Más allá de esa última disposición, los haberes de los pasivos se vieron en los últimos años afectados por la falta de actualización adecuada, en un contexto inflacionario, del esquema que prevé quiénes y cuánto deben tributar. En el caso de quienes cobran el haber máximo del sistema previsional nacional, que hoy es de $ 18.146, el peso de la carga tributaria (porcentaje sobre el haber mensual) llegó a triplicarse entre 2010 y 2012.

Uno de los argumentos para que se aplique el impuesto a partir de determinados montos es que durante la vida activa los aportes que se realizan con destino a la financiación del régimen jubilatorio son descontados de la base imponible, es decir, del monto de ingresos alcanzado por Ganancias.

Cobrarán en divisas los beneficiarios de pensiones extranjeras

Por: Adrian Ventura

Para: Diario La Nación

La Corte Suprema, en un caso piloto, ratificó el derecho de una pensionada italiana a seguir cobrando su haber en la Argentina en euros, prestación que quedará así exceptuada del cepo cambiario.

El amparo había sido iniciado por Josefina Castellano, una mujer que ahora tiene 73 años y que venía cobrando una pensión por el fallecimiento de su marido (un veterano de guerra) hasta que el banco se la comenzó a pagar en pesos y el cálculo se había hecho al tipo de cambio oficial. La mujer pretendía cobrar en divisas.

En agosto pasado, la Cámara Federal de La Plata decidió que la pensión que recibe Castellano es de carácter alimentario y se paga con dinero del erario de un Estado extranjero, por lo cual no debe estar alcanzada por el cepo. El Banco Central, disconforme con la medida, presentó un recurso extraordinario, pero la Corte Suprema lo rechazó.

Por eso, este fallo es una clara señal de esperanza para miles de jubilados. Durante este año, varios jueces y tribunales habían dictado fallos favorables al pago en moneda extranjera, pero el caso Castellano es el primero que llegó a la Corte y, ahora, quedó resuelto en favor de la pensionada.

Desde el punto de vista técnico, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti resolvió que el recurso que presentó el BCRA “es inadmisible”, pero al resolverlo así dejó firme el fallo de la Cámara.

El año pasado, las personas que cobran prestaciones previsionales originadas en otros países (unas 40.000, según datos oficiales) quedaron afectadas por los efectos del cepo cambiario.

En rigor, los jubilados y pensionados de Italia, España y otros Estados cobran haberes que, en la mayoría de los casos, oscilan entre 300 y 500 euros al mes. Ese dinero, cuando llegaba a la Argentina, ya pasaba antes por el mercado de cambios y se transformaba en pesos. Sin embargo, lo usual era que al momento de cobrar los beneficiarios optaran por hacerlo en la moneda de origen de la prestación. Con el cepo, al quedar anulada la posibilidad de comprar divisas con fines de ahorro, los bancos se vieron obligados a abonar sólo en pesos y al tipo de cambio oficial.

Castellano planteó que las comunicaciones 5318 y 5330 del BCRA son inconstitucionales y pidió que la Cámara dictara una medida cautelar contra su aplicación. La jubilada también afirmó que usaba el dinero que recibía del gobierno de Italia para viajar a Europa a visitar a su hijo, que vive allí, y ayudarlo económicamente.

El fallo de la Cámara Federal de La Plata, cuando le dio la razón a Castellano, desarrolló argumentos muy claros.

El tribunal afirmó que “no parece razonable que, con invocación de aquella legislación que establece restricciones cambiarias, se prive a una pensionada de percibir regularmente su beneficio en la moneda de origen que deposita un Estado extranjero”.

Para ese tribunal, había que tener en cuenta el “carácter alimentario” del beneficio que percibe la amparista -sin importar que se trate de una pensión militar o de otra prestación, aclaró el fallo-, la “edad” y la “cuantía de la pensión”.

Además, el tribunal de segunda instancia había advertido que la Argentina, en noviembre de 1981, suscribió con Italia un Convenio de Seguridad Social y un protocolo anexo, que fueron aprobados por la ley 22.861, de 1983, donde se estableció que “los trabajadores que tengan derechos a prestaciones de seguridad social por parte de uno de los dos Estados contratantes” recibirán ese monto “íntegramente y sin ninguna limitación o restricción, cualquiera sea el lugar de residencia”.

Jubilaciones, un futuro imperfecto: el debate pendiente

A casi cinco años de la eliminación de las AFJP, el sistema de reparto premia a los que no hicieron aportes y plantea desafíos en su diseño, financiamiento y sustentabilidad

Por Silvia Stang

Para Diario La Nación

El ensordecedor ruido de los bombos, mezclado con gritos y cantos eufóricos, saturaba el aire en el estacionamiento sin techo del edificio central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Corría octubre de 2008 y para anunciar su proyecto de reforma previsional , el Gobierno había optado por un escenario improvisado en ese rincón del centro porteño, y por un discurso confrontativo, que anticipaba pocos ánimos para el debate. El objetivo -rápidamente logrado y hasta aquel día ignorado por varios funcionarios con responsabilidades en el área- era eliminar la opción que desde 1994 tenían los trabajadores, de hacer sus aportes a un sistema de cuentas de capitalización gestionado por las AFJP, en lugar de ingresarlos al régimen de reparto.

El entonces director ejecutivo del organismo previsional, Amado Boudou, festejó que comenzara a concretarse esa idea que le había llevado a la presidenta Cristina Kirchner. Lejos parecía haber quedado el documento de trabajo publicado por la Anses tan sólo cuatro meses antes, en el que el actual vicepresidente sostenía que para muchos trabajadores era beneficioso aportar a una AFJP.

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) nació finalmente, con ley aprobada y promulgada, poco más de un mes después. A casi cinco años y mientras desde el Gobierno se exponen logros obtenidos, como la mayor tasa de personas mayores con ingresos mensuales y la vigencia de un índice de movilidad (enraizado en la inflación, a la que logró superar en algunos años), economistas y expertos en la materia hacen sus advertencias. Sobre todo, frente a un sistema que pierde cada vez más su carácter contributivo y que sumó cambios sin debates previos .

La sustentabilidad del régimen a largo plazo; la alta cantidad de juicios en contra de la Anses; la forma en que se financia el pago de haberes; la administración del fondo de garantía, integrado básicamente por los recursos que habían acumulado los afiliados a las AFJP; la informalidad laboral; una moratoria temporal y con inequidades, y la falta de respuestas para quienes habían hecho aportes voluntarios en el régimen de capitalización son algunos de los temas para un debate de fondo que sigue pendiente.

El sistema de la Anses tiene 5,9 millones de jubilados y pensionados, a los que se suman 1,4 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas. Dentro del primer grupo, 45% de las prestaciones (casi 2,7 millones) fueron otorgadas por una moratoria que benefició a quienes habían hecho pocos o ningún aporte. El plan no tuvo cálculos previos del costo para las cuentas públicas y, si bien permitió elevar el porcentaje de personas mayores con ingresos, no discriminó por situación social ni previó una continuidad en el tiempo, por lo que la tasa de cobertura volverá a caer. Hoy, la moratoria provoca desigualdades , ya que la posibilidad de acceso y el costo implicado dependen de algo discrecional: la fecha de nacimiento de las personas. Esto se debe a la limitación del período por el que se puede declarar deuda y pagarla con cuotas baratas y por descuento de haberes.

“La amplitud de la cobertura no debería depender de ocasionales y caprichosas moratorias, sino de una política que asegure una asignación universal para la tercera edad”, señala Luciana Díaz Frers, directora del programa de Políticas Fiscales del Cippec, que destaca, de todas formas, como hecho valioso que hoy 96% de la población mayor tenga ingresos. A ese índice se llega sumando los pasivos con prestaciones de la Anses y de otros sistemas en vigor, en el país.

Como contraparte de los 7,3 millones de beneficiarios, hay 8,1 millones de personas que contribuyen al financiamiento, por ser trabajadores activos y en blanco. Esa relación de 1,3 aportantes por cada beneficiario enciende una luz de alerta, en un sistema que insume alrededor de un tercio del gasto público de la Nación. Según cálculos de la consultora Idesa, si se considera sólo a quienes se jubilaron con aportes completos, la relación se establece en 2,75.

No es un dato menor que 1,3 millones de contribuyentes sean monotributistas, que tendrán derecho al haber mínimo, hoy de $ 2477, desde un esquema que muestra una inequidad: quienes están en ese régimen aportan al SIPA $ 157 mensuales, mientras que un empleado con el salario mínimo contribuye con más de cinco veces esa cifra (entre el aporte propio y el del empleador) para obtener finalmente el mismo beneficio.

La relación entre aportantes y beneficiarios está ligada al nivel de informalidad, que en la Argentina afecta a prácticamente la mitad de los ocupados, sumados los asalariados y los cuentapropistas. “Que de 17 millones de trabajadores sólo aporte la mitad es una bomba de tiempo”, afirma el diputado Claudio Lozano, que desde la oposición votó a favor del fin de las AFJP y que cuestionó en los últimos años el uso de los recursos estatizados, denuncias judiciales mediante contra Boudou, quien apenas traspasado el fondo a la Anses, lo manejó sin dar informes ni datos por más de un año y medio. Ahora se publica información con frecuencia trimestral y, según fuentes de la Anses, su director ejecutivo, Diego Bossio, fue 17 veces al Congreso, a la comisión bicameral que debe ejercer controles. Sin embargo, Lozano lamenta que los datos lleguen ex post y con retraso, cuando debería existir -sostiene- un consejo integrado por el Estado, los trabajadores y los empresarios, que se involucre en la gestión y control del fondo.

Para Lozano, dado que el mercado laboral dificulta hoy sumar los 30 años de aportes, habría que pensar en un esquema de prestaciones de tres escalones: una prestación básica y universal; otra que se otorgue con la lógica de sistema de reparto y con pagos proporcionales según la cantidad de aportes hechos, y una tercera, que permita adicionar contribuciones voluntarias de quienes tengan capacidad de hacerlas para mejorar su ingreso futuro. “Este sistema es inviable en el largo plazo”, sostiene el economista, que considera que la reforma quedó inconclusa y que deberían restituirse a su valor original las contribuciones patronales, rebajadas en los 90 y, para algunos casos, también por el actual Gobierno.

Financiamiento mixto

Hoy por hoy, 56 de cada 100 pesos usados en los pagos provienen de aportes personales y contribuciones patronales. Los otros 44 se detraen de los impuestos generales, en función de porcentajes ya establecidos y en un esquema no libre de conflictos. Con las reformas de la década del 90, las provincias cedieron 15% de los fondos coparticipables en favor de la Anses. En los últimos años, surgieron los pedidos de restitución de esos recursos. Además hay otra discusión porque varias provincias no gobernadas por el kirchnerismo, como Córdoba y Santa Fe, afirman que la Nación les debe una compensación por los déficits de las cajas previsionales provinciales que en los noventa no fueron transferidas a la Nación.

Un cálculo realizado por el Ieral de Fundación Mediterránea proyecta para este año un superávit en las cuentas de la Anses equivalente a 1,12% del PBI. Datos aportados por el organismo indican que entre 2009 y 2012 se acumularon excedentes (netos de las rentas del fondo de garantía) por $ 22.417 millones. El resultado positivo muestra el saldo entre lo que ingresa y lo que se paga, sin considerar lo que significaría liquidar los haberes, en forma generalizada, según los criterios dispuestos por la Corte Suprema en sus fallos sobre reajustes. Hacer tal cosa, y según la Anses, significaría quedar por debajo de la línea de equilibrio. Entonces, el resultado actual está en gran medida explicado por la falta de ajuste por inflación que sufrieron muchos jubilados entre 2002 y 2006. La política de subas discriminatorias que hubo en esos años es, además, la explicación para los 283.100 juicios que se tramitan por reajustes, según la estadística de la Anses. Al margen de esas consideraciones y según el Ieral, si los pagos actuales dependieran sólo de los aportes de trabajadores y empresas, el déficit sería de 3,6% del PBI.

Esos datos dan cuenta de que el financiamiento mixto del sistema (ingresos genuinos e impuestos) es un hecho inevitable. Y el contexto -peleas entre gobiernos- indica que toda eventual discusión por sumar recursos tendría su grado de conflictividad. Llegado el momento de tener que ajustar las tuercas del sistema, ¿qué camino se tomará? “Si se saca más plata de la coparticipación, va a haber más problemas -anticipa Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL-. Los sistemas en el mundo tienden a que la previsión social tenga algo de impuestos generales en sus fuentes de financiamiento, pero las últimas reformas van en el sentido de hacerlos más solventes a través de sus ingresos genuinos.” Para el economista, hoy la Argentina tiene un sistema “que usa la caja y no prevé cuestiones en el tiempo, por lo que deja problemas hacia adelante”.

De acuerdo con datos publicados por la Anses en 2010, cuando rechazó el proyecto de ley para equiparar la jubilación básica a 82% del salario mínimo (norma aprobada y vetada), en la década pasada 10% de la población tenía más de 65 años. Esa proporción crece y llegaría a 19% entre 2045 y 2050, cuando los actuales aportantes estén en su etapa pasiva.

Si bien no se conocen proyecciones de mediano y largo plazo sobre los resultados del sistema, fuentes del Gobierno afirman que, según un estudio hecho tras la última reforma, los problemas aparecerían en el período de 2025 a 2030. “Las cuentas deben revisarse año tras año e internacionalmente se plantean mecanismos para hacerlo”, explica un conocedor del tema, que estuvo en la función pública.

La aparición de problemas en el esquema de financiamiento debería hacer entrar en acción al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al que fueron los ahorros acumulados en las AFJP (ver aparte). La ley prevé que los recursos sean usados para pagar jubilaciones ante un desequilibrio temporario. Así, mientras que la sustentabilidad depende de los requisitos para acceder a las prestaciones, de la fórmula de cálculo de haberes y de las fuentes de financiamiento, al fondo se le reserva el rol de ser auxilio pasajero. Si bien hoy eso no sería apremiante, sí lo es la necesidad de exponer a un debate integral cuestiones que involucran a la sociedad entera.

  • $ 190
    Palabra de jueces
    En miles, es el monto promedio de los pagos por retroactividades que se derivan de los fallos judiciales.
  • 62,8%
    Títulos públicos

    Es la participación de esos activos en el fondo de garantía; otro 13% está en proyectos productivos, que incluyen obra pública.

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De la jubilación al júbilo

Por Nicolás Litvinoff

Para Diario La Nación

Uno de los motivos que más preocupa a los Estados de los diferentes países del mundo (potencias o subdesarrollados) es la crisis de los aportes previsionales, en donde casualmente la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia tienen puestas sus esperanzas de retiro.

El objetivo de esta columna es concientizar al lector sobre la necesidad que el ahorro propio y la autogestión del mismo debe tener en su vida a partir de este preciso instante si no quiere que todos sus sueños de tranquilidad a la hora del retiro se transformen en una pesadilla financiera.

Existen fallas intrínsecas que “la idea del retiro” trae aparejada desde su concepción, al afirmar que la norma de la jubilación como zanahoria falla en cualquiera de los escenarios posibles: es muy probable que a la hora de jubilarse el pago de nuestra jubilación dependa de cómo estén las finanzas globales en ese momento (con una crisis cada 5 años, como venimos teniendo, los pronósticos no son muy alentadores) o, en el caso de haber logrado reunir cierto capital para darnos los gustos que siempre quisimos, es probable que nos encontremos con que no tenemos la energía para hacer esas cosas que soñábamos en nuestra juventud o adultez y que postergamos a causa del sacrifico.

Pero para entender lo que está pasando no solo en nuestro país sino a nivel mundial, primero debemos hacer un poco de historia.

El nacimiento de la jubilación

El Imperio Romano dominó gran parte del mundo entre los años 27 antes de Cristo y 476 después de Cristo, y para muchos historiadores, parte de su éxito militar se debió indirectamente a la creación del primer tipo de jubilación que se tenga registro.

Los soldados romanos se organizaban en legiones, que eran estructuras militares disciplinadas y sumamente efectivas. Estas legiones estaban compuestas por ciudadanos que se alistaban voluntariamente a la edad de 25 años y que debían permanecer en actividad durante 20 años. En épocas de guerra, en cambio, esta afiliación era obligatoria.

Cuando estos soldados llegaban a los 45 años se jubilaban y recibían una pequeña porción de tierra y un modesto capital. Incluso en algunas ocasiones se llegaron a fundar ciudades para asentar a los veteranos jubilados: Emérita Augusta (fundada por Octavio Augusto al licenciar a las legiones V y X) e Itálica (fundada por Escipión para los soldados heridos en la batalla de Ilipa).

Mucho más adelante en el tiempo, en el año 1884, el canciller prusiano Otto Von Bismarck creó el primer sistema estatal de seguridad social, al establecer seguros de ancianidad e invalidez con el fin de contrarrestar el creciente desarrollo del socialismo.

En 1911, Gran Bretaña implementó seguros por enfermedad, invalidez y desempleo. Al ver los beneficios que este sistema traía aparejado al responder demandas sociales y formar al mismo tiempo una base de consumo más estable, los demás países del mundo (incluidos los de la periferia) se fueron sumando.

En poco tiempo el régimen jubilatorio se expandió apoyando de alguna manera la revolución industrial y fomentando la cultura del trabajo entre los habitantes.

Las jubilaciones en el ojo de la tormenta: fallas estructurales

Al crecer las jubilaciones y los fondos de pensión (encargados de administrar el dinero de los aportantes), se creó una interesante paradoja: los trabajadores terminaron financiando a las empresas y gobiernos al colocar indirectamente sus ahorros en las bolsas mundiales.

¿Cómo es esto? Muy simple: los fondos de pensión, como cualquier otro fondo de inversión, colocan la mayoría del dinero que reciben de sus afiliados en activos que cotizan en las Bolsas, como acciones, títulos de deuda privados y de gobierno.

Las Bolsas presentan volatilidades (estos es, variaciones muy bruscas de precios) cada vez más frecuentes, e incluso fuertes caídas como en los años 2001 y 2008.

Un crash financiero podría privar a los jubilados en poco tiempo de lo aportado durante toda su vida, al evaporarse el valor de los activos. Pero no es el riesgo bursátil el único que el sistema previsional debe afrontar: desde los años 70, el desempleo estructural y el envejecimiento de la población redujeron los aportes de los trabajadores aumentando al mismo tiempo los gastos por seguro de desempleo, especialmente en Europa. Esto hizo que a partir de entonces, los sistemas jubilatorios y de seguridad social sufran un desfinanciamiento que debe ser cubierto por aportes estatales, aumentando el déficit fiscal de los países.

Idas y vuelas: el caso argentino

La jubilación en la Argentina comenzó a implementarse en los 40, y en sus comienzos colocó al país en un lugar de privilegio en materia de prestaciones sociales. Pero ese prestigio se fue “desinflando” con el correr de las décadas: los gobiernos “echaron mano” en reiteradas oportunidades a esos fondos y, como si fuese poco, la inflación (y la híper de 1989) minó las remuneraciones reales de los jubilados y pensionados.

Más adelante, en los años 90, el gobierno de Carlos Menem aprovechó ese desprestigio para privatizar el sistema mediante las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Pero cuando el nuevo sistema entró en vigencia, en 1994, el desempleo ya era del 12% y, lejos de bajar, siguió subiendo.

El nuevo mecanismo no funcionó en ningún momento: elevadas comisiones por parte de las administradoras privadas y un contexto adverso hicieron que se genere un sistema perverso en el que el Estado, que antes percibía dinero de los aportantes de manera directa y sin costo alguno, haya tenido que tomarlo indirectamente emitiendo bonos y colocándolos compulsivamente a las AFJP. Así fue como en el año 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa “empapeló” a los fondos de pensión privados con bonos de baja rentabilidad y cobrabilidad dudosa para cubrir un déficit desbocado.

En octubre de 2008, Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó de sorpresa el sistema privado de pensiones en una medida que aún hoy genera controversia.

Conclusión

Hago mis aportes como cualquier hijo de vecino, pero no tengo las esperanzas puestas en recibir una compensación que me permita vivir dignamente el día de mañana.

Este accionar está en línea con mi pensamiento de no poner en manos de otros el destino de mi dinero, y hacerme responsable de mi presente y futuro en lo referente a las finanzas personales.

Confiar en la jubilación estatal es una comodidad que se puede pagar muy cara.

Para evitar esto, existen dos caminos: el ahorro propio y la responsabilidad a la hora de invertir ese excedente. Es importante a su vez buscar trabajar de lo que a uno le guste con el fin de no retirarse (o jubilarse) nunca o hacerlo a una edad muy avanzada.

Estos son los ingredientes de la alquimia capaz de transformar la preocupación de una jubilación incierta en el júbilo de una vida plena y responsable.

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