Jubilaciones y Pensiones en Argentina

Blog elaborado por MSC Consultores

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Este es un espacio pensado para aquellos que han iniciado esa etapa distinta de la vida. Aquí encontrará información de interés, desde novedades (de legislación o de normas), artículos, notas y actividades recreativas o culturales que pueden realizar.


ANSeS, con los títulos justos para frenar al liqui hasta el ballotage

La pulseada por minimizar tanto como sea posible el frente cambiario no le resulta fácil ni gratuito al Gobierno. En las últimas tres ruedas el título Bonar X, uno de los más usados para comprar y vender dólares a través del “contado con liquidación” batió tres veces consecutivas el récord de volumen operado para este año como resultado de las ventas que hace la ANSeS para mantener a esa cotización paralela y en blanco a
$ 13,88. El ente previsional también vende Bonar 2024 con el mismo fin. Calculan que ya sacrificó casi u$s 500 millones en títulos de deuda y que a este ritmo llegaría a fines de noviembre sin uno sólo de ellos en su cartera.
El contado con liquidación es una operación cambiaria que se hace a través de bonos y acciones que tienen cotización tanto en dólares como en pesos. Comprando bonos o acciones con pesos y revendiéndolos a cambio de dólares fuera del país los inversores logran hacerse de divisas y fugarlas a un precio que ayer estaba entre $ 13,53 y $ 13,88. De la misma forma, inversores que quieren ingresar dólares al país pero quieren recibir más pesos por ellos hacen la operación inversa.
Las ventas que hizo la ANSeS ayer evitaron que el Bonar X subiera ayer más de 0,59% en el mercado local a
$ 1316. Mientras tanto, en el mercado exterior el precio quedó estable en u$s 97,25 por unidad. El tipo de cambio resultante de esas dos cotizaciones quedó así en
$ 13,53. El tipo de cambio implícito en la acción de Tenaris, mientras tanto, quedó en $ 13,85. En el Boden 2015, por último, quedó en 13,88. En estos dos últimos la ANSeS no tiene capacidad de intervenir porque o no tiene o no puede usar esos papeles.
Ayer se operaron $ 595 millones de Bonar X en el mercado local, el mayor valor en lo que va del año. El martes se habían operado $ 469 millones nominales y el lunes $ 423 millones nominales. Esas dos cifras también habían sido récord hasta ese momento. Los
$ 314 operados en Bonar 2024 también son más altos de lo habitual. Este diario pudo confirmar la intervención oficial de ayer.
Gracias a las ventas de la ANSeS la distancia que separa al blue del liqui se quintuplicó entre junio y esta parte. Paso del 3% a casi el 15%.
En base a la diferencia entre los volúmenes promedio que se operan de Bonar X y Bonar 2024 y lo que se viene operando desde que el precio se congeló, desde junio pasado, Delphos Investment estima que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS sacrificó unos
u$s 490 millones en bonos. “Estamos en condiciones de afirmar que la pérdida de títulos en dólares, resumida en Bonar X y 2024, ha sido de valor nominal original de u$s 260 millones y un valor nominal original de u$s 230 millones respectivamente.”
En total, Delphos Investment calcula que a la ANSeS le quedan u$s 1300 millones nominales en su cartera y que si los sigue vendiendo a este ritmo los habrá descartado todos para fines de noviembre, justo tras el ballotage previsto para el 22 de ese mes en caso de que ningún candidato presidencial alcance la mayoría necesaria en primera vuelta.
“Si nuestros cálculos son correctos, en función del promedio de venta diario, la tenencia nominal alcanza para llegar hasta fin de noviembre del corriente; en caso de que el ímpetu de las últimas jornadas sea la nueva regla, entonces dicha tenencia alcanza para llegar a dos semanas antes de las elecciones presidenciales, claro que a costa de pérdida total de AA17 y AY24”, dijo el informe de Delphos Investment.

Fuente: El Cronista Comercial

Aumento a jubilados: el porcentaje es bueno, la plata poca

El haber que surge del nuevo aumento que anunció hoy la Presidenta cubre apenas la mitad del costo de la canasta básica de un jubilado.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

A partir del 1° de septiembre, las jubilaciones y pensiones, que cobran más de 6,3 millones de personas tendrán un incremento del 12,49%. Y el haber mínimo, que perciben la mitad de esos beneficiarios, será de $ 4.299, de acuerdo con los anuncios que hizo hoy la Presidente

Leé: La presidenta anunció en cadena un 12,49% de aumento a los jubilados

En tanto las pensiones no contributivas – que cobran 1,5 millón de personas, serán de $ 3.009 por mes.

Como en marzo las jubilaciones aumentaron el 18,26%, la suba acumulada de los últimos 12 meses es del 33,03%, en línea con los aumentos de las paritarias alcanzados por la mayoría de los gremios, y muy superior al reciente ajuste del salario mínimo (28,5% en dos cuotas).

De todos modos, incluso con este aumento, la jubilación mínima y las pensiones no contributivas están lejos de cubrir la canasta básica de los adultos-mayores que elabora la Defensoría de la Tercera Edad y que a mayo pasado era de $ 7.608.

Por la inflación, a septiembre el valor de esa canasta debería rondar los $ 8.200. Por ese motivo, la Defensoría, las organizaciones de jubilados y diversas entidades sociales reclaman un aumento de emergencia de $ 4.000.

Leé también: Cristina defendió a Aníbal y calificó de “aguantadero” el departamento de Carrió

En el caso de un matrimonio de jubilados, la canasta supera los $ 10.000 mensuales. Así, incluso si ambos jubilados cobran el haber mínimo, no cubren las necesidades mensuales.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH), recién tendrán esta movilidad a partir de marzo de 2016, de acuerdo a la ley sancionada días pasados.

Si se la calcula con el blue, la jubilación mínima no es de u$s 470 como dijo CFK sino de u$s 293

El incremento de las jubilaciones y pensiones apenas compensará parcialmente la inflación pasada, y el poder de compra está por debajo de marzo último. Según la Defensoría de la Tercera Edad, el haber alcanza tan sólo a la mitad de la canasta básica

anunciado aumento de los haberes jubilatorios, que comenzará a regir el mes que viene, permitirá la momentánea recomposición del poder de compra de la clase pasiva, pero no podrá evitar el castigo que a diario sufren los bolsillos de los jubilados y pensionados.

La alta inflación hizo que el salario real de los beneficiarios dibuje una especie de serrucho: permiten recuperar poder de compra el mes del anuncio, o a lo sumo un mes más; pero después su capacidad adquisitiva cae rápidamente por debajo incluso de los años previos.

Es decir, lo que Cristina Kirchner anuncia por cadena nacional, cada seis meses, tiene un efecto positivo durante algunas semanas para -indefectiblemente- deteriorarse al poco tiempo.

Un estudio realizado por la consultora Abeceb.com, dirigida por el economista Dante Sica, es revelador al respecto. Da cuenta de que, hacia finales de julio, el poder de compra de la jubilación mínima estaría en torno al 13% por debajo respecto de marzo pasado, cuando se concretó el último incremento.

Sin contar el deterioro del haber real del mes en curso podría concluirse que, el retoque que se hará en septiembre, anunciado por Cristina, permitirá apenas recomponer lo perdido a lo largo del semestre en el que las jubilaciones se mantuvieron sin cambios frente a una inflación en ascenso.

Esta misma secuencia es la que se verificó en los últimos años, con las jubilaciones y pensiones corriendo por detrás de la inflación. Por decirlo de otra manera, los aumentos anunciados no hicieron más que recomponer la inflación pasada.

Este no fue el único anuncio oficial que, al confrontarse con la realidad, su impacto queda relativizado.

Ocurrió con el que mencionó el monto del haber jubilatorio mínimo en término de dólares. Cristina Kirchner comentó que de los 67 dólares que se cobraba en 2003 se pasaron a los 217 dólares de 2009 y de ahí a los 470 dólares actuales. La Presidenta hizo el cálculo en base al tipo de cambio oficial, de $9,20, que quedó rezagado respecto de la media de los últimos años. Si se hiciera la cuenta con la cotización del dólar informal, el ingreso mínimo de los jubilados sería de 293 dólares y no de 470.

De todas formas, y continuando la misma lógica que el Gobierno tuvo en los últimos años, de poco vale realizar comparaciones en función del dólar porque da lugar a estas desviaciones: lo que vale es la comparación con el poder de compra de los haberes.

En ese sentido, la jubilación mínima y las pensiones quedaron lejos de cubrir la canasta básicade los adultos-mayores que elabora la Defensoría de la Tercera Edad y que a mayo pasado ascendía a 7.608 pesos.

Otra distorsión: cuando la Presidenta dijo que el índice por el que se actualizan semestralmente las jubilaciones y pensiones subió más que el índice aplicado en el caso Badaro (de la Corte Suprema de Justicia) obvió mencionar que en ese indicador se toma en cuenta la inflación del INDEC, que da aproximadamente la mitad de la inflación real, a la cual se actualizan, en promedio, los salarios en blanco, que son los que se tienen en cuenta para ajustar las jubilaciones.

Por último, resulta interesante destacar el deterioro que en los últimos meses ha tenido el Fondo de la Anses. Producto de las distintas “inversiones” (como por ejemplo las transferencias al Tesoro nacional para cubrir el déficit fiscal), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que a fin de 2009 permitía cubrir el equivalente a 16 meses de jubilaciones, ahora alcanza para 11 meses, de acuerdo a los cálculos de la IERAL, de la Fundación Mediterránea.

Fuente: iProfesional

Cristina anunciaría un aumento a jubilados a días de las PASO

Se espera que lo haga esta semana. Es la segunda suba anual que prevé la movilidad y regirá en septiembre. Rondaría el 15% e incluye a 6,3 millones de personas. Polémica por el impacto electoral.

Por: Ismael Bermúdez

Para: Diario Clarín

Esta semana, Cristina Kirchner anunciaría el aumento de las jubilaciones y pensiones, que fija la ley de movilidad y que se cobrará a partir de septiembre. El porcentaje exacto dependerá de los datos del INDEC, del Ministerio de Trabajo y de la ANSeS sobre la evolución de los salarios y el número de beneficiarios del sistema, que se difunden la próxima semana, pero que ya fueron adelantados a la Casa Rosada. El año pasado, el anuncio oficial se hizo el 31 de julio. Se estima que el incremento rondaría entre el 13% y el 15%.

El anuncio sería a sólo días de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) nacionales en las que comenzará a dirimirse su sucesión. Por eso, algunos opositores y constitucionalistas advierten que la Presidenta debería omitir este tipo de actos, ya que rige la veda. En 2011, Cristina había anunciado una suba similar para jubilados a menos de dos semanas de que ella misma peleara por su reelección.

De confirmarse el porcentaje de suba en torno al 15%, el haber mínimo previsional –que cobra más de la mitad de los jubilados y pensionados–, pasará de los $ 3.821 actuales a entre $ 4.300 y $ 4.400. Y las pensiones no contributivas de $ 2.675 a entre $ 3.000 y $ 3.100 mensuales. En tanto, como en marzo las jubilaciones aumentaron el 18,26%, la suba acumulada de los últimos 12 meses superará el 33%, en línea con los aumentos de las paritarias logrados por la mayoría de los gremios, y muy superior al reciente ajuste del salario mínimo (28,5% en dos cuotas).

El impacto electoral del anuncio es claro: caería justo días antes de las PASO nacionales. Y el reajuste beneficia a más de 6,3 millones de jubilados y pensionados, y a 1,5 millón de pensiones no contributivas y ex veteranos de Malvinas. El argumento oficial para dar este tipo de noticias, aun con la veda ya vigente, es que se trata de anuncios previstos por ley; en este caso, el de la movilidad jubilatoria. De todos modos, incluso con este aumento, la jubilación mínima y las pensiones no contributivas están lejos de cubrir la canasta básica de los adultos-mayores que elabora la Defensoría de la Tercera Edad y que a mayo pasado era de $ 7.608. Por la inflación, a septiembre esa canasta debe rondar los $ 8.200.

“Por estar sometidos al infraconsumo, las distintas organizaciones de jubilados nacionales vienen reclamando un aumento de emergencia de $ 4.000, extensivo a toda las categorías de forma tal de evitar que se siga achatando la pirámide y llevar las mínimas a un valor de equivalencia con los gastos de la canasta”, le dijo a Clarín el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien agregó que pasado mañana habrá un encuentro con jubilados y los candidatos de los partidos para reclamar “también el 82% móvil y la normalización de los actualmente intervenidos ANSeS y PAMI”. El tema de los haberes previsionales forma parte de la campaña.

De acuerdo a la fórmula de la ley de movilidad aprobada en 2008, las jubilaciones y pensiones tienen dos ajustes al año, en marzo y en septiembre, en base a lo que pasó en los semestres calendarios (enero-junio y julio-diciembre) con índices que combinan el aumento salarial (del INDEC y el Ministerio de Trabajo, denominado Ripte), la de la recaudación tributaria semestral por beneficiario con destino a la ANSeS y los ingresos totales anuales de la Seguridad Social.

La suba de las jubilaciones ajusta también en el mismo porcentaje el haber máximo previsional (hoy de $ 27.998,69), el tope salarial sobre el que se hacen los aportes jubilatorios y de salud (hoy de $ 43.202,17) y los aportes de los autónomos.

En tanto, las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo, recién tendrán esta movilidad a partir de marzo de 2016, de acuerdo a la ley sancionada días pasados.

Futuro incierto: ¿se jubilarán quienes trabajan hoy?

Cerca de los efectos del envejecimiento poblacional, la Argentina tiene mucho que cambiar hoy para poder pagar prestaciones mañana

Por: Silvia Stang

Para: Diario La Nación

A sus 35 años, Eugenio Caldararo dice que espera no necesitar en el futuro de una jubilación para poder vivir; la expectativa de este profesional es contar para entonces con ahorros suficientes conseguidos durante su vida laboral. En una mirada sobre la sociedad, cree que lo ideal será un sistema que ofrezca una cobertura básica para todos.

La idea de que al llegar a la edad del retiro laboral no los esperará, como fruto de sus aportes, un ingreso mensual apto para mantener su nivel de vida está en el pensamiento de muchos trabajadores actuales.

En un país en el que es difícil pensarse en el corto plazo, con gobernantes que siembran temor al decir que si llegan otros no se respetarían derechos sociales, existen razones de fondo que sostienen la preocupación de los trabajadores.

Mientras que hoy hay seis personas en edad activa por cada adulto de 65 años o más, en 2050 habrá tres y en 2100, sólo dos. Y esas dos personas tendrán que sostener, con parte de los recursos generados por su trabajo, a una que -buena noticia, sin dudas- vivirá muy probablemente más años que los jubilados actuales. En ese escenario, la alta informalidad, además de ser un problema en sí mismo, frena las posibles y necesarias mejoras de productividad.

La distribución por rangos de edad que muestra hoy la población ubica al país en una etapa de “ventana” o “bono demográfico”. Con una participación del 10% de las personas mayores de 65 años sobre el total de habitantes -un índice que se duplicará hacia 2050-; una tasa de fecundidad en caída -la participación de los menores de 15 años no variará de aquí a 2100-, y la expectativa de vida en alza -hoy es de 75 años y será de 85 al final del siglo-, la Argentina está en la etapa previa a la signada por los costos asociados al envejecimiento poblacional.

El “bono”, que implica una condición demográfica favorable para crecer, terminará hacia 2035. Entonces se agravarán los problemas para financiar a los pasivos. Esto plantea, según un informe del Banco Mundial, un desafío urgente.

¿No falta mucho para eso? Hay al menos dos razones por las cuales la respuesta es no. Una es que a partir de entonces comenzarán a llegar a su edad de retiro quienes están hoy en sus 30 o sus 40 y tantos (como regla general, la edad para jubilarse es ahora de 60 años para las mujeres y de 65 para los varones) o, visto de otra manera, los nacidos entre 1970 y 1980 serán los adultos mayores de 2040 a 2060; la otra razón es que, si se pretende un sistema sostenible, lo que hay que hacer hay que hacerlo ya.

Y lo que se necesita, según coinciden los expertos, es un crecimiento significativo de los niveles de ahorro e inversión, un alza de la productividad y una reducción de la informalidad.

 

De alguna forma, el desafío es trasladar a la sociedad una idea que muchos tienen en lo personal. “Hoy la demografía plantea un desafío que se resume en la pregunta ¿qué debería hacer la Argentina para hacerse rica antes de hacerse vieja?”, dice el economista José María Fanelli, profesor de la Universidad de San Andrés.

El informe del Banco Mundial titulado Los años no vienen solos proyecta que, de mantenerse el statu quo, el gasto para cubrir las prestaciones jubilatorias, de salud y de educación pasará del 20 al 26,6% del PBI entre 2010 y 2050. ¿Qué hacer? Rafael Rofman, el especialista líder en Protección Social del mencionado organismo y uno de los autores del estudio, describe las salidas posibles con advertencias sobre sus efectos: “Cobrar más impuestos ayudaría en lo fiscal, pero hay límites porque se puede afectar la economía; limitar el aumento del gasto con la suba de la edad jubilatoria o la reducción de beneficios tendría un impacto negativo sobre el bienestar de la población y eso no es deseable; lograr un crecimiento sostenido para un mayor PBI per cápita permitiría que, aunque sean menos los que producen, haya más para repartir”.

El último punto supone el desafío de mejoras en la productividad, que entre otros factores depende de la educación y la inversión. El camino implica evitar la dependencia, ocurrida en los últimos años, de lo externo o coyuntural, como la variación de precios de las commodities.

¿Qué reparte hoy el sistema previsional? En los últimos años se elevó la tasa de cobertura y así, casi el 95% de la población mayor cobra un haber, según la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En 2014, la seguridad social insumió $ 425.980 millones, un 38% de las erogaciones del Estado nacional -que hoy tiene un fuerte déficit-, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El índice demuestra la magnitud del desafío de prever los ingresos para los pasivos y, a la vez, sostener las otras funciones del Estado.

Además de que su financiamiento no se previó para el largo plazo, un problema del índice de cobertura previsional es que se logró, según recuerda Rofman, con moratorias para quienes no hicieron aportes o los hicieron en cantidad insuficiente. Y al ser una medida con efecto temporal (sólo sirve a personas de hasta cierta edad, dado el período por el que se pueden declarar deudas) no soluciona el problema de una sociedad en la cual, si se considera a asalariados y cuentapropistas, el 46% de los trabajadores (según datos de la OIT) o el 49% (de acuerdo con la encuesta de deuda social de la Universidad Católica Argentina) no hace aportes.

Esa enorme deficiencia -vinculada a la precariedad laboral y que demuestra que de no haber cambios, la cobertura volverá a caer- desafía la necesidad de una mayor productividad, es decir, de elevar el valor de los bienes y servicios surgidos del trabajo de cada uno para así recaudar más, ya sea por aportes y contribuciones o por impuestos generales, las dos fuentes de recursos de las que dependen las jubilaciones. “En Taiwán hubo un alza de la productividad entre generaciones de 5 veces; acá, en los próximos 30 años podría crecer entre 50 y 60%”, advierte Fanelli. Un estudio del Ieral muestra que entre 2011 y 2014, con el empleo estancado en la actividad privada, la productividad se redujo a razón de 0,9% por año.

Y mientras que la tasa de inversión en el país no llega a 20% del PBI, Fanelli señala que países que atravesaron mejor su transición demográfica llegaron a más de 30%. “Esta es una etapa en que se necesita ahorrar mucho y hoy eso no ocurre”, dice. Y advierte sobre la necesidad de que los recursos vayan a inversión. “Porque se puede ahorrar y que eso no vaya a lo productivo; a nuestro país le pasa que tiene medio PBI en el exterior, y por eso, a los desafíos pendientes hay que agregar el de garantizar la seguridad jurídica”, agrega.

Producir más, trabajar más

Así como las edades de ingreso y egreso del mercado laboral influyen para determinar la necesidad de recursos, poder contar con más trabajadores mejoraría la ecuación. “Entre las medidas posibles para abordar el desafío de la sostenibilidad están el aumento de las tasas de actividad (porcentaje de personas que trabajan o buscan hacerlo, sobre la población total) y de empleo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes”, dice Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social de Cippec, quien agrega que también podría promoverse un alza de la población en edad de trabajar por flujos inmigratorios.

Actualmente, la participación de los jóvenes de entre 25 y 29 años no sólo es más baja aquí que en un grupo de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania o España, sino que, además, la tasa cayó de 79,8 a 77,5% entre 2004 y 2014, según un informe basado en datos del Indec y de la OIT hecho por los economistas del Ieral Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Laura Caullo.

En cuanto a la participación de las mujeres en el trabajo, la tasa, de 37,1%, es baja en relación con países como Estados Unidos (44,6%) o Brasil (44,1 por ciento).

¿Y qué pasa con los cambios en el propio sistema jubilatorio?

Una reforma “clásica”, fuente de protestas en varias latitudes, es la suba de la edad jubilatoria. Para Rofman, lo ideal es ser flexibles y lograr el efecto positivo (para las cuentas de un país) derivado de una salida más tardía de la actividad laboral, pero sin imposiciones. “Si se obliga hay efectos negativos; quien por ahí iba a retrasar un poco su retiro, ante la incertidumbre se va en cuanto puede, y el efecto puede ser inverso al buscado”, define. La recomendación es que existan incentivos para que las personas trabajen más tiempo, elevando el nivel de las prestaciones cuanto más años con aportes se logren sumar.

“Deberemos repensar la jubilación como un ingreso universal para los adultos mayores, financiado con recursos fiscales y complementado con sistemas de ahorro privado”, dice el economista Eduardo Levy Yeyati, director de la consultora Elypsis, en línea con lo que muchos trabajadores actuales creen para su futuro.

Promover el ahorro de quienes tienen cierto nivel de ingresos aliviaría el efecto fiscal. Dicho sea de paso, la solución al problema de doble índole (económica y fiscal) que trae el envejecimiento no se resuelve en la antinomia “capitalización o reparto”. “El tema es qué decide hacer la sociedad para pagar; en Chile el Estado se pudo correr de una parte, pero se hizo cargo del resto”, describe Rofman.

Fruto no de una estrategia, sino de la eliminación del sistema de capitalización, la Anses tiene un fondo de garantía cuyas inversiones valen algo más que el pago anual de las prestaciones. Pero la sostenibilidad del sistema no depende de eso, sino del flujo de ingresos y del número de pasivos con los que se está y se estará obligado. El uso de ese fondo está previsto para un déficit temporal, pero su composición hace dudar de la efectividad: “En su mayoría es deuda pública, que podría netearse de modo de reducir el coeficiente de endeudamiento -opina Levy Yeyati-. El resto de los activos podría integrarse al Tesoro, tal vez en el marco de un fondo anticíclico que aísle el gasto social de vaivenes fiscales”.

A sus 45 años, Lucas Nemesio, empresario bodeguero, admite que no piensa en su jubilación. “Creo que es como una caja de Pandora que abriremos en su momento”, dice.

Entretanto, los expertos insisten en que los datos avisan… Y a un país, la sorpresa no se le debería permitir.

Jubilación Anticipada: Fallo de Cámara contra ANSeS

La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inaplicable la resolución 884/06 de la ANSES en el caso de una mujer que percibía una pensión graciable que buscaba obtener una jubilación anticipada. El Tribunal señaló que el decreto se contradice con la Ley 25.994 que introduce la prestación.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó la sentencia que en los autos “Villamayor Celina c/ ANSES s/ Prestaciones Varias” rechazó el pedido de una mujer de acogerse al beneficio de la jubilación anticipada por aplicación de la resolución 886/06 de la ANSES , que establece la exigencia de cancelar la deuda previsional para poder acceder a la jubilación.

Los magistrados Néstor Fasciolo y Martín Laclau se adhirieron al criterio de su colega Juan Poclava Lafuente, quien relató en su voto que el beneficio que establece la ley 25.994, que introduce en el sistema previsional argentino la prestación denominada “jubilación anticipada”, fue “con vigencia transitoria por el plazo de dos años – prorrogada por igual término por el decreto N° 1451/06, que establece: ‘todos los trabajadores a partir del 1° de enero de 2004, que tengan la edad requerida para acceder a la Prestación Básica Universal de la ley 24.241 y que se encuentren inscriptos en la moratoria por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias, podrán solicitar y acceder a las prestaciones provisionales a las que tengan derecho’ (art. 6°, ley citada), señalándose que su percepción ‘se encuentra sujeta al estricto cumplimiento del pago de las cuotas de la deuda reconocida'”.

Los camaristas relataron que por el Decreto 1451/06 se facultó a ANSES a “establecer los mecanismos necesarios para priorizar el acceso al beneficio previsional, dentro del marco establecido en el art. 6° de la ley 25.994 y en los arts. 8 y 9 de la ley N° 24.476, modificados por los arts. 3 y 4 del decreto 1454/05 respectivamente, de aquellas personas que no se encuentren percibiendo cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales o municipales”. Esa norma fue la que motivó el dictado de la Resolución N° 884/06, que en el caso fue declarada inaplicable por contradecir la Ley que introdujo la prestación de jubilación anticipada.

La resolución, en su parte pertinente, establece que los trabajadores inscriptos en la moratoria de la ley 25.865 en el marco del art. 6 de la ley 25.994 y los trabajadores que tengan la edad requerida para acceder a la PBU que se inscriban en el régimen de regularización “cuando se encuentren percibiendo cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil, militar o policial, ya sean nacional, provinciales o municipales, sólo adquirirán derecho al cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la deuda reconocida”, y ello “sin perjuicio de las incompatibilidades entre beneficios previsionales vigentes”.

Según la Cámara Federal, “resulta claro que media contradicción entre los términos de la ley 25.994 en su art. 6° y su norma reglamentaria, la resolución 884/06, que impuso mediante su art. 4° una condición suspensiva que limita la percepción de los beneficios otorgados a los casos en que se cancelare totalmente la deuda reconocida, requisito éste no previsto en aquélla”.

En esos términos, los integrantes de la Sala invocaron los principios según los cuales “ no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como este la contempló, ya que les está vedado el juicio sobre el mero acierto o convivencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades “, y que “el carácter excepcional de una norma no dispensa del adecuado cumplimiento de los recaudos en términos claros ya que el necesario respeto a la voluntad del legislador obsta a que se los amplíe sin riesgo de invadir la competencia específica de aquél”, decidieron declarar inaplicable la resolución del organismo previsional.

Por otra parte, “cuando un precepto frustra o desvirtúa los propósitos de la misma ley que se encuentra inserto, de modo tal que llega a ponerse en colisión con enunciados de jerarquía constitucional, o su aplicación torna ilusorios derechos por éstos consagrados, puede el juzgador apartarse de tal precepto y omitir su aplicación a efectos de asegurar la primacía de la Ley Fundamental, como medio de afianzar la justicia que está consagrado a administrar”, concluyeron los magistrados.

Los jubilados podrán viajar en tren con descuento

.El gobierno nacional promueve el plan para quienes posean la tarjeta Argenta, que se financia con fondos de la Anses

Los jubilados que formen parte del programa de préstamos para los jubilados y pensionadosdel Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), financiado con recursos de la Anses, podrán acceder a descuentos del gobierno nacional para viajar en tren entre distintas ciudades que tienen acceso a través del ferrocarril Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Chascomús, La Pampa y Rufino.

Al presentar la tarjeta Argenta en las boleterías exclusivas, obtendrán un descuento del 40% en los pasajes de los trenes 0km de larga distancia. Además, podrán pagarlos en cuotas, según informó el Ministerio del Interior y Transporte, Florencio Randazzo luego de una conferencia de prensa de la presidenta Cristina Kirchner en la que promocionó beneficios para jubilados cuando faltan meses para las elecciones. Randazzo es uno de los precandidatos del oficialismo.

“Muchos jubilados seguramente viajaron en los antiguos ferrocarriles, y ahora podrán experimentar estos nuevos trenes 0 km que cuentan con la última tecnología en seguridad y confort”, señaló el funcionario en un comunicado emitido después del discurso de la mandataria.

Fuente: Diario La Nación

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