Jubilaciones y Pensiones en Argentina
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En dos meses hubo más de 10.000 sentencias de reajustes para jubilados
La cifra se duplicó en dos años y refleja la magnitud de la litigiosidad contra la Anses; de todos modos, las apelaciones del organismo impiden que se acelere la resolución de los casos
Por: Silvia Stang
Para: Diario La Nación
En sólo los dos primeros meses del año con actividad judicial, febrero y marzo, se dictaron más de 10.000 sentencias -exactamente 10.348- de reajustes de haberes previsionales, más del doble que las que en el mismo bimestre se habían firmado dos años atrás. El dato, que refleja la magnitud de la lucha de los jubilados por sus derechos, se refiere a fallos de primera instancia, que en su gran mayoría son luego apelados principalmente por la parte demandada, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Las estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde se tramitan los reclamos de los jubilados, muestran que, si bien se registró una leve caída en la cantidad de nuevas demandas iniciadas este año, el número sigue siendo muy elevado: en febrero y marzo ingresaron 16.961 reclamos, una cifra inferior a las del mismo período de los cuatro años anteriores, pero que se ubica todavía muy por arriba respecto de las de períodos previos: entre 2003 y 2005 hubo entre 5000 y algo más de 6000 nuevos juicios, mientras que entre 2006 y 2008 fueron, en cada año y siempre en igual período bimestral, algo más de 10.000.
Fue a fines de 2006 cuando la Corte Suprema emitió su primer fallo en la causa Badaro, ordenando a los poderes Ejecutivo y Legislativo disponer un mecanismo de ajustes automáticos y periódicos para que los haberes mensuales dejaran de perder poder adquisitivo frente a la suba de precios. Sin ninguna respuesta desde el poder político, en agosto de 2007 y en el análisis de la misma causa, los jueces supremos determinaron que al jubilado demandante, a quien no le habían ajustado su ingreso por cobrar un monto superior al haber mínimo, se le debía otorgar una suba por el período de 2002 a 2006 equivalente a la evolución que había tenido un índice de salarios.
La ley de movilidad jubilatoria actual fue puesta en vigor en 2009. Si bien ese sistema permitió incrementos que compensaron desde entonces la inflación -más allá de lo bajo que pueda considerarse el nivel de ingresos-, lo cierto es que no se corrigieron los efectos que había dejado, en muchos casos, la falta de ajustes en los años previos. Eso hizo crecer la litigiosidad, que también tuvo entre sus causas la falta de una adecuada actualización de los salarios históricos usados en la fórmula de cálculo de los haberes iniciales.
El hecho de que muchas de las demandas judiciales sean para pedir la aplicación del fallo Badaro explica en parte la mayor celeridad con la que salen fallos de los juzgados de primera instancia referidos a reajustes. En 2008, entre febrero y marzo, se habían dictado 1689 sentencias; dos años después, se emitieron 3397, mientras que en 2011 fueron 4540, y en 2012, 9788. La cifra de este año muestra así un aumento de 5,8% respecto del año pasado y de 128% en comparación con 2011. Además, creció la participación que tienen las causas de reajustes de haberes, que en ese año representaban el 80% del total, y este año, el 86% (en total, los juzgados se expidieron sobre 12.047 expedientes, según la estadística del Poder Judicial).
Pero ese hecho no implica que los trámites aceleren sus tiempos de resolución, ya que luego llegan, generalmente, a la instancia de apelación: según fuentes judiciales, hay 25.000 expedientes para ser sorteados entre las tres salas que integran la cámara. En los dos últimos meses se les derivaron 8441 juicios, mientras que se acumulan unos 70.000 en trámite.
En una de las salas, la II, comienzan recién ahora a destrabarse los expedientes que habían quedado paralizados desde julio de 2011. En ese entonces, la Anses comenzó su estrategia de recusar en forma constante al juez Luis Herrero para que no pudiera firmar fallos; casi en forma inmediata, un tribunal de jueces de la propia cámara rechazó ese accionar del Gobierno, pero el organismo previsional recurrió a la Corte Suprema para sostener su postura. Mientras tanto, las causas que llegaban a esa sala se fueron acumulando sin que avanzaran los trámites.
Finalmente, en noviembre pasado la Corte Suprema rechazó lo pretendido por la Anses y habilitó a Herrero para seguir cumpliendo con su función de juzgar. Habían quedado congelados, hasta entonces, más de 10.000 expedientes que, una vez que ahora se den todos los pasos que implica regularizar la situación tras el rechazo a las recusaciones, deberán ser analizados para su resolución.
La Corte Suprema rechazó una demanda contra la estatización de las AFJP
Un ciudadano presentó una denuncia por “violación al derecho de propiedad”; el Máximo tribunal ratificó el proceso
La Corte Suprema de Justicia ratificó la validez del proceso de estatización de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) instrumentado a fines de 2008, al rechazar un planteo de inconstitucionalidad promovido por un ex beneficiario del régimen privado.
Fuentes judiciales señalaron que la Corte coincidió con la procuradora fiscal, Marta Beiró de Goncalves, quien opinó que la eliminación del régimen privado no le generó daños concretos a los beneficiarios del sistema.
La demanda la había promovido Pablo Ariel Rossi, un afiliado a la AFJP Arauca Bit, quien reclamó que se declare la “inconstitucionalidad” de la ley 26.425, la norma por la que se estableció el traspaso de los fondos al sistema estatal.
El demandante había justificado su derecho en lo que calificó como “una grosera y evidente violación al derecho de propiedad” garantizado por la Constitución Nacional.
Previo a la sentencia de la Corte, la demanda de Rossi había sido rechazada tanto en primera como en segunda instancia de la justicia nacional de seguridad social.
“Esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos términos se dan por reproducidos”, sostiene el fallo del máximo tribunal.
El dictamen de Beiró fue firmado el 27 de diciembre de 2011, en tanto que el fallo de la Corte fue adoptado ayer, con la firma de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y de los ministros Elena Highton, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda.
“El recurrente no demuestra que el cambio de régimen le haya producido un daño concreto, toda vez que la posibilidad de retiro al cumplir con la edad requerida, sin la cantidad de años de aportes exigidos por el actual sistema de reparto que menciona, no dista de ser una mera posibilidad”, había sostenido la Procuradora fiscal.
A lo que agregó que “en materia de beneficios previsionales el derecho adquirido lo es a que se respete la situación del jubilado o retirado, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentación o a la inmovilidad legislativa”.
Fuente: Diario La Nación
Aumenta el aporte jubilatorio de autónomos
Igual que los haberes, este mes los montos suben 15,18%
os trabajadores autónomos tendrán desde este mes un incremento en su aporte previsional de 15,18%, en comparación con los montos abonados hasta febrero. La suba, que ya estaba prevista por la vigencia de la ley de movilidad jubilatoria, fue formalizada ayer mediante la resolución 3453 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicada en el Boletín Oficial. Así, las obligaciones que vencen entre los días 3 y 9 de abril -según el número de terminación del CUIT- deberán abonarse con los nuevos montos.
Según lo dispuesto, en la categoría I -que incluye a quienes facturan hasta $ 20.000 al año en el caso de prestaciones de servicios o hasta un máximo de $ 25.000 si se dedican a la actividad comercial-, el aporte mensual destinado al sistema jubilatorio pasa de $ 348,68 a 401,62. En la categoría II, que considera a quienes facturan más que esas cifras, el pago sube de $ 488,17 a 562,26.
Por su parte, para las categorías III, IV y V, en las que deben inscribirse personas que ocupan puestos de dirección o administración, los aportes pasan a ser de $ 803,24 mensuales (ingresos menores o iguales a $ 15.000 anuales); $ 1285,19 (facturación de entre $ 15.000 y 30.000) y $ 1767,13 (ingreso anual superior a $ 30.000).
Asalariados
Para los asalariados, en tanto, rige desde este mes un nuevo tope para el cálculo de los aportes previsionales y para el sistema de salud. El máximo, a partir de los sueldos devengados este mes, es de $ 24.473,92: quienes tengan un salario bruto mensual igual o mayor que esa cifra tendrán un descuento del 17% (entre el correspondiente al sistema jubilatorio, el de la obra social y el del PAMI) calculado sobre ese monto, es decir, de $ 4160,50. Hasta el mes pasado, ese tope era de $ 21.248,45, por lo cual, todos los empleados bajo relación de dependencia que tengan un ingreso bruto de esa cuantía o más tendrán un incremento en sus aportes.
Esas medidas financian parte del incremento de los haberes jubilatorios, de 15,18% que está vigente desde este mes, por la ley de movilidad. La mejora -que surge de la evolución de los salarios y de la recaudación con destino al sistema jubilatorio- llevó el haber mínimo a $ 2165 mensuales, y en todos los niveles de ingresos se otorgó igual porcentaje de aumento.
Por su parte, la mensualidad máxima que puede percibir un jubilado se llevó a $ 15.861,24, siempre considerando el sistema nacional que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Fuente: Diario La Nación
El Estado apela y se agrava el colapso del fuero previsional
JUICIOS DE LOS JUBILADOS. Ingresaron 25.000 expedientes más a la Cámara Federal porque la ANSeS desconoce los fallos de primera instancia que favorecen a los jubilados. Se sumaron a otras 30.000 apelaciones anteriores.
Por: Ismael Bermúdez
Para: Diario Clarín
La Cámara de la Seguridad Social comenzó la semana pasada a sortear entre sus tres salas unos 25.000 expedientes que corresponden a apelaciones a fallos de primera instancia que favorecieron a demandas presentadas por jubilados. La inmensa mayoría de esas apelaciones fueron hechas por la ANSeS, el organismo que administra el sistema previsional y paga las jubilaciones.
Las carpetas llegaron a la Cámara a fines de 2012, en camiones del Ejército que las trasladaron desde los juzgados de primera instancia, en Callao y Marcelo T. de Alvear, hasta la sede de la Cámara en Lavalle 1268. Esto contribuyó agravar la situación de colapso en que se encuentra este fuero.
Sucede que esos 25.000 expedientes se agregan a otros 30.000 de apelaciones anteriores que aún no fueron resueltas por las respectivas salas. A esto se agrega que en febrero hubo otras 4.886 apelaciones. La acumulación no cesa pese a que desde 2008 -por resolución de la Secretaría de Seguridad Social- la ANSeS quedó autorizada a no apelar los fallos a favor de los jubilados que fuesen similares al caso Badaro y a desistir de las apelaciones ante la Corte Suprema por las demandas de docentes.
En tanto, la cantidad de juicios de jubilados y pensionados contra el Estado no para de crecer.
En febrero ingresaron 8.492 nuevas demandas, mientras los jueces de primera instancia dictaron 5.019 sentencias y la ANSeS pagó unos 2.000 casos.
Así las cosas, nuevamente el edificio de la Cámara está colapsado. Las oficinas y pasillos están abarrotados de carpetas y lo más importante es que todo esto determina más demoras en la resolución de las demandas de los jubilados Esto pasa por el incumplimiento de la ANSeS a la legislación previsional y de los fallos de la Corte Suprema que cuestionaron el semicongelamiento de los haberes previsionales que hubo entre 2002 y 2006 (caso Badaro). La Corte reconoció por esos años un ajuste del 88,3% cuando los aumentos de haberes fueron del 10 y 21%.
La Corte también impugnó el mal ajuste de los sueldos que se toman como base para determinar el haber inicial del jubilado (caso Eliff). Y reconoció a los docentes el 82% (caso Gemelli).
Por eso, en total, los Tribunales de la Capital Federal y del interior acumulan unas 550.000 demandas, sin incluir los recursos presentados por los retirados o pensionados de las Fuerzas Armadas, Policía o Fuerzas de Seguridad.
Todo esto lleva a que el Estado acumule una enorme deuda interna. Actualmente, las sentencias que la ANSeS paga rondan en promedio los $ 160.000 por jubilado (por la retroactividad) a lo que se agrega el reajuste del haber (más del 50%).
El Estudio Bein estimó el pasivo contingente de la ANSeS en 150.000 millones de pesos, mientras que la falta de actualización de los haberes según el fallo Badaro “eleva ese pasivo contingente a razón de $ 20.000 millones por año”, precisó la consultora.
Para evitar que cada jubilado tenga que hacer un juicio, en 2008 la Defensoría del Pueblo presentó una demanda para que la ANSeS extienda a todos los jubilados la doctrina de la Corte. Desde entonces, el tema está esperando una resolución del máximo tribunal de Justicia.
Ante las 55.000 apelaciones acumuladas en la Cámara hay 3 posturas: crear más juzgados y salas, que la ANSeS deje de apelar, o que se extienda a todos los jubilados los fallos de la Corte para que no tengan que hacer juicio. Las tres salidas no son antagónicas, pero la tercera (extender a todos los jubilados la doctrina de la Corte) ayudaría a sanear el sistema y sobre todo a que se “haga Justicia”.
La jubilación activa de dos corazones muy solidarios
Ana María y Rubén brindan asistencia, alimentos y apoyo a las familias de los detenidos alojados en la cárcel de Villa Devoto
Por: Teresa Zolezzi
Para: Diario La Nación
Hace más de 45 años que Ana María y Rubén Calabretta están casados. Se miran y entre ellos brota la admiración y el cariño de quienes llevan más de la mitad de sus vidas tomados de la mano. Durante mucho tiempo dirigieron juntos un colegio privado en el barrio de Villa Devoto; él como director de la escuela y ella como maestra de historia. Luego de jubilarse decidieron iniciar un proyecto social que cambió por completo su rutina y les hizo comprender que el amor, cuando se comparte, crece.
“Si pensamos en el otro, el mundo cambia. Yo siempre le digo a la gente: salí a dar una vuelta manzana, prestá atención y siempre vas a encontrar a alguien que necesita tu ayuda. El espíritu solidario crece cuando nos ponemos al servicio de los demás, porque es algo que todos tenemos dentro”, afirma Rubén.
“Vivimos a ocho cuadras de la cárcel de Devoto y siempre veíamos a las mujeres que hacían cola, horas y horas esperando para visitar a sus maridos o hijos, muchas veces muertas de calor al rayo del sol o tiritando de frío en pleno invierno”, cuenta Ana. Bastaba acercarse para sentir su tristeza, cansancio, soledad y la falta de un abrazo o una oreja amiga que las contenga. “Las mirábamos y pensábamos: alguien tiene que hacer algo”, agrega su marido. Así es como un día dejaron de repetir esta frase y se arremangaron para transformar esa realidad a pocos pasos de su hogar.
Vendieron el colegio donde habían trabajado tantos años y en 2006 compraron un galpón donde antes reparaban bicicletas ubicado en frente a la penitenciaría. Así dieron nacimiento a la Fundación Esperanza Viva, que brinda asistencia, alimentos y apoyo a las familias de los detenidos. Por allí pasan entre 30 y 100 personas por día.
“Llegan con mucho miedo y aquí encuentran afecto, contención. La palabra clave es compasión, que significa «padecer con»”, explica Ana, dejando al descubierto su apasionada vocación docente. Cada vez que visitan a sus familiares, estas mujeres tienen que enfrentar el maltrato y la frialdad de la cárcel: desde el tenebroso ruido de rejas que se cierran con fuerza detrás de ellas hasta la exhaustiva revisación para detectar que no ingresen con drogas o armas.
Por eso se vuelve indispensable la presencia de la fundación, que les abre sus puertas y les ofrece un sitio lleno de calidez. Apenas ponen un pie en el viejo galpón, la sonrisa de Rubén y el olor a facturas recién horneadas sale a su encuentro para recibirlas y conversar con ellas.
Además cuentan con voluntarios que las asesoran sobre planificación familiar o pediatras que las orientan en el cuidado de la salud de sus pequeños.
También pueden llevar a sus hijos, que se divierten jugando con los voluntarios o haciendo dibujos con lápices y pinturitas. Una de estas madres es Gabriela, que tiene nueve hijos a su cargo (tres con su marido, que hoy está en la cárcel, y seis son de la anterior pareja de él). Su instinto maternal y su gran corazón hicieron que ella los cuide y los proteja mientras él está privado de su libertad.
Para sostener a su familia, Gabriela lleva adelante un microemprendimiento de producción de pan. Se levanta todos los días a las cuatro de la mañana para ponerse a amasar y luego vender estos alimentos en el barrio de Merlo, en la provincia de Buenos Aires.
A veces sus hijos le dan una mano con la preparación de los ingredientes, pero la prioridad de Gabriela es que vayan a la escuela porque sabe que la educación es la clave de su futuro. Ella necesita una máquina sobadora (utilizada para el estirado de la masa) que le facilite el trabajo y, así, podrá continuar sosteniendo el hogar con sus chicos.
Quienes quieran colaborar con la Fundación Esperanza Viva o ayudar a Gabriela a conseguir la sobadora pueden contactarse al (011) 15 5593-0883 o por mail a rubencalabretta@yahoo.com.ar.
